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Cuadernos de historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0719-1243

Cuadernos de Historia  no.50 Santiago jun. 2019

http://dx.doi.org/10.4067/S0719-12432019000100189 

Estudios

Los pescadores en el litoral central durante los siglos coloniales (siglos XVII-XVIII), memoria e identidad en movimiento

FISHERMEN IN THE CENTRAL COAST DURING COLONIAL CENTURIES (XVII-XVIII CENTURIES), MEMORY AND IDENTITY IN MOVEMENT

Fernando Venegas Espinoza1 

1Universidad de Concepción. Chile

Resumen:

En este artículo, a partir de un estudio microhistórico enfocado en Concón y de la revisión de fuentes originales que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional, se da cuenta de cómo los pescadores, durante el período colonial, desde el trabajo y relaciones que establecieron con su entorno ambiental, fueron construyendo una memoria e identidad singulares. Esta a su vez, pudo conformarse, debido a la valoración económica que otorgaron las autoridades a su labor, como la defensa que, a partir de consideraciones establecidas por el derecho natural, se articuló a partir de la iniciativa del procurador de los pobres del Cabildo de Santiago, debido a los embates que sufrieron de parte de los estancieros, que querían impedir el ejercicio de su labor. A su vez, a través de la teoría de la incertidumbre, se reflexiona críticamente respecto de la tradicional vinculación de los movimientos sociales a los procesos de modernización capitalista.

Palabras clave: pescadores; modernización; incertidumbre; memoria; identidad

Abstract:

In this article, from a microhistorical study focused in Concón, it is reported the way how fishermen during the colonial period developed identity and memory, from the work and the relations they established with their environmental surrounding. This, added to the economic valuation of its work by the authorities and how the defense raised from considerations established by the natural right, led that despite the opposition of landlords and that the Real Audiencia developed numerous real launching provisions of the coastal edge; fishermen were not removed from the coast. In turn, based on the theory of uncertainty, it is critically reflected respect to the association of the social movements with modernization processes.

Keywords: Fishermen; modernization; uncertainty; memory; identity

Introducción

Entre las perspectivas con las que se ha visualizado a los sectores populares durante el denominado período colonial destacan aquellas que han establecido las relaciones entre economía y sociedad, dentro de una cierta lógica procesual de las etapas o momentos en que se encontraría el despliegue de los procesos históricos desde este rincón del Imperio Español, respecto de otros espacios económicos coloniales o de Europa, en donde Inglaterra impulsaba la Revolución Industrial.

Los retrasos de la economía respecto de los centros económicos capitalistas explicarían a su vez el escaso desarrollo no solo de la producción artesanal sino también de los modos de organización de los trabajadores. En razón de lo anterior es que Sergio Grez plantea que la génesis del movimiento popular en Chile está ligada de manera estrecha a la urbanización e industrialización, que tendrán un impulso significativo a partir de la década de 1860. Aunque comparados con aquellos espacios históricos (v.gr., Europa occidental y la Norteamérica anglosajona) impulsores de estos procesos, los que se dieron en América Latina fueron de proporciones modestas, no obstante, “hicieron posible durante la segunda mitad del siglo el crecimiento del artesanado y la formación de núcleos más o menos estables de proletariado minero e industrial. En el cuadro de una estructura económica que permaneció ampliamente dominada por las actividades mineras (que transitaban rápidamente hacia formas más modernas de producción) y agrícolas, el desarrollo de un minoritario, pero significativo sector artesano industrial fue la base material del surgimiento de dicho movimiento” 1 .

Igualmente, Gabriel Salazar considera como un momento de inflexión la creciente apertura económica que vivió Chile a partir de la emancipación, y el consiguiente impacto que tuvo en términos económicos la afluencia de inmigrantes; dicho autor, en este contexto, visualiza a los sectores populares con una gran capacidad de emprendimiento. En efecto, en el siglo XVIII, la expansión económica asociada al ciclo triguero exportador hacia el Perú tuvo una doble consecuencia. De una parte, los hacendados reclutaban individuos de menor confiabilidad (inquilinaje); de otra, compraban, a bajo precio, la producción cerealera de los campesinos independientes o de los pequeños artesanos. Desde esta perspectiva, en los albores del siglo XIX, los verdaderos impulsores de la economía en términos productivos fueron los sectores populares, que posteriormente serían reemplazados por la oligarquía, la cual, con ese propósito, estableció una alianza con los comerciantes extranjeros 2 .

