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Revista de derecho (Coquimbo)

versión On-line ISSN 0718-9753

RDUCN vol.27  Coquimbo  2020  Epub 30-Abr-2020

http://dx.doi.org/10.22199/issn.0718-9753-2020-0003 

Investigaciones

Los problemas de la rapidez o ultraceleridad de las audiencias en los procedimientos penales de “menor importancia” para el sistema de justicia penal

Issues regarding the swiftness or ultra-speed of hearings in criminal procedures of "minor importance" for the criminal justice system

Juan Sebastián Vera Sánchez1 
http://orcid.org/0000-0001-9578-8213

1Universidad Austral de Chile. Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales. Doctor en Derecho, Chile. U. de Barcelona. E-mail, juan.vera@uach.cl

Resumen:

Los problemas que la ultraceleridad genera en los enjuiciamientos penales, especialmente, en los casos de menor importancia para el sistema de justicia penal. Se realiza una crítica a la rapidez por ser incompatible con la función epistemológica de la jurisdicción. Se afirma que pueden verse afectado el derecho a la prueba, de presunción de inocencia, a ser oído, el de defensa y el derecho a un debido proceso.

Palabras Clave: Juicio rápido; Eficacia; Presunción de inocencia

Abstract:

The problems carried by the ultracellerity of criminal trials. Specially in cases of less importance to the criminal justice system. A critical analysis is made of speediness, mainly because it wouldn’t be compatible with the epistemological function of jurisdiction. It is argued that the right to the proof, to the presumption of innocence, to be heard and, to defence and the right to due process could be affected.

Keywords: Speedy trial; Efficacy; Presumption of innocence

Introducción

El Código procesal penal del año 2000 establece un mecanismo de selección de casos, con la finalidad de reservar el procedimiento ordinario, con toda la inversión de recursos que ello conlleva, para aquellos más graves e importantes (Tavolari Oliveros, 2005, pp. 47 y ss.). Lo anterior, como una forma de favorecer la descongestión de los tribunales de justicia frente a la situación que exhibían los antiguos Juzgados del Crimen del Código de Procedimiento Penal de 1906 y, por tanto, optimizar los tiempos de tramitación judicial.

En general, la doctrina procesal se muestra a favor de la celeridad de los enjuiciamientos penales, entre otras razones, para no someter al individuo juzgado a una dilación innecesaria del procedimiento, que lo haga ver indefinidamente como sujeto cuestionado por y para el sistema de justicia penal. Uno de los puntos álgidos que impulsó la reforma del proceso penal en Chile a finales de los años 90’ fue, precisamente, la lentitud de los juzgamientos bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal

Una vez ya el Código procesal penal como ley vigente, por ejemplo, el Anuario estadístico de la reforma procesal penal del año 2003, del Ministerio de Justicia (2004), consigna la siguiente duración promedio de la audiencia de juicio simplificado según materia de conocimiento: delitos contra la fe pública, 11,5 minutos; delitos económicos, 18, 4 minutos; cuasidelitos, de 29, 7 minutos; y delitos de la ley de alcoholes, 73,3 minutos (p. 14). Por su parte, en el año 2004, el promedio de duración de minutos de audiencias de procedimiento simplificado en la región IV, en relación con los delitos de robo, fue de 6 minutos y de homicidios, 10 minutos (Ministerio de Justicia, 2005, p. 173). En el año 2006, en la región metropolitana, la duración promedio de las audiencias de juicio simplificado en relación con los delitos de lesiones fue de 9 minutos, delitos sexuales 12 minutos y de faltas 8 minutos (Ministerio de Justicia, 2007, pp. 182 y ss.).

Un reciente estudio realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas del año 2017 viene a confirmar la tendencia que se podía advertir de los datos oficiales de duración de las audiencias en los procedimientos penales. El sistema ha demostrado una gran capacidad para acortar la duración de las audiencias, excepto las audiencias de juicio oral. Por ejemplo, en el caso de la audiencia de procedimiento simplificado, en el año 2010 presentaban una duración media de 20,1 minutos, en 2011 de 17,5, en 2012 de 15,9, en 2013 de 15 y en el año 2014 de 13,5 minutos. Una tendencia similar se puede observar en las audiencias de preparación del Juicio Oral, pasando en promedio de 37.4 minutos en el año 2006 a 16,4 minutos en el año 2014 (Fandiño Castro, Rua, Moreno Holman y Fibla Cerda, 2017, p. 64).

En el mismo sentido, aunque desde una perspectiva diversa, el informe anual de la Defensoría Penal Pública (2018, p. 65) señala a través de un gráfico que el año 2016 el 48,8 % de todas las causas en que ha intervenido han terminado realizándose únicamente entre 1 y 2 audiencias, y que en el año 2017 el porcentaje levemente bajó a 47.2%. El riesgo de ello es una posible pérdida de calidad de la decisión sobre la notitia criminis, transformando las audiencias de discusión en estos casos en una mera ritualidad, hacer rutinario o mecánico muy alejado del contradictorio originalmente pensado como seguridad de una calidad suficiente de la decisión terminal.

La celeridad y la rapidez de los procedimientos se ha asociado a la idea de eficacia de los enjuiciamientos penales (Bohlander, 2012, p. 31) y, en este sentido, podría llegar a ser una posible causa o aliciente de la ultraceleridad de las audiencias Por su parte, audiencias de discusión muy breves pueden ser un síntoma de una justicia penal extralimitadamente acelerada, lo cual redunda generalmente-aunque no en todos los casos- en una excesiva rapidez de los procedimientos penales, especialmente de aquellos cuyo juzgamiento es favorecido por los operadores por permitir una pronta decisión terminal, como aquellos derivados de delitos flagrantes, con imputado conocido y aquellos casos de menor complejidad (Fandiño Castro, Rua, Moreno Holman y Fibla Cerda, 2017, p. 18). Parte de la doctrina considera que un “buen” proceso penal, además de garantista debe ser eficiente en la aplicación de la coerción estatal (Duce Julio y Riego Ramírez, 2002, pp. 35 y 36), no existiendo entre ambos intereses un antagonismo excluyente derivado de su supuesta naturaleza contradictoria (Tavolari Oliveros, 2005, p. 27. En contra; Duce Julio y Riego Ramírez, 2002, pp. 35 y 36; Binder, 2000, p. 56). Lo peligroso de ello es que un criterio indicador de eficiencia del proceso penal es su rapidez (Tavolari Oliveros, 2005, p. 27). En este sentido, la eficacia y rapidez está vinculada con ciertos elementos estructurantes del proceso penal chileno. La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público señala que “Los procedimientos del Ministerio Público deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y procurarán la simplificación y rapidez de sus actuaciones” (Ley N° 19.640, 1999, art. 6).

La brevedad aludida es peligrosa por diversos sentidos. En primer lugar, si consideramos que la duración razonable de los procedimientos penales forma parte del contenido del debido proceso,-y asumimos que la ultraceleridad de las audiencias influye en ello- la Corte Suprema ha señalado que dentro del marco que establece la Constitución Política de la República de Chile, el legislador debe concretar los aspectos que se entienden incluidos en la alocución “justo y racional” procedimiento por lo que, al no haber expresa previsión legal, la duración mínima necesaria para considerar justo y racional un procedimiento penal está entregada enteramente a la libertad de los tribunales. Con mayor razón, entonces, la duración de las audiencias de discusión. En segundo lugar, como los recursos institucionales son limitados, órganos persecutores y de defensa pueden estar priorizando sus esfuerzos institucionales, -de una forma bastante lógica y comprensible-, en los casos de mayor complejidad, en desmedro de aquellos que el sistema permite evacuar de una forma expedita y con menos carga de trabajo.

En tercer lugar, la cantidad de casos que deben llevar adelante intervinientes institucionales (como el Ministerio Publico, la Defensoría) son elevados, con presupuestos estables y rígidos, que pueden significar que con recursos fijos se deba enfrentar la gestión penal de casos que potencialmente puede ser variable. Por todo ello es de lógica que se prioricen los recursos disponibles en los casos de mayor complejidad en desmedro de aquellos cuyos procedimientos son de breve duración.

En cuarto lugar, la temporalidad de los procedimientos penales -y por extensión sobre la adecuada duración de las audiencias de discusión que lo componen- se ha tratado sólo a partir de la garantía del juicio rápido o derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, poniéndose el acento en la evitación de una duración exacerbada de los procedimientos.

Por ejemplo Castro Jofré (2006, p. 59) indica que la búsqueda de la verdad material podría no tener fin y, desde esa perspectiva, asiste al imputado un derecho a que ella sólo se indague y se establezca dentro de un plazo prudencial y lo más reducido posible. En el mismo sentido, la duración de los procedimientos (en el sentido de cuidar su brevedad) también ha sido influida por el principio de concentración y continuidad. La aceleración del procedimiento penal se conecta con las máximas de concentración y continuidad del juicio oral de los cuales dan cuenta los artículos 282, 283 y 325 del Código procesal penal (2000).

En este trabajo intentaré justificar por qué considero peligrosa la tendencia reduccionista que está presentando la duración de ciertas audiencias de discusión (lo que excluye la de aceptación de responsabilidad), especialmente la experimentada en las audiencias de procedimiento simplificado y las audiencias de preparación de juicio oral, con exclusión de las audiencias de Juicio Oral cuya duración se ha mantenido en el tiempo. A este fenómeno llamaré a lo largo del trabajo “ultraceleridad” o “procedimientos penales con audiencias de discusión breves”.

