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Revista chilena de derecho privado

On-line version ISSN 0718-8072

RChDP  no.29 Santiago Dec. 2017

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722017000200329 

Comentario de Jurisprudencia

Derecho de Consumo

María Elisa Morales Ortiz1 

1Universidad de la Frontera

RESUMEN

EXTENSIÓN DEL DERECHO DE CONSUMO A CONTRATOS B2B. CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA, 21 DE DICIEMBRE DE 2016, ROL 174-16, CASTRO PERLAZA, DIANA CON SUPERMERCADO TOTTUS CALAMA

I. Introducción

Tradicionalmente, el Derecho de Consumo ha protegido a los consumidores comprendiendo dentro de esta categoría a personas naturales. Aquella determinación del ámbito de aplicación subjetivo encuentra sustento en la desinformación, inexperiencia y vulnerabilidad económica del consumidor1, situación que da fundamento del Derecho de Consumo como estatuto protector de la parte más débil en el escenario de una contratación desigual. De hecho, las relaciones de consumo constituyen el arquetipo de los contratos basados en relaciones de mercado asimétricas2. El referido desequilibrio entre las partes contratantes resulta patente en la relación entre un proveedor empresa y un consumidor persona natural o contratos B2C. Sin embargo, una vez que la asimetría es aceptada como el paradigma que determina la protección, es muy difícil evitar la salida del Derecho de Consumo fuera de la concepción tradicional, considerando como parte débil de la relación a pequeños empresarios3, extendiendo el ámbito de aplicación a contratos B2B.

II. Extensión del Derecho de Consumo a los contratos B2B en Chile: síntesis de su evolución

La LPDC, desde su versión original, y hasta ahora, ha incluido dentro del concepto de consumidor a personas jurídicas. No obstante, la extensión de su ámbito de aplicación a contratos B2B se ha desarrollado en tres etapas.

En una primera etapa4, la aplicación de la LPDC se restringía solo a aquellos actos jurídicos onerosos que fuesen mixtos (mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor). Esta exigencia del doble carácter del contrato de consumo, según Álvaro Vidal5, resultaba contraria a la mens legis. Según este autor, se debía excluir la aplicación de la teoría de lo accesorio para los casos en que el proveedor, contratando con otro proveedor, adquiera bienes o servicios con el objetivo de complementar su giro haciendo prevalecer, de esta manera, la protección del consumidor empresarial en tanto destinatario final. Bajo la misma idea, se debía excluir del ámbito de aplicación los contratos entre comerciantes destinados a adquirir bienes o servicios para su incorporación directa al giro de la empresa. Esta doctrina ha sido recientemente recogida por una sentencia de la Corte Suprema6, que descartó la aplicación de la ley N° 19.496, pues, el bien adquirido no estaba destinado al consumo de la empresa, sino que a ser incorporado al proceso de producción.

Luego, con las reformas que la ley N° 19.9557 introdujo a la LPDC, se incorporan nuevos supuestos de aplicación, además de los actos mixtos, comenzando así una segunda etapa. Según Rodrigo Momberg8, diversas consecuencias se desprenden de dicha modificación, entre ellas que la naturaleza mixta del acto, tradicionalmente señalada como uno de los requisitos para la aplicación de la LPDC, pierde tal calidad.

Finalmente, la última y actual etapa, se inició con la dictación de la ley N° 20.4169 que fija normas para las empresas de menor tamaño. Entre sus propósitos, esta ley ha pretendido proteger a las empresas de menor tamaño en sus relaciones con sus proveedores. En efecto, en su artículo noveno la ley establece la protección de las pequeñas y microempresas en su papel de consumidores regulando las relaciones entre estas y sus proveedores10. La misma ley señala qué debe entenderse por micro o pequeña empresa11 y que se entenderá por proveedores los que la LPDC entiende por tales12. Del tenor literal de la ley, lo que se desprende es un principio estrictamente formal que hace aplicable parte la LPDC a este tipo de relaciones. Como apunta Rodrigo Momberg13:

“el criterio relevante para determinar la aplicación de la LPC es la calidad de las partes que intervienen en el contrato sin que importe la finalidad u objeto del mismo. Así, si una de las partes es una micro o pequeña empresa (según las define el artículo segundo inciso segundo de la ley N° 20.416) y la otra un proveedor (de acuerdo con la definición del art. 1 N° 2)”.

