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Revista chilena de derecho privado

On-line version ISSN 0718-8072

RChDP  no.29 Santiago Dec. 2017

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722017000200137 

Artículo de Doctrina

LA CONVENIENCIA DE RESTRINGIR LAS CONSECUENCIAS DE LA DISTINCIÓN ENTRE OBLIGACIONES DE MEDIOS Y RESULTADO SOBRE LA FUNCIÓN Y PRUEBA DE LA CULPA DEL DEUDOR

ON THE ADVANTAGES OF LIMITING THE EFFECTS OF THE DIVIDE BETWEEN DUTIES TO ACHIEVE A SPECIFIC RESULT AND DUTIES OF BEST EFFORTS ON THE ROLE AND BURDEN OF PROVING THE DEBTOR’S FAULT

Pablo Letelier Cibié* 

*Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Master en Derecho (LLM) de la Universidad de Columbia. Instructor del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile

Resumen

La recepción de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado en Derecho chileno ha dado lugar a importantes incertidumbres, especialmente en relación con la función y carga de la prueba de la culpa del deudor. En buena medida, estas incertidumbres pueden explicarse en la dificultad de conciliar la distinción con la diferencia impuesta por nuestro Derecho entre las etapas de obligación contractual y responsabilidad por incumplimiento. Luego de revisar la posición de la doctrina y jurisprudencia reciente, el presente trabajo propone una interpretación de la distinción que no requiere aceptar las consecuencias que frecuentemente se le atribuyen sobre la función y prueba de la culpa del deudor.

Palabras clave: Derecho de Obligaciones; obligaciones de medios y resultado; responsabilidad contractual

Abstract

The distinction between duties to achieve a specific result and duties of best efforts has given place to important uncertainties in Chilean law, particularly regarding the role and burden of proving the debtor's fault. In part, these uncertainties are a consequence of the difficulties in reconciling the idea of duties of best efforts with the limit that Chilean law imposes between obligation and liability for breach of contract. After reviewing the position of case law and legal scholarship in this regard, this paper suggests that the recognition of duties of best efforts in Chilean law does not require to accept its alleged consequences in the role and burden of proving the debtor's fault.

Keywords: law of obligations; duty to achieve a specific result and duty of best efforts; liability for breach of contract

Introducción

Recientemente, el recurso de casación en el fondo deducido en la causa Gajardo con Stevens y Servicio de Salud Talcahuano dio a la Corte Suprema una oportunidad para pronunciarse respecto de uno de los temas más discutidos del Derecho de Obligaciones. El recurrente, un médico condenado a indemnizar los daños sufridos por la paciente de una cirugía estética, solicitó la casación de la sentencia dictada en su contra, fundándose en supuestos errores en que la sentencia habría incurrido al interpretar los efectos de la obligación de medios que lo vinculaba a la actora. Aunque la Corte descartó que la calificación de la obligación contraída por el médico demandado fuera relevante para la resolución del caso, en su sentencia observó al pasar que la calificación de una obligación como de resultado tendría como consecuencia someter al deudor a un régimen de responsabilidad contractual objetiva o estricta1.

Mediante esta observación aparentemente incidental, la Corte tomó posición en un debate que ha enfrentado a la doctrina por años. Tanto en Chile como en el extranjero, la recepción de la distinción entre obligaciones de medios y resultado ha dado lugar a desacuerdos importantes, en especial en relación con la función y prueba de la culpa del deudor en el juicio de responsabilidad por incumplimiento del contrato. Al contradecir decisiones recientes que reconocen en la culpa del deudor una condición general de responsabilidad, la conclusión de la Corte confirma la importancia de despejar las dudas que subsisten hasta la fecha en relación con las consecuencias de la distinción entre obligaciones de medios y resultado en derecho chileno.

Al menos en parte, las dificultades que la distinción plantea en nuestro Derecho se explican en la tendencia a identificar del contenido de las obligaciones de medios con la diligencia por la que responde el deudor. Al sugerir que la diligencia del deudor en algunos casos integra la obligación contratada, la distinción entre obligaciones de medios y resultado desdibuja el límite entre la exigibilidad de la prestación y la responsabilidad por el incumplimiento culpable. Lo anterior abre la puerta a distintas interpretaciones de las normas del Código Civil sobre la función y prueba de la culpa del deudor, lo que genera importantes incertidumbres.

El presente trabajo propone que estas incertidumbres podrían evitarse por la vía de reinterpretar el alcance de la distinción a la luz de la diferencia impuesta por el Derecho chileno entre obligación contractual y responsabilidad por incumplimiento. El respeto de esta diferencia recomienda negarle a la distinción consecuencias sobre la función y prueba de la culpa del deudor, restringiendo su utilidad a la de servir de guía en la interpretación del alcance de la prestación contratada. Esto permitiría aprovechar la utilidad de la distinción para expresar la distinta intensidad del compromiso asumido por el deudor, evitando las confusiones que se siguen de una aplicación diferenciada de las normas del Código Civil.

El resto de este trabajo se estructura como sigue. La sección I da cuenta de las importantes diferencias que la recepción de la distinción ha motivado en la opinión de la doctrina y las decisiones de la jurisprudencia de los últimos años. La sección II propone una interpretación encaminada a conciliar la utilidad de la distinción con la diferencia que existe en nuestro Derecho entre obligación contractual y responsabilidad por incumplimiento. Desde esta interpretación, la sección III expone las razones por las cuales la distinción es especialmente problemática en casos de responsabilidad médica. Por último, la sección IV ofrece algunas conclusiones.

I. Las dificultades que la distinción entre obligaciones de medios y resultado plantea en Derecho chileno

A partir de su desarrollo en el Derecho francés, la distinción entre obligaciones de medios y resultado ha ocupado un lugar prominente entre los temas más polémicos del Derecho de Obligaciones2. Pese al considerable reconocimiento que la distinción ha tenido en Francia y en otros sistemas jurídicos3, hasta la fecha subsisten importantes incertidumbres sobre sus alcances, particularmente en relación con las condiciones de ejercicio de las acciones del acreedor frente al incumplimiento4.

La posibilidad de introducir la distinción en Derecho chileno ha generado un debate que enfrenta a nuestra doctrina hace años. La diversidad de las posiciones asumidas en este debate hace difícil discernir la solución que el Código Civil contempla en aspectos tan fundamentales como cuál es la función de la culpa en el juicio de responsabilidad por incumplimiento del contrato, y a quién le correspondería probarla. Atendida la dispersión de las opiniones al respecto, la respuesta de estas preguntas requiere ante todo ordenar los términos en que se ha planteado la discusión y considerar la posición que en ella han adoptado nuestros tribunales.

1. Las consecuencias de la distinción en la función de la culpa del deudor

Desde hace ya algún tiempo, ciertos autores vienen sugiriendo que la distinción entre obligaciones de medios y resultado instauraría un régimen de responsabilidad objetiva o estricta en sede contractual5. Según esta opinión, la culpa a la que se refiere el art. 1547 del Código Civil solo cumpliría un papel en las obligaciones de medios, en que operaría antes como un elemento constitutivo del incumplimiento que como un criterio de imputación de responsabilidad6. Tratándose de obligaciones de resultado, la norma del art. 1556 permitiría fundar la responsabilidad del deudor en el hecho objetivo del incumplimiento, siendo lo único relevante la no consecución del interés del acreedor7. Una vez establecida la inejecución en ambos tipos de obligaciones, la única excusa atendible sería la falta de vínculo causal entre esta y el daño ocasionado al acreedor, siendo irrelevante la valoración de la conducta del deudor8.

En un sentido enteramente opuesto, se ha sostenido que la distinción no tendría relevancia alguna en el régimen de responsabilidad aplicable o las eximentes disponibles para el deudor, ya que el contenido de toda obligación encontraría un límite en el deber de diligencia tipificado en la ley o el contrato9. La distinción entre estas obligaciones se referiría exclusivamente al énfasis con que las partes describen la diligencia que debe emplear el deudor en toda obligación contractual10. Dado que la prestación contratada sería solo un proyecto, tanto en obligaciones de medios como en obligaciones de resultado el deudor podría eximirse probando el empleo de la diligencia y cuidado debidos11.

