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Revista chilena de derecho privado

On-line version ISSN 0718-8072

RChDP  no.29 Santiago Dec. 2017

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722017000200277 

Comentario de Jurisprudencia

Contratos especiales

Javier Rodríguez Diez1 

1Profesor de Derecho Romano Pontificia Universidad Católica de Chile

RESUMEN

ALIUD PRO ALIO E INDEMNIZACIÓN POR VICIOS DE LA COSA COMPRADA. CORTE SUPREMA, 13 DE MARZO DE 2017, ROL N° 30.979-2017.

I. Introducción

En un fallo unánime, la Corte Suprema dio lugar a la resolución de contrato e indemnización de perjuicios demandados por un comprador que experimentó un perjuicio derivado de un vicio en la cosa comprada. Ello no representaría curiosidad alguna de no ser porque, al estar ante a un defecto de la cosa comprada, podría pensarse que la verdadera acción que debió ejercer el comprador es la redhibitoria (CC art. 1857), y no la acción resolutoria del CC art. 1489. Sin embargo, el comprador no podía recurrir a la redhibitoria, ya que tardó varios meses en percatarse de los daños producidos por la cosa viciosa, habiendo transcurrido para entonces el plazo de prescripción de seis meses.

Para acceder a la pretensión del comprador, la Corte Suprema recurrió a lo que parte de la doctrina ha designado como la doctrina del aliud pro alio: si bien se trata de un vicio de la cosa que en principio podría dar lugar a una acción redhibitoria, lo cierto es que el vicio sería de tal gravedad que ni siquiera podría entenderse satisfecha la obligación de entrega de la cosa que impone el CC art.1828. Se habría entregado una cosa por otra (aliud pro alio), gato por liebre. Al no cumplirse con la obligación de entrega, estaríamos frente a una infracción a las obligaciones del vendedor que haría procedente los remedios del art.1489 en lugar de la acción redhibitoria.

Si bien la decisión de la Corte parece justificada, considerando la desprotección en que se dejaría al comprador en caso de rechazarse su pretensión, resulta problemático identificar la frontera entre un vicio que solo sea exigible mediante una acción redhibitoria, y un vicio que permita entender que ni siquiera se entregó la cosa objeto del contrato. Frente a este difuso ámbito de aplicación, podría cuestionarse -como lo hace parte de la doctrina nacional-si acaso no sería más conveniente subsumir todos los casos de vicios en la cosa comprada bajo los remedios generales en materia de incumplimiento. Sin embargo, como se verá, la doctrina y jurisprudencia nacional a menudo pasan por alto que la regulación del Código Civil en materia de los vicios redhibitorios no excluye, por otra parte, que el comprador pueda demandar, en virtud del art. 1861, todos los daños que haya sufrido a partir del carácter vicioso de la cosa, lo que atendería adecuadamente a las necesidades del comprador en un caso como el que se comenta aquí. El presente comentario explora, por tanto, la necesidad de recurrir a la doctrina del aliud pro alio o de introducir una reforma legal, considerando el alcance de los remedios actualmente disponibles en nuestro Código Civil.

II. La cuestión debatida

La controversia que motivó el pronunciamiento de la Corte se remonta a la compra de fertilizante que realizó una empresa agrícola especializada en la producción y exportación de nogales. El comprador recibió el fertilizante en julio de 2008, pero solo meses después de haberlo aplicado en su plantación detectó que sus árboles presentaban graves problemas de desarrollo. Luego de realizar exámenes de laboratorio, se determinó que los árboles se encontraban intoxicados debido a la elevada concentración de boro en el fertilizante utilizado, viéndose obligado a reemplazarlos y a soportar millonarias pérdidas. Posteriormente, procedió a demandar al vendedor del fertilizante la resolución del contrato y la indemnización de perjuicios de conformidad al art. 1489. El comprador alegó un incumplimiento grave del contrato por parte del vendedor, consistente en entregar un producto defectuoso, atendida la excesiva cantidad de boro del fertilizante.

