Introducción

Campamento es la denominación en Chile para los asentamientos informales. El ^{Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2011)} define campamento como un asentamiento de al menos ocho familias, con un indicador de contigüidad habitacional (superficie del terreno del asentamiento medida en m²) menor o igual al número de viviendas multiplicados por 350. La definición implica también una tenencia irregular del terreno (arriendos sin contratos, cedidos y que sean propiedad privada, municipal o estatal ocupada de hecho) y acceso irregular a uno o más de servicios de energía eléctrica, agua y/o solución sanitaria. Este tipo de asentamiento se caracteriza por una posesión del terreno y acceso a servicios básicos que no se realizan a través de mecanismos convencionales, sino que la comunidad del campamento se organiza para satisfacer sus necesidades, lo que en muchos casos origina un sentido de pertenencia al territorio y una identidad colectiva¹.

La política de vivienda chilena de las décadas de 1990 y 2000 se tradujo en una producción masiva de viviendas sociales, localizadas y estandarizadas según las posibilidades de obtención de ganancias del sector (privado) de la construcción y gestión inmobiliaria, con un rol de subsidio por parte del Estado. Esa política logró reducir el déficit de un millón de viviendas acumulado durante la dictadura que finalizó en 1990 (^{Besoain y Cornejo, 2015}). Sin embargo, hoy en Chile, y en el entendido de que vivienda adecuada es más que una unidad de vivienda social de estándar mínimo subsidiada (^{Rodríguez y Sugranyes, 2005}), el número de hogares en déficit de vivienda adecuada ha vuelto a empinarse a más de 500.000 viviendas (^{Cámara Chilena de la Construcción, 2017}), con una población residiendo en campamentos que también ha aumentado. En 2011, eran casi 27.400 hogares en esta condición, pero en 2017 eran ya 40.540 (^{CIS TECHO-Chile, 2017}). Esto es, un 8% del déficit nacional.

En los últimos años, la variable de hogares inmigrantes carenciados ha sido incidente en el resurgimiento de campamentos, con una tasa de hogares inmigrantes que llega actualmente al 28% de la población viviendo en campamentos a nivel nacional. En los dos últimos periodos intercensales (1992-2017) Chile ha multiplicado por 10 la presencia de hogares inmigrantes, con una tasa de feminización de la jefatura de hogar creciente (actualmente en 55% del total) y población de migración reciente, juvenil y sin hijos. Es posible establecer entonces la siguiente pregunta relativa al resurgimiento de los campamentos en Chile: ¿se enfrenta el país a una falla de mercado (temporal) de vivienda producto del diseño incorrecto de política pública de acceso a la vivienda, o se trata de causas más profundas con nuevas implicancias por conocer y estudiar?

Las condiciones de vida en estos asentamientos son difíciles. Estudios de ^{CIS TECHO-Chile (2015)} indican que, a nivel nacional, un 76% de hogares que vive en condición de campamento no tiene acceso formal al agua potable, un 91% no tiene alcantarillado y un 48% no tiene acceso formal a la electricidad. La tasa de educación escolar incompleta supera el 65% para los adultos, y la de analfabetismo es de un 12,5%, muy por encima de la media nacional. Además, son frecuentes en los campamentos los hogares con ingreso infra-remunerados y empleo informal o extremadamente flexibilizado, donde un 58,7% de quienes trabajan lo hacen en empleos informales, ganando un 60% menos del sueldo mínimo (^{CIS TECHO-Chile, 2015}).

Radicarse en un campamento hoy aparece para una parte de la sociedad como una solución factible a un mercado “formal” privado de arriendo de vivienda que para muchos es inaccesible económicamente. Son frecuentes los casos de abuso y maltrato por parte de propietarios o administradores de conventillos y cités, y las situaciones de hacinamiento son especialmente altas para lo que refiere a la vivienda de hogares inmigrantes en el mercado “formal” (las comillas en el uso del término son, por ende, deliberadas). Los adjetivos no sobran para denunciar mal llamados los “guetos verticales” y la proliferación de conventillos con altos precios de arriendo por pieza en las ciudades del país (^{Sabatini, 2017}); asimismo, según CASEN 2015, los hogares viviendo en modalidad de allegados son un 240% más que en 2000 (183.000 familias) a nivel país (^{Ministerio de Desarrollo Social [MIDESOC], 2015}).

Ambas situaciones -vivienda antigua y vivienda nueva precarias, en modalidad de allegamiento o hacinamiento, como únicas opciones de localización “formal” para hogares vulnerables- provienen de las fallas de regulación estatal sobre los mercados privados de vivienda y sobre todo los precios de oferta en Chile (^{López Morales, 2016}). Sin embargo, los migrantes internacionales además viven en un limbo institucional, bajo una categoría de ciudadanía precarizada, en último lugar de la lista de espera para la consagración de su derecho a la vivienda (^{Stefoni, Leiva y Bonhomme, 2017}). Sumado a lo anterior, la estigmatización y violencia etnorracial existente, especialmente en la zona norte del país, que es la que ha atraído mayor número de inmigrantes pobres, lleva aparejado el estigma adicional de la localización “informal” y una percepción subjetiva notablemente superior de menor cohesión y mayor conflicto barrial y estigma territorial (^{Méndez, Otero, López, Link y Castillo, 2017}).