Este criterio únicamente formal en la extensión del Derecho de Consumo a los contratos B2B, no exige constatación de asimetría, circunstancia que puede conducir a absurdos. Así también, resulta aplicable a cualquier acto o contrato de adquisición de bienes o servicios celebrado por una micro o pequeña empresa14 con sus proveedores, sin requerirse la verificación del estatus de destinatario final. De esta forma, bajo la ley N° 20.416, es posible aplicar la LPDC para proteger a una pequeña empresa que adquiere un bien de una microempresa que será directamente incorporado a su giro principal. En otras palabras, aplicando la ley N° 20.416, se puede llegar a proteger a la parte más fuerte de la relación que no es destinatario final del bien o servicio. Otro problema que esta ley presenta es que no señala con claridad quién y cómo debe probar la calidad de micro o pequeña empresa, circunstancia determinante para la aplicación de la LPDC.

III. Sentencia y comentario

La sentencia que se comenta recae sobre un juicio donde se discute la infracción de la LPDC por la venta de un producto defectuoso. Se trataba de un saco de harina que la demandante había adquirido en el supermercado demandado. En el contexto de ese debate, se discutió la calidad de consumidora de la actora que habría reconocido comprar dicho saco de harina para posteriormente venderlo en su “minimarket” o almacén. En la apelación se sostuvo que la demandante no podía ser considerada consumidora de acuerdo con lo preceptuado en el art. 1 de la LPDC, ya que de su propio reconocimiento se infiere que no es destinataria final del bien.

Al respecto, la Corte, en el considerando segundo de la sentencia, señala que para resolver dicha alegación se debe tener presente lo establecido en el artículo noveno de la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, y luego de reproducir dicha norma agrega:

“Como se aprecia, tratándose de empresas de menor tamaño, no resulta aplicable la exigencia de que el acto, como destinatario final, sea civil para el consumidor. La Ley 20.416 expresamente le confiere la protección de las normas del consumidor, en particular aquellas en las que se funda la demandante para dirigir su pretensión”.

Con esta afirmación la Corte recoge este criterio puramente formal que corresponde a la legislación vigente sin requerir la verificación del estatus de destinatario final.

Ahora, lo curioso del fallo es que a partir de diferentes hechos probados de la causa, se presume la calidad de microempresaria de la actora, para así determinar la procedencia de las respectivas normas de la LPDC. En el mismo considerando segundo señala:

“Ahora bien, a juicio de esta Corte, con la prueba rendida en autos, puede desprenderse que la empresa demandante cumple con las condiciones exigidas por la Ley 20.416 para estar en presencia de una empresa de menor tamaño. (…) Como se aprecia, el rango para estar en presencia de empresas a quienes se dispensa la protección de la Ley N° 19.496 tiene un rango elevado, en términos que con la prueba rendida en autos, se puede concluir la aplicabilidad de la Ley N° 20.416, especialmente considerando la exigua cantidad de mercadería adquirida, por lo demás no a una empresa destinada a la distribución del producto a comerciantes sino derechamente a consumidores finales, lo que permite presumir que se está ante una microempresa”.

El efecto de dicho pronunciamiento no es menor, pues dispensa a la demandante de la carga de probar ser una micro o pequeña empresa en los términos del artículo segundo de la ley N° 20.416. En este sentido, el fallo se aleja del estándar probatorio que otras Cortes han venido exigiendo. Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago ha señalado:

“teniendo el acto jurídico celebrado entre las partes el carácter de mercantil para el consumidor y no habiéndose acreditado que el apelante se encuentre en la situación de excepción del artículo noveno número dos de la citada ley 20.416, el recurso no puede prosperar”15.

En el mismo sentido, la Corte de Apelaciones de Concepción, ha fallado:

“que el querellante sostuvo en su libelo, y lo reiteró en la apelación, que en virtud de lo estatuido en el artículo 9° de la Ley N°20.416 le eran aplicables las normas de la Ley N°19.496 por tratarse de una ´pequeña empresa`. Si bien es cierto que la ley expresa lo que se afirma, corresponde al querellante probar que la sociedad Inversiones El Alerce S.A. es una ´pequeña empresa` conforme a la definición contenida en el artículo segundo, inciso segundo, de la Ley 20.416 (…)”16.

Y, en términos similares, más recientemente, la Corte de Apelaciones de Iquique17, ha sostenido:

“en el caso de autos, no se ha demostrado, conforme a la manera prevista en la Ley 20.416, esto es, sobre la base de la determinación de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro, que la sociedad querellante y demandante civil tenga la calidad micro o pequeña empresa, como para llegar a ser considerada consumidora para los fines señalados en la Ley 19.496”.

La tendencia parece ser, exigir que sea el actor quien deba probar ser una micro o pequeña empresa y, en algunos casos, precisando que dicha prueba debe basarse en los ingresos anuales de acuerdo con lo preceptuado en el artículo segundo de la ley N° 20.416.