Por su parte, el vendedor del fertilizante alegó -en lo que aquí interesa-haber cumplido a cabalidad con la obligación de entregar la cosa vendida, de conformidad al CC art. 1828. Indicó, asimismo, que las partes jamás acordaron que el fertilizante debía tener una determinada cantidad de boro, por lo que cualquier defecto a este respecto no implicaría el incumplimiento de una obligación principal. Adicionalmente, señala que, al demandar por un “vicio oculto” de la cosa, el libelo deduce una pretensión propia de la acción redhibitoria, pero recurriendo a la acción resolutoria del art. 1489, con el solo fin de evadir el plazo de prescripción de seis meses del art. 1866.

La demanda fue acogida por el 4° Juzgado de Letras de Talca1, siendo confirmada por la Corte de Apelaciones de Talca2 y por la Corte Suprema3. Estas decisiones varían, sin embargo, en lo que a su fundamento legal se refiere. Por una parte, el fallo de primera instancia considera que la defectuosa composición del fertilizante implicaría un incumplimiento al deber de cumplir fielmente el contenido relevante de la obligación contraída, que se desprende de la buena fe contractual consagrada en el CC art.1546 (cons. 39°). De esta forma, el vendedor habría estado obligado a entregar un fertilizante con una cantidad de boro adecuado. Teniendo este fundamento, el tribunal no cuestiona mayormente el problema del ámbito de aplicación de la acción redhibitoria frente a la acción resolutoria general, indicando, sencillamente, que esta última no ha prescrito (cons. 40°). La Corte de Apelaciones concuerda en términos generales con el fallo de primera instancia, agregando que la presencia excesiva de boro implica que la cosa vendida “muta su naturaleza o esencia”, por lo que debió ser informado al comprador (cons. 8°).

Por su parte, la Corte Suprema analiza en detalle el ámbito de aplicación de la acción redhibitoria frente al CC art. 1489, haciendo hincapié en un punto que está ausente en el fallo de primera instancia y que solo se esboza por la Corte de Apelaciones: la entidad del vicio de la cosa entregada implica que el comprador no satisface la obligación de entrega de la cosa, ya que “el producto resulta ser otro diferente al comprado” (cons. 10°). Sobre la base de esta idea, la Corte Suprema aduce que la diferencia entre el ámbito de aplicación de la acción redhibitoria y de la acción resolutoria radica en que, en el primer caso, debe entregarse efectivamente la cosa vendida, lo que no se cumpliría en el caso del fertilizante con exceso de boro (cons. 12°), donde se habría entregado una cosa diversa. Esto implicaría que la pretensión debe deducirse sobre la base del art. 1489, que consagraría según la Corte una acción resolutoria general, mientras que la acción redhibitoria sería una acción resolutoria especial, cuya aplicación no procedería en este caso (cons. 11° y 12°). Finalmente, para enfatizar que se trataría de una falta de entrega de la cosa debida, la Corte señala que el CC art. 1509 dispone que en las obligaciones de género el deudor se libera entregando una cosa de calidad a lo menos mediana, cosa que no se habría verificado al hacer entrega de un producto dañino para las plantas (cons. 12°).

Estas decisiones tienen como premisa que la acción redhibitoria es el único remedio disponible para el comprador que adquiere una cosa viciosa, por lo que es necesario identificar otra obligación infringida para deducir una acción distinta a la redhibitoria: para el juez de primera instancia, la excesiva cantidad de boro supondría una vulneración a la buena fe contractual, mientras que para la Corte Suprema implicaría una infracción al deber de entrega del art. 1828. En los próximos párrafos se revisará la validez de esta premisa.