La relación entre procesos de modernización y organización sociopolítica de los sectores populares es la predominante en la literatura sobre los orígenes de los movimientos sociales para Europa y América Latina. Para el primer caso, por razones de espacio, se puede citar esencialmente el clásico trabajo de Eric Hobsbawm, Rebeldes Primitivos, en que reconoce el tratamiento que se le ha otorgado a la sociedad en movimiento en el contexto de la transición capitalista. Su principal preocupación fue dar cuenta no de esa transición, sino de la existencia de ciertos movimientos que denomina como “rebeldía primitiva” o “prepolíticos” en sociedades en vías de modernización, como es el caso de lo que denomina como “bandolerismo social” 3 . Para el caso de América Latina, se han planteado nuevas interpretaciones de los actuales movimientos sociales, pero no para los de la llamada sociedad tradicional 4 . Por lo que nuestra historiografía, desde ese punto de vista, es expresión de las perspectivas analíticas predominantes en este tema.

En relación con estos análisis, en este artículo se propone una mirada diferente: profundizar en las dinámicas sociales y culturales de los sectores populares, más allá de sus capacidades de emprendimiento y de lo que ello pudo significar en términos económicos. A partir de las ideas desarrolladas por Carlos Aguirre siguiendo a Immanuel Wallerstein, parece necesario avanzar desde las perspectivas que han puesto a la historia en trayectorias progresivas o evolutivas, hacia otras en donde lo que se visualiza son más bien escenarios inciertos 5 . En efecto, mirado retrospectivamente, los despliegues históricos se han concebido a través de etapas que van desde lo simple a lo complejo, considerando que avanzar en cierta dirección significa dar un paso hacia adelante, mientras que si no se avanza o se hace en dirección opuesta, o simplemente hacia otro destino, se estaría en una situación de estancamiento o retrocediendo. Ello ha implicado pensar la historia desde un punto en donde supuestamente esta debería llegar y no respecto de hacia donde esta se despliega, ya sea de manera fortuita o planificada. Se trata más bien de múltiples trayectorias posibles que se van abriendo, cada una de las cuales tiene a su vez variados condicionamientos o posibilidades que las limitan o facilitan.

En ese sentido, en este artículo se plantea que el énfasis debería estar puesto en comprender la multiplicidad de posibilidades o de situaciones de despliegue, lo cual sin duda se puede visualizar más claramente cuando, siguiendo las perspectivas de Giovanni Levi, acercamos el lente de observación sobre la realidad; pero si, al mismo tiempo, considerando los planteamientos de Jacques Revel, tenemos en consideración los contextos macro 6 . Pues evidentemente, no se puede desconocer que desde lo general existen dinámicas que permiten entender la realidad particular de lo que estudiamos; como tampoco se puede ignorar que, efectivamente, se dan convergencias y hay ciertas trayectorias que se mantienen por cierto tiempo.

A partir de lo planteado, se analizará de modo específico la situación de una parte de los sectores populares durante los siglos coloniales. Nos referimos a los pescadores. Grupo humano escasamente estudiado por los historiadores, no solo para ese período, sino como actores históricos en general 7 . No es el propósito de este trabajo problematizar cuándo surgen los movimientos populares, sino simplemente demostrar que: 1) los sectores populares no solo se organizaron debido a los procesos de modernización capitalista. El surgimiento de un conjunto de prácticas judiciales en los tiempos coloniales, posibilitadas por el gobierno colonial, favorecieron su organización desde el seno de estas prácticas jurídicas. 2) Al mismo tiempo, ello fue posible a partir de la conformación de grupos que, al interior de los estamentos coloniales, desarrollaron identidad a

partir de su trabajo, espacio y memoria.

Para la elaboración de este artículo se consultaron esencialmente fuentes originales que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional de Santiago de Chile, en el fondo Real Audiencia. Los volúmenes correspondientes al siglo XVII fueron revisados en una aproximación geohistórica al área de Concón en un estudio preliminar 8 . Las fuentes citadas en este trabajo correspondientes al siglo XVIII son inéditas. De hecho, según se nos informó, el original de uno de los volúmenes consultados fue destruido totalmente por la corrosión de la tinta con la que estaba escrito, por su alta concentración de hierro (tinta ferrogálica) 9 . María Eugenia Albornoz consultó documentación referida a la misma problemática, desde la perspectiva de la historia de la justicia –con el que dialogaremos en este artículo–, para los años inmediatamente posteriores a la documentación revisada 10 .