Entre ambos extremos, una parte de la doctrina ha optado por separar distintas funciones de la diligencia12. Tanto en obligaciones de medios como de resultado, la diligencia tomaría la forma de una regla de conducta anexa a la prestación, consistente en la obligación del deudor de prevenir y resistir el incumplimiento. La particularidad de las primeras sería que, a diferencia de las obligaciones de resultado, en ellas la diligencia cumpliría una función adicional al integrar la prestación13. Pero en ambos tipos de obligaciones, la falta de diligencia sería indispensable como título de imputación de responsabilidad, por lo que el deudor siempre podría eximirse probando la concurrencia de un caso fortuito, entendido no solo como ruptura del vínculo causal entre incumplimiento y daño sino a partir de una valoración de la conducta del deudor14.

Las diferentes opiniones avanzadas por la doctrina se han visto reflejadas en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que en decisiones recientes ha demostrado estar divida en relación con los efectos de la distinción sobre la función de la culpa y las eximentes disponibles para el deudor.

Por una parte, la Corte Suprema ha sostenido en forma reiterada que la culpa presunta o probada es un elemento indispensable del juicio de responsabilidad contractual, sin distinguir si la obligación incumplida es de medios o de resultado15. Es más, la Corte ha concluido específicamente que la calificación de una obligación como de medios o resultado no debería alterar las eximentes de responsabilidad disponibles para el deudor16. Así, por ejemplo, en un caso resuelto en 2011, la Corte sostuvo que sin importar que la obligación fuera de medios o resultado, el deudor siempre podrá liberarse de responsabilidad probando el caso fortuito o que empleó la diligencia debida17.

En marcado contraste con estas decisiones, otra línea de jurisprudencia parece estar avanzando hacia una diferenciación de las causales de exoneración disponibles para el deudor, dependiendo de la calificación de la obligación contratada como de medios o de resultado. Como fue adelantado, la Corte Suprema extremó recientemente esta postura al concluir en Gajardo con Stevens y Servicio de Salud Talcahuano que en obligaciones de resultado “el régimen de responsabilidad es objetivo o estricto, siendo la única causal de exoneración del deudor la causa extraña o ajena”, mientras que en obligaciones de medios “prevalecen los deberes de diligencia y cuidado”18. Esta sentencia demuestra que a la fecha no hay claridad sobre la función de la culpa del deudor en casos de incumplimiento de obligaciones contractuales.

2. Las consecuencias de la distinción en la prueba de la culpa del deudor

Los efectos sobre la carga de la prueba que tradicionalmente se han atribuido a la distinción llevaron en el pasado a influyentes autores a rechazar de plano su recepción en nuestro Derecho19. La doctrina más reciente ha optado por matizar esta conclusión, aceptando la aplicación de la distinción en Derecho chileno, pero reconociendo que ella no modificaría la presunción de culpa que pesa sobre todo deudor de una obligación contractual. La norma del art. 1547 inc. 3 situaría indiscutiblemente la carga de la prueba de la diligencia sobre el deudor, con independencia de la calificación de la obligación contratada20. Lo dispuesto en el art. 1698 confirmaría esta conclusión al poner la carga de probar la extinción de una obligación sobre quien la alega. En obligaciones de medios, en que el despliegue de la diligencia debida operaría como pago que extingue la obligación, será el deudor quien deberá rendir la prueba pertinente21.

En contra, se ha sostenido que en la lógica del Código Civil -y en particular de los arts. 2118 y 2158 a propósito del mandato-la presunción de culpa del art. 1547 inc. 3 solo sería aplicable respecto de obligaciones de dar, lo que excluiría su relevancia en obligaciones de medios, que corresponderían a obligaciones de hacer22. Los principios procesales a la luz de los cuales la norma del art. 1698 debe ser interpretada situarían sobre el acreedor demandante la carga de probar el hecho constitutivo de su pretensión, que en el caso de la acción de responsabilidad contractual, consistiría en el incumplimiento del deudor demandado. Dado que en obligaciones de medios este consiste en la falta de diligencia, la carga de la prueba de la culpa recaería sobre el acreedor23.

Una posición intermedia admite que la distinción que se examina conduce a una distribución diferenciada de la carga de la prueba de la culpa, pero no por efecto de una modificación de las normas de los arts. 1547 inc. 3 y 1698, sino debido a la especial situación estratégica de las partes en el juicio de responsabilidad por incumplimiento de una obligación de medios. En estos casos, si el acreedor no es capaz de demostrar la insuficiencia de las conductas invocadas por el deudor como cumplimiento de la obligación contratada, en la práctica el juez rechazará la demanda por estimar que no existe inejecución. Por esta razón, pese a la vigencia de la presunción de culpa contractual del art. 1547 inc. 3, en realidad será el acreedor quien verá frustrada su pretensión indemnizatoria en caso de no rendirse prueba que demuestre la culpa del deudor24.

La jurisprudencia de la Corte Suprema refleja la dispersión de opiniones evidenciada por la doctrina. Varias sentencias parecen indicar que la tendencia más general es a situar la carga de la prueba sobre el deudor, aplicando la presunción de culpa contractual del art. 1547 inc. 3, incluso a obligaciones de medios25. En este sentido, la Corte ha concluido derechamente que en materia contractual la culpa del deudor se presume, “con independencia del debate sobre la calificación de las obligaciones como de medios o de resultado”26. Específicamente en casos de responsabilidad médica, la Corte ha resuelto que al paciente

“le basta acreditar la existencia de la obligación contractual y nada más afirmar el incumplimiento para colocar al deudor en situación de aportar la prueba de la ejecución completa y suficiente bajo amenaza de ser declarado responsable”27.

Sin embargo, también son frecuentes los casos en que la Corte ha decidido no aplicar al deudor de una obligación de medios la presunción de culpa del art. 1547 inc. 3. En varios casos la Corte ha confirmado el rechazo de demandas de responsabilidad contractual por falta de prueba de la culpa del deudor28. En decisiones recientes, la Corte ha fundamentado esta posición en la distinta función que la diligencia cumpliría tratándose de obligaciones de medios29. Aunque no parece ser esta la tendencia predominante, tampoco es posible concluir que esta línea de decisiones sea excepcional.

II. Hacia una reinterpretación de la relevancia y consecuencias de la distinción

Las distintas posiciones expuestas en la sección anterior comparten una premisa fundamental: en obligaciones de medios, el contenido de la obligación se confunde con la diligencia del deudor30. Aunque este es el único punto en que la distinción parece no admitir demasiada discusión, lo cierto es que de él arrancan las notables diferencias que hasta la fecha enfrentan a la doctrina y a la jurisprudencia. Al sugerir que la diligencia del deudor en algunos casos integraría la obligación contratada, la distinción relativiza el sentido de lo dispuesto en las normas del Código Civil sobre la función y prueba de la culpa, dando lugar a importantes confusiones31.

Como se explica a continuación, no es necesario admitir que el reconocimiento de los distintos grados del compromiso del deudor requiera identificar el contenido de su obligación con la diligencia cuya inobservancia daría lugar a su responsabilidad. Por el contrario, atendida la diferencia impuesta en nuestro Derecho entre las etapas de obligación y responsabilidad por incumplimiento, es recomendable separar ambas cuestiones como asuntos distintos que no deben confundirse32. A la luz de esta diferencia, parece recomendable restringir la relevancia de la distinción a la de servir de guía en la interpretación del alcance de la prestación, limitando su efecto sobre la función y prueba de la culpa del deudor. Lo anterior permitiría evitar las importantes confusiones que se siguen de una aplicación diferenciada de las normas del Código Civil.