En la primera parte del trabajo ofreceré, a modo de contexto, una posible explicación del fenómeno. En la segunda parte desarrollaré tres argumentos que manifiestan la peligrosidad de la ultraceleridad de audiencias de discusión, especialmente por poner en entredicho derechos y garantías esenciales del enjuiciamiento criminal moderno.

1. Rapidez del enjuiciamiento, derecho a un juicio rápido y ultraceleridad

Es tradicional encontrar en la literatura especializada, en relación con la duración de los procedimientos penales, hacer referencia a la frase “justice delay is justice deneid”, cuyo origen algunos han situado en la mismísima Carta Magna de 1215, donde en su capítulo 29 señala: “….we will not deny or defer to any man either justice or right” (ver; Wells, 2017, p. 123; Hopwood, 2014, p. 710). La conveniencia de los enjuiciamientos de breve duración ha sido positivizada, principalmente, a partir de la garantía del Juicio Rápido (“Speedy Trial”) cuya expresión más importante se encuentra en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos donde se considera que la Sexta Enmienda (1791)hace referencia a ella: “In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed…”, siendo desarrollada en su contenido a nivel federal por la Speedy Trial Act de 1974. Desde esta perspectiva, el imputado poseería diversos intereses en la vigencia de esta garantía. La dilación del juicio puede conducir a una encarcelación extensiva, en condiciones más perjudiciales que respecto a una posterior a la condena -“Delay in trial can lead to extensive incarceration under conditions that are more onerous than post conviction incerceration” (Cammack y Garland, 2001, p. 150)-.

En el caso Barker v.Wingo (S. Ct.1972) la corte estableció cuatro factores en relación con la evaluación acerca de la violación de la garantía del juicio rápido, que también deben ser valorados caso por caso. Estos cuatro factores son los siguientes: 1) duración de la dilación 2) la razón de la dilación 3) si y cuando alegó (“asserted”) su derecho a un juicio rápido 4) y si el imputado ha sufrido perjuicio con la dilación (Cammack y Garland, 2001, p. 156).

En el caso de la Unión Europea dicha prerrogativa se asocia a la previsión del artículo 5(no. 3) y 6(no. 1) del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (2010) donde, entre otras cosas, se consagra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En cuanto al periodo de tiempo que debe considerarse una infracción a esta garantía, la doctrina señala que se ha de tratar de una dilación excesiva, con un alto y difícil umbral a cruzar y que, en caso de acaecer, ello dependerá de los detalles de los hechos y las circunstancias del caso. El persecutor tiene la carga de explicar y justificar por qué ha transcurrido un excesivo lapso de tiempo (Wells, 2017, p. 125).

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido reacio a aplicar criterios generales y rígidos, resolviendo la cuestión de la dilación caso por caso, tomando en consideración el tiempo efectivamente transcurrido, la duración de la detención o privación de libertad preventiva, los efectos y la conducta de los acusados, la complejidad del caso (incluyendo la complejidad de la tramitación), los progresos de la investigación y la eficiencia de las autoridades administrativas y judiciales (Wells, 2017, p. 125). Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la garantía del artículo 5(no. 3) de la Convención no puede ser traducida en un número fijo de días, semanas o años (Véase; Stögmüller v. Austria, 1969; Wells, 2017 p. 125). Tampoco el Tribunal Europeo de Derechos humanos se ha pronunciado acerca de cuál remedio es el idóneo para reparar la infracción de este derecho, dejando el asunto en manos de los tribunales de cada país (Wells, 2017 , p. 126).

La Constitución Española (1978), por ejemplo, señala que todos tienen derecho a “un proceso público sin dilaciones indebida” (art. 24, no. 2). El principal mecanismo de operatividad de esta garantía es por medio de “satisfacciones equitativas o compensatorias” (Pastor, 2002, p. 505). En España se considera una circunstancia que atenúa la responsabilidad criminal “La dilación extraordinario o indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa” (Ley Orgánica 10/1995, art. 21, no. 6, ver además; Mir Puig y Gómez Martín, 2015, p. 139). Ello, por lo demás, es concordante con lo que sucede en Alemania donde la infracción a dicha garantía es considerada en la medición de la pena (Roxin, 2000, p. 118), dejando siempre a salvo, eso sí, como afirma el Tribunal Supremo alemán, que existen demoras en el enjuiciamiento incompatibles con el principio del Estado de Derecho, que ni siquiera pueden ser compensados con alguna atenuación punitiva (Roxin, 2007, p. 129).

En otro sentido, la solución o consecuencia jurídica de una duración excesiva de los juicios también podría pasar por la declaración de nulidad, el sobreseimiento o el levantamiento de cargos, esto último como sucede en Norteamérica -“The remedy for a Sixth Amendment speedy trial violation is dismissal of the charges with prejudice. This means that upon a finding of violation, if a defendant has been convicted, his conviction will be reversed and his sentence vacated” (Dressler y Michaels, 2015, p. 16)-. La Corte Suprema norteamericana ha señalado que el único remedio a la infracción de la garantía del juicio rápido sería la desestimación de los cargos -“dismissal of the charge” (Cammack y Garland, 2001, p. 153)-, sin embargo, la atenuación de la responsabilidad se presenta como el mecanismo dominante en los ordenamientos jurídicos europeos, especialmente a partir de la profusa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la materia, aunque ello no necesariamente signifique una total ausencia de críticas (véase; Pastor, 2002, p. 523).

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) señala:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (art. 8, no. 1).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable. La falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí mismo, una violación de las garantías judiciales (véase; Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs Trinidad y Tobago, 2002, p. 5; Mémoli vs Argentina, 2013, p. 64 ; Tarazona Arrieta y otros vs Perú, 2014, p. 26). Por otro lado, la razonabilidad del procedimiento debe apreciarse en relación con la duración total del mismo hasta que se dicta la sentencia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso judicial: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales y, d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso (véase, Genie Lacayo vs Nicaragua, 1997, p. 21; Valle Jaramillo y otros vs Colombia, 2008, p. 48). Lo anterior no es baladí, si se considera que la Convención Americana de los Derechos humanos puede tener aplicación interna por medio de lo dispuesto en el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de República de Chile (2005).

La doctrina considera perjudicial para el imputado especialmente, una duración excesiva de los procedimientos penales, porque el acusado se hallaría continuamente en una situación de incertidumbre de la posible condena -“…..speedy trial minimizes the anxiety for the accused caused by an unresolved criminal accusation” (Cammack y Garland, 2001, p. 150, véase además; Bohlander, 2012, p. 3)-. En otro sentido, parte de la doctrina también considera que la duración excesiva de los procedimientos penales puede ser perjudicial para la preservación de pruebas, el mantenimiento de ciertas cualidades de los testigos o, incluso, para la presencia de estos últimos (Hopwood, 2014, p. 710; Bohlander, 2012, p. 31; Cammack y Garland, 2001, p. 150). Por otro lado, también se ha afirmado que la satisfacción de la garantía del juicio rápido interesa a la sociedad porque un juzgamiento rápido evita los atrasos judiciales, mejora las probabilidades de obtener condenas, reduce el riesgo de que el acusado escape o cometa crímenes mientras espera el juicio, acelera la iniciación de la rehabilitación del acusado y ayuda a minimizar los costos del procesamiento (Cammack y Garland, 2001, p. 151). Finalmente, por todo lo anterior, los procesos de larga duración pueden significar una limitación al derecho de defensa del imputado (Cammack y Garland, 2001, p. 158). Así, parte de la doctrina señala que el imputado tiene un derecho a que la notitia criminis se indague y se establezca dentro de un plazo prudencial y lo más reducido posible, contado además con un derecho a que el juicio se realice sin demoras ni dilaciones (Castro Jofré, 2006, p. 58).

La evolución histórico normativa señalada muestra que, en relación con la temporalidad de los procedimientos, la preocupación ha estado más bien centrada en la evitación de una duración excesiva de los procedimientos penales. Se puede hablar, entonces, de una tendencia de rechazo de la dilación teniendo como contrapartida los incentivos a la celeridad procedimental. Con ello se muestra también, desde el punto de vista axiológico, una valoración positiva de los juzgamientos penales breves lo que, redundaría, a su vez, en priorizar una mayor extensión temporal para los casos más complejos e incentivar una pronta solución terminal en el resto de supuestos, trayendo como resultado en este segundo caso y de manera muy probable una ultraceleridad de las audiencias de discusión en casos menos complejos. Todo lo anterior podría hacer poco relevante para el sistema de justicia penal posibles peligros o perjuicios de la ultraceleridad de las audiencias de discusión. ¿Ha afectado esta tendencia al Derecho procesal penal chileno?.