Sociedad en movimiento: lancheros, marineros y pescadores en el Valparaíso de 1825

En el invierno de 1825, en Valparaíso se generó una situación que fue oportunamente valorada por Marcelo Segall –dimensionada igualmente por Sergio Grez Toso–, como la “primera resistencia de los trabajadores que se proyectó con fuerza sobre la correlación política del país” 11 . Muy sucintamente volveremos a relatar acá la problemática, que importa para este trabajo, porque entre los actores comprometidos había pescadores. Grez explica que el problema fue suscitado por dos decretos. Uno que estableció el desarme de los buques de la Escuadra, que no estaban en servicio activo, dejando sin trabajo e ingresos a las tripulaciones, a las que se les adeudaban meses de sueldo que no serían cancelados. Y otro, que en definitiva fue el que provocó el estallido de “un vasto movimiento de protesta ciudadana”: el 19 de agosto se decretó que la carga y descarga de mercaderías del puerto de Valparaíso se realizara por doce embarcaciones del Estado y sus empleados. Con esa medida, los pescadores que hasta ese momento habían realizado esa labor perdían una importante fuente de trabajo. Además, debían matricular sus canoas y mantenerse a una distancia prudente de los buques, para evitar el contrabando. De contravenir las disposiciones arriesgaban diez años de presidio 12 .

Los decretos provocaron gran indignación en Valparaíso, ya que “no solo los lancheros y pescadores se verían afectados, también lo serían los comerciantes y capitanes de buques” 13 . A lo anterior se suma que el gobierno local liderado por José Ignacio Zenteno era opositor al gobierno central, por lo que junto al cabildo, solidarizaron con la gente de mar y demás vecinos afectados. El clímax de esta historia se dio cuando el 30 de septiembre de 1825, cerca de mil personas se congregaron en la plaza San Agustín, acordando no obedecer decreto alguno, además de solicitar la construcción de un muelle, suprimir el impuesto de patentes, el establecimiento de un Tribunal del Consulado y libertad para fabricar cigarros 14 . El resultado de la presión social fue que el general Freire abolió el reglamento y decreto de carga y descarga, por sus graves consecuencias tanto para la “gente del mar” como para el comercio. En tanto, el gobernador Zenteno, por ponerse de parte de la sociedad local, fue desterrado 15 .

Según Sergio Grez, el movimiento en cuestión se trató de una situación excepcional dentro de la primera mitad del siglo XIX, porque participó mucha gente y convergieron múltiples reivindicaciones sociales, tanto de los sectores populares, como de grupos medios y acomodados; confluyó la oposición política del cabildo y gobierno local de Valparaíso al de Santiago; y porque se utilizaron variadas formas de lucha, “desde la realización de asambleas populares, la agitación, la difusión de proclamas, el envío de delegados portadores de las reivindicaciones ante las autoridades, hasta la preparación de una resistencia armada al gobierno central” 16 . Fenómenos similares –asegura– solamente volverían a producirse en Chile el año 1859, “cuando las contradicciones al interior de la clase dominante permitirían la irrupción masiva del descontento popular” 17 . Por su parte, recientemente Gabriel Salazar le ha otorgado una valoración similar a este acontecimiento. A modo de afirmación general indica que las tendencias modernizadoras que surgieron en ciertos sectores productivos de la economía nacional respecto de las relaciones laborales, “contribuyeron en mayor grado a la formación de una clase productora laboral propiamente tal…”, destacando en ese proceso, el trabajo de carga y descarga en los puertos chilenos a partir de 1824 y el desarrollo, a partir de 1845, de un sector industrial metal-mecánico moderno 18 .

Entre los múltiples acontecimientos del pasado, y con mayor razón si este es más lejano, solo podemos volver a reconstruir algunos en el presente y de manera parcial, porque estamos limitados por las fuentes de las que disponemos. Sin embargo, es obvio que si para cierto período y en relación con determinadas situaciones las fuentes guardan silencio, esto perfectamente puede llevarnos a concluir cierta excepcionalidad de un hecho o su relevancia.

Ahora bien, si no puede dudarse de la singularidad de este movimiento social en relación con ese momento histórico y más puntualmente, con la problemática de la que estaba dando cuenta Sergio Grez, como es el surgimiento de un movimiento popular como actor histórico, si invertimos la pregunta y nos preguntamos por aquellas razones más específicas que explican el problema en cuestión, llegamos entonces a los pescadores en su cotidianeidad, con su identidad y memoria, forjada en espacios y tiempos concretos. Entenderemos identidad, como la conciencia que adquirió este grupo de su singularidad y características distintivas; y memoria, como la capacidad de retener y recordar el pasado .