El objetivo de este artículo es, en una primera parte cuantitativa, indagar en las relaciones existentes entre funcionamiento del mercado de la vivienda e incremento del número de migrantes residiendo en campamentos a nivel país. En una segunda parte cualitativa, el artículo se enfoca en el caso de la zona norte del país y la ciudad de Antofagasta en particular, analizando las causas y experiencias del campamento desde la perspectiva de los residentes migrantes.

Metodología

La metodología utilizada en este estudio comprende dos partes, a saber, la utilización de herramientas cuantitativas (encuesta de nivel nacional) y cualitativas (entrevistas enfocadas en una región). Para la parte cuantitativa se utilizan los resultados de una encuesta realizada a hogares que viven en campamentos de aquellas regiones del país donde ha aumentado la cifra de campamentos entre los años 2011 y 2016, en un total de 60 campamentos ubicados en siete regiones de Chile: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y Los Lagos (Figura 1). La encuesta fue realizada a 1.785 hogares, alcanzando un porcentaje de cobertura que permite lograr un margen de error del 5% para muestras regionales. El cuestionario estructurado, que tuvo un total de 45 preguntas, fue confeccionado por profesionales de CIS TECHO-Chile y piloteado y ajustado por los autores de este artículo, previo a su aplicación definitiva en los campamentos. El cuestionario fue aplicado a jefes de hogar o cónyuges que fueron anteriormente avisados del día y hora de la encuesta por los dirigentes vecinales en contacto con CIS TECHO-Chile, institución que además facilitó encuestadores voluntarios previamente capacitados.

Las principales variables a medir por la encuesta fueron los indicadores sociodemográficos de los hogares, las causas previas de la llegada al campamento, los motivos de habitar en un campamento y la trayectoria migratoria. Entre las preguntas más relevantes se encuentran las condiciones habitacionales de la vivienda anterior al campamento, el suceso que lleva al desplazamiento urbano al campamento, entre otras de tipo “espacial”. Los datos fueron analizados a través de procesos estadísticos simples como frecuencias, porcentajes y tablas de contingencias (apoyados por el programa estadístico SPSS v.21).

Para la parte cualitativa se utilizan los resultados de un estudio encomendado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESOC) a TECHO-Chile, con el fin de conocer la trayectoria de migrantes que llegan a vivir en campamentos de la Región de Antofagasta. Se aplicó un total de 41 entrevistas -semiestructuradas y grupos focales-, en tres campamentos con presencia de familias migrantes (Tabla 1). Dentro de cada campamento se escogieron a los entrevistados por medio de la metodología “bola de nieve”, aunque los dirigentes también recomendaron quiénes serían idóneos tanto para entrevistas como para grupos focales. Debido a los objetivos de la investigación, solo se trabajó con entrevistados extranjeros, realizando un muestreo teórico (muestra no probabilística) con saturación de la información.

Los campamentos seleccionados fueron aquellos presentes en un catastro actualizado de campamentos de la comuna de Antofagasta y que presentaran las siguientes características: presencia de familias migrantes de distintos países, familias migrantes de un solo país y familias chilenas, y campamentos de familias migrantes sin chilenos. El análisis de los datos fue a través de “teoría fundamentada”, método de análisis de datos cualitativos que busca generar conceptos e hipótesis como resultados de la aplicación del instrumento (^{Hernández, Fernández y Baptista, 2010}), es decir, se busca generar una teoría de alcance medio con relación a la conceptualización del fenómeno de migrantes en campamentos en la zona norte del país. Por medio de un proceso inductivo y de comparación constante, se generó una teoría explicativa del fenómeno social. El procesamiento se realizó por medio del software ATLAS.ti, facilitando la codificación. Las citas a discursos seleccionadas se referencian con pseudónimos.

Tabla 1 Población entrevistada en campamentos de Antofagasta. 

Fuente: Elaboración propia.

Encuadre teórico

A partir de la dictadura militar (1973-1990), bajo la lógica neoliberal de extrema individualización, focalización social y Estado subsidiario, los pobladores anteriormente vistos como sujetos de cultura rural precaria (^{Vekemans y Fuenzalida, 1976}) o como agentes con potencial revolucionario (^{Castells, 1974}) pasaron a ser vistos agentes individuales receptores de subsidios para la adquisición de viviendas en el mercado privado. Los pobladores se debatieron entre el preservar una capacidad de autoorganización y desarrollo de vínculos fuertes al interior de las comunidades ya establecidas, y la pérdida de cohesión social en los nuevos entornos residenciales, a menudo segregados, carenciados y vulnerables, que fueron promovidos por la dictadura y los posteriores gobiernos democráticos de la Concertación (suelo barato y localización menos ventajosa como principales factores considerados por los desarrolladores). Así, el estándar residencial deficiente logrado quedó en espera de la consolidación de entornos con servicios y bienes públicos básicos, promesa aún incumplida para cientos de miles de hogares pese a los esfuerzos de paliar este déficit cualitativo desde mediados de la década de 2000 en adelante (^{Rodríguez y Sugranyes, 2005}).