2. Duración de los procedimientos penales en Chile

La doctrina chilena también se ha sumado a la crítica y combate en contra de los enjuiciamientos penales de excesiva duración. Por ejemplo, previo a la dictación del Código procesal penal se criticaba que los procesos penales exhibieran una duración que se pudiera extender por muchos años, poniendo una gran distancia temporal entre la comisión del hecho ilícito y la sentencia definitiva (Hermosilla Arriagada, 2005, p. 32). En efecto, previo a la instalación del Código procesal penal, investigaciones empíricas consignaban que la duración de los procesos penales en las Regiones I a IV tuvo un mínimo de 76 y un máximo de 3.241 días; en la Región V, un mínimo de 71 y un máximo de 2.197 días; en la Región VIII, un mínimo de 74 y un máximo de 1380 días; en las Regiones VI, VII, IX, X, XI y XII, un mínimo de 63 y un máximo de 2.359 días, y en la Región Metropolitana, un mínimo de 71 y un máximo de 2.775 días (Ministerio de Justicia, 1987).

La Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia sugirió que el Tribunal Europeo sólo revisara el cumplimiento de la garantía al juicio rápido cuando la duración del enjuiciamiento haya excedido los dos años. Bajo este margen, el Tribunal Europeo entraría a revisar el cumplimiento de la garantía sólo en casos “prioritarios” donde los intereses en juego habrían requerido una mayor diligencia en la tramitación -“The total duration of up to two years per level of court in normal (non-complex) cases was generally regarded as reasonable. When proceedings have lasted more than two years, the Court examines the case closely to determine whether the national authorities have shown due diligence in the process” (Calvez y Regis, 2018, p. 5)-. Desde esta perspectiva, el tiempo de duración promedio de los procesos penales en países latinoamericanos que cuentan con sistemas acusatorios se sitúan en el marco de los dos años -la duración promedio entre la comisión del delito y el juicio oral en los juicios observados es la siguiente: Córdoba, 500 días; Ecuador, 268 días; Paraguay, 368 días; Venezuela, 566 días; Chile, 196 días. (Riego Ramírez y Santelices Ariztía, 2003)-, es más, en Chile la duración promedio de los procedimientos penales es 288 a 486 días (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017). Siendo más precisos, según el Boletín Estadístico Anual del Ministerio Público en el año 2017, el promedio de tramitación nacional de causas con salida judicial fue de 310 días (Ministerio Público de Chile, 2018, p. 39) y el año 2018 de 217 días (Ministerio Público de Chile, 2019, p. 39).

A mayor abundamiento, según los datos contenidos en el Boletín Estadístico Anual del Ministerio Público de Chile del año 2018, el promedio anual de días de tramitación con salida judicial en el caso de los delitos de hurto es de 171 días, en el caso de los delitos de lesiones es de 178 días, en el caso de las faltas es de 65 días (Ministerio Público de Chile, 2019, p. 39). Según la misma fuente, el promedio anual nacional de duración de un juicio oral con procedimiento de término ordinario es de 494 días en el año 2016 (Ministerio Público de Chile, 2017, p. 43), 503 en el 2017 (Ministerio Público de Chile, 2018, p. 43) y 545 en el año 2018 (Ministerio Público de Chile, 2019, p. 43).

En Estados Unidos la mayoría de las legislaciones estatales contienen limitaciones en virtud de la cual no debe pasar un determinado tiempo desde que se cometió el delito hasta el establecimiento de cargo contra el acusado. 5 años es lo habitual. Como esta limitación no está contenida en el texto constitucional, entonces, nada obsta que ciertos crímenes puedan constituir excepción a la misma, como en el caso de los asesinatos. Por su parte, la garantía del “speedy trail” sólo se aplica después de que se ha proseguido formalmente en contra del imputado. Es decir, desde el “indictment, information” o “arrest/arraignment” (Cammack y Garland, 2001, p. 151). Lo cual no es para nada baladí en consideración a la duración de los procesos penales en Chile, pues ello significa que en Estados Unidos y en Inglaterra el plazo de duración de la investigación, mientras no haya habido una formalización de cargo o una detención, no se contabiliza para los efectos de la garantía del juicio rápido, al contrario de lo que sucede en Chile1.

Aunque la Speedy Trail Act de 1974 señala algunos plazos, la doctrina y jurisprudencia ha considerado que no hay un plazo específico de incumplimiento de esta garantía, debiéndose evaluar caso por caso. Los factores que pueden considerarse son el procedimiento, la longitud del retraso, la razón de la dilación y los perjuicios causados al imputado por la demora (Bradley, 2007, pp. 541-542). Los tribunales consideran que un retraso o dilación de cerca de un año es presumiblemente perjudicial (“presumptively prejudicial”) (Doggett v. United States, 1992, p. 647), debiendo la acusación justificarlo (Bradley, 2007, p. 542).

Por otro lado, el lapso de tiempo de los enjuiciamientos acusatorios latinoamericanos pareciere ser concordante con los nueve meses a un año requeridos por algunas legislaciones norteamericanas de donde se ha heredado el derecho a un juicio rápido o Speedy trial (Dressler y Michaels, 2015, p. 171). Es más, si comparamos nuestros indicadores estadísticos actuales, estos presentan parámetros muy similares al de los países desarrollados como los europeos y de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el Reino Unido (Inglaterra y Gales) la duración promedio de la tramitación de los juicios desde que se cometió la ofensa es de 22 semanas (154 días) para los casos conocidos por Magistrates’ Court y de 51 semanas (357 días) para los casos conocidos por The Crown Court (Ministry of Justice, 2014). Es decir, la duración de nuestros procedimientos penales, en comparación con estas cifras, sigue siendo por un estrecho margen más prolongados, y más aún si consideramos que la medición en Chile se efectúa desde que la causa entra al sistema, y no desde cometidos los hechos.

Con todo, la duración actual de los procedimientos penales en Chile se adecúa de buena manera a la duración de los mismos en el plano comparado, dejando atrás el fantasma de la dilación de los procedimientos inquisitivos del Código de Procedimiento Penal y exhibiendo un cierto triunfo en la evitación de una dilación indebida de los juzgamientos penales. Lo anterior permite preguntarse si la celeridad, brevedad o rapidez del proceso penal sigue teniendo el mismo “peso” axiológico originario frente a otros intereses como la calidad de las decisiones jurisdiccionales en procedimientos con audiencias de discusión breves. O dicho de otro modo, satisfecho el objetivo inicial de reducción de la duración de los procedimientos penales en Chile, pareciere ser momento que la doctrina debiera centrar su atención en los peligros que pudiera traer aparejado la ultraceleridad de las audiencias, especialmente en casos que el sistema de justicia penal (y la estructura del tratamiento de casos del Código procesal penal) considera de poca importancia, frente a casos de mayor gravedad conocidos por medio de Juicios Orales, cuyas audiencias han mantenido una cierta duración estable a lo largo de los años de vigencia del Código procesal penal.

3. Tres argumentos que fundan la peligrosidad de los procedimientos penales de cortísima duración y de la tendencia de la ultraceleridad

La utilización de criterios cuantitativos para valorar positiva o negativamente el funcionamiento del proceso penal chileno trae aparejado una serie de inconsistencias e inconvenientes. En efecto, “cuantificar” exige a menudo algún grado de generalización que hace perder la riqueza distintiva del análisis cualitativo y de la valoración caso por caso. Las contingencias jurídicas de un caso respecto de otro pueden llegar a ser tan diversas que a veces se hace imposible clasificar los supuestos en grupos que cuenten con características similares. Ello, por lo demás, no está ausente cuando se juzga la duración pertinente que deben exhibir los procedimientos penales en relación con las finalidades del sistema de justicia penal. No hay claridad acerca del “momento” procesal desde cuándo deba medirse la duración del proceso, pues por algunas razones es aconsejable hacerlo desde la formulación de cargo, por otra, desde la comisión del hecho ilícito. Ello precisamente es un inconveniente a la hora de comparar cifras de diversos países por ejemplo.

Por otro lado, tampoco se deduce necesariamente que audiencias de juicio muy breves sean un indicador inequívoco de una duración exacerbadamente breve de los procedimientos penales a los cuales he hecho referencia en este trabajo. En este sentido, lo pertinente sería realizar un análisis caso por caso para determinar si la duración del procedimiento penal es adecuada o no, por ejemplo, atendiendo a la complejidad de lo debatido. Pues, como bien apunta Ritter (2003), a veces desde el punto de vista cuantitativo la distinción entre casos permite apreciar de mejor forma la eficiencia, pues no es lo mismo evaluar el actuar del órgano persecutor en un caso con imputado conocido que en los casos de “imputado desconocido”, especialmente cuando esta segunda situación provenga por falta de indicios.

He planteado, además, que se lograría un considerable aumento de la eficiencia si, tal como en Alemania, se diferencia entre casos en que por falta de todo indicio parece imposible determinar el autor del delito, y casos en que se conoce un posible autor o éste parece identificable. Según veo, el primer grupo, de casos ‘sin imputado conocido’, representa en Chile, al igual que en Alemania, entre un 40% y un 50% del total de casos, los que sólo deberían someterse a un tratamiento sumario (Ritter, 2003, p. 26).

Ahora, la imposibilidad de establecer medidas cuantitativas idóneas y universales no impide que los procedimientos penales tengan como pretensión una duración necesaria, especialmente cuando se trata de evitar una sobreexposición de los intervinientes al sistema formal de justicia penal. Lo anterior tampoco impide trazar ciertas tendencias a partir de cifras comparativamente poco precisas, si se les considera un indicio de una situación más o menos identificable y que bajo ciertos puntos de vista puede llegar a ser generalizable.