Encontramos entonces un tejido social que se fue urdiendo con la misma paciencia que sus redes y en la dureza de sus vidas. Se trata de un fragmento de la sociedad visualizado en sus múltiples movimientos. La pregunta es si podemos reconstituir parte de la memoria de estas comunidades para el período colonial. Y de ser así, ¿podríamos entender de otra manera la movilización del 30 de septiembre de 1825?

“Patrones de Pesca” y el conflicto con los hacendados durante el siglo XVII

A partir de los albores del siglo XVII, los estancieros de Concón (actual región de Valparaíso), intentaron, a través de diversos mecanismos, que fueron desde la negociación y la vía judicial hasta la coacción, la expulsión de los pescadores que desarrollaban su actividad económica en el borde costero. Para ello fueron respaldados por la Real Audiencia, que a partir del 23 de febrero de 1618 determinó repetitivamente su lanzamiento. El caso de Concón es relevante por ser uno de los principales puntos de pesca en el área de Valparaíso, y porque si bien se trata de una microsociedad, puesta en un contexto más vasto, es evidente que representa una de las expresiones de una problemática más amplia. Desde ese punto de vista, las actuaciones de los pescadores en agosto de 1825 podrían tener parte de su fundamento en experiencias similares a las que vamos a presentar.

Como ya lo enunciamos en el título de este apartado, para el siglo XVII una de las principales características de las relaciones sociales en la zona fue el conflicto entre una suerte de patrones de pesca y los terratenientes. Para efectos de este trabajo, entenderemos como patrones de pesca aquellas personas que conducían las embarcaciones y dirigían la actividad pesquera de una embarcación o de varias en particular, que podían ser de su propiedad, de algún socio o de una sociedad. En las fuentes revisadas hasta ahora, queda claro que trabajaban esencialmente con indígenas, pero no estamos seguros de que haya sido gente con experiencia previa o dotada de una cultura especializada en ese oficio, y de haber llegado a serlo, no corresponderían a nativos locales, pues en un estudio anterior ya fue evidenciado que la mayoría de los indígenas pescadores del área fueron exterminados durante la conquista o desplazados por la misma. Se trata entonces de personas de ascendiente español que se van a dedicar a esta actividad por ser parte de su acervo o de sus intereses, y que se sirven de mano de obra en los términos en cómo se disponía de esta en el período: como indígenas de encomienda, esclavizados en la frontera del Biobío o arrendados .

1

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta de Archivo Nacional Histórico, Real Audiencia, vols. 2277 y 2258.

En 1618, por ejemplo, Diego Hernández solicitó a la Real Audiencia que el propietario de Concón, Pedro de Recalde, no le impidiese la pesca. Por el contrario, en 1629 fue el terrateniente, Pedro de Recalde, que en una declaración y pedimento de ejecución dirigido a la Real Audiencia, explicó que sus mayordomos le indicaron que Juan Leiva, en compañía del capitán Antonio Hidalgo, “con quince indios”, se sitiaron a pescar en la boca del río Aconcagua, con lo cual le estaban provocando una serie de daños. En 1670 se sugiere una situación distinta, que anuncia la lógica que tendrá el conflicto en el siglo XVIII, pues el hijo de Pedro de Recalde abrió un juicio contra Lorenzo González de Soto y “otros compañeros suyos” que habían hecho “ranchos para vivir” y “sementeras” en la caleta de Cochoa, cercanos a sus viñas y vivienda. Para 1690, Jerónimo Zapata de Mayorga, en nombre de su mujer, se queja que Jerónimo Venegas, en un barco a cargo de Juan Pinto, con “indios y mozos”, estaba pescando en Cochoa dañando con ello de manera irreparable su terruño 21 .

1

Fuente: elaboración propia.