En la década de 2000 se generó un nuevo incremento del número de hogares en campamentos, cuya causa principal fue la decisión individual racional de los hogares (no necesariamente “pobres”, aunque sí despolitizados) que establecían una suerte de “chantaje” al Estado subsidiario democrático (^{Brain, Prieto y Sabatini, 2010}), con el fin de acelerar la obtención de subsidios a la vivienda en propiedad, acceder a una buena localización no periférica y mejorar en el intertanto su geografía de oportunidades al estar ubicados más cerca de sus redes. En rigor, “una estrategia residencial [individual] para ejercer un mayor control espacial de su situación residencial” (^{Brain, Prieto y Sabatini, 2010}, p. 139).

Según ^{Brain, Prieto y Sabatini (2010}), el Estado respondió con urgencia a esta presión, ya que la asociación campamento-pobreza está implícita -aunque nunca cuestionada por evidencia- en sus políticas públicas. La tesis de estos autores logró dar una explicación para el año 2010, cuando Chile aún no enfrentaba un déficit de vivienda tan serio como el que emergería ocho años más tarde, y cuando la variable de inmigración internacional masiva aún no hacía su estreno en el país. Hoy, se sabe que la situación es distinta y que se requieren explicaciones de mayor complejidad ante la creciente “campamentación”; requiriéndose también una mirada, por una parte, menos institucional, y, por la otra, más enfocada en las realidades microlocales de estos asentamientos, asumiendo también el carácter internacional de sus agentes como una variable importante para su análisis.

Por su parte, trabajos provenientes de la psicología ambiental y la geografía cultural han intentado explicar el fenómeno de hogares que retornan al campamento, postulando la existencia de una resistencia de los sujetos a los procesos de subjetivación e individualización generados por el tránsito hacia la vivienda social formal provista por el Estado, resistencia que implica un volcamiento hacia un pasado idealizado (vida en el campamento) donde los vínculos sociales, dejados atrás, se perciben como más solidarios y menos anómicos (^{Morales et al., 2017}; ^{Besoain y Cornejo, 2015}). La noción de retorno al campamento conllevaría una utopía de un lugar que no existe, pero que se añora. Si bien se trata de una hipótesis plausible, estos trabajos no cuantifican la incidencia de la variable “añoranza” en el fenómeno de crecimiento de campamentos, ni las condiciones materiales político-económicas que lo explican en Chile.

Los campamentos de hoy están fuertemente marcados por el nivel de vulnerabilidad, concebida como procesos estructurales que configuran la amenaza de caer o mantenerse en situación de pobreza. En concordancia con las teorías de la vulnerabilidad (^{Kaztman, 1999}; ^{Busso, 2001}; ^{Moreno Crossley, 2008}), el proceso que lleva a una persona o familia a habitar en campamentos tendría relación con los “procesos estructurales que configuran situaciones de fragilidad, precariedad, indefensión o incertidumbre” (^{González, 2009}, p. 2), es decir, los individuos o familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por razones de un hecho detonante (pérdida del trabajo, ruptura familiar o problemas económicos) o también por la migración por razones de precariedad económica y búsqueda de mayor estabilidad a largo plazo, conllevaría en muchos casos habitar en campamentos. Este proceso es llamado “campamentación”, puesto que da cuenta de que cualquier persona o familia que se encuentra en este estado, al tener un accidente que afecta sus posibilidades de cubrir sus necesidades de habitabilidad, puede entrar o ingresar en situación de campamento (^{CIS TECHO-Chile, 2015}).

Por otra parte, respecto al fenómeno de la inmigración, tomar la decisión de abandonar el país de origen es resultado de un conjunto de factores sociales. ^{Solimano (2008}) ha mencionado cuatro principales factores para la realidad latinoamericana: 1) las brechas de ingreso y desarrollo entre los países, 2) las crisis de crecimiento y crisis financieras, 3) el desempleo, salarios e informalidad del mercado laboral, y 4) otros determinantes, tales como las crisis políticas, las redes de apoyo familiar y amistades, las políticas de inmigración de los países, y la distancia geográfica, entre otros. Existe consenso de que el proceso de “campamentación” refuerza formas de exclusión social.

Las primeras acepciones de exclusión social, como complemento o incluso contrapeso a las visiones más deterministas de “pobreza”, refirieron hace cincuenta años a la población desprotegida de los sistemas de protección social del contexto europeo, mutando luego en las décadas de 1980 y 1990 al concepto de “nueva pobreza” de gran influencia explicativa para una América Latina sumida en la “economía social de mercado” (^{Apaolaza, 2018}). El concepto de exclusión se trata, de cualquier forma, de una factura de un segmento humano respecto al total de la sociedad. Etimológicamente, la exclusión se trata de una reclusión o encerramiento (claudere) afuera de (ex) un “todo” que implica la sociedad. Tal como lo manifiesta Joan ^{Subirats (2004}), la exclusión social opera en distintos niveles, que para la realidad específica de los campamentos se visibilizan respecto a su habitabilidad, y también se comprende en un sentido geográfico, como la denegación de posibilidades o capacidades materiales de las personas para ocupar espacios en la ciudad que, en condiciones normales, podrían ser ocupados por estas (^{Slater, 2009}).