Lo anterior exige, a mi modo de ver, reparar acerca de la duración mínima de los procedimientos, sus audiencias y sus perjuicios. Entre otras razones, porque un enjuiciamiento demasiado breve no puede ser tenido como un “justo” procedimiento. Como señala la doctrina, tan irrazonable es un plazo que por efímero provoca indefensión a la parte como un plazo que por prolongado frustra toda expectativa de solución (Riba Trepat, 1997, p. 56).

Lo anterior puede producir para el ciudadano una falta de coherencia entre el Derecho penal y el Derecho procesal penal, porque es posible que casos complejos sean categorizados según la sistemática del Código procesal penal como de “poca importancia para el sistema” dando lugar a audiencias de discusión y prueba muy breves (En relación con el contacto del Derecho penal con el Derecho procesal penal véase, Vera Sánchez, 2017a, pp. 813 y ss.). Y todo ello, moderado por el hecho de que la legislación procesal penal no dispone de criterios que establezcan el minimo minimorum de la duración de los procedimientos ni de sus audiencias, ambas necesarias para que se desarrollen adecuadamente las etapas procesales como condición necesaria de una decisión de fondo con pretensión de justicia.

3.1. La rapidez procedimental como traslación de criterios economicistas en la gestión de la justicia penal

La eficacia y la rapidez de los enjuiciamientos se pueden fundar, entre otras razones, en la necesidad del sistema de justicia penal de evitar un juzgamiento moral popular. Las anteriores se basan en unos criterios, procedimientos y derechos cuantitativos o cuantificables, como una forma aparentemente neutral de evitar el desacuerdo (Bibas, 2012, p. 110 y ss.). Es decir, los criterios cuantitativos de medición del proceso son objetivos y, por tanto, tienen la posibilidad de presentar un mayor consenso entre las distintas posiciones sobre la vigencia de las garantías que presenta las diversas-y, a veces antagónicas- fuerzas políticas. Por otro lado, una medición de la eficacia de los procedimientos a partir de indicadores cuantitativos de gestión pareciere revestir de una mayor “profesionalidad” a la administración del sistema de justicia penal. En efecto, quizás la utilización de indicadores cuantitativos de la gestión judicial permitió, en definitiva, que se asumiera como un objetivo probable la modificación del Código de Procedimiento Penal:

[…] uno de los elementos que contribuyó a decantar un consenso de los diversos actores de la comunidad jurídica nacional fue la elaboración de un conjunto de estudios empíricos, que no se habían realizado hasta el momento en nuestro país, que permitieron tener una aproximación a la realidad del funcionamiento del sistema. Esto constituyó una diferencia fundamental con anteriores procesos de reformas llevados adelante en Chile […] (Duce Julio y Riego Ramírez, 2002, p. 35).

Quizás ello es un aliciente indirecto para la medición de objetivos alcanzados por medio de resultados cuantificables.

Así, en esta línea se asume que el proceso penal puede ser medido como cualquier proceso productivo, como un medio de generación de decisiones finales sobre la aplicación de la norma penal en determinados casos. Y, desde una perspectiva analógica con los procesos industriales, hay que librar al proceso productivo de cualquier inconveniente innecesario. Fíjese lo similar que resulta esto cuando se le compara con el diseño de selección de casos del proceso penal chileno, entre otras cosas, cuando se constata la reserva del juicio oral del procedimiento ordinario para los casos más graves en relación con la pena del delito cometido.

La medición de la duración de los procedimientos penales por medio de indicadores estadísticos es una ponderación cuantitativa con todas sus problemáticas. Estas cifras no discriminan, por cierto, entre procesos penales de mayor complejidad en atención a su tramitación procesal o alcances probatorios y los que no. Aunque las cifras del Ministerio Público de Chile diferencian entre diversos tipos de delito, sin embargo, no discriminan entre juicios penales complejos basados en otros criterios y los que no. Tampoco permiten agrupar casos sobre la base de concurrencia de dos o más categorías. Por ejemplo, duración de los procedimientos y/o audiencias en los casos de hurto con salida judicial con imputado conocido. Y lo que puede llegar a ser más peligroso: una cifra considerada un promedio general aceptable de tramitación de un juicio penal en Chile no excluye la existencia de procedimientos penales de brevísima duración dentro de aquellos que han sido objeto de la medición o que constituyen la muestra. En efecto, como se trata de cifras que constituyen un promedio es perfectamente posible que la muestra esté compuesta por procedimientos penales de brevísima duración y procedimientos penales de una duración mayor, pero que combinados permitan arribar a un promedio general adecuado. Por ejemplo, usando la misma fuente anteriormente citada de duración de los procesos penales en año 2016, el total nacional de días de tramitación para las faltas fue de 59 días, frente a los 505 días de la tramitación de procesos sobre delitos sexuales, en el marco general de un promedio nacional de 188 días en el primer semestre de 2016 (Ministerio Público de Chile, 2017, p. 39). En el año 2017 el total nacional de tramitación de las faltas fue de 107 días, frente a los 629 de delitos sexuales, en un marco general de un promedio anual nacional de 310 días (Ministerio Público de Chile, 2018, p. 71). Por su parte, en el año 2018, el total nacional de tramitación de las faltas fue de 65 días, frente a los 522 días de delitos sexuales, en un marco general de un promedio anual nacional de 217 días (Ministerio Público de Chile, 2019, p. 71).

Todo lo anterior podría estar causando que enjuiciamientos de “segunda categoría” por la poca importancia que revisten para el sistema se sometan al riesgo de pérdida de calidad de la decisión de fondo.

En efecto, la medición de la eficacia del proceso penal por medio de indicadores cuantitativos puede estimarse la traslación de criterios de administración o de gestión económica al ejercicio de la jurisdicción, con todo lo pernicioso que ello puede ser. No debe olvidarse que si de lo que se trata es de medir la eficacia de la norma procesal penal reguladora de un sistema, ello debe hacerse en atención a la finalidad trascendente de dicha norma: la realización del valor justicia -“La verificación de la eficacia, entonces, se debe corresponder con tal finalidad […]. Es resumen, no miramos en esta ocasión sólo a una mera eficacia formal del funcionamiento de la norma procesal penal, sino más bien y, sobre todo, a una eficacia ‘humana’, ya que ese funcionamiento es un ‘obrar’ del hombre y para el hombre” (Bertolino, 1985, p. 223).

Por ejemplo, en relación con las funciones del MP, la rapidez y eficacia de la persecución dependerá del costo de utilización de medios y recursos en cada caso. Y ello también puede ser extrapolable hacia otros intervinientes. Es decir, desde un punto de vista económico, con un presupuesto fijo tanto jueces como fiscales y también defensores han de cumplir sus funciones constitucionales con un número de casos potencialmente variable.

[…] the volume of cases depends on the cost of each one. Police, prosecutors, and judges have axed budgets of time, manpower, and money. Given those budgets, they feel pressures to maximize arrests, convictions, and sentences. To maxime these statistics, they must drive down the cost of each case, prosecuting as quickly and cheaply as posible (Bibas, 2012, p. 110).

Por otro lado, en este escenario se ha de buscar cumplir con las metas de gestión de cada institución que, generalmente, se establecen respecto de la producción de actos terminales. Así, la rapidez y eficiencia en términos de maximización de los resultados según criterios cuantitativos puede significar extrapolar a la justicia penal la lógica económica de la producción en masa (Bibas, 2012, p. 111). Y ello, por supuesto, puede ser un aliciente para que se den fenómenos como la ultraceleridad denunciada en este trabajo

La doctrina ya ha puesto de manifiesto las bondades y defectos del empleo de criterios cuantitativos de medición de la gestión del sistema de justicia penal. En este segundo sentido se ha considerado que las metas de carácter cuantitativo establecen un fuerte incentivo para su logro sin que necesariamente su resultado refleje un trabajo de efectiva calidad. Lo anterior, principalmente, a partir del establecimiento de recompensas para el logro de metas (ej. bonos de productividad) (Duce Julio, 2010, p. 21).

La medición de la eficacia del funcionamiento del sistema de justicia penal por medio de indicadores cuantitativos de actos terminales, dejando al margen o en lugar muy secundario el control de la calidad de las decisiones jurisdiccionales, y tomando decisiones administrativas sobre la base de esas cifras, puede estar acercando peligrosamente la administración del sistema de justicia penal a lógicas propias de la gestión económica de la empresa en circunstancias que, aunque sea obvio, la administración de justicia no es una unidad productiva empresarial. No se trata que la cuantificación de resultados, incluso la utilización de criterios economicistas, sea una cuestión vedada en la administración de justicia, sino que la utilización de estos criterios, sin el debido cuidado, puede generar que en el día a día se concentren las actividades en la satisfacción de indicadores más que en la producción de decisiones justas sobre conductas que pudieren ser constitutivas de delito. Entre otras razones, porque el carácter político que puede llegar afectar la gestión de los intervinientes institucionales hace que sea más sencillo presentar la idoneidad de la gestión ante la ciudadanía por medio de indicadores cuantitativos.