El principal argumento de los terratenientes para oponerse a la pesca fue que no era posible se realizara esta actividad sin dañar los bienes o la producción de su propiedad. En diciembre de 1611, por ejemplo, Pedro de Recalde, en nota elevada al Corregidor de Quillota, capitán Francisco Matías del Hierro, explica que Diego Hernández pretendía “poner pesquería y citar su gente en la boca del río de Quillota que era en medio de sus viñas y almendrales y solo a fin de hacer mal y daño”, ya que únicamente tenía salida deshaciéndole la cerca que tenía puesta en los dichos almendrales y viña, y deshecha la dicha cerca “entrarían por ella muchos bueyes y caballos y lo destruirían de manera que todo se perdería”. Esta argumentación se reiteraría de manera invariable en el tiempo. En 1629, Pedro de Recalde, en una declaración y pedimento de ejecución que dirige a la Real Audiencia, contó que había sido avisado por mis mayordomos como Juan de Leiva en compañía del Capitán Antonio Hidalgo con quince indios se han sitiado a pescar en el dicho río junto a mí mismo corral de vacas con cantidad de caballos y perros que ellos tienen y dichas personas que los vienen a buscar… con que los ahuyentan de la principal engorda en que los tengo… de que se me sigue notorio daño y perjuicio no solo a los dichos ganados [sino también a] las dichas heredades 22 .

A partir de los menoscabos indicados, Recalde solicitó una Real Provisión y un decreto que estableciese el lanzamiento de las personas que estuviesen afincadas en ellas con el “pretexto” de dedicarse a pescar, “por el grande perjuicio que se sigue a mis haciendas y ganados y engordas”, y que se les expulsase “con sus indios y carretas y que no se aloje ni sitúe en una legua desde la boca del dicho río…”. Los herederos de Recalde, hacia 1670, abrieron un proceso judicial por las mismas razones, pues a pesar de las reales provisiones libradas en su favorpor la Real Audiencia, de nuevo los pescadores se habían sitiado “en las dichas caletas y particularmente en una que llaman Cochoa cercana a mis viñas y casa de vivienda”. Se trataba de Lorenzo González de Soto y de “otros compañeros suyos”, que habían hecho “ranchos para vivir” y “sementeras”. También nombró a Alonso Jeria y sus hijos. En virtud de lo anterior y de los “irreparables daños” que asegura causaban, solicitó a la Real Audiencia su lanzamiento 23 .

En 1690, Jerónimo Zapata de Mayorga, defendiendo los intereses de su mujer, propietaria de la hacienda de Concón, Nicolaza de Arrandolasa y Recalde, se extendió largamente respecto de los numerosos “autos”, “decretos provisionales” y “mandamientos de lanzamiento” a los pescadores que habían pretendido introducirse en “la boca del río de Quillota” y en las caletas adyacentes. Ahora se había entrado en sus tierras Jerónimo Venegas con un barco a cargo de Juan Pinto, “y con dichas personas indios y mozos”, que le causarían “irreparable perjuicio así en los frutos de dichas viñas por ser [muy] tempranos en su maduro como de los ganados mayores y menores que en dicha estancia se contienen con inmediación a los dichos parajes siendo todo destruido por la dicha gente, sus perros y cabalgaduras y demás entrantes…”. Indicó además que, entre las personas que pretendían “guardar las dichas viñas y ganados”, y los pescadores y demás agregados, “se habían originado graves pendencias y debates sobre que se han seguido pleitos dilatados en esta Real Audiencia” 24 .

La defensa de los pescadores tuvo dos momentos. Hasta el segundo tercio del siglo XVII, la preocupación se centró en demostrar que la actividad pesquera no provocaba daños a los propietarios ribereños. También se buscaron salidas alternativas, procedimiento que pudo haber sido más habitual de lo que se deja traslucir en la documentación, de manera que cuando no se lograban o no se buscaba establecer acuerdos, se podría haber llegado a una judicialización de la situación. En efecto, en 1629 por ejemplo, Pedro de Recalde realizó a un convenio con Juan Leiva. En el texto que se conservó se indica que

por cuanto me ha [significado] Juan de Leiva el grande gasto que ha hecho en el barco y redes que hizo para pescar en este puerto de Concón y caletas y que de impedirle y quitarle la dicha pesca era de gran daño y destrucción suya; por lo cual presto con sentimiento para que el dicho Juan de Leiva se sitúe en la caleta de don García que está en mis tierras y de allí pesque, con condición que ninguna persona de fuera admita consigo en la dicha caleta ni en mis tierras y que el pescado que cogieren no lo pueda dar ni vender a ninguna persona en el término de mis tierras por el dicho perjuicio y que si sus indios me hicieren algún daño en los ganados caballos [o en otra] hacienda me lo ha de pagar con las costas de la cobranza… la mitad para la causa de su majestad y la otra mitad para mí y esta [admisión] le hago de aquí al mes de febrero del año que viene de seiscientos y treinta (…) 25 .

