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Revista de derecho (Coquimbo)

versión On-line ISSN 0718-9753

RDUCN vol.22 no.2 Coquimbo  2015

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532015000200019 

RECENSIONES

SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico. Málaga: Editorial Ley 57.

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos1. España, adoptando las recomendaciones del GAFI y a partir de lo dispuesto en las directivas comunitarias existentes en la materia, considera a los abogados, bajo ciertas circunstancias, como sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, "la Ley")2.

El libro que se comenta parte de esta base y procura, de manera sucinta y clara, introducir al lector en el régimen español de prevención del blanqueo de capitales, explicando sus particularidades cuando se trata de aplicarlo a los abogados. El autor ha elaborado numerosos trabajos dedicados al tema y se destaca su experiencia como presidente de la Comisión Especial de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, de modo que sus apreciaciones en esta obra son muy valiosas, especialmente desde una perspectiva práctica. Sánchez-Stewart explica que su obra es un manual básico y señala que: "[A]gregar el adjetivo básico no tiene otra finalidad que recalcar que carece de cualquier pretensión académica y que su propósito no es otro que servir de guía a quienes deben familiarizarse con la normativa de prevención del blanqueo de capitales"(p.13), de modo que la presente recensión se realiza en este contexto.

Para cumplir con su objetivo, el libro se desarrolla a través de cinco capítulos. El primero está dedicado al examen de algunas cuestiones generales asociadas al régimen de prevención del blanqueo de capitales con relación a los abogados. En este sentido, se aclara que la Ley solo aplica a los abogados y a otros profesionales independientes en la medida que "...participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorro o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos (<<trust>>), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria"3. El ámbito de aplicación fijado por la ley en este caso se ajusta a los parámetros internacionales formulados por GAFI en su recomendación número 22, e incluso agrega actividades no comprendidas en ella. Según se puede apreciar, los supuestos descritos solo se refieren a algunas de las labores que suelen realizar los abogados y que se identifican, en gran medida, con aquellas actividades que desarrollan quienes se dedican al ejercicio del Derecho privado. En este primer capítulo, el autor se refiere al concepto de blanqueo de capitales y enuncia las principales medidas que los abogados deben adoptar. Luego, la obra se estructura conforme a estas medidas, referidas a los deberes de diligencia debida o de conocimiento del cliente, a las obligaciones de información y de control interno.

En función de esta clasificación, el segundo capítulo del libro está dedicado al "deber de conocimiento del cliente". Este deber, que constituye uno de los más importantes desde la perspectiva de la prevención del lavado de activos, es abordado por el autor distinguiendo entre aquellas medidas de diligencia debida normales, simplificadas y reforzadas que los abogados debieran adoptar. Por lo tanto, el autor da cuenta del enfoque basado en el riesgo de blanqueo de capitales que recoge la Ley con relación al deber de conocimiento de los clientes y resalta la importancia de esta medida en el contexto del régimen de prevención formulado por el legislador español.

Precisamente, a partir del conocimiento que se tiene respecto del cliente, un abogado estará en condiciones de detectar, examinar y comunicar aquellas operaciones respecto de las cuales tenga indicios o certeza de que están relacionadas con el blanqueo de capitales al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). El autor dedica el tercer capítulo del libro a este tema, conjuntamente con las demás obligaciones de comunicación y colaboración establecidas para prevenir el lavado de activos por parte de estos profesionales. En este contexto, destacan las observaciones efectuadas por el autor respecto de las comunicaciones de indicios de blanqueo de capitales realizadas por los abogados en proporción a otros sujetos obligados. Además, se da cuenta del hecho que el cumplimiento de la medida indicada puede presentar conflictos frente al deber de secreto profesional de los abogados. Teniendo esto en consideración, el artículo 22 de la Ley 10/2010 señala aquellos supuestos en que los abogados no estarán obligados a comunicar operaciones indiciarias de blanqueo de capitales a las autoridades. El autor analiza el contenido de este artículo, así como con relación a las demás disposiciones de la Ley, dando cuenta de las dificultades que surgen para interpretar estas normas y, en consecuencia, para establecer límites claros al secreto profesional en este ámbito. Se trata de las páginas más interesantes del libro, especialmente cuando se revisan los diversos criterios que pueden formularse para fijar los límites del secreto profesional con relación a la función de asesoramiento que desarrolla el abogado. El autor concluye este capítulo con un breve párrafo dedicado al secreto profesional y a la protección de datos personales en el marco de la prevención del blanqueo de capitales, tema que tal vez convendría haber desarrollado con mayor detalle por el interés que presenta.