1. No es necesario aceptar que la distinción modifica la función de la culpa del deudor

La identificación entre el contenido de la obligación de medios y diligencia del deudor está en el origen de las notables diferencias que han sido expuestas. En un extremo, esta premisa conduce a la conclusión de que la diligencia del deudor cumple una función solo en obligaciones de medios, por lo que en obligaciones de resultado el deudor respondería bajo una regla de responsabilidad objetiva o estricta. En el otro extremo, la premisa conduce a la conclusión de que la diligencia del deudor es el único contenido de toda obligación, por lo que en rigor no existirían obligaciones de resultado33. Ninguna de estas posturas parece ser correcta en nuestro Derecho, que reconoce una diferencia entre obligación contractual -exigible sin necesidad de evaluar los méritos del comportamiento del deudor-y responsabilidad por incumplimiento -que requiere un juicio de imputación por culpa-.

En primer lugar, la postura que sostiene que la distinción instaura un régimen de responsabilidad estricta en sede contractual ignora el límite entre obligación y responsabilidad al asumir que, dado que la exigibilidad de obligaciones de resultado es independiente de la culpa del deudor, también lo debería ser la responsabilidad por su incumplimiento. Más allá de la conveniencia de adoptar un sistema de responsabilidad contractual objetiva, lo cierto es que lo segundo no se sigue ni lógica ni jurídicamente de lo primero. Por el contrario, la doctrina mayoritaria concluye que en Chile la responsabilidad del deudor requiere un juicio de imputación por culpa34, exigencia que es confirmada por numerosas disposiciones del Código Civil35, y ciertamente por la jurisprudencia36. Aunque se ha sugerido que una lectura en clave objetiva es plausible37, el hecho de que en obligaciones de resultado la prestación pueda exigirse con independencia de la culpa no aporta un argumento concluyente en este sentido38.

Por otra parte, la postura que presenta toda obligación como un deber de diligencia tipificado en el contrato o la ley ignora el límite entre obligación y responsabilidad al asumir que, dado que la culpa opera como condición general de responsabilidad, la prestación de cierto estándar de diligencia permitiría extinguir toda obligación contractual. Esta postura también tropieza con varias normas de nuestro ordenamiento jurídico, que reconocen al acreedor una acción para exigir la obligación sin necesidad de entrar a calificar los méritos de la conducta del deudor39. El respeto de la diferencia entre obligación y responsabilidad hace forzoso reconocer que, frente a la pretensión de cumplimiento de una obligación contractual, las únicas excusas del deudor son la extinción por pago, o por imposibilidad absoluta de cumplir40.

Quienes proponen distinguir distintas funciones a la diligencia del deudor avanzan en el sentido correcto al separar conceptualmente el cumplimiento de una obligación de medios -en que la diligencia cumpliría una función integradora de la prestación-del juicio de atribución de responsabilidad por culpa -en que la diligencia cumpliría una función promotora del mismo-. Esta distinción es relevante porque pone en evidencia que, tanto en obligaciones de medios como de resultado, la culpa siempre cumple una función como criterio de atribución de responsabilidad41.

Sin embargo, al aceptar que el contenido de la obligación de medios se identifica con la diligencia integradora, esta postura se ve forzada a reconocer que el acreedor no puede exigir el cumplimiento sin entrar a calificar los méritos del comportamiento del deudor. La distinción entre conductas impuestas por la diligencia integradora y conductas impuestas por la diligencia promotora no parece suficiente para evitar que, en la práctica, la discusión sobre el cumplimiento y la responsabilidad se confundan42.

En realidad, mientras su contenido se identifique con el despliegue de un comportamiento diligente, es difícil desconocer que la distinción tendrá consecuencias en la función de la culpa del deudor, relativizando el límite entre la etapa de obligación y la de responsabilidad. En nuestra tradición jurídica, en que las obligaciones de medios surgieron y han evolucionado como una forma de explicar la naturaleza de la culpa contractual, esta conclusión parece inevitable43. Sin embargo, ella no viene impuesta por las normas del Código Civil44. La experiencia de otros sistemas jurídicos demuestra que es posible reconocer los distintos matices del compromiso del deudor sin necesidad de identificar el contenido de la obligación con el despliegue de un comportamiento diligente.

En la tradición jurídica del Common Law, es frecuente que los contratos expresen distintos grados del compromiso de las partes al obligarse. Cuando existe incertidumbre en relación con las posibilidades de conseguir un objetivo determinado, las partes usualmente optan por calificar el alcance de su obligación, aclarando que esta solo se extiende a los “mejores esfuerzos” requeridos para conseguir dicho objetivo45. El alcance de estas obligaciones de mejores esfuerzos es comúnmente discutido en acuerdos comerciales como: contratos de distribución, franquicias, contratos de financiamiento y joint ventures46. Aunque es frecuente que la discusión sobre el incumplimiento de una obligación de mejores esfuerzos se traduzca en una discusión sobre la razonabilidad del comportamiento del deudor47, el énfasis en estos casos no está en determinar la culpa, que por lo general no es relevante para dar lugar a la responsabilidad48, sino en definir el alcance del comportamiento adeudado a la luz de la distribución de costos y riesgos del contrato49. Este distinto énfasis ha permitido distinguir contratos en que el contenido de la obligación de mejores esfuerzos es distinto del comportamiento impuesto por el modelo de persona razonable utilizado para evaluar la diligencia50.

Un caso inglés resuelto en 2012 es útil para demostrar esta diferencia51. En este caso, la compañía operadora de un aeropuerto suscribió un contrato con una línea área, bajo el cual la operadora se obligaba a emplear sus mejores esfuerzos en promover los servicios de bajo costo ofrecidos por la línea aérea. Durante los primeros años del contrato, la línea aérea fue autorizada a utilizar las instalaciones del aeropuerto fuera de su horario normal de funcionamiento. Ante la evidencia de que los costos impuestos por este funcionamiento anormal estaban produciendo pérdidas en la operación del aeropuerto, la operadora comunicó a la línea aérea que en lo sucesivo debería adaptarse a los horarios normales de funcionamiento. La línea aérea demandó a la operadora por incumplimiento de la obligación de mejores esfuerzos, y la operadora se defendió argumentando que dicha obligación no podía imponerle un comportamiento distinto del que cualquier operador razonable habría adoptado para evitar las pérdidas. Decidiendo el caso, el tribunal rechazó el argumento de la operadora, concluyendo que el alcance de la obligación contratada era independiente del estándar de comportamiento exigible a un operador razonable en sus circunstancias. Bajo la distribución de costos del contrato, la operadora estaba obligada a permitir el uso de las instalaciones del aeropuerto fuera del horario normal, porque la oferta de vuelos a horas anormales resultaba esencial en el modelo de negocio de la línea aérea.

Este caso es relevante porque pone de manifiesto que el estándar de conducta impuesto por una obligación contractual de medios puede, en principio, ser distinto del estándar de comportamiento con que se evalúa la diligencia del deudor. Si el tribunal hubiera interpretado que el contenido de la obligación de la operadora se integraba por el estándar de diligencia con que se evalúa la culpa, muy probablemente habría rechazado la demanda, porque en su decisión queda claro que una persona razonable no habría incurrido en costos que hacían inviable la operación rentable del aeropuerto52. En cambio, la Corte se limita a evaluar si la conducta demandada como incumplida se condecía con la especial distribución de costos del contrato. Este énfasis en el contenido del contrato le permite concluir que, aunque el comportamiento del deudor al oponerse a las exigencias del acreedor era razonable, aquel se encontraba de todos modos obligado a ejecutar la conducta demandada.