La aplicación de criterios de gestión económica a la política criminal ya ha sido objeto de debate a través de los conceptos de gerencialismo, actuarialismo o manageralismo (véase; Morales Peillard, 2012, p. 118). Ahora, según parte de la doctrina, el gerencialismo, en sí mismo, no es negativo, pues puede ayudar a identificar situaciones que debieran quedar fuera del sistema de justicia penal por no representar una lesión grave a los intereses protegidos por la norma penal a partir del principio de fragmentaridad o ultima ratio (Morales Peillard, 2012, p. 126). Lo cuestionable es que diversas circunstancias no advertidas puedan estar dando mayor primacía axiológica a criterios gerencialistas si se lo confronta con el control de la calidad de las decisiones de fondo.

El gerencialismo aplicado al sistema de justicia penal, además de hacer perder al derecho penal su sacralidad, distancia y formas rígidas como mecanismo comunicativo de prevención (Silva Sánchez, 2011, pp. 81-82), puede favorecer o perjudicar a ciertos grupos de la población con prescindencia de las características propias del acto delictual en el contexto de una política que respondan más a un populismo punitivo (Garland, 2001, p. 19). Y un síntoma de ello perfectamente puede ser la ultraceleridad de ciertas audiencias, donde el derecho de defensa se vea puesto en riesgo precisamente, porque se trata de casos que la sistemática del Código procesal penal ha considerado secundarios o de poca importancia para el sistema, con independencia de cuál finalmente sea el origen o condición del sujeto sentado en el banquillo de los acusados.

Por otro lado, el gerencialismo en el proceso penal puede favorecer la instalación de un modelo de control criminal (Packer, 1964, p. 11) y la utilización del proceso penal, en definitiva, como una variable de control de la criminalidad.

Según la doctrina, el criterio de la eficacia no sería apropiado dentro de los límites que impone el Estado de Derecho, pues al mismo le compete igualmente la protección de los individuos como la efectiva realización o aplicación del Derecho (Binder, 2000, p. 57). Un proceso penal que mida su eficacia en términos de resolución de los procedimientos y rapidez de los mismos corre el riesgo de descuidar la función de protección de garantía de los derechos de los ciudadanos. Especialmente en los casos que he denominado de menor importancia para el sistema de justicia penal, atendiendo a la gravedad del delito cometido e imputado.

3.2. El procedimiento penal “brevísimo” como herramienta social de defensa contra la criminalidad

En una sociedad de predominancia de los mass-media, la exacerbación de la celeridad de los enjuiciamientos puede generar que la sociedad se halle satisfecha bastante más por la rapidez de los procedimientos y su publicidad que por la expiación de la cárcel (Ferrajoli, 2011, p. 412). En efecto, la rapidez del proceso penal puede contribuir al equívoco de que la sociedad y los ciudadanos tienen un derecho a una pronta sanción en contra de quienes han cometido delitos. Es decir, se corre el riesgo de usar el proceso penal como una herramienta de defensa frente a la criminalidad. Ello, además de instrumentalizar al individuo juzgado, puede transformar de facto a la persecución penal en una herramienta de lucha contra el “enemigo”, desvirtuando la función de garantía del proceso penal.

Los términos de máxima velocidad, volumen y finalización de los procedimientos con el menor costo posible pueden transformar el proceso penal en un Modelo de Control Criminal (Bibas, 2012, p. 111) por oposición al modelo del proceso penal del debido proceso. Este último, entendido como un proceso justo donde los derechos del imputado y la justicia de la resolución se entiende como un límite a la eficiencia en el sentido de rapidez de la resolución.

El Modelo de Control Criminal se basa en la proposición de que la represión de la conducta desviada es la función más importante que debe desempeñar el proceso penal. Así, la criminalidad se ve como una ruptura del orden público que habilita a someter a los ciudadanos a una serie de intromisiones injustificables en la esfera de sus intereses considerando que el proceso penal es un garantizador positivo de la libertad social (Packer, 1964, pp. 9 y 10). Para que ello suceda, el Modelo de Control Criminal requiere que se preste atención primordial a la eficiencia del sistema, entendida como su capacidad de detectar sospechosos, condenarlos y asegurar apropiadamente la disposición de las personas sentenciadas-“By 'efficiency' we mean the system's capacity to apprehend, try, convict, and dispose of a high proportion of criminal offenders whose offenses become known” (Packer, 1964, p. 10)-. Así, en este contexto, el proceso penal podría requerir más “hora-hombre” de policías, fiscales y jueces de las que se disponen actualmente, sin embargo, el sector público de la economía no está dispuesto a otorgar más cantidad, por lo que se sacrifica la calidad, situación que influye de manera importante en los criterios de eficiencia del sistema (Packer, 1964, p. 10). Esta dinámica, para que el modelo funcione debe producir un alto número de aprensiones y condenas, en términos de grandes magnitudes, frente a recursos que son limitados Packer, 1964 p. 10). Por ello se debe premiar la velocidad y finalización de los procesos. El proceso no debe estar lleno de ritualidades que no permitan un progreso en el caso y debe evitar las ocasiones de desafíos o discusiones (Packer, 1964, p. 10). En esta lógica es palmaria, y a veces deseable, la ultraceleridad de las audiencias, pues sirve a los intereses denunciados.

Ahora, repárese en la similitud del Modelo de Control Criminal con un sistema procesal penal donde su eficacia se mide en términos de números de decisiones de condenas o de causas terminadas. En este mismo sentido, me permito citar las palabras del senador Díez en la tramitación del proyecto del Código procesal penal: “Por eso es que la búsqueda de un procedimiento más eficaz que por su rapidez signifique una posibilidad de desalentar la delincuencia y disminuir la criminalidad, y de producir alegaciones y pruebas más objetivas y más transparentes, hace necesario cambiar nuestro sistema judicial(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2000, p. 632).

Ahora, un proceso penal garantista puede tener incidencia en el control de la criminalidad.

La reforma procesal penal puede tener un efecto sobre la delincuencia y percepción del delito a través de una mayor porcentaje de soluciones efectivas de los delitos denunciados, de la calidad de dichas soluciones, de la adecuación de las medidas cautelares, y de la atención atención y protección de las víctimas y testigos, entre otros. Ello puede contribuir tanto al control de los delitos como a la sensación de la inseguridad de la población (Tavolari Oliveros, 2000, p. 54).

El problema se sitúa en el “relajo” de garantías en pro del modelo de control, circunstancia que puede verse favorecida por las prácticas propias de los litigantes a favor de sus intereses personales y/o institucionales y por el mismísimo mecanismo de selección de casos, como resultado de una jerarquización oscura e implícita de diversas situaciones con interés penal, que deja en entredicho que se trate de la aplicación de ius puniendi con vocación de última ratio donde sea necesaria la intervención penal, especialmente respecto de los casos de menor importancia-por su gravedad- para el sistema de justicia penal

El verdadero peligro del Modelo de Control Criminal es que, para su funcionamiento eficaz, de acuerdo a su lógica interna, precisa y tiende a la existencia de una presunción de culpabilidad entendida como una predicción de resultado del caso (Packer, 1964, p. 11). En esta lógica presuntiva no tiene sentido audiencias de discusión demasiado extensas, especialmente en delitos de poca monta. Con ello se amplía en demasía el ámbito de la discrecionalidad judicial casi rayano en la arbitrariedad.

La presunción aludida es incompatible con el principio de objetividad que rige el actuar del Ministerio Público y con la mismísima presunción de inocencia. Todo lo anterior es completamente coherente con lo que afirma Alessandri Rodríguez (s. f.) respecto del modelo del Código de Procedimiento Penal: “el reo tiene muchos derechos, pero siempre que no dificulte la investigación. Sobre el interés del reo o del querellante está el interés de la sociedad” (p. 59).

Por su parte, el Modelo del Debido Proceso pone mayor énfasis en la estructura formal de la ley, como vía de garantizar la fiabilidad o confiabilidad de la investigación que se lleva a cabo en el proceso penal, reduciendo de esta forma las posibilidades de condenas erróneas más probables en contextos informales (Packer, 1964, p. 15). Por otro lado, las formas abreviadas de enjuiciamiento son, generalmente, rechazadas, pues el objetivo del proceso es tanto proteger a los inocentes como condenar a los culpables (Packer, 1964, p. 15). Así, el Modelo del Debido Proceso pone su foco de atención en la calidad de las decisiones, de forma que un individuo sea considerado “legalmente” culpable sólo cuando se demuestre su participación por medio de evidencia fiable que haga plausible la comisión del hecho en una alta probabilidad (Packer, 1964, p. 16). El Modelo del Debido Proceso, al poner énfasis en la formalidad o legalidad del proceso penal, exige que el tribunal tenga jurisdicción, que sea territorialmente competente, que no haya pasado mucho tiempo desde la comisión del delito, que no se infrinja la prohibición de ne bis in idem, que no existan impedimentos procesales para juzgar al hechor, etc. (Packer, 1964, p. 17).

Desde esta perspectiva, si lo que busca el sistema de justicia penal es generar decisiones justas respecto del conflicto penal, entonces, pareciere que ello se conseguiría de mejor manera con un Modelo del Debido Proceso.