Algunas economías de suelo y vivienda operarían entonces como mecanismos centrales de exclusión social y geográfica (^{López Morales, 2015}), una desigualdad en el acceso a determinados recursos, que es determinada por la localización y habitabilidad de los entornos residenciales (^{Apaolaza, 2018}). Por su parte, ^{Morales et al. (2017, p. 58)} plantean que los campamentos no solo son formas de exclusión, sino también cumplirían una función de falsa inclusión en los márgenes físicos de la ciudad, al ser esenciales para la reproducción del sistema, “lugares heterotópicos [que] no producen nada por si mismos en tanto su densidad marginal es producto de [y funcional a] la ciudad formal”.

Según registros del Centro de Investigación Social (CIS) de la Fundación TECHO-Chile, desde 2011 a 2016 la cifra de familias que llegan a vivir en este tipo de asentamientos ha aumentado en un 41,6% (^{CIS TECHO-Chile, 2016}). Este aumento también refleja que la realidad de los campamentos es dinámica. Al respecto, los principales incrementos del número de familias se concentran en las regiones de la macrozona norte de Chile y las ciudades metropolitanas del Gran Valparaíso y el Gran Concepción, siendo el número de hogares internacionales inmigrados que optan o son arrojados a esta situación también considerable. En este contexto, el presente estudio propone la hipótesis que el fenómeno de la migración extranjera se ve afectada por los procesos de la metamorfosis de la ciudad que se materializan en geografías de desigualdad, continuas explotaciones laborales, acrecentadas por otras explotaciones habitacionales. La información y análisis presentados a continuación validan esa hipótesis.

Campamentos y migrantes a nivel nacional. El complejo crecimiento de los campamentos en un contexto de alta migración

En la última década, la política pública de vivienda ha evidenciado una disminución del déficit habitacional cuantitativo. Sin embargo, a pesar de estas cifras, el número de familias que viven en campamentos en Chile presenta una tendencia al alza desde el año 2011. Según la actualización del Catastro Nacional de Campamentos 2017 (^{CIS TECHO-Chile, 2017}), existen 40.541 familias en 702 campamentos. Este aumento de un 48% entre 2011 y 2017 tiene una expresión en la forma urbana en contextos regionales particulares, principalmente en la macrozona norte del país. Por ejemplo, en la Región de Antofagasta, el aumento es de un 487%, en Tarapacá (extremo norte de Chile, donde se sitúa la ciudad de Iquique) la tasa es de un 104%, y en el caso de Atacama, región extractiva minera cuya capital es Copiapó, la tasa es de un 131% (Figura 1).

En un país donde un 88% vive en zonas urbanas ^{(Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2017)} y donde el déficit habitacional cuantitativo ha experimentado una tendencia a la baja en los últimos casi 30 años, la pregunta acerca de las causas del aumento de los campamentos es compleja. Aproximarse a una respuesta implica reconocer una mirada local respecto al fenómeno, desde los procesos de producción social de nuestras ciudades, y también una mirada global, relacionada con migración económica. Un análisis de las cifras de campamentos permite identificar que entre 2016 y 2017 salieron de campamentos 2.600 familias, pero que al mismo tiempo llegaron a vivir en campamentos 4.600. De este total, 800 familias son extranjeras, formando parte de los 36 campamentos con población migrante registrados a nivel nacional (^{CIS TECHO-Chile, 2015}). Los extranjeros en campamentos provienen principalmente de Bolivia (32,4%), Colombia (32,3%) y Perú (27,1%). Parte importante de la población más reciente de inmigrantes, principalmente dominicanos, también accede a la vivienda por esta vía.

Las causas de la notoria llegada de familias extranjeras a campamentos son materia de inacabable indagación. En la última década, la migración extranjera ha experimentado un importante aumento en Chile. Según cifras oficiales, más de 746.000 extranjeros residen actualmente en el país, representando un 4,3% de la población (al año 2006, ese porcentaje era de solo un 1%) (^{INE, 2017}). Estudios indican que la gran mayoría de estos migrantes extranjeros opta por vivir en ciudades, como una estrategia para incorporarse rápidamente al mercado laboral y así poder enviar remesas a sus países de origen (^{Solimano, 2008}). No obstante, si bien la mayoría de esta población opta por vivir en el Gran Santiago, hay una gran proporción que también habita en otras ciudades chilenas, específicamente en la zona norte del país, donde la intensiva explotación minera está estrechamente relacionada con mayores oportunidades laborales y también con un más desregulado crecimiento de las ciudades.

La encuesta ELSOC 2016 del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social muestra desigualdades importantes en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo (^{Méndez et al., 2017}) respecto al resto del país. Sin estar asociados a la variable “inmigración”, los datos de la macrozona norte chilena muestran, en conjunto, un 34% de sus habitantes que perciben sus barrios como territorialmente estigmatizados, en contraste con un 17% de la zona centro-sur (incluye Santiago) y un 19% de la zona sur. Respecto a las sensaciones de inseguridad barrial, el porcentaje para los habitantes de la zona norte es de un 30%, casi el doble del centro-sur y sur. En niveles de confianza entre vecinos, apego al barrio, sociabilidad y apoyo social entre vecinos, las ciudades de la zona norte vuelven a mostrar resultados muy por debajo del promedio nacional.