Lo anterior sugiere que distinguir distintos grados del compromiso del deudor no impone necesariamente la identificación del contenido de las obligaciones de medios con la diligencia por la cual responde el deudor. Al igual que en Derecho inglés, en nuestro Derecho la diligencia es un estándar abstracto de comportamiento que se evalúa conforme a un modelo de razonabilidad impuesto por la ley53. Si bien es calificado por el tipo de contrato y las circunstancias especiales del deudor, este estándar de comportamiento razonable no tiene por qué ser igual al comportamiento impuesto por la obligación contractual54. El deudor de dichas obligaciones no debería estar habilitado para escapar de su compromiso contractual alegando que este le impone una conducta distinta a la que observaría cualquier persona razonable en su lugar. En la medida que dicha conducta viene impuesta por la forma en que las partes deciden libremente distribuir los costos y riesgos de la actividad contratada, el que ella sea distinta a la conducta impuesta por el estándar de comportamiento razonable no debería excluir su exigibilidad.

Esto no obsta a que en muchos casos el contenido de la obligación de medios coincida con las conductas impuestas por los deberes generales de cuidado que gobiernan una actividad determinada55. Sin embargo, incluso en estos casos, la determinación del cumplimiento y la apreciación de la diligencia del deudor deberían concebirse como dos cuestiones distintas. Al evaluar la diligencia desplegada, el juez debería considerar la conducta del deudor en su totalidad, comparándola con el estándar abstracto de razonabilidad que le imponía la ley, atendidas sus circunstancias y la actividad contratada. En cambio, al evaluar el cumplimiento de la obligación, el juez debería limitarse a considerar si, en atención a los especiales términos del acuerdo entre las partes, correspondía al deudor soportar el costo de la conducta específica invocada por el acreedor56. La calificación de una obligación como de medios no debería prestarse como una excusa para descuidar lo más relevante al evaluar el incumplimiento: el compromiso específico asumido por las partes en el contrato57.

2. No es necesario aceptar que la distinción modifica la forma en que se distribuye la prueba de la culpa del deudor

Como se ha adelantado, la distinción ha conducido a la doctrina a sostener posturas contradictorias en relación con la distribución de la carga de la prueba de la culpa. Una vez más, las dificultades parecen encontrar su origen en la identificación del contenido de la obligación de medios con la diligencia contraria a la culpa que es necesaria para atribuir responsabilidad por incumplimiento. Al separar ambas cuestiones es posible conciliar adecuadamente lo dispuesto en los arts. 1698 y 1547 inc. 3 del Código Civil.

El art. 1698 regula la prueba de la existencia de las obligaciones y de su extinción por cumplimiento. En conformidad con esta norma, será el deudor quien deberá probar que la obligación de medios contratada fue extinguida a través del despliegue de las conductas que la integraban. Nótese que de lo anterior solo se sigue una regla sobre la carga de la prueba de la culpa si se concluye que en obligaciones de medios la prestación es lo mismo que la diligencia. Como ha sido adelantado, esta interpretación no viene impuesta por las normas del Código Civil, y no es necesario aceptarla como corolario de distinguir entre estas obligaciones y las de resultado. Por el contrario, las normas del Código Civil sobre la prueba de la culpa sugieren que la determinación del contenido de la obligación es una cuestión distinta a la determinación de la culpa como criterio de atribución de responsabilidad por incumplimiento58.

El art. 1547 inc. 3 es claro al imponer la carga de probar la diligencia a quien ha debido emplearla, esto es, el deudor. Para conciliar esta regla con las consecuencias que en materia probatoria tendría la calificación de una obligación como de medios, se ha propuesto que lo dispuesto en este artículo sería una reiteración inútil del art. 169859, o que en ciertos casos ella sería derechamente inaplicable60. Pero ninguna de estas conclusiones es necesaria. Si se admite que la determinación de la culpa es una cuestión distinta de la del cumplimiento de la obligación de medios, el art. 1698 puede ser entendido como una regla sobre la prueba del cumplimiento de la obligación, y el art. 1547 inc. 3 como una regla sobre la prueba de la culpa como criterio de atribución de responsabilidad. Cada norma tiene un ámbito de aplicación distinto que coincide con las distintas etapas en que se desenvuelve la relación obligatoria entre las partes. El límite entre ellas viene dado por el incumplimiento del deudor, cuestión que no está regulada expresamente en el Código Civil, pero que se sigue de la lectura conjunta de los arts. 1698, por una parte, y 1547, 1556 y 1558, por la otra: si el deudor no es capaz de probar la extinción de la obligación por su ejecución, queda establecido el incumplimiento que, en caso de ser culpable, dará lugar a la responsabilidad del deudor.

Esta interpretación permite entender el juego de las cargas probatorias de las partes como un proceso que avanza secuencialmente61. En su primera parte, el art. 1698 impone sobre el acreedor la carga de probar la existencia de la obligación. En su segunda parte, la misma norma impone sobre el deudor la carga de probar la extinción de la obligación por cumplimiento, lo que en obligaciones de medios supondrá acreditar la ejecución de las conductas que, a la luz de la distribución de costos y riesgos del contrato, integraban la prestación. La falta de prueba por parte del deudor bastará para dejar establecido el incumplimiento, lo que -en conformidad con lo dispuesto en los arts. 1556 y 1558-hará avanzar el análisis desde el ámbito de aplicación del art. 1698, hasta el ámbito de aplicación del art. 1547 inc. 3. Esta norma inequívocamente sitúa la carga de la prueba de la diligencia en el deudor. Ninguna de estas normas es redundante o inaplicable. Ellas tienen ámbitos de aplicación complementarios que son coherentes con la diferencia que el Código Civil reconoce entre estar obligado y ser responsable62.

Naturalmente, las cosas no son tan claras en la práctica. Como ha notado el profesor Enrique Barros, la distinción entre obligaciones de medios y resultado tiene al menos un valor “sugestivo”, ya que demuestra que el contenido de las obligaciones de las partes tiende a influenciar la forma en que estas rinden prueba en juicio63. Sin embargo, no es necesario explicar estas diferencias en el distinto lugar que ocupa la culpa en las de diligencia. Ellas parecen ser más bien una consecuencia de las dificultades asociadas a la interpretación del alcance de obligaciones que, como las de medios, no son explícitas respecto del comportamiento específico impuesto al deudor.

En efecto, a diferencia de lo que ocurre en obligaciones de resultado, en que por lo general la conducta que se espera del deudor está inequívocamente establecida en el contrato, la determinación del alcance de las obligaciones de medios es un asunto que invariablemente dará lugar a importantes desacuerdos entre las partes. En estas obligaciones, el contenido de la prestación es definido en términos imprecisos que requieren ser interpretados a la luz del resto de las cláusulas del contrato. En la mayoría de los casos, la prueba de la existencia del contrato solo será el primero de los pasos que el acreedor deberá dar para asistir al juez en la labor de identificar las conductas específicas que la actividad contratada imponía al deudor. En este sentido, la prueba de la existencia de una obligación de medios impone sobre el acreedor una carga distinta a la impuesta por una obligación de resultado, en que normalmente el alcance de la prestación debida es inequívoco64.

Pero esta particularidad no debe exagerarse. El que la prueba de la existencia de una obligación de medios por lo general requiera mayor actividad del acreedor no significa que en la práctica ellas impongan una inversión de la carga de la prueba. Aunque normalmente la prueba de estas obligaciones estará asociada a mayores dificultades, nada impide que el acreedor enfrente dificultades similares al probar el alcance de ciertas obligaciones de resultado. En algunos casos, demostrar que un contrato de servicios profesionales imponía al demandado cierta conducta presentará desafíos menores que demostrar el alcance de las obligaciones del deudor que se obliga a obtener un resultado complejo65.

En consecuencia, no parece necesario aceptar que la distinción entre obligaciones de medios y resultado imponga una inversión en la carga de la prueba de la culpa. Basta con concluir que la distinción simplemente es indicativa de la distinta dificultad a la que se verá enfrentado el acreedor al probar el contenido específico de la obligación. Lo importante es tener presente que las diferencias probatorias no se explican en la distinta función que la culpa cumpliría en obligaciones de medios, sino en el distinto contenido que, atendido el acuerdo de las partes, pueden asumir tanto en dichas obligaciones como en las de resultado.