La simplificación de los procesos penales a favor de su rapidez y eficacia, en determinados contextos de la discusión de la política criminal puede esconder una visión profundamente autoritaria del proceso penal (Binder, 1993, p. 67). El problema de ello es que los mecanismos simplificadores, además de recordar las prácticas persuasivas permitidas por el secreto en las relaciones desiguales propias de la inquisición (Ferrajoli, 2011, p. 748), no solucionan el problema de la eficacia, sino que lo ocultan. Por ejemplo, parte de la doctrina norteamericana ha encontrado bastantes puntos en común entre el régimen de la tortura medieval y el régimen de plea bargaining (Langbein, 1978, pp. 3 y ss.). Como bien señala Del Río Ferretti (2008, p. 164), los procesos que admiten bajo ciertos márgenes el consenso plantean graves problemas técnicos al régimen procesal penal y suelen tocar a la esencialidad del mismo sistema jurisdiccional.

Los mecanismos simplificadores del proceso penal pueden conllevar una renuncia a principios fundamentales del proceso penal que intentan ocultar las deficiencias propias de la investigación penal y el proceso como elementos del sistema de justicia penal (Maier, 2008). Si se ha de luchar contra la lentitud, la ausencia o escasez de garantías y la ineficacia del proceso penal, no debe creerse que la implantación de un procedimiento simple y rápido -que incentive las audiencias de discusión breves- vaya a resolver todos estos problemas (“Los medios que se adopten para alcanzar esa política de celeridad procesal solo pueden asumirse como verdaderos mecanismos efectivos cuando se enmarcan en las exigencias del proceso con todas las garantías”; Barona Vilar, 2004, p. 78). Es decir, juicios rápidos y audiencias breves, no necesariamente son sinónimos de obtención de resoluciones justas.

Madlener (2006), retratando la situación alemana de hace poco más de diez años, señala que otra tendencia visible de las reformas procesales que se preparan es el deseo del Estado de recortar los gastos de la justicia frente a la situación difícil de los presupuestos de la Federación y de los Länder.

Ahora bien, como la Justicia en Alemania se auto-financia en gran parte, la necesidad de aplicar medidas drásticas de ahorro es dudosa. En cualquier caso, sería lamentable que con estas medidas se llegara a disminuir el alto nivel de garantía de los derechos del individuo dentro de un sistema procesal que por su celeridad y eficacia goza de confianza de la población (Madlener, 2006, p. 856).

En este sentido, parte de la doctrina española también destaca que la estricta aplicación del principio de obligatoriedad de la acción penal tiende a obstaculizar, más que facilitar, los niveles de eficacia deseados, porque si bien la moderna administración de justicia dispone de muchos y variados recursos, lo cierto y verdad es que no son suficientes para perseguir todos y cada uno de los delitos que se cometen - “En estas circunstancias, negar a la autoridad encargada de la acusación el ejercicio de cierta discrecionalidad para disponer del procesamiento sería ‘como ordenar a un general sin recursos suficientes atacar al enemigo por todos los frentes al mismo tiempo’”. (Cuadrado Salinas, 2009, p.18, citando a La Fave)-. Roxin (2000, p. 116) señala que como el proceso penal interviene sensiblemente en el ámbito de derechos del imputado y, además, la calidad de los medios de prueba disminuye con el transcurso del tiempo, es que se hace necesaria una administración de justicia penal rápida. Sin embargo, la rapidez y eficacia como intereses instrumentales no pueden llegar a desnaturalizar al proceso penal (Hernández García, 2002, p. 27 y ss.), entendiéndolo, en una de sus funciones como termómetro o sismógrafo de la operatividad de los derechos fundamentales de los individuos (Hassemer, 1988, p. 9). Aquí se encuentra el límite mínimo, pues la eficacia y rapidez no podrían llegar a afectar la vigencia de la garantía del derecho de defensa ni del derecho a un juicio racional y justo. En efecto, la mayoría de las medidas que tienden a agilizar y descongestionar en Alemania el proceso penal reconocen como límite el perjuicio del derecho de defensa del imputado (Madlener, 2006, p. 853).

La eficacia y rapidez de la respuesta penal no puede obtenerse a costa de la dimensión garantizadora del proceso penal moderno (Hernández García, 2002, p. 27). Es decir, la rapidez del proceso penal no debe olvidar que el mismo ha de mantener un equilibrio entre la eficacia de la represión penal y la protección de los Derechos humanos (Madlener, 2006, p. 837). Se ha de tratar de buscar un equilibrio entre el modelo de la eficacia y el modelo de la garantía, de forma que el proceso penal no se desnaturalice respecto de su función de protección de los derechos de los intervinientes como elemento del sistema de justicia penal en un Estado democrático. Y ello es predicable de todos los procedimientos penales y no sólo de los derivados de delitos de mayor gravedad donde no pareciere apreciarse a simple vista la ultraceleridad.

Todo lo denunciado anteriormente puede producir un efecto paradójico. La ultraceleridad puede conllevar infracciones que recaen sobre los mismos intereses cuya protección se intenta con la garantía del derecho a juicio rápido. A saber, principalmente, el derecho de defensa del imputado, el derecho a la prueba, y evitar la incertidumbre de los efectos perjudiciales de una decisión final desfavorable.

Los beneficios de cualquier instituto del proceso penal basado en la rapidez se “pagan” con un grave menoscabo a la legitimidad del procedimiento (Roxin, 2000, p. 515). Los avances en materia procesal penal para buscar una efectividad economicista deben ser cautos, evitando una ruptura del sistema actual y, en definitiva, una vuelta atrás respecto de los valores por los que tanto se ha luchado en siglos anteriores (Barona Vilar, 2004, p. 71).

3.3. Rapidez procedimental, ultraceleridad y su compatibilidad con la perspectiva epistemológica de la Jurisdicción

Sobre el sentido y alcance del concepto de jurisdicción se ha escrito bastante y excede los límites de este trabajo exponer con precisión y claridad todas sus aristas. Sin embargo lo anterior, señalaré que dentro de las teorías denominadas jurídicas de la jurisdicción se suelen agrupar las posiciones en tres grandes tendencias: las teorías subjetivas, teorías objetivas y las teorías de la satisfacción de pretensiones. No obstante, ya sea se trate de la tutela del Estado respecto de los derechos de los ciudadanos, ya sea de la actuación del derecho objetivo mediante la aplicación de la norma al caso concreto o ya sea de la satisfacción de pretensiones (Bordalí Salamanca, 2016, pp. 36 y ss.), todas ellas presuponen una generación de información institucional de la materia debatida y una actividad cognitiva del juez sobre la misma. Piénsese que el acto jurisdiccional por excelencia-aunque claramente no el único- es la sentencia definitiva o sobre el fondo del asunto (Serra Domínguez, 1969, p. 49) que, según diversa normativa procesal, debe exhibir un determinado contenido estrechamente vinculado con diversos derechos otorgados a los intervinientes (Ley N° 19.696, 2000, art. 342).

Ahora, la jurisdicción entendida como la determinación irrevocable del derecho en un caso concreto (Serra Domínguez, 1969, p. 49), por ejemplo, más que un “poder-deber” es un “saber-poder” pues se trata de una combinación de conocimiento (veritas) y de decisión (auctoritas) (Ferrajoli, 2011, pp. 45 y 46). El esquema epistemológico de tipo cognoscitivista inmerso en la actividad jurisdiccional no sólo nos permite averiguar lo efectivamente sucedido con el caso en concreto, sino que además constituye un límite al decisionismo y arbitrariedad de los jueces los cuales se hallan vinculados a imponer una pena sólo cuando haya habido una comprobación de la desviación punible asimilable a la verdad de los sucedido.

Existe por lo demás un nexo indisoluble entre el esquema epistemológico de tipo convencionalista y cognoscitivista y el sistema de garantías penales y procesales: en el sentido de que los vínculos metodológicos asegurados por el primero a la definición y la comprobación de la desviación punible como condiciones de verdad corresponden a los límites normativos impuestos por el segundo al abuso potestativo como condiciones de validez (Ferrajoli, 2011, p. 46).

Es decir, el ejercicio de la actividad jurisdiccional en materia penal dependerá de que se haya obtenido una verdad de suficiente calidad inductiva para entender que la afirmación final de los hechos goza de certeza práctica (Andrés Ibáñez, 2015, p. 231) o mejor dicho, ha satisfecho el estándar de prueba exigido. Ello también contribuye notoriamente a la eficacia y validez social que pueda exhibir el sistema de justicia penal frente a los ciudadanos (Vera Sánchez, 2015, p. 53).

Sin embargo, aunque esta perspectiva epistemológica o cognoscitiva de la jurisdicción se centra principalmente en la comprobación de los enunciados fácticos referidos a la notitia criminis, la actividad de generación de información también puede rebasar los límites estrictos de la aplicación del derecho a un caso concreto.

En efecto, con prescindencia de la solución final del caso, en los supuestos de delitos de lesa humanidad, de justicia transicional o terrorismo, las víctimas tienen un derecho de conocer la verdad de lo sucedido. Ello se enmarca en ideales restaurativos del proceso penal que busca dar una mayor relevancia a las víctimas en el entendido que el dolor sufrido por las mismas, deje de ser el precio silencioso de la política y de la historia y, por contra, se transforme en algo significativo como sinónimo de justicia (Mate Rupérez, 2008, p. 21). Además, con ello también se contribuye a la construcción de una memoria de los sucesos -en efecto, Beristain Ipiña (2004) “considera que para dar voz a las macro víctimas debemos erigir monumentos elocuentes a su memoria, debemos crear canales infuncionales que le sirvan de foro público nacional e internacional…” (p. 38)- si se la concibe como la facultad “de poder interpretar como realmente significativos aspectos que hasta ahora no tenían ningún valor hermenéutico” (Mate Rupérez, 2008, pp. 24-25) o la “capacidad para dar sentido al conjunto de las acciones humanas” (Mate Rupérez, 2008, p. 25)2.