Seguido de las comunas centrales del Gran Santiago, un grupo no menor de población extranjera vive en la ciudad de Antofagasta, alcanzando un 5,3% de la población total de esa comuna. Caracterizada por su aporte a la economía nacional -a través de la extracción del cobre y su efecto en el desarrollo de un mercado inmobiliario acelerado por un exceso de capital disponible para inversión y una deficiente regulación- Antofagasta ha logrado posicionarse como la región con más alto PIB per cápita de Chile, alcanzando US$37.205 (^{Banco Central de Chile, 2015}). En ese marco, las características de la ciudad de Antofagasta se relacionan con los factores de atracción para la migración de tipo laboral, cuestión que permitiría acelerar la concreción de expectativas para el mejoramiento de la calidad de vida de extranjeros que optan por migrar de sus países de origen.

Campamentos de migrantes en Chile: resultados de la Encuesta 2017

La Encuesta a Campamentos Migrantes realizada por CIS TECHO-Chile muestra que, a nivel país, las nacionalidades de origen de las familias son las siguientes: un 72% son familias chilenas, mientras que un 10,8%, 7,51% y 6,78% corresponden a familias bolivianas, colombianas y peruanas, respectivamente. A nivel regional, en Antofagasta destacan el grupo de colombianos con un 44,01% y los bolivianos con un 30% del total de residentes en condición de campamentos. En Tarapacá (capital Iquique), las familias peruanas representan un 18%, y en la Región Metropolitana de Santiago las familias dominicanas representan un 12,22%.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta a Campamentos Migrantes CIS TECHO-Chile

Figura 1 Campamentos encuestados en Chile.  

A pesar de que la localización de la mayoría de estos campamentos data desde hace décadas, estos han tenido distintas olas de crecimiento y decrecimiento producto de las campañas de erradicación en base a subsidios de vivienda individuales y en menor medida colectivos, y por la llegada paulatina de nuevas familias por motivos de carácter económico, cultural, de acción colectiva, y fundamentalmente como una estrategia para solventar la falta de acceso a la vivienda (^{Rivas, 2013}).

Es posible evidenciar dos periodos característicos de llegada a los campamentos encuestados en los últimos 20 años (Figura 2): el primero, entre 1998 a 2010, donde llegaron a campamentos el 14% de las familias encuestadas, a razón de 20 familias por año, subiendo el promedio anterior del periodo 1978-1997, que era de tres familias por año. El segundo periodo característico va desde 2010 al presente (2016), donde arribaron a los campamentos estudiados 1.531 familias (169 familias por año). Del total de familias que arribaron a campamentos en este periodo, el 33,68% tiene nacionalidad distinta a la chilena, con una tasa de arribo a razón de 57 familias al año. Además, destaca el año 2013 como el punto de inflexión de la curva de crecimiento de familias migrantes en proceso de campamentación.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta a Campamentos Migrantes CIS TECHO-Chile

Figura 2 Número de familias por año de llegada a campamentos.  

Otra de las condiciones relevantes de estos campamentos es el género de los jefes de hogar, considerando que un 57,37% de los hogares tienen jefa (femenina) de hogar, y que incluso en comunidades extranjeras como la ecuatoriana y la boliviana estas cifras superan el 66%. Este dato contrasta con ^{Brain, Prieto y Sabatini (2010}), quienes aducían para la década de 2000 una mayoría de jefaturas de hogar de sexo masculino, con ingresos por sobre la línea de la pobreza. Son estas condiciones también de especial interés para esta investigación, si se considera que raza, etnia y género son variables típicamente reconocidas como condiciones de vulnerabilidad e incluso marginación en los procesos de acceso a la vivienda (^{Farha, 2017}).

El nivel educacional de los jefes de hogar del campamento bien podría ser otro factor que relativice las condiciones de vulnerabilidad observadas hace una década atrás. Un 71,26% de los jefes de hogar chilenos tiene educación media incompleta o inferior, mientras que solo un 56,76% de los jefes de hogar extranjeros está en esa condición (incluso un 4% de extranjeros en estos campamentos tiene estudios superiores; y en el caso de los dominicanos, un 13,2% tiene estudios terciarios).

La situación migratoria de los jefes de hogar también fue una variable observada. Antes de llegar al campamento, los hogares con residencia definitiva eran un 35,2%, mientras que en la actualidad (ya en el campamento) el 68,54% de los extranjeros, y especialmente el 77% de peruanos y bolivianos (como los grupos con mayor nivel de formalización) tienen residencia definitiva. Esto podría constatar, basados en las autodeclaraciones de la encuesta, que la regularización migratoria no es un factor relevante de vulnerabilidad y en rigor no tiene relación, o podría tener una relación inversa, con el proceso de campamentación que experimentan las familias. A ello se suma la situación laboral de estos grupos de carácter permanente (51%), de forma remunerada (65%) y contratada (71,82%), valores sorprendentemente altos y que, en rigor, contradicen lo que intuitivamente se esperaba antes de hacer la encuesta.