III. La conveniencia de restringir las consecuencias que se le atribuyen a la distinción en casos de responsabilidad médica

La distinción que se examina ha sido frecuentemente utilizada por nuestros tribunales para explicar las condiciones de la responsabilidad por incumplimiento del contrato médico66. En estos casos, en que la frontera entre obligaciones contractuales y deberes generales de cuidado es particularmente difusa, la utilización de la distinción parece estar justificada en la necesidad de acercar las condiciones de la responsabilidad civil contractual y extracontractual67. A primera vista, lo anterior podría sugerir que, pese a las razones expuestas en la sección anterior, bajo ciertas circunstancias la distinción sí debería tener consecuencias sobre la función y la prueba de la culpa del deudor. Sin embargo, un análisis más detenido de las particularidades de los casos de responsabilidad médica demuestra que la conclusión debería ser justamente la contraria. Como se explica a continuación, estas particularidades hacen recomendable restringir las consecuencias que se atribuyen a la distinción sobre las condiciones de la responsabilidad del médico deudor.

Como es sabido, la relación que existe entre médico y paciente desafía en muchos casos la lógica de la responsabilidad contractual68. En el sentido más evidente, lo anterior se refleja en el hecho de que la presunción de culpa del art. 1547 inc. 3 parece ser excesivamente gravosa para el médico, que solo en forma excepcional se obliga a satisfacer el interés del paciente al solicitar sus servicios69. Asimismo, resulta difícil justificar la responsabilidad del médico en el incumplimiento de un contrato cuando el paciente ha estado imposibilitado de prestar su consentimiento70, o cuando el sujeto activo de la acción indemnizatoria es distinto del paciente71. La distinción entre obligaciones de medios y resultado contribuiría a solucionar estos inconvenientes por la vía de acercar los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual72.

Sin embargo, la opinión avanzada por una parte de la doctrina y confirmada por la jurisprudencia reciente demuestra que la distinción también puede prestarse para extremar las diferencias entre los distintos regímenes aplicables en casos de responsabilidad médica. Como se examino, parte la doctrina ha sugerido que la calificación de la obligación del médico como de resultado permitiría distinguir hipótesis de responsabilidad objetiva o estricta, en que el médico quedaría obligado a responder por la sola ocurrencia del daño73. La diferencia entre el juicio de responsabilidad médica contractual y extracontractual ya no se limitaría solo a la presunción de culpa que operaría en contra del médico. En algunos casos, llegaría, incluso, a afectar la función de la culpa como criterio de atribución de responsabilidad. La Corte Suprema respaldó expresamente esta conclusión en Gajardo con Stevens y Servicio de Salud Talcahuano al concluir lo siguiente:

“Es posible inferir entonces que la naturaleza de la obligación contraída por el demandado no se satisface únicamente con aplicación rigurosa de la lex artis, sino con la obtención del resultado convenido, de manera que sólo operará la liberación de responsabilidad por causas extrañas, esto es, por ausencia de causalidad, por fuerza mayor o hecho de la víctima o de un tercero (…) se trataba de una obligación de resultado según estima esta Corte, en que el régimen de responsabilidad es objetivo o estricto, siendo la única causal de exoneración del deudor la causa extraña o ajena (…)”74.

La Corte admite que en presencia de un acuerdo entre paciente y médico, bastará a la víctima invocar el incumplimiento de una obligación de resultado para forzar al médico a probar que el daño se produjo por una causa no comprendida en los riesgos involucrados en el tratamiento, con total independencia de que el accidente pueda o no imputarse a una falta de diligencia75. De lo anterior se sigue que, dependiendo de las circunstancias, los casos de responsabilidad médica podrían regirse por tres sistemas de responsabilidad distintos:

    –. responsabilidad estricta en casos de incumplimiento de obligaciones médicas consideradas de resultado,

    –. responsabilidad por culpa presunta en el caso de incumplimiento de obligaciones médicas consideradas de medios y

    –. responsabilidad por culpa probada en todos los casos en que no fuera posible justificar la existencia de un acuerdo entre paciente y médico.

Esto pone de manifiesto que en lugar de acercar las condiciones de la responsabilidad médica contractual y extracontractual, la distinción profundiza sus diferencias, obstaculizando el avance hacia un régimen común de responsabilidad médica, que parece ser la solución más adecuada76.

Este inconveniente podría matizarse por la vía de asumir que la distinción entre obligaciones de medios y resultado -y, por consiguiente, sus consecuencias sobre las condiciones de la responsabilidad del médico-aplicaría con independencia de la existencia de un contrato entre las partes77. Sin embargo, además de ser técnicamente improcedente78, esta solución supondría aceptar que en algunos casos el médico estaría sujeto a un régimen de responsabilidad extracontractual estricta no regulado en la ley. Esta conclusión no parece plausible en nuestro Derecho, en que las hipótesis de responsabilidad estricta deben interpretarse restrictivamente y solo pueden ser impuestas por disposición legal expresa79.

En realidad, la distinción parece ser una herramienta inadecuada para dar cuenta de las especiales condiciones de la responsabilidad médica. El análisis de la relación entre facultativo y paciente en términos de obligaciones de medios y resultado sugiere que sería el distinto compromiso asumido por el médico al contratar lo que definiría el alcance de las conductas que le son exigibles80. Sin embargo, lo cierto es que, en la generalidad de los casos, la distinción no aporta ningún criterio que sea necesario o siquiera útil para determinar el alcance de las obligaciones médicas.

En efecto, los límites de la prestación a la que se obliga el profesional vienen impuestos por los usos normativos aplicables a la profesión médica, y su extensión se determina en conformidad con las expectativas que la práctica de dicha profesión garantiza al paciente81. En los excepcionales casos en que el médico está obligado a obtener un resultado específico, esto es así no por efecto de un compromiso contractual especialmente exigente, sino porque en conformidad con la práctica médica, el paciente tiene derecho a esperar ese resultado, incluso, en ausencia de un contrato82. Salvo que el facultativo se obligue a conductas más exigentes que las impuestas por los usos normativos, en cuyo caso la distinción podría ayudar al juez a interpretar los límites de este compromiso adicional, la calificación de las obligaciones médicas como de medios o resultado no aporta ningún elemento que facilite la determinación del contenido de la prestación o la evaluación de su cumplimiento.

Por otra parte, la distinción tampoco tiene utilidad para explicar la forma en que se distribuye la carga de la prueba. Las particularidades probatorias en casos de responsabilidad médica se explican en que, en ellos, la jurisprudencia ha admitido la aplicación de presunciones especiales de culpa por el hecho propio que operan con independencia de la existencia de un contrato. Estas presunciones son reconocidas en aquellos casos en que los hechos dan cuenta de errores médicos demasiado evidentes, o existe una desproporción notoria entre el mínimo riesgo asumido por el paciente y las gravosas consecuencias de la intervención practicada83. Al tratarse de una aplicación de lo dispuesto en el art. 2329 a las circunstancias especiales en que se dan los casos de responsabilidad médica84, estas presunciones no deberían interpretarse como una modificación de las normas generales sobre distribución de la carga de la prueba que aplican en presencia de una obligación contractual85.

De este modo, es posible concluir que la distinción no cumple una función relevante que justifique su utilización para resolver casos de responsabilidad médica. Por el contrario, lo resuelto por la Corte Suprema en Gajardo con Servicio de Salud Talcahuano demuestra que la distinción tiende a extremar las diferencias entre las condiciones de ejercicio de la responsabilidad contractual y extracontractual, obstaculizando el avance hacia un régimen común de responsabilidad en esta área. En estas circunstancias, sería recomendable que la jurisprudencia evitara utilizar la distinción en estos casos o, al menos, limitara considerablemente los efectos que le atribuye.