Como se ve, el ejercicio de la perspectiva epistemológica o de “saber” de la jurisdicción en materia penal presenta una importancia elevada como límite y reconocimiento de validez de la decisión. Por otro lado, puede exceder los límites de la mera determinación del derecho al caso concreto, como lo muestra el derecho de conocer la verdad de lo sucedido de ciertos colectivos vulnerados por conductas macrodelictivas. Así, la operatividad del derecho de presunción de inocencia del imputado (Andrés Ibáñez, 2015, p. 234) y del derecho de verdad antes referido dependen de la vocación cognitiva o epistemológica de la actividad jurisdiccional en materia penal.

Ahora, para que la sentencia definitiva pueda ser considerada una manifestación de la actividad jurisdiccional, esta última ha de contar con los medios y condiciones necesarias para desplegar su funcionalidad cognitiva y de decisión. Y, precisamente, una de ellas es el tiempo de duración del juicio como instancia procesal necesaria y precedente de la dictación de la sentencia definitiva. Piénsese que el eje central del juicio es el debate y, para asegurar su éxito, se lo debe preparar convenientemente para que genere el resultado normal del enjuiciamiento: la sentencia (Bovino, 2005, p. 66), sin prescindir del valor intrínseco que exhibe un procedimiento llevado a cabo con todas las garantías.

Sólo tomando en consideración los alcances probatorios del juicio, la decisión sobre la corroboración de los enunciados fácticos sobre la notitia criminis incluyen complejas operaciones cognitivas. ¿Cómo puede desplegarse adecuadamente dicha función en procedimientos penales teñidos de una ultraceleridad?

Los enjuiciamientos con audiencias de discusión breves son incompatibles con la fase cognitiva o epistemológica de la jurisdicción. En este sentido, pueden constituir un atentado al derecho a la prueba, al derecho de presunción de inocencia y, por extensión, al derecho de defensa porque un enjuiciamiento brevísimo dificulta la adecuada ponderación de los medios de prueba introducidos al proceso por los intervinientes, como su valoración meditada, motivada y justificada. Por otro lado, muchas veces las alegaciones de las partes sobre el caso llevan ínsita la exposición de aspectos de alta complejidad jurídica, cuyos argumentos sólo son introducidos al proceso de forma oral, por lo que ello amerita una duración de los juicios compatibles con el tiempo necesario para poder exponer con suficiencia y claridad los aspectos esenciales de la teoría del caso y de la teoría jurídica que se defienda en juicio. Lo mismo cabe decir del principal objeto de debate de la audiencia de preparación de juicio oral que es la determinación del acervo probatorio abstracto (Vera Sánchez, 2017b, p. 162).

Si el tiempo de exposición de las alegaciones es moderado por la vorágine de la práctica de la duración breve o brevísima de algunos procedimientos, entonces, la eficacia entendida como rapidez de los enjuiciamientos constituiría un atentado flagrante al derecho de defensa del imputado y a su derecho a la prueba. Acentuar la neutralidad del proceso penal puede llevar a considerar al enjuiciamiento penal como mera ritualidad o rutina burocrática, en circunstancias que la realidad procesal comporta juicios fácticos y jurídicos para los que se necesita una preparación profesional, un estudio y análisis de los antecedentes diligente y atento (De la Oliva Santos y Fernández González, 1992, p. 98).

En este sentido creo relevante exponer brevemente lo que ha sucedido en los Estados Unidos con la aplicación de la garantía del juicio rápido a través de la Speedy Trial Act de 1974. En efecto, por alguna razón, la doctrina ha criticado cierta práctica de algunos tribunales inferiores, de consuno con la actitud de los abogados defensores y órganos persecutores, de buscar formas alternativas de no cumplir con la garantía del juicio rápido. Ello, en cuanto dicha práctica atentaría contra las intenciones originarias de esta garantía, razón por la cual ha de ser subsanada (Hopwood, 2014, pp. 738 y ss.; además en Ley N° 29, 2011). Sin embargo, la doctrina también ha señalado que ello no sucede en todos los casos por incompetencia de los intervinientes o porque no se preocupan de la administración de justicia, sino porque atendido el alto número de casos, muchas veces se precisa de más tiempo para investigar, consultar con los clientes, obtener y revisar descubrimientos complejos y completar otros trabajos necesarios para una preparación competente y diligente. Lo mismo sucede con los jueces quienes precisan de más tiempo por el excesivo volumen de documentos o porque no disponen del personal o salas de tribunal necesarias para resolver los problemas previos al juicio de manera eficiente. De la misma forma sucede con los fiscales, quienes enfrentan dificultades propias de la limitación de recursos. Es decir, en estos casos, el retraso de los juicios, más que un problema en sí mismo, es el síntoma de una deficiencia estructural que, cumpliendo en sentido estricto la garantía del juicio rápido, conllevaría la desnaturalización del proceso penal como medio de protección de las demás garantías de los intervinientes. Por lo demás, abogar en estas circunstancias por el cumplimiento de la garantía del juicio rápido es exigir a los actores involucrados que solucionen problemas estructurales haciendo más trabajo con los mismos -o incluso menos- recursos (Holland, 2015, p. 39). Para mí ello es un síntoma, como podría suceder en el caso de Chile, de emplear en el proceso penal criterios economicistas para juzgar la eficacia del sistema penal más allá de la justicia de la decisión en el caso concreto.

En el derecho comparado español la doctrina ha considerado que el principio de presunción de inocencia incide directamente sobre la motivación de la sentencia, es decir, sobre la necesidad de exponer en la resolución el razonamiento en virtud del cual se pasa de la prueba practicada a la convicción judicial (Montero Aroca, 2012, p. 34). Y ello incide directamente en que el juez se ha de hacer cargo en el fallo de la prueba indiciaria o por presunciones, de la correlación y razonabilidad de la inferencia, del nexo causal entre indicio y hecho presumido, sin la cual la prueba no existe (Montero Aroca, 2012, pp. 34 y 35). Es decir, el derecho de presunción de inocencia en materia penal, al margen de las particularidades del ordenamiento jurídico español, puede traducirse en exigencias directas acerca del razonamiento probatorio. Así, la presunción de inocencia tiene una clara función probatoria (véase; Valenzuela Saldías, 2013, p. 16; Reyes Molina, 2012, p. 231). Y ellas parecieran incompatibles con enjuiciamientos brevísimos donde se produce apresuradamente la actividad probatoria que exige, para dar cumplimiento a esta garantía, una compleja valoración probatoria de parte del juez. Por ello se dice, con justa razón, que el derecho de presunción de inocencia impacta directamente a la obligación del tribunal de razonar la prueba por exigirlo así, además, el derecho de tutela judicial y el control recursivo de la decisión para verificar la operatividad de la citada garantía (Gimeno Sendra, 2008, p. 75). El proceso penal debiera dejar espacio y tiempo suficiente para reunir y considerar toda la evidencia relevante que sea posible, eliminar las distracciones irrelevantes y sopesar cuidadosamente la evidencia de cada lado (Bibas, 2012, p. 111). Y ello incluye, por supuesto, el desarrollo de audiencias de preparación de juicio con una duración adecuada que permita un debate serio, especialmente, en lo que dice relación con la exclusión probatoria.

En este sentido, entonces, la ultraceleridad de las audiencias puede afectar al despliegue de la función cognitiva de la jurisdicción, con importantes repercusiones para la vigencia de la garantía del derecho de presunción de inocencia y, por extensión, para el derecho de defensa del imputado.

En efecto, según Horvitz Lennon y López Masle (2002, p. 227), el derecho de defensa comprende genéricamente el derecho a ser oído, lo que supone el derecho a conocer el contenido de los cargos que se imputan y los antecedentes que los fundan a objeto de ejercer adecuadamente su derecho a defensa y a formular los planteamientos y alegaciones que convengan para ella (Castro Vargas, 2010, p. 63). Ella se contempla en los artículos 14 Nº3 del Pacto Internacional de Derecho civiles y políticos y el artículo 8 Nº 2 de la Convención Americana de los Derechos humanos, ambos tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile e incorporados al sistema jurídico interno a través del artículo 5 inciso 2º de la Constitución Política de la República de Chile. En efecto, el artículo 8 Nº 2 c) de la Convención Americana antes citada expresamente señala una garantía mínima en relación con la preparación de la defensa: “c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa”. En igual sentido el Pacto Internacional de Derecho civiles y políticos (1976) dispone que la persona acusada tendrá derecho en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: “a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección” (art. 14, no, 2, b). Aunque tener “tiempo” para la defensa no es igual a indicar que con ello se confiere un derecho al “tiempo” para su juzgamiento, igualmente influye indirectamente como límite de la duración de las audiencias.