III. Comentario

1. Aliud pro alio y crítica al concurso de remedios del comprador

Una de las principales objeciones que puede hacerse al fallo en comento es que enfrenta serios desafíos en cuanto a la consistencia del criterio empleado para diferenciar entre el ámbito de aplicación de la acción resolutoria del art. 1489 y de la acción redhibitoria. Este punto ha sido levantado en dos breves comentarios de jurisprudencia de Iñigo de la Maza, Benjamín Silva y Nicolás Miranda4. Estos autores destacan cuán tenue resulta la línea entre afirmar, por una parte, que el defecto es tan grave que se entregó una cosa distinta a la debida y, por otra, que se configura un defecto grave -en los términos del art. 1858 N° 2-, que hace procedente la acción redhibitoria. Esto lleva a los citados autores a mostrarse críticos respecto a la innecesaria complejidad que representa la coexistencia de dos remedios contractuales que concurren respecto de un mismo problema.

A pesar de su postura crítica, Iñigo de la Maza, Benjamín Silva y Nicolás Miranda identifican cierto alivio al difuso ámbito de aplicación de esta doctrina en la referencia que hace la Corte Suprema al CC art. 1509 en materia de obligaciones de género, ya que ello parecería sugerir que solo cabe aplicar el aliud pro alio en los casos en que se pretende satisfacer una obligación genérica entregando una cosa que no es de calidad a lo menos mediana. La acción redhibitoria, por otra parte, quedaría reservada para las obligaciones de especie o cuerpo cierto5. Aunque existe un caso en que el aliud pro alio se aplicó para una obligación específica6 -la compraventa de un inmueble-la jurisprudencia de este siglo lo ha restringido a casos similares al discutido en autos, como la venta de sal con una concentración de nitrato de 8% en lugar de 0,8%7 (diferencia que la hacía inidónea para fabricar cecinas, como pretendía el comprador) o la venta de unos rodillos de laminación con menor concentración de níquel8 (lo que frustraba el objetivo del comprador de revenderlos en el extranjero)9. Si bien en esos fallos no se hace referencia al CC art. 1509, se vislumbra al menos cierta consistencia en los casos en que la jurisprudencia estaría dispuesta a recurrir al aliud pro alio.

Pese al ámbito de aplicación del aliud pro alio que propone la Corte Suprema, cabe preguntarse si acaso no es superfluo y problemático contar con dos grupos de remedios distintos para resolver problemas tan similares, como plantean los comentaristas antes citados. A ello cabe agregar que no parece haber una razón de fondo para dejar en una situación desmejorada al comprador de especie o cuerpo cierto frente al comprador de un género. Debido a estas complicaciones, la doctrina nacional en los últimos años ha hecho eco de las modernas tendencias europeas en materia de contratos10. En dichas jurisdicciones, ante las dificultades asociadas a casos similares al que aquí se analiza, se resolvió finalmente subsumir el tratamiento de los defectos de la cosa vendida bajo los remedios generales en materia de incumplimiento, suprimiendo el régimen independiente de saneamiento por vicios redhibitorios y los problemas asociados a su superposición. Sin embargo, antes de propender a la adopción de estas soluciones, cabe realizar algunas preguntas que permiten dilucidar la necesidad de recurrir a la doctrina del aliud pro alio: en primer lugar, ¿enfrenta nuestro Código Civil las mismas limitaciones que los ordenamientos europeos?; asimismo, ¿acaso los distintos remedios del comprador se excluyen entre sí? y, finalmente, ¿existe alguna ventaja práctica en conservar el saneamiento de los vicios redhibitorios como remedio independiente? La respuesta a estas preguntas permite al mismo tiempo analizar los fundamentos de la sentencia aquí comentada.

2. Actio empti, redhibitoria, quanti minoris y condición resolutoria tácita

Para el espanto de quienes consideran problemática la coexistencia de diversos remedios contractuales para lidiar con los vicios de la cosa comprada, debemos observar que en perspectiva histórica son cuatro las acciones cuya aplicación se sobrepone. Las primeras tres son de origen romano: la acción de compra (actio empti), la acción redhibitoria (actio redhibitoria) y la acción estimatoria (actio quanti minoris)11. Para efectos de este comentario, bastará con señalar que las últimas dos fueron introducidas por los ediles curules, para dar una solución práctica los defectos de la cosa comprada en los casos de ventas de esclavos y ganado en el mercado: si el comprador detectaba un defecto en la cosa comprada, tenía seis meses desde la entrega para recuperar el precio pagado (con la actio redhibitoria) y un año para obtener una reducción en el precio (actio quanti minoris).