Sin embargo, en lo que respecta a la situación contractual en la tenencia de la vivienda, en el momento anterior a la llegada de los hogares al campamento, sí resulta posible evidenciar una condición de precariedad relacionada con la condición migratoria. Mientras que el 24,16% de los hogares chilenos arrendaba vivienda sin contrato, el 62,68% de los hogares extranjeros arrendaba bajo esa misma condición (tasa que para el caso de las familias bolivianas sube a 70,69%).

Una característica que sí es común para todos los hogares encuestados es la precariedad habitacional que experimentaban antes de acceder al campamento. Los niveles generales de hacinamiento eran del 49%, y de hacinamiento crítico del 20%. Además, un 38,26% de los hogares de estos campamentos, que en promedio se componen de 3,5 personas vivían en apenas una habitación, cuyo costo promedio superaba los $117.000 (US$ 180), lo que representa un 42% de un ingreso mínimo en Chile².

El porcentaje de los ingresos destinados al gasto familiar en vivienda (housing cost burden, en inglés), en el caso de estos hogares, específicamente gasto en arriendo, también marca una diferencia importante entre el antes y después de acceder al campamento. En promedio, los hogares que antes de acceder al campamento destinaban casi un 40% de sus ingresos al arriendo (en Chile, el máximo nivel de endeudamiento exigido por la banca para una hipoteca de vivienda es de un 25% del ingreso familiar), disminuyeron ese porcentaje a un 18,73% una vez llegados al campamento (Tabla 2). Esta drástica reducción de costos asociados a la vivienda ocurre incluso en el contexto de una disminución de los ingresos promedio de los hogares, de $335.984 (US$ 517, antes del campamento) a $313.730 (US$ 483, después de llegar al campamento). Esta última reducción se explica probablemente por un acceso menos diversificado a empleos.

Tabla 2 Porcentaje de housing cost burden (HCB)* 

(*) Para traspasar a valores en US$, dividir montos por 650 (tasa de cambio a junio de 2018).

Fuente: Elaboración propia en base Encuesta a Campamentos Migrantes CIS-Techo 2017.

Indagada la razón principal que se tuvo para llegar al campamento (Figura 3a), las respuestas a nivel general de las familias muestran que en primer lugar se trata del alto costo del arriendo (46,72%), siendo esta razón aún más marcada en el grupo extranjero (74,12%) y especialmente para los colombianos (82,81%). Muy por detrás se sitúan las pocas oportunidades laborales (14,96%) y el endeudamiento (7,54%). Para las familias chilenas, el segundo factor importante es la situación previa de allegamiento (29,18%), siendo casi tan importante como el costo previo del arriendo (35,19%).

Respecto de los “hechos que detonaron la decisión de mudarse a un campamento” (Figura 3b) el más recurrente tiene relación con el alza en el costo del arriendo (a nivel general, 27,04%), donde nuevamente los grupos más afectados son los hogares extranjeros (46,88%) y colombianos (62,90%). Los siguen factores detonantes como problemas familiares (21,43%), pérdida del trabajo (13,01%), y desalojo de la vivienda previa (16,45%).

Fuente: Elaboración propia en base Encuesta a Campamentos Migrantes CIS TECHO-Chile 2017

Figura 3 Razones y hechos para mudarse al campamento.  

Todo lo anterior se complementa con el reconocimiento de situaciones de abuso por parte de los arrendadores, experimentadas por los hogares migrantes previo a la llegada al campamento. Los cobros excesivos en los arriendos ocupan el primer lugar (57,26%), seguido por condiciones injustas en los contratos (28,22%), deterioro de la vivienda arrendada (22,61%), y tratos injustos por ser extranjero (20,84%). Ante este escenario, es posible plantear que la llegada a un campamento, más complejo que un mero reflejo de las condiciones de vulnerabilidad del migrante, o un mecanismo de presión al Estado, es una respuesta a las diversas formas de exclusión que presenta el mercado de la vivienda en Chile.

Sin embargo, la mayor parte de los encuestados (69,41%) también considera que su “situación en general” ha mejorado respecto de su situación previa al campamento, mientras que solo un 16,75% cree que se ha mantenido, y apenas un 11,74% cree que ha empeorado. La tendencia es aún más marcada en el grupo de hogares extranjeros, que cree en un 73,91% de los casos que su situación, cualitativamente percibida, ha mejorado en un alto grado.

Es posible hacer referencia a algunos aspectos de la cotidianeidad que los encuestados reconocen también han mejorado, como por ejemplo el tamaño de la vivienda, la tranquilidad y seguridad del barrio, la capacidad de ahorro y la posibilidad de tener a los familiares y conocidos residiendo cerca, lo cual es especialmente importante para los grupos extranjeros. Asimismo, en lo que respecta a aspectos que han empeorado, destacan el tener que enfrentarse con la contaminación ambiental, el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia (en el entorno urbano del campamento), además de la falta de servicios, lo cual es especialmente importante para la comunidad chilena. A pesar de que la llegada al campamento tiene costos asociados a una mayor exposición a problemas sociales y ambientales, esta pareciese ser una decisión considerablemente favorable en términos de la percepción del entorno habitacional (^{Morales et al., 2017}).