Ahora, lo que subyace en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, es la consideración del empresario como parte más débil de la relación contractual, criterio que siempre debería presentarse en la aplicación del estatuto protector, más que una simple verificación de circunstancias formales que, como se dijo, divorciadas del paradigma de la asimetría, podrían conducir a soluciones absurdas, contrarias a la ratio legis y que le restan sentido a la extensión del Derecho de Consumo a los contratos B2B.

1 DIAS, (2014), p 11.

2 VINCENZO (2011), p. 188.

3 HONDIUS (2004), p. 246.

4Hasta el año 2004 la LPDC señalaba en su art. 2: “sólo quedan sujetos a las disposiciones de esta ley los actos jurídicos que, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor”.

5 VIDAL (2000), pp. 239-240.

8 MOMBERG (2004), p. 60.

10“Artículo Noveno.- Rol de Consumidoras. Establécese la protección a las micro y pequeñas empresas en rol de consumidoras, en los términos que siguen: 1) Ámbito de Aplicación. El presente artículo tiene por objeto normar las relaciones entre micro y pequeñas empresas y sus proveedores, establecer las infracciones en perjuicio de aquellas y señalar el procedimiento aplicable en la materia. Para los efectos de esta ley se entenderá por proveedores las personas naturales o jurídicas que, definidas de acuerdo con el artículo 1° de la ley N° 19.496, desarrollen las actividades allí señaladas respecto de micro y pequeñas empresas (…)”.

11

“Artículo Segundo.- Sujeto. Para los efectos de esta ley, se entenderá por empresas de menor tamaño las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas.

Son microempresas aquellas empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el último año calendario; pequeñas empresas, aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 2.400 unidades de fomento y no exceden de 25.000 unidades de fomento en el último año calendario, y medianas empresas, aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 25.000 unidades de fomento y no exceden las 100.000 unidades de fomento en el último año calendario(…).”

12

“Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento aplicable en estas materias.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

2.- Proveedores: las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa.

No se considerará proveedores a las personas que posean un título profesional y ejerzan su actividad en forma independiente.”

13 MOMBERG (2015), pp. 281-282.

14Op. ci., pp. 282.

Bibliografía citada

Hondius, Ewoud (2004). “The protection of the Weak Party in Harmonised European Contract Law: A Synthesis”. Journal of Consumer Policy. Vol. 27, New York. [ Links ]

Dias, Fernando (2014). “SMEs in The Common European Sales Law”, in Marco B.M. Loos, Ise Samoy (dirs.). The Position of Small and Medium Sized Enterprises in European Contract Law, Intersentia: Cambridge. [ Links ]

Momberg, Rodrigo (2004). “Ámbito de Aplicación de la Ley N° 19.496 Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores”. Revista de Derecho. Vol. 17. Valdivia. [ Links ]

Momberg, Rodrigo (2015). “La empresa como consumidora: ámbito de aplicación de la LPC, nulidad de cláusulas abusivas y daño moral. Corte de Apelaciones de Talca, rol ‐N° 674-2014 y Corte Suprema, rol N° 31.709-14”. Revista chilena de derecho privado, N°25. Santiago. [ Links ]

Roppo, Vincenzo (2011). “Del contrato con el consumidor a los contratos asimétricos: perspectivas del derecho contractual europeo”. Revista de Derecho Privado. N° 20. Bogotá. [ Links ]

Vidal, Álvaro (2000). “Contratación y consumo. El contrato de consumo en la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Revista de Derecho de la Univesidad Católica de Valparaíso. Vol. XXI. Valparaíso. [ Links ]

Jurisprudencia citada

Erick Tarp-Hansen Gacitua e Inversiones Alerce S.A con Comercial Cidef S.A (2013). Corte de Apelaciones de Concepción, 24 de junio 2013, rol 100-2013. [ Links ]

Jaime Sole Díaz con Liberty Seguros Generales S.A (2016). Corte de Apelaciones de Iquique, 31 de mayo de 2016, rol 13-2016. [ Links ]

Marcelo Martínez Aránguiz con Supermaq (2013). Corte de Apelaciones de Santiago, 25 de noviembre de 2013, rol 1576-2013. [ Links ]

Sociedad Agrícola y Forestal Vista El Volcán con Coagra S.A. (2017). Corte Suprema, 13 de marzo de 2017, rol 30979-2016. [ Links ]

Normas citadas

Ley N° 19.496, Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Diario Oficial, 7 de marzo de 1997. [ Links ]

Ley N° 19.955, Modifica la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Diario Oficial, 14 de julio de 2004. [ Links ]

Ley N°20.416, Fija normas para las empresas de menor tamaño. Diario Oficial, 3 de febrero de 2010. [ Links ]

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