Las acciones edilicias convivían con la actio empti, la acción general disponible al comprador, que podía emplearse a propósito de los vicios en cualquier cosa, y no solo -como las acciones edilicias-para esclavos y ganado. La actio empti exigía culpa o dolo del vendedor, mientras que las acciones edilicias prescindían de este elemento subjetivo, bastando la constatación del vicio en la cosa. Sin embargo, la actio empti tenía la ventaja de no estar sujeta a caducidad, a diferencia de las acciones edilicias. Además, esta acción permitía al comprador exigir todos los daños que hubiese acarreado el vicio en la cosa si el comprador actuó dolosamente, o la diferencia del valor de la cosa si actuó con culpa. De esta forma, si el comprador buscaba algo más que la restitución del precio, haría bien en recurrir a la actio empti en lugar de la redhibitoria. Ulpiano proporciona a este respecto un caso célebre, divulgado por la pluma de Robert Pothier12: un comprador recibe una pieza de ganado enfermo, lo que derivó en el contagio y muerte de sus otros animales, debiendo distinguirse según si el vendedor actuó con culpa o dolo para determinar los perjuicios por los que responde. Cabe en todo caso apuntar que, en el texto clásico, el vendedor solo responde por todos los perjuicios -la muerte de los otros animales- si sabía del vicio, mientras que si lo ignoraba solo respondería por la diferencia de valor del animal entregado.

El ámbito de aplicación de estas acciones quedó superpuesto luego de que Justiniano hiciera aplicables las acciones edilicias a la compra de toda clase de objetos, lo que no resulta disparatado si se considera que las acciones edilicias dan un remedio expedito -aunque limitado-frente a los vicios de la cosa comprada. Sin embargo, ello llevó a los autores del ius commune a discutir cuál sería el ámbito de aplicación de las acciones edilicias frente a la actio empti13. Eventualmente, la mayoría de los códigos decimonónicos consagraron como remedio general frente a los vicios de la cosa comprada la actio redhibitoria y la quanti minoris, permitiendo además -de conformidad al régimen clásico de la actio empti- que se reclamaran todos los perjuicios asociados al carácter vicioso de la cosa cuando el vendedor conocía el vicio, mientras que la responsabilidad de vendedor que lo ignoraba se limitaba al valor de la cosa14.

Ante esta regulación general en materia de vicios de la cosa comprada, los exegetas de los nuevos códigos pronto se preguntaron respecto a la relación entre dichas acciones y la condición resolutoria tácita. Esta última era una figura inexistente en Roma, que fue desarrollada por la escuela del derecho natural racionalista, según la cual todo contrato bilateral llevaba implícita la condición de resolverse en caso de incumplimiento de una de las partes15. La figura fue tratada por Robert Pothier16, siendo eventualmente consagrada en el CC francés art. 1184. La condición resolutoria no tenía los breves plazos de prescripción de las acciones edilicias, ni las limitaciones de la actio empti respecto a la posibilidad de pedir perjuicios, por lo que pronto surgió la necesidad de expandirla para demandar perjuicios en casos de vicios en la compraventa17. Esto implicaba la difícil cuestión de desplazar a las acciones edilicias, la lex specialis en materia de vicios de la cosa comprada, lo que llevó a diversas construcciones para dar lugar a una acción indemnizatoria y evitar los breves plazos de prescripción18, incluyendo la llamada doctrina del aliud pro alio. Sin embargo, el ámbito de aplicación de esta última doctrina permaneció siempre esquivo. Por ejemplo, para quienes pretendían que esta doctrina solo era aplicable para obligaciones de género, a menudo no era clara la diferencia con las obligaciones de especie si se considera que en último término es necesario entregar de todas formas una cosa específica19. Es por ello que la doctrina criticó durante décadas la subsistencia misma de las acciones edilicias, que coexistían incómodamente con los remedios generales en materia de incumplimiento20. Esto llevó en último término a reformas nacionales e instrumentos de unificación que de forma generalizada situaron el problema de los vicios de la cosa comprada al amparo de los remedios generales a favor del comprador en materia de incumplimiento21, eliminando de raíz el problema de distinguir entre casos de entrega de cosa viciosa y casos en que se entiende que ni siquiera se entregó la cosa debida.