Finalmente, en un contexto donde menos de un 3% de los migrantes encuestados desea retornar a su país de origen, es interesante conocer las expectativas habitacionales de los diferentes grupos (Figura 4). A un 65,27% de los encuestados les gustaría tener una vivienda definitiva en la misma comuna, siendo apenas un 5,02% quienes preferirían una vivienda definitiva en otra comuna. Entre las familias chilenas, esta última opción es algo más alta (8.07%), aunque no tanto como la preferencia por quedarse en el campamento, que expresan un 34,26% de las familias nacionales. En paralelo destaca la bajísima preferencia por adoptar la condición de arrendatario, o volver a tenerla, ya sea en la misma comuna o en otra, lo que evidentemente tienen relación con el “anhelo” de la vivienda en propiedad, correspondiente con una aspiración de estabilidad financiera, y también con el temor de vivir nuevamente situaciones de vulnerabilidad, enfrentados a un mercado del arriendo altamente desregulado, y marginalizados de un mercado inmobiliario económicamente excluyente.

Fuente: Elaboración propia en base Encuesta a Campamentos Migrantes CIS TECHO-Chile (2017)

Figura 4 Expectativas habitacionales.  

Aproximaciones al aumento de población migrante en campamentos de Antofagasta

Las ciudades de la zona norte del país son las que presentan mayor crecimiento de campamentos, asociado a una también alta localización de familias migrantes. En tal sentido, se trata de un fenómeno a profundizar en la vinculación entre migración, vulnerabilidad y hábitat informal. Precisamente, el estudio cualitativo realizado en tres campamentos con población migrante en la ciudad de Antofagasta permite acercarse a posibles explicaciones causales referidas al incremento del fenómeno de la “campamentación” a nivel del país.

Antofagasta es la principal área urbana de la región homónima, albergando 361.000 habitantes (65.000 más que el año 2002) en poco más de 112.000 viviendas (^{INE, 2017}). La economía regional se basa en la actividad minera, aunque también cada vez más fuertemente en los servicios y el mercado inmobiliario (^{Daher, 2003}); lo anterior, junto a las condiciones de vulnerabilidad socionatural (ancho litoral acotado y zonas de riesgo por remoción en masa y aluviones) han sido las principales causas de la segregación urbana (^{Thodes Miranda, 2016}). Esta ciudad, alargada de norte a sur, ha desarrollado un gradiente de estratificación socioeconómica oriente-poniente con predominancia de estratos medios y altos en el borde costero, de estratos medios en la planicie litoral, y de estratos bajos (entre ellos los campamentos) en contacto directo con el farellón costero y las condiciones de riesgo que este conlleva (Figura 5); además se observa una polarización de los estratos más bajo y más alto, con los primeros concentrándose al norte de la ciudad y los segundos concentrados en el extremo sur en condominios cerrados (^{Toro y Orozco, 2018}).

Desde el año 2011 a la fecha, la cifra de familias en campamentos en la región de Antofagasta ha aumentado en un 487%, llegando a las 6.229 familias en la actualidad (^{CIS TECHO-Chile, 2016}). Según cifras del Gobierno Regional de Antofagasta, un 59,8% de la población que vive en campamentos declara ser extranjera (^{GORE Antofagasta, 2015}).

Fuente: autores

Figura 5 Campamento en Antofagasta.  

Al analizar las entrevistas, los relatos de los migrantes no están alejados de los cuatro factores planteados por ^{Solimano (2008}), explicados anteriormente. La decisión de migrar tiene como antecedente la dificultad de las familias de concretar un mejoramiento en su calidad de vida, expresadas en la precarización laboral y que trae como resultado bajos salarios e informalidad en el mercado laboral en el país de origen. También se presentan situaciones del contexto político y social de los países, tales como la violencia e inseguridad a raíz de la delincuencia y la guerrilla.

“Vendíamos que el chancho, que el pollo y nos hemos acorralado de deudas. Y de la noche a la mañana dijimos: ‘¿Dónde nos vamos?’. No quiero estar aquí, que ya nos vienen a cobrar. Empezaron a llegar papeles de juicio y tomé la decisión de venirme yo sola para acá.” (Lucía, 34 años, boliviana).

Otro aspecto identificado en las causas de salir del país también se relaciona con las experiencias de migración hacia Chile de amigos o conocidos. El campamento aparece como una oportunidad para concretar la reunificación familiar en un territorio que permite ciertas ventajas respecto a modalidades más “formales” de acceso a la vivienda. Por ejemplo, la posibilidad de poder juntarse con los suyos, y vivir en familia, modifica el perfil migratorio de los familiares que llegan después, no necesariamente con el fin de cumplir expectativas laborales, sino que de reunirse con quienes arribaron primero.

Síntesis de resultados

Los datos muestran que el desplazamiento urbano por exclusión para la población migrante tiene una condición dinámica. Comienza por las dificultades que viven las personas en su proceso de regularización migratoria, aspecto que favorece la entrada al mercado informal del trabajo. Posteriormente, la situación laboral manifiesta repercusiones en su calidad de vida, por el abuso que enfrentan en el espacio del trabajo dado, entre otros factores, por su condición racial y los bajos salarios recibidos, que no permiten cubrir los altos costos de vida en la ciudad y especialmente de vivienda. En esta suma de factores, la vulnerabilidad social del migrante se agudiza, lo que -gatillado por algún suceso de crisis o problema, como la pérdida del trabajo, el aumento del precio del alquiler, entre otros, y sumado a la presencia de redes de contactos- provoca la llegada al campamento como una forma de desplazamiento urbano por exclusión social.