Gimeno Sendra (2008, p.129) reconoce en España al derecho de defensa su carácter de derecho fundamental -la Constitución Española (1978) dispone: “todos tiene derecho a la defensa” (art 24, no, 2)- que, en relación con su contenido incluye oponerse a la imputación penal a través de la solicitud y obtención de la práctica de los actos de investigación y la realización de alegaciones, prueba e impugnaciones que considere necesarias para acreditar la inexistencia o atipicidad del hecho, la falta de participación punible en él, la ausencia de responsabilidad o la concurrencia de ciertas circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal. En Alemania se reconoce al imputado el derecho de ser oído conforme a la ley que, como derecho fundamental está garantizado en el artículo 103, 1 de la Ley Fundamental Alemana (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) y también está reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos humanos, conforme al cual la decisiones judiciales sólo pueden basarse en aquellos hechos y elementos de prueba sobre los cuales se les haya ofrecido a las partes la oportunidad de tomar posición (Roxin, 2000, pp. 124-125).

Desde esta perspectiva, los enjuiciamientos de brevísima duración teñidos de ultraceleridad afectan el derecho de ser oído como elemento integrante del derecho de defensa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (1987a), por ejemplo ha señalado que las garantías procesales del artículo 8 de la Convención (incluida la del “plazo razonable”) deben servir “para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” (p. 9). Ello quiere decir, entre otras consideraciones, que la protección del artículo 8 de la Convención vela porque se den las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” (Corte Interamericana de Derechos Humanos,1987b, p. 8). Y, en este sentido, dándose por cierta la infracción al derecho de defensa derivada de los enjuiciamientos de brevísima duración, no es baladí afirmar que este tipo de procedimientos podrían estar infringiendo los términos del artículo 8 de la Convención.

Por otro lado, todo este cúmulo de infracciones particulares denunciadas pueden constituir, en general, una infracción al derecho de un justo y racional procedimiento, el cual se encuentra consagrado en el artículo 19 No 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República de Chile (2005). En efecto, sólo desde el punto de vista de la literalidad del precepto, aparece precipitado, a partir de las consideraciones anteriores, considerar “racional” un enjuiciamiento brevísimo pues el proceso, entre otras apreciaciones, no puede desplegar satisfactoriamente su función cognitiva del ejercicio de la jurisdicción que, a su vez, es presupuesto para el ejercicio adecuado del derecho de defensa en su vertiente material (Sobre el concepto del derecho de defensa formal y material véase; Horvitz Lennon y López Masle, 2002, p. 227). Piénsese para ello, además, acerca de las exigencias del modelo del debido proceso que expuse anteriormente en relación con la fiabilidad de los antecedentes necesarios para entender concurrente el supuesto de hecho de la norma penal como paso previo para imponer su consecuencia jurídica.

Ello es concordante, además, con lo que sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1990) que hace un vínculo entre la garantía del “plazo razonable” y el “debido proceso” al señalar que las garantías del artículo 8 de la Convención buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias, toda vez que se deben observar “las debidas garantías” (p. 8) que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso.

La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución dejó constancia que entendían que las garantías mínimas del debido proceso eran a lo menos: un oportuno conocimiento de la acción por parte del demandado, una defensa racional y adecuada, y la posibilidad de producir las pruebas cuando sea conducente, porque puede haber un proceso de derecho puro, donde no haya ninguna prueba que rendir (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1974, p. 556 ; Carocca Pérez, 2002, p. 24). En este sentido, Chahuán Sarrás (2007) considera que, en el carácter amplio y no agotado de esta garantía, los elementos mínimos del justo y racional procedimiento incluyen entre otras, la vigencia de la presunción de inocencia y de las garantías respecto del derecho de defensa del acusado de una infracción penal (véase además; De la Oliva Santos y Fernández González, 1992, p. 27).

En este sentido, la afectación de los contenidos mínimos del debido proceso está estrechamente relacionado con la perspectiva epistemológica de la jurisdicción, no sólo como condición de operatividad de la misma sino más bien como un elemento propio de la jurisdicción (momento de cognición).

Así, los enjuiciamientos con audiencias de discusión breves atentan contra los contenidos mínimos del debido proceso, especialmente aquellos referidos a la producción de una defensa racional y adecuada, a la presentación de pruebas, recepción de ellas y su examen.

Con todo lo expuesto se ha querido poner de relevancia los peligros o perjuicios que puede traer la ultraceleridad de los enjuiciamientos entendida sobre la base de un excesivo dogmatismo que desemboque en una duración insuficiente de los procedimientos penales. Con ello se puede apreciar más claramente los inconvenientes de la introducción al proceso penal de indicadores objetivos economicistas de medición de sus resultados que, bajo cierto respecto, sus efectos e incentivos pueden generar una infracción de ciertos derechos y/o garantías reconocidos a los intervinientes. Aunque claro, para ello hay que dejar atrás el punto de comparación del procedimiento penal inquisitivo del Código de Procedimiento Penal para pasar a reflexionar sobre los nuevos inconvenientes que originan la instalación y consolidación del proceso penal del Código procesal penal pasado casi 20 años desde su entrada en vigencia.

Conclusiones

Los procesos penales pueden analizarse sobre la base de concurrencia de dos modelos: el enfoque de la eficacia y el enfoque de la garantía. Estos modelos pueden aparecer como antagónicos, pero en realidad no lo son.

Para el Código procesal penal hay una peligrosa asociación entre la rapidez de los enjuiciamientos y la eficacia del sistema. Y ello puede generar perjuicios a los intervinientes, pues evoca, en parte, el modelo de la eficacia.

Aunque es una asociación científicamente imprecisa, el Código procesal penal fue el resultado de un sinnúmero de críticas al sistema inquisitivo. Entre ellas, la excesiva lentitud de los procedimientos que pasó a encabezar el listado de críticas al Código de Procedimiento Penal lo cual priorizó su debate. De esta forma el esfuerzo de los actores se centró en combatir la lentitud de los procedimientos, más que debatir acerca de la duración razonable que debían exhibir los procesos penales del nuevo Código procesal penal.

En este escenario empieza a tener importancia la garantía del juicio rápido o a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Con ello se asume tácitamente que sólo los enjuiciamientos de larga duración serán perjudiciales para los intervinientes, sin que exista una reflexión acerca de los perjuicios de los procesos con audiencias excesivamente breves, especialmente en los casos de escasa gravedad atendida a la pena del delito cometido.

Considerando datos estadísticos, hoy en día hace ya casi 20 años de vigencia del Código procesal penal, pareciere ser que los problemas en relación con la temporalidad de los procesos penales vienen de la mano de su brevísima duración o ultraceleridad, por un excesivo dogmatismo en torno a la rapidez del enjuiciamiento, y por mostrarse ello incompatible con la función cognitiva o epistemológica de la actividad jurisdiccional.

Un proceso penal que recoja criterios de gestión económica para valorar su eficacia y validez poniendo el énfasis en la producción de resultados (decisiones finales sobre el caso) presenta el riesgo de servir como herramienta de instalación de un Modelo de Control Criminal, priorizándose éste por sobre el Modelo del Debido Proceso. Además, se pueden favorecer mecánicas mercantiles dentro de los incentivos a la descongestión de la justicia a favor de la rapidez de los enjuiciamientos. Lo anterior puede llevar a la desnaturalización del proceso penal como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de los intervinientes. Los enjuiciamientos con audiencias de discusión breves son incompatibles con la función cognitiva o epistemológica de la actividad jurisdiccional. Ella, no sólo referida a la producción de información respecto de la notitia criminis, sino también como vehículo de generación de información institucionalizada.

La ultraceleridad de los enjuiciamientos puede constituir una infracción al derecho a la prueba, al derecho a ser oído, al derecho de presunción de inocencia y, en definitiva, una infracción general al derecho de defensa y al derecho a un debido proceso.

Sin embargo, todo lo anterior no puede ser advertido si no se deja atrás las contingencias sociales que dieron origen a la reforma procesal penal como forma de modificación estructural del sistema inquisitivo del Código de Procedimiento Penal, con una visión insistente y transigente en contra de la lentitud efectiva de los antiguos procedimientos penales.

Por todo lo anterior se muestra necesario y conveniente debatir sobre la eficiencia del sistema no solo sobre la base de la terminación de las causas sino también sobre la calidad de las decisiones. Y, en relación con lo anterior, es necesario discutir una configuración adecuada de los procedimientos penales actuales, especialmente en aquellos que presentan audiencias de discusión breves, que sean compatibles con la función epistemológica de la jurisdicción, con el derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso, Todo ello para volver a reinstalar el proceso penal chileno,- en toda su extensión y no solo en los juicios de mayor importancia para el sistema-, como vehículo de seguridad de los ciudadanos para la obtención de decisiones terminales justas.

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1Por ejemplo, en relación a los datos del Ministerio Público de Chile, el plazo de días se contabiliza desde el momento en que la causa entra al sistema interno de tramitación (SAF) con el ingreso del parte, del oficio o de querella a la Fiscalía.

2Así, y de manera ejemplar, el derecho a conocer la verdad de lo sucedido se consagra en el artículo 24, no. 2 sobre la Convención sobre Desapariciones Forzadas, artículo 32 del protocolo I de la Convención de Ginebra del 8 de junio de 1977.

Recibido: 28 de Febrero de 2018; Aprobado: 27 de Enero de 2019

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