3. CC 1861, el gran ausente del debate

Llegados a este punto, cabe preguntarse si en nuestro país nos encontramos en una situación análoga a aquella que llevó a la elaboración de remedios como el aliud pro alio en Europa y -frente a la precariedad de dichas construcciones-a la eliminación de las acciones edilicias, dejando el comprador únicamente los remedios generales en materia de incumplimiento contractual. La respuesta pasa por la adecuada valoración del CC art. 186122, norma que las partes no trajeron a colación en la causa en comento. Alejandro Guzmán ha ofrecido una detallada exégesis de este artículo23, indicando que con su inclusión Andrés Bello establece dos regímenes a propósito de los vicios de la compraventa, que se condicen con la distinción clásica entre actio redhibitoria y actio empti: por una parte, la acción redhibitoria del art. 1857, que permite que el comprador obtenga la restitución del precio pagado o una rebaja del mismo sobre la base de un régimen de responsabilidad objetiva; por otra parte, el art. 1861, que permite al comprador ir más lejos y pedir la reparación de todo el daño sufrido, pero sobre la base de un régimen de responsabilidad subjetiva.

La regulación ofrecida por Andrés Bello en el art. 1861 presenta una diferencia fundamental respecto a aquella de la mayoría de los códigos europeos, ya que permite demandar todos los perjuicios no solo cuando el vendedor actuó dolosamente (“conocía los vicios y no los declaró”) sino que, también, cuando actuó con culpa (“haya debido conocerlos por razón de su profesión u oficio”)24. Ello supone una desviación de los criterios clásicos de la actio empti, la cual tiene su origen en la interpretación de Dumoulin y Robert Pothier25, quienes entendieron que podía solicitarse todo daño no solo cuando el vendedor conocía el vicio sino, también, cuando debía conocerlo en razón de su profesión u oficio26. Esta falta de pericia es considerada por estos autores como una forma de culpa que haría procedente la indemnización de todo daño. Esta teoría, sin embargo, tuvo poca acogida en los códigos europeos. El hecho que nuestro Código Civil haya recogido esta doctrina introduce una diferencia sustancial, ya que en un caso como el aquí examinado resultaría posible que el comprador recurra al art. 1861 para solicitar todos los daños sufridos a partir del vicio en la cosa, bastando que acredite que el vendedor debió conocer el vicio en razón de su profesión u oficio.

El art. 1861 no fue invocado a pesar de su relevancia para el caso en comento, probablemente debido al manto de confusión que sobre ella arrojaron algunos antiguos comentaristas, quienes pretendían que la acción consagrada en este artículo era accesoria a la redhibitoria27. El análisis de Alejandro Guzmán, sin embargo, no deja lugar a dudas en cuanto a tratarse de dos acciones del todo diversas: por una parte, la acción del art. 1857 tiene carácter rescisorio28, lo que acota los perjuicios que pueden solicitarse, pero se somete a un régimen de responsabilidad objetiva y tiene menores plazos de prescripción; por otra parte, la acción del art. 1861 permite indemnizar todo daño, pero se sujeta a un régimen de responsabilidad subjetiva con los plazos ordinarios de prescripción29. Sobre la base de esta diferenciación, la doctrina y jurisprudencia de los últimos años admiten que la acción indemnizatoria del art. 1861 puede ejercerse de forma autónoma y alternativa a la acción redhibitoria30. Ante este desarrollo, no es de extrañar que el art. 1861 ya haya sido invocado en un caso muy similar al aquí comentado, a propósito de un productor de papas cuya plantación se vio dañada por la aplicación de un fertilizante inadecuado, y que demandó en virtud de la citada norma la totalidad de los daños sufridos31.