Se produce para el migrante, entonces, un transitar entre una situación de precariedad a una situación de exclusión, donde aspectos como subarriendo es reemplazado por ocupación irregular del suelo, la discriminación racial es reemplazada por el estigma territorial, y los altos costos de vivienda son reemplazados por la posibilidad de la autoconstrucción, pero en una situación de riesgo socionatural (Tabla 3). Los datos confirman la tesis de ^{Morales et al. (2017}) relativa a que, con la campamentación, el sujeto permanece funcionalmente en la ciudad, en sus márgenes físicos, pero sin pertenecer plenamente a la sociedad.

Conclusiones

Los migrantes en Chile, tras su llegada al campamento, experimentan una forma particular de hábitat residencial. Por una parte, deben enfrentar inseguridad en la tenencia, informalidad en los servicios básicos y el estigma de vivir en campamento. Sin embargo, el grado de vulnerabilidad o precariedad que poseen los migrantes en situación de campamentos es alto, y se debe, en gran medida, a que las redes que poseen en el país -ya sean familiares, sociales o institucionales- son más débiles, dificultando las posibilidades de mejorar su situación. A esto se suma el desconocimiento sobre la oferta de bienes y servicios públicos, y a las dificultades para acceder a esta oferta. Si bien los inmigrantes generan redes y desarrollan lazos fuertes dentro de los mismos asentamientos y se relacionan con organizaciones de la sociedad civil, estas se consolidan habitando en asentamientos, y debido a su tiempo de estadía en el país, no son lo suficientemente fuertes y son altamente diluidas al exterior de la unidad espacial “campamento”.

Al mismo tiempo, sin embargo, se produce una dualidad. El migrante descubre condiciones de posibilidad para autoconstruir su hábitat, expresar sus costumbres y tradiciones, mejorar el flujo del envío de remesas, la posibilidad de proyectar sus modos de habitar en Chile, en contraposición a las prácticas de violencia y abuso en la experiencia del subarriendo que impera en el centro de la ciudad. El campamento provee incluso la posibilidad de plantear la reunificación familiar en el lugar, es decir, el espacio campamento no solo implicarían nuevas formas de exclusión, sino también avances en la integración de las personas.

Es imposible desconocer un factor insuficientemente explorado en este artículo, pero que guarda relación con el grado de naturalización que tiene la figura del asentamiento informal para sujetos provenientes de entornos urbanos donde la modalidad de ocupación informal del suelo urbano es la norma para los más pobres; esto es especialmente gravitante en países de la órbita andina y del Caribe. Esta veta de importación cultural de una cierta identidad del campamento, o transculturización del concepto de “campamento” al fin y al cabo, es un fenómeno que debe ser mejor estudiado y comprendido. La connotación misma de las palabras “campamento” o “informalidad” parecieran tensionarse al referirnos a hábitats que para muchos podrían encontrarse perfectamente normalizados, y para quienes, desde su cotidianeidad, se trataría simplemente de “barrio”.

El nuevo contexto de Chile muestra la existencia de una alta migración, sumado a un mercado de arriendo de vivienda desregulado que funciona como un verdadero mecanismo de expulsión (^{López Morales, 2016}). Todo ello exige consideraciones teóricas nuevas. En este sentido, el presente trabajo intentó cuestionar la vigencia de tesis explicativas de los campamentos en Chile propias de una década atrás, como por ejemplo la tesis de la campamentación como mecanismo de presión política (^{Brain, Prieto y Sabatini, 2010}), que queda desajustada a la luz de los nuevos factores de crecida migración, etnia y raza que experimenta Chile actualmente, y que tan solo hace una década atrás eran desconocidos e imprevisibles. El trabajo complementa también la tesis del retorno al campamento visto como una resistencia a la subjetivación individualista generada por la política de vivienda social neoliberal chilena (^{Morales et al., 2017}), con un enfoque enfocado en factores causales materiales quizá más explicativos, tales como discriminación, abuso y costos de arriendo en la ciudad formal.

El resurgimiento de campamentos en el país muestra una dualidad entre exclusión y posibilidades de integración, realidad que no solo opera para quienes optan por la vía de la “campamentación” en el acceso a la vivienda, sino que también para parte importante de la población del país. La comuna o barrio donde se vive, el salario que se gana y el colegio donde se estudia son también factores no solo de segmentación social, sino también a menudo de exclusión. La abismal brecha social que aún se experimenta en Chile, la falta de acceso a los recursos, empleos de calidad e ingresos suficientes (con alto nivel de deuda) para más de la mitad de chilenos, y los precarizados sistemas de apoyo estatal que nos caracterizan como país, muestran que el afloramiento de los campamentos es solo la punta de un iceberg que abarca a todo un sistema de distribución desigual de recursos, en particular el recurso de la vivienda, en uno de los países de mayor polarización social a nivel regional.