IV. Conclusiones

La doctrina está dividida en relación con las consecuencias de la distinción entre obligaciones de medios y resultado. La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema refleja esta división al evidenciar contradicciones en relación con los efectos de la distinción sobre la función y prueba de la culpa del deudor. Estas contradicciones hacen particularmente difícil discernir cuál sería la posición de nuestro Derecho en aspectos centrales de la responsabilidad contractual. En estas circunstancias, es recomendable avanzar hacia una interpretación de la distinción que permita minimizar las incertidumbres asociadas a su recepción en el Derecho chileno.

Las contradicciones de la jurisprudencia pueden explicarse en la tensión que existe entre la noción de obligaciones de medios como obligaciones de diligencia, y la diferencia que nuestro ordenamiento reconoce entre las etapas de obligación contractual y responsabilidad por incumplimiento. Al sugerir que la diligencia del deudor en algunos casos integra la obligación contratada, la distinción desdibuja el límite entre la exigibilidad de la prestación y la responsabilidad por el incumplimiento culpable. Lo anterior abre la puerta a distintas interpretaciones de las normas del Código Civil sobre la función y prueba de la culpa del deudor.

El reconocimiento de matices en el compromiso que puede asumir el deudor no requiere aceptar que en obligaciones de medios el contenido de la obligación es lo mismo que la diligencia. Atendida la diferencia entre obligación contractual y responsabilidad por incumplimiento, la determinación del contenido de estas obligaciones debería tratarse como un asunto de distribución de los costos y riesgos de la actividad contratada, y no como un problema de razonabilidad del comportamiento del deudor. La calificación de una obligación como de medios o resultado no debería tener consecuencias en la función de la culpa como criterio de atribución de responsabilidad.

Si se admite que la determinación de la culpa es una cuestión distinta del cumplimiento de la obligación de medios, el art. 1698 puede ser adecuadamente entendido como una regla sobre la prueba de la observancia de la obligación, y el art. 1547 inc. 3 como una regla sobre la prueba de la culpa como criterio de atribución de responsabilidad. Cada norma tiene un ámbito de aplicación distinto que coincide con las distintas etapas en que se desenvuelve la relación obligatoria entre las partes. Sin perjuicio de los desafíos especiales que la prueba del alcance de las obligaciones de medios normalmente impondrá al acreedor, la calificación de una obligación como de medios o resultado no debería tener efectos sobre la forma en que se distribuye la carga de la prueba entre las partes.

Finalmente, la distinción parece ser una herramienta inadecuada para dar cuenta de las especiales condiciones del juicio de responsabilidad médica. En la mayoría de los casos, la intensidad del compromiso asumido por el médico viene impuesta por las expectativas que los usos normativos aplicables garantizan al paciente, por lo que la distinción no contribuye a determinar el alcance de la prestación. Por otra parte, las especiales presunciones que la doctrina y jurisprudencia han desarrollado para facilitar la prueba del paciente se explican en particularidades de los casos de responsabilidad médica, por lo que no deberían entenderse como una consecuencia general de la distinción. En vista de lo anterior, y dado que la distinción tiende a profundizar las diferencias entre los distintos regímenes de responsabilidad médica, sería conveniente que la jurisprudencia evitara recurrir a ella, o al menos evitara asignarle efectos sobre la función y prueba de la culpa del médico deudor.

2A partir de la primera mitad del siglo XX, la distinción ha sido utilizada consistentemente por la doctrina francesa para explicar la función y prueba de la culpa del deudor. Al respecto, DEMOGUE (1925), p. 538 y ss.; FROSSARD (1965), p. 95 y ss.; PLANCQUEEL (1972), p. 334; MAZEAUD/CHABAS (1998), N° 21; CARBONNIER (2000), N° 156 y 159; BÉNABENT (2010), N° 406 y ss.; LE TOURNEAUet al (2014), N° 3208 y ss. Sobre el origen de la distinción, CARBONNIER (2000), p. 298 y ss.; BELLISSENT (2001), p. 35 y ss.; VINEY/JOURDAIN (2013), p. 442 y ss. Aunque frecuentemente se atribuye el desarrollo de la distinción a la doctrina francesa, algunos autores han rastreado su origen hasta el Derecho alemán. Al respecto, LOBATO (1992), p. 662.

3La relevancia de la distinción en Derecho Privado Comparado se evidencia en su incorporación expresa en los arts. 5.1.4 y 5.1.5 de la tercera edición de 2010 de los UNIDROIT. Disponible en www.unidroit.org/unidroit-principles-2010-official-languages/spanish-black-letter [Fecha de consulta: 25 de agosto de 2017]. Para una caracterización de la forma en que otros sistemas legales distinguen la intensidad del compromiso del deudor, ZWEIGERT/KÖTZ (1998), p. 498 y ss. Sobre obligaciones de “mejores esfuerzos” en la tradición jurídica del Common Law,GOETZ/SCOTT (1983), p. 967 y ss.; FARNSWORTH (1984), p. 1 y ss.; LEVMORE (1993), p. 1411 y ss.

4Cfr. MALAURIEet al. (2009), pp. 504-508; VINEY/JOURDAIN (2013), pp. 509-512; TERRÉet al. (2013), N° 1017 y ss.; JORDANO FRAGA (1991), pp. 12-18; LOBATO (1992), p. 665 y ss. En Francia, la distinción ha sido calificada como una “hija perniciosa de la pseudo-reponsabilidad contractual” y como una “diabólica divisio” que sería necesario suprimir. LE TOURNEAUet al. (2014), N° 3231. Para una exposición de los problemas que el reconocimiento de las obligaciones de “mejores esfuerzos” plantean en la tradición jurídica del Common Law,PARK (2006), pp. 705-729.

6“En presencia de obligaciones contractuales de diligencia no es posible diferenciar el cumplimiento de la diligencia debida o, lo que es lo mismo, el incumplimiento de la culpa […]. En materia de responsabilidad contractual, el incumplimiento constituye culpa, siendo imposible disociar ambos elementos en atención a la noción de incumplimiento de aquellas obligaciones que involucran exigencia de diligencia para la satisfacción del acreedor”. PIZARRO (2008), p. 263.

7 DOMÍNGUEZ HIDALGO (2010), pp. 36-37; PIZARRO (2014), p. 840. Una postura similar es propuesta en YZQUIERDO (2001), p. 126 y ss.

8 PIZARRO (2008) p. 263.

9“Toda obligación impone un deber de conducta, el cual se encuentra debidamente descrito (tipificado) en la norma jurídica (…). De aquí que toda obligación lleve unida, como la sombra al cuerpo, el grado de diligencia y cuidado que se le impone al sujeto (…)”. RODRÍGUEZ (2012), pp. 208-209. Esta idea es desarrollada también en RODRÍGUEZ (1992).

10 RODRÍGUEZ (2012), pp. 209-210.

11 RODRÍGUEZ (2012), p. 329.

13“La particularidad de las obligaciones de medios se refiere a la manera en que se define el contenido de su prestación, que normalmente las partes no describen en el contrato, tal contenido lo integra el juez recurriendo a una lex artis o bien a las reglas de conducta de común observancia por un operador medio del tráfico en el lugar del deudor. Se habla de una función integradora de la diligencia para aludir a la regla que operará para la fijación de la conducta debida por el deudor y que constituye el objeto de la prestación”. VIDAL/BRANTT (2013), p. 415.

14 VIDAL/BRANTT (2013), pp. 415, 420. Una postura similar es propuesta en JORDANO FRAGA (1991), p. 24 y ss. y DIEZ-PICAZO (2008), p. 121 y ss.

15 Vega con Castillo (2009) considerando sexto; Netz Puschmann con The Wessex School (2010); considerando séptimo; Lausen con Terre y otros (2013) considerando noveno; Vidal y otros con hospital clínico de la Pontificia Universidad Católica (2015) considerando quinto; Sánchez con Ibáñez (2015) considerando séptimo; Urzúa con Marín (2016) considerando tercero.

16 Ace Seguros S.A. con FCAB Ingeniería y Servicios Ltda. (2008) considerando vigésimo tercero; Vega con Castillo (2009) considerando sexto.