La regulación en nuestro Código de una actio empti que cubre los casos en que el vendedor actúa con culpa, y que funciona como alternativa a la actio redhibitoria, evita el problema característico de los códigos europeos, que proveían en principio como único remedio al comprador las acciones edilicias, sumadas a una actio empti con limitadas posibilidades de exigir perjuicios. Es por ello que, en nuestro país, no es necesario salvar las limitaciones de la acción redhibitoria recurriendo a los remedios generales del art. 1489, ya el art. 1861 permite al comprador exigir todos los perjuicios derivados del vicio en la cosa dentro de los plazos normales de prescripción32, de forma alternativa a las acciones edilicias. No hay un vacío en nuestra normativa que deba ser llenado por medio al recurso a la buena fe, como pretende en el caso en comento el juez de primera instancia, ni una anomalía que deba ser corregida por medio de los arts. 1828 y 1489 en el contexto de la doctrina del aliud por alio, como pretende la Corte Suprema. La única razón por la que la jurisprudencia se vio compelida a introducir esta teoría desde el Derecho europeo fue la postura tradicional que entendía que la acción del art. 1861 se subordinaba a la acción redhibitoria.

Habiendo aclarado la función del art. 1861, resulta manifiesto que no existe en Chile una necesidad imperiosa de recurrir al aliud por alio en materia de vicios de la cosa comprada, ni de introducir una reforma legal como aquellas que han tenido lugar en Europa. En nuestro Derecho, las acciones edilicias son una alternativa que tiene el comprador para obtener un remedio jurídico expedito ante los vicios de la cosa33, lo que no obsta a que pueda -ex art. 1861— demandar todos los perjuicios sufridos a partir del vicio. El comprador podrá, de esta forma, echar mano de la acción que más se ajuste a sus necesidades. En este caso, si el comprador se hubiese percatado tempranamente de la inadecuada composición del fertilizante, podría haber ejercido la acción redhibitoria para rescindir la venta, sin tener que probar culpa o dolo del vendedor, sino solo la gravedad del vicio. Sin embargo, no habiendo detectado el vicio a tiempo, sufrió un perjuicio cuya indemnización podrá reclamar por medio del art. 1861 en el plazo ordinario de prescripción, previa constatación de la culpa o dolo del vendedor. El art. 1861 consagra parámetros específicos para apreciar esta imputación subjetiva, por lo que, al demandarse en el caso de autos por el daño causado culpablemente, bastará acreditar que el vendedor debió conocer el vicio por razón de su profesión u oficio. El comprador puede esta forma solicitar perjuicios en virtud de una disposición expresa, sin tener que forzar la aplicación de otras normas por medio de oscuras distinciones en torno a la entidad del vicio.

Conclusiones

A modo de conclusión, podemos responder las tres preguntas formuladas anteriormente (sección III punto 1) de la siguiente forma:

  1. Nuestro Código Civil no enfrenta las limitaciones tradicionales de los códigos europeos, ya que regula expresamente en el art. 1861 la posibilidad de pedir perjuicios que se sigan de los vicios de la cosa comprada, tanto si el vendedor actúa dolosa como culposamente. Resulta así innecesario recurrir de forma generalizada a la doctrina del aliud pro alio para ofrecer una indemnización al comprador.

  2. La acción del art. 1861 se plantea como una alternativa a la acción redhibitoria, cuyos presupuestos son más sencillos, pero su alcance más limitado.