El cuarto capítulo de la obra se dedica al tratamiento de otras obligaciones establecidas en la ley para la prevención del lavado de activos, entre las que se cuenta la de abstenerse de ejecutar aquellas operaciones respecto de las cuales exista indicios o certeza de blanqueo de capitales y la de conservar, por el plazo de diez años, la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley 10/2010.

Luego, el quinto y último capítulo del libro objeto de este comentario se refiere a las medidas de control interno que han de aplicarse en el marco de la prevención del lavado de activos. Dentro de estas medidas se cuentan la aprobación de una política de admisión de clientes y la formulación de procedimientos en materia de diligencia debida; la designación de un representante ante el SEPBLAC; el establecimiento de un órgano de control interno; la aprobación de un manual de prevención del blanqueo de capitales; entre otras. El autor, tanto en el capítulo cuarto como en el quinto, hace alusión constantemente al proyecto de Reglamento de la Ley 10/2010, que finalmente se materializó en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo4. Este instrumento reconoce que los modelos de prevención del lavado de activos pueden presentar diferencias atendiendo a los ingresos y tamaño del sujeto obligado. De este modo, establece la posibilidad para aquellos sujetos obligados que presenten un volumen de negocios o balance general bajo ciertos umbrales cuantitativos y un número más reducido de trabajadores, de eximirse del cumplimiento de algunas medidas de prevención. Por lo mismo, tal y como apunta el autor, probablemente un gran número de abogados podrán acogerse a las exenciones contempladas en el reglamento de la Ley 10/2010. En estos capítulos el autor alude, en diversas ocasiones, a la antigua normativa española de prevención, especialmente la Ley 19/1993 de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales5. Si bien se aclara, cuando corresponde, que la regulación no está en vigor, idealmente se podría haber omitido la referencia a la anterior normativa, para evitar toda confusión a los novatos en esta materia, poblada de un nutrido entramado de instrumentos de diversa naturaleza y fuerza de obligar.

Por último, el libro contempla un apéndice con una serie de documentos que pueden resultar muy útiles para el diseño e implementación de las medidas de prevención del blanqueo de capitales en la práctica de los abogados. Así, el autor incluye documentos como: recomendaciones generales a quienes ejercen la abogacía; un catálogo de operaciones de riesgo que deben ser objeto de especial análisis de parte de los abogados; un informe de evaluación del riesgo; un modelo de hoja de encargo profesional; un modelo de manual de prevención del blanqueo de capitales, entre otros.

En fin, la obra que se comenta constituye un gran aporte en el marco del objetivo que se plantea el autor y se recomienda su lectura tanto a abogados como a quienes deseen, desde otros ángulos, aproximarse por primera vez al régimen de prevención del lavado de activos, particularmente a aquel aplicable a estos profesionales en España. En nuestro país los abogados no forman parte del catálogo de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero, contemplado en el artículo 3 de la Ley 19.9136. No obstante, estos profesionales debieran contar con medios que les permitan protegerse frente a la instrumentalización de su labor con fines delictivos. Desde esta perspectiva, el libro objeto de este comentario permite examinar las herramientas disponibles con esta finalidad y su mayor valor radica en la perspectiva práctica desde la cual se aborda su aplicación por parte de los abogados. Lo señalado por el autor respecto del régimen español de prevención del blanqueo de capitales, y especialmente su relación con el deber de secreto profesional, puede resultar muy útil para conocer las dificultades concretas que se presentan para equilibrar la regulación de prevención con dicho deber de confidencialidad. Esta problemática debiera tomarse en cuenta cuando se insta a Chile a incorporar a los abogados dentro del catálogo de sujetos obligados por el sistema nacional de prevención.

 

ANGELA TOSO MILOS*

 

* Profesora de Derecho Comercial, Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo (Chile). Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (ESPAÑA).

 

NOTAS

1 Ello de acuerdo con lo señalado en GAFI (2012). Recomendaciones del GAFI. Disponible en: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf [fecha de visita 29 de octubre de 2015] pp.20-21.

2 BOE N°103, de 29.4.2010.

3 Artículo 2.1 ñ) Ley 10/2010. También se deben agregar las siguientes actividades incluidas en el artículo 2 o) de la Ley 10/2010: "Constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso ("trust") expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones".

4 BOE N°110, de 6.5.2014.

5 BOE N°311, de 29.12.1993.

6 DO de 18.12.2003.

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