17 Wagemann con Vidal (2011) considerando undécimo. Asimismo, la Corte se ha mostrado explícitamente a favor de la tesis que distingue entre la función promotora e integradora de la diligencia. Pizarro con Banco del Estado (2010) considerando octavo

18 Gajardo con Stevens y Servicio de Salud Talcahuano (2016) considerando sexto. Aunque en términos menos explícitos, esta lógica parece subyacer a la decisión de la Corte en León con Hinostroza (2014) considerando décimo noveno.

19 ALESSANDRI (2005), p. 58; ABELIUK (2005), p. 795. Sobre el alcance de la presunción de culpa contractual en el Derecho chileno, GATICA (1959).

20 PIZARRO (2008), p. 260 y PIZARRO (2014), p. 838. Una crítica a esta postura en CÁRDENAS (2010), p. 69 y ss.

21“En la obligación de medios si el acreedor alega que el deudor fue negligente (que incumplió) y el deudor alega que fue diligente (que cumplió), es el deudor el que debe probar que fue diligente, porque está alegando que extinguió (por cumplimiento) su obligación de comportarse diligentemente (sin importar que un resultado esperado no se haya producido)”. PEÑAILILLO (2003), p. 228.

22 DOMÍNGUEZ ÁGUILA (2008), p. 124 y ss.

23 CÁRDENAS (2010), p. 45 y ss. Comparten esta conclusión GARCÍA (2000), p. 114 y ss.; DOMÍNGUEZ HIDALGO (2010), p. 37.

24 BARROS (2006), pp. 659-661.

25Por ejemplo, Vega con Castillo (2009) considerando quinto; Netz Puschmann con The Wessex School (2010) considerando undécimo; Cortés con García (2011) considerando noveno; Lausen con Terre y otros (2013) considerando sexto.

26 Montecinos con hospital clínico de la Pontificia Universidad Católica (2007) considerando décimo octavo. Asimismo, la Corte ha resuelto que “la prueba de la diligencia o cuidado incumbe siempre al deudor, porque es quien ha debido emplearla (art. 1547, inc. 3° del Código Civil), y la ley no ha hecho distinciones acerca de la naturaleza de la obligación”. Wagemann con Vidal (2011) considerando undécimo.

27 Vidal y otros con hospital clínico de la Pontificia Universidad Católica (2015) considerando décimo quinto. En el mismo sentido, véase González con López y otros (2014) considerando octavo; León con Hinostroza (2014) considerando décimo noveno; Sánchez con Ibáñez (2015) considerando quinto.

30 PIZARRO (2008), pp. 260, 263; CÁRDENAS (2010), p. 75; RODRÍGUEZ (2012), p. 207 y ss.; VIDAL/BRANTT (2013), p. 415.

31Confusiones similares han llevado a la doctrina extranjera a negar toda utilidad a la distinción. BELLISSENT (2001), N° 1182, 1183, 1209; LE TOURNEAUet al. (2014), N° 3210; 3231 y 3218. En el contexto del Common Law, se ha sugerido que la incorporación en el contrato de obligaciones de “best efforts” impide a las partes conocer con exactitud el alcance de sus obligaciones y asignar con precisión un precio apropiado al cumplimiento de sus compromisos contractuales, lo que supone consecuencias especialmente graves para la lógica del derecho de contratos. Al respecto, PARK (2006), p. 705.

32Como explica el profesor Enrique Barros, el Código Civil contempla reglas relativas al cumplimiento de la obligación contractual de primer grado (art. 1545, 1546, 1548, 1549, 1550, 1553, 1554 y 1555) y reglas sobre responsabilidad por incumplimiento de la obligación contractual (art. 1547, 1556, 1557, 1558 y 1559). BARROS (2006), pp. 979. Una exposición detallada de la diferencia entre las etapas de obligación contractual y responsabilidad por incumplimiento en BARROS (2007), p. 721 y ss.

33Supra, pp. 141-142

34 BARROS (2006), pp. 981-982; CORRAL (2003), pp. 132-133; VIDAL (2007), p. 46 y ss.; GATICA (1959), p. 410 y ss.

35Además de las normas generales de los arts. 1547 y 1558, varias disposiciones especiales dan cuenta de la importancia de la culpa del deudor como criterio de atribución de responsabilidad. Véase, por ejemplo, lo dispuesto en los arts. 1826, 1926, 1930, 1939, 1947, 2015, 2018, 2222, 2129, 2242, 2351.

36Véase, por ejemplo, Netz Puschmann con The Wessex School (2010) considerando séptimo; Wagemann con Vidal (2011) considerando cuarto; Vidal y otros con hospital clínico de la Pontificia Universidad Católica (2015) considerando quinto; Sánchez con Ibáñez (2015) considerando séptimo; Urzúa con Marín (2016) considerando tercero.

37 BARAONA (1997), p. 151 y ss.

38Por lo demás, los propios defensores de esta tesis reconocen las dificultades que lo dispuesto en el art. 1547 plantea para el reconocimiento de un régimen de responsabilidad objetiva en sede contractual. Cfr. PIZARRO (2008), p. 263.

39En especial, los arts. 1553 y 1555 del Código Civil, y 438, 536 y 543 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, véase BARROS (2007), pp. 728, 730, 732. El profesor Hernán Corral cita como ejemplo lo dispuesto en el art. 1521, que supone que el incumplimiento de la obligación da lugar a acciones distintas a aquellas que emanan de la culpa del deudor. CORRAL (2003), p. 133.

40 BARROS (2006), pp. 728, 978-979; CORRAL (2003), p. 133; BARAONA (1997), p. 156.

41 VIDAL/BRANTT (2013), pp. 415-416.

42Si se acepta que el contenido de la obligación de medios es un deber de comportamiento diligente, para eximir al deudor de responsabilidad una vez establecido el incumplimiento, el juez se verá obligado a concluir que el comportamiento del deudor es negliente (contrario a la diligencia integradora) y no culpable a la vez. Por esta razón, en Derecho suizo, la tendencia de la jurisprudencia es a confundir las dos funciones de la diligencia, asumiendo en la práctica que todo incumplimiento de esta clase de obligaciones es culpable. CHAPPUIS (2002), p. 289.

43 LE TOURNEAUet al. (2014), N° 3209.

44Por el contrario, varios artículos demuestran que en la lógica del Código Civil el cumplimiento de la obligación es una cuestión distinta de la responsabilidad por incumplimiento. Véase n. 39.

45En jurisdicciones como Inglaterra y Australia, la expresión utilizada es duty of best endeavours. En Estados Unidos, es preferida la expresión duty of best efforts.YOUNG (2014), p. 95.

46 CHAPPUIS (2002) p. 282. Lo anterior no quiere decir que en casos de responsabilidad profesional el Common Law no enfrente problemas semejantes a aquellos que en nuestra tradición da lugar la aplicación de obligaciones de medios y resultado. Al respecto, ATIYAH (1986), p. 287 y ss.; CANE (1991), p. 144 y ss.

47 YOUNG (2014) p. 97-98.

48En los sistemas jurídicos del Common Law, el incumplimiento de la obligación contractual por lo general impone al deudor la necesidad de indemnizar perjuicios bajo una regla de responsabilidad estricta. BEATSON (2002), p. 595 y ss.; SMITH (2004), p. 376 y ss. Sin pejuicio de ello, es preciso no perder de vista que, tratándose de obligaciones profesionales, los sistemas jurídicos del Common Law también tienden a hacer algunas distinciones. BURROWS (2013), p. 596.

49 YOUNG (2014), p. 96 y ss.

50Al igual que en nuestro Derecho, en la tradición jurídica del Common Law la culpa se define como un estándar de conducta objetivo que la ley personifica en un modelo abstracto. En el contexto inglés, el símil de nuestro “buen padre de familia” es el del “hombre que toma el bus de Clapham”. BURROWS (2013), p. 941.