  3. La acción redhibitoria conserva en nuestro sistema jurídico una función práctica apreciable, ya que, sin excluir el ejercicio de una acción indemnizatoria por parte del comprador, le otorga una tutela jurídica expedita en caso de que no haya experimentado ulteriores perjuicios a partir del carácter vicioso de la cosa.

14°Juzgado de Letras de Talca, sentencia de 4 de marzo de 2015 en causa rol N° C-1587-2009.

2Corte de Apelaciones de Talca, sentencia de 24 de marzo de 2016 en causa N° 2240-2014.

3Corte Suprema, sentencia de 13 de marzo de 2017 en causa N° 30979-2016.

5Véase en este sentido asimismo DE LA MAZA (2014), pp. 131-132.

6“Silvia Escandón María Gabriela contra Dosque Contreras María Luisa” (1993).

7“Cecinas La Preferida S.A. con Sociedad Comercial Salinak Limitada” (2005).

8“Zorin S.A. con Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.” (2012).

9Ambas sentencias son analizadas por DE LA MAZA (2014), pp. 119-126; LÓPEZ (2015), pp. 211-214.

10Véase, por ejemplo, DE LA MAZA (2014), pp. 148-157.

11Sobre el régimen clásico de estas acciones véase ZIMMERMANN (1996), pp. 308-322.

12D. 19,1,13pr (Ulpiano 32 ad Edictum), comentado por POTHIER (1805), vol. I, pp. 114-115 (n° 166-167).

13 ZIMMERMANN (1996), pp. 322-325.

14CC francés, arts. 1645-1646; CC holandés (de 1838), arts. 1544-1545; CC italiano (de 1865), arts. 1502-1503; CC español, art. 1486 inc. 2° y 1487; BGB § 463; CC italiano (de 1942), art. 1494.

15 ZIMMERMANN (1996), pp. 800-803.

16POTHIER (1813), vol. II pp. 141-143 (N° 636).

17 ZIMMERMANN (1996), pp. 327-328.

18 ZIMMERMANN (2005), pp. 92-95.

19Véase ZIMMERMANN (2005), pp. 88-89 y 95-96; DE LA MAZA (2014), p. 141.

20 ZIMMERMANN (2005), pp. 96-99.

21Véase, por ejemplo, CISG, art. 35; CC holandés (de 1992), 7:17; BGB § 433 (nuevo).

22CC art. 1861: “Si el vendedor conocía los vicios y no los declaró, o si los vicios eran tales que el vendedor haya debido conocerlos por razón de su profesión u oficio, será obligado, no sólo a la restitución o la rebaja del precio, sino a la indemnización de perjuicios; pero si el vendedor no conocía los vicios ni eran tales que por su profesión u oficio debiera conocerlos, sólo será obligado a la restitución o la rebaja del precio”.

23 GUZMÁN (2007), pp. 95-119. Coincide con este análisis DE LA MAZA (2011), pp. 690-698 y OVIEDO-ALBÁN (2014), pp. 239-274.

24 GUZMÁN (2007), pp. 102-103; OVIEDO-ALBÁN (2014), pp. 246-247.

25POTHIER (1805), vol. I pp. 109-111 (N° 163).

26Sobre esta doctrina véase ZIMMERMANN (1996), pp. 334-336; DE LA MAZA (2011), pp. 694 n. 17.

27 ALESSANDRI (2003), vol. II, tomo 1, pp. 258-259.

28La doctrina reciente coincide con GUZMÁN (2007), pp. 99-101 y 109-111, en señalar que la acción redhibitoria tiene carácter rescisorio. Sobre este punto véase DE LA MAZA (2014), pp. 141-145; LÓPEZ (2015), pp. 246, n. 595. Como queda dicho, la Corte Suprema en el caso en comento afirmó que la acción redhibitoria no es más que una acción resolutoria especial, opinión que se remonta a la doctrina de ALESSANDRI (2003), vol. II, tomo 1, p. 218.

29Sobre los plazos de prescripción, véase GUZMÁN (2007), pp. 113-117; LÓPEZ (2015), pp. 248-252, esta última con abundante jurisprudencia.