54Como explica el profesor Enrique Barros, el reconocimiento de un contenido del contrato exigible por el acreedor distinto del juicio de reproche sobre el deudor es una tendencia generalizada del Derecho Civil que se encuentra recogida en instrumentos internacionales de derecho uniforme. BARROS (2007), pp. 732-733. Véase también VIDAL (2007), pp. 503-504.

55Así ocurre normalmente en casos de responsabilidad profesional. BARROS (2006), p. 658; CANE (1991), p. 144 y ss.

56Los profesores Álvaro Vidal y María Graciela Brantt están en lo correcto al puntualizar que en la determinación del contenido de la obligación de medios resulta especialmente importante lo dispuesto en el art. 1546 como regla de integración del contrato. VIDAL- BRANTT (2013), p. 415. Sin embargo, no es necesario asumir que el resultado del ejercicio de integración de esta obligación sea equivalente a la determinación del estándar de diligencia por el que responde el deudor. Basta con concluir que, en conformidad con el contrato, el deudor estaba obligado a soportar el costo de la conducta demandada por el deudor. El juez podrá hacer lugar a la acción de cumplimiento en naturaleza o por equivalencia con independencia de lo que resuelva repecto de la responsabilidad por inobservancia del estándar de diligencia.

57En Francia se ha sostenido que la distinción sería un desvío lógico inútil, porque al juez debería bastarle preguntarse sobre el contenido del contrato para determinar el contenido de la obligación y su incumplimiento. BELLISSENT (2001), N° 1183. Aunque no es necesario aceptar esta opinión, conviene tenerla presente para evitar asignar a la distinción efectos que no debería tener en nuestro Derecho.

58Supra p. 143.

59 PEÑAILILLO (2003), p. 228; PIZARRO (2008), p. 260.

60 CÁRDENAS (2010), p. 53.

61En el contexto específico de la responsabilidad médica, el profesor Jorge Larroucau ha argumentado que una regla práctica de carga de la prueba compartida operaría mejor que una aplicación de las normas del Código Civil “por etapas”. LARROUCAU (2014), pp. 67-68. Esta conclusión descansa en circunstancias que son propias de casos de responsabilidad médica, por lo que no es necesario extenderla a todos los casos en que es posible calificar una obligación como de medios.

62Un análisis semejante en GARCÍA (2002) pp. 141-143.

63 BARROS (2006), pp. 660-661

64 LE TOURNEAUet al. (2014), N° 3233.

65Así ocurre con frecuencia en contratos de construcción de obras de infraestructura en que las obligaciones del deudor o contratista incluyen el desarrollo del diseño del proyecto, el suministro de los materiales necesarios para su ejecución, y la realización de las obras de construcción. En estos contratos, aunque el deudor se obliga a un resultado —entregar una obra completamente equipada y en estado de funcionamiento— su complejidad hace necesario que, para evaluar el cumplimiento de la obligación, el acreedor deba comparar la obra finalizada con ciertos estándares de diseño y rendimiento cuyo alcance normalmente es objeto de discusión entre las partes. Pese a que el deudor se obliga a un resultado, la prueba del alcance de la obligación contratada requiere un esfuerzo probatorio del acreedor semejante al que es necesario para probar el alcance de las conductas incluidas en una obligación de medios. Un análisis del régimen legal aplicable a los contratos de Engineering, Procurement and Construction Agreements o EPC en Derecho chileno en PRADO (2014), p. 770 y ss.

66Cfr. TAPIA (2003), p. 89; BARROS (2006), p. 658; PIZARRO (2014), p. 825. Solo en los últimos años, la Corte Suprema ha recurrido a la distinción en Wagemann con Vidal (2011); Lausen con Terre y otros (2013); González con López y otros (2014); León con Hinostroza (2014); Vidal y otros con hospital clínico de la Pontificia Universidad Católica (2015); Mena con Instituto de Diagnósticos S.A. y otros (2015); Sánchez con Ibáñez (2015); Gallo con Instituto de Seguridad del Trabajo (2016), entre otros casos de responsabilidad médica. Si bien la distinción también puede ser relevante para analizar casos de responsabilidad hospitalaria, el análisis que sigue se limita a casos de responsabilidad personal del médico tratante.

67 DOMÍNGUEZ HIDALGO (2010), pp. 42-43.

68Pese a ser un asunto especialmente discutido por la doctrina, en nuestro país parece haberse impuesto la idea de que la relación entre médico y paciente corresponde a un contrato. COURT (1998), p. 278; TAPIA (2003), p. 81 y ss.; BARROS (2006), p. 656; PIZARRO (2014), p. 829.

69 COURT (1998), p. 279.

70 TAPIA (2003), pp. 81-82.

71 BARROS (2006) p. 666. En el contexto del Common Law, se invocan como razones adicionales para tratar los casos de responsabilidad médica como instancias de responsabilidad extracontractual el que los derechos del paciente no deberían estar condicionados al cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en el caso de pacientes como menores de edad, ancianos y personas con discapacidades cognitivas severas. Al respecto, ATIYAH (1986), pp. 292-295.

72 BARROS (2006), pp. 657-660; DOMÍNGUEZ HIDALGO (2010), pp. 26-27, 42.

73Supra, pp. 140-141. Una aplicación de esta postura al contexto específico de la responsabilidad médica en PIZARRO (2014), pp. 838-840.

75 PIZARRO (2014), p. 839. Aunque las obligaciones médicas de resultado son excepcionales, ellas cubren prestaciones cuya recurrencia en la práctica médica impide descartar como irrelevantes. Además de las cirugías estéticas, que por su naturaleza es poco probable que ocurran fuera del contrato, son consideradas como una clase de ellas las de evitar accidentes en transfusiones sanguíneas, la obligación de usar materiales y productos de salud que no supongan un riesgo para el paciente, y la de entregar resultados correctos en ciertos exámenes y análisis de común ocurrencia, entre otras. TAPIA (2003), pp. 93-94.

76La conveniencia de avanzar hacia un régimen común de responsabilidad médica ha sido defendida con frecuencia por la doctrina nacional. TAPIA (2003), p. 83; PIZARRO (2003), p. 205; DOMÍNGUEZ HIDALGO (2010), pp. 43-44.

78“Cette distinction [la distinción entre obligaciones de medios y resultado], déjà fâcheuse en elle-même, est à nos yeux propres à la matière contractuelle, et doit donc s'y cantonner. Elle n'a aucune place dans la responsabilité délictuelle. Dans ce domaine, le débiteur, par hypothèse, n'a rien voulu”. LE TOURNEAUet al (2014), N° 3210.

79 BARROS (2006), p. 446.

80 PIZARRO (2014), p. 838.

81Como explica el profesor Carlos Pizarro, luego de la entrada en vigencia de la ley N° 20.584 de 2012 sobre derechos y deberes de los pacientes, el contenido del contrato médico queda determinado por el legislador mediante la obligación de sujetarse a la lex artis médica. PIZARRO (2014), p. 830. La ley no hace sino explicitar una conclusión que la doctrina y la jurisprudencia vienen sosteniendo en Chile hace algún tiempo. Al respecto, TAPIA (2003), p. 89; LARROUCAU (2014), p. 47.

82 BARROS (2006), pp. 657-658, 662.

83Op. cit., pp. 679-680.

84 LARROUCAU (2014), p. 73.

85Esta conclusión es confirmada por el razonamiento de la Corte Suprema en Gajardo con Stevens y Servicio de Salud Talcahuano (2016). En los considerandos sexto y octavo, la Corte concluye que, prescindiendo de la calificación de la obligación como de medios o resultado, era posible presumir la culpa del médico deudor “en atención al desastroso resultado presentado, el que no se condice con la complejidad y riesgos que la práctica presentaba a priori”. Este razonamiento supone que la distribución de la carga de la prueba es independiente de la calificación de la obligación como de medios o resultado.

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Received: November 15, 2016; Accepted: July 24, 2017

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