30 GUZMÁN (2007), pp. 103-104; DE LA MAZA (2014), pp. 135-136 y 145-146; OVIEDO-ALBÁN (2014), pp. 261-266; LÓPEZ (2015), pp. 247-255.

31“Vyhmeister Siebald con Llanos y Wammes Sociedad Comercial Ltda.” (2012). La Corte Suprema rechazó, sin embargo, dicha pretensión, debido a que no se acreditó la existencia de perjuicios ante los jueces de la instancia.

32 DE LA MAZA (2014), p. 146 señala que el análisis de un concurso entre los arts. 1489 y 1861 es irrelevante, considerando que tienen el mismo plazo de prescripción.

33 GUZMÁN (2007), p. 115.

BibliografÍa citada

Alessandri Rodríguez, Arturo (2003). De la compraventa y de la promesa de venta. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. [ Links ]

De la Maza, Iñigo (2011). “A propósito del artículo 1861”, en Hernán Corral et al. (cords.). Estudios de Derecho Civil, Jornadas Nacionales de Derecho Civil 2005-2009. Santiago: Legal Publishing. Vol. III. [ Links ]

De la Maza, Iñigo (2014). “La tutela del comprador frente a la ausencia de calidades presupuestas en la cosa”. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. N° 43. Valparaíso. [ Links ]

De la Maza, Iñigo (2017). “De nuevo sobre el aliud pro alio”. El Mercurio Legal, 21 de marzo de 2017 Disponible en www.elmercurio.com/Legal/Noticias/AnalisisJuridico/2017/03/21/De-nuevo-sobre-el-ialiud-pro-alioi.aspx. [Fecha de consulta: 12 de agosto de 2017]. [ Links ]

Guzmán Brito, Alejandro (2007). “Sobre la relación entre las acciones de saneamiento de los vicios redhibitorios y las acciones comunes de indemnización, con especial referencia a su prescripción”. Revista chilena de derecho privado. N° 9. Santiago. [ Links ]

López Díaz, Patricia (2015). La autonomía de la indemnización de daños por incumplimiento de un contrato bilateral en el código civil chileno. Santiago: Thomson Reuters. [ Links ]

Oviedo-Albán, Jorge (2014). “Indemnización de perjuicios por vicios redhibitorios en el código civil chileno-colombiano”. Vniversitas. N° 129. Bogotá. Julio-diciembre. [ Links ]

Pothier, Robert Joseph (1805-1813). Traité des obligations. Paris: Letellier. [ Links ]

Silva, Benjamín y Nicolás Miranda (2017). Aliud pro alio y el error. El Mercurio Legal, 18 de agosto de 2017. Disponible en www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Opinion/2017/08/18/iAliud-pro-alioi-y-el-error.aspx?disp=1. [Fecha de consulta: 21 de agosto de 2017]. [ Links ]

Zimmermann, Reinhard (1996). The Law of Obligations. Oxford: Oxford University Press. [ Links ]

Zimmermann, Reinhard (2005). The New German Law of Obligations. Historical and Comparative Perspectives. Oxford: Oxford University Press. [ Links ]

Jurisprudencia citada

Silvia Escandón María Gabriela contra Dosque Contreras María Luisa (1993): Corte de Apelaciones de Concepción, 1 de enero de 1993 (apelación), rol N° 1171-1992. [ Links ]

Cecinas La Preferida S.A. con Sociedad Comercial Salinak Limitada (2005): Corte Suprema, 27 de julio de 2005 (casación en el fondo), rol N° 5320-2003. [ Links ]

Zorin S.A. con Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (2012): Corte Suprema, 31 de octubre de 2012 (casación en el fondo), rol N° 3325-2012. [ Links ]

Vyhmeister Siebald con Llanos y Wammes Sociedad Comercial Ltda. (2012): Corte Suprema, 30 de noviembre de 2012 (casación en el fondo), rol N° 5522-2012. [ Links ]

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