En estos acuerdos, el propietario busca salvaguardar sus intereses y establecer restricciones temporales a la pesquería.

El segundo momento es bastante significativo, pues marca un cambio importante en el discurso de defensa de los pescadores, anunciando lo que ocurrirá durante el siglo XVIII. En efecto, en el proceso de 1670, Joseph Collart, Regidor, Fiel Ejecutor y Procurador de la ciudad de Santiago, incorporó argumentos en su amparo que serán utilizados en lo sucesivo por ellos o por sus defensores. Collart señaló que a pesar de los numerosos fallos adversos, “se ha de servir V.A. demandar que el dicho Don Jerónimo Zapata y las demás personas que tienen sus estancias citas al mar no impidan el uso de las pesquerías a las personas que se destinan a este ejercicio ni les embaracen el que en las riberas del mar puedan fabricar sus cabañas para su habitación imponiéndoles las penas para ello convenientes”. Argumenta que ello debía ser así,

por lo general de derecho y porque hallara V.A. que el mar y su ribera es común a todos los hombres y que pueden con libertad entrar y salir en él y ejercitar la pesquería sin que se les pueda impedir por persona alguna por ser así que por la naturaleza de ser común […] conservando el primitivo ser que por derecho de las gentes se le hubiese por vertido pues de la misma fuente que en sus principios fueron todas las cosas comunes, aunque respecto de muchas cosas se invirtió la naturaleza permitiéndose el señorío de ellas, en particular el mar y sus riberas la han conservado y conservan= y así es lícito a cualquier persona el que pueda libremente ejercitar la pesquería en ellas y fabricar sus cabañas en las riberas que el mar contiene cuyas términos se extienden hasta la mayor distancia, que alcanzan sus aguas, en el plenilunio de marzo o equinoccio de otoño, o en los meses y tiempos que en nuestras Indias corresponde a los referidos sin que lo que en dichas riberas se fabricó se pueda devastar por persona alguna ni los pueda … menos en caso que el mar los haya destruir … en cuyo supuesto, el dicho don Jerónimo Zapata ni otra persona alguna puede justificadamente impedir las pesca en las riberas del mar aunque con ellas confinen sus estancias 26 .

El procurador argumentó además que no era válido afirmar que tenían ganada la ejecutoria para que no se pudiese ejercitar la pesquería en la ribera de Concón, “porque la excepción de lo juzgado, se destruye por ser así que no debe tener subsistencia siendo contra el derecho natural y de gentes”; “porque el interés particular no puede anteponerse al interés común”; “porque hasta la ribera del mar como las caletas hasta donde…aguas en su mayor creciente tienen términos comunes y en ellas no puede recaer merced alguna”; y por “no ser de sustancia el decir que con la entrada y salida a las dichas caletas y riberas del mar se ocasionan a la parte adversa graves daños en sus mieses y ganados” 27 .

Este discurso se fortaleció a su vez por la posición que asumió el gobernador de Chile frente a la problemática. Así se deja entrever en el último proceso sobre la pesca en Concón que encontramos para el siglo XVII. Los testigos comparecientes al juicio indicaron que en una de las etapas del conflicto, Juan Hurtado habría sacado “un decreto de el señor Maestre de Campo don Joseph de Garro, Caballero de la Orden de Santiago del Consejo de su Majestad, Gobernador y Capitán General del Reino, presidente de su Real Audiencia, para que pudiese en virtud de dicho decreto entrar a las Caletas del dicho mar a pescar”, documento que Zapata desestimó por las numerosas provisiones favorables que le había hecho la Real Audiencia 28 . Se trata de una situación importante, porque es la primera fuente en que consta que el gobernador actuó con un criterio diferente a la Real Audiencia en esta materia, sentando con ello también un precedente favorable que podría llevar al empoderamiento de los pescadores en el futuro. Situación similar encontramos respecto del uso de los pastos y de las palmas 29.

Como ya ha sido señalado, salvo en un fallo de 1618, en que la Audiencia determinó que no se prohibiese la práctica de la pesca en Concón, posteriormente todos los fallos fueron a favor de los terratenientes. ¿Por qué entonces se siguió desarrollando la actividad pesquera en la zona? Habría que considerar las condiciones especiales para la pesquería de este espacio. No es casualidad que cuando Frezier visitó Valparaíso, indicara que la gran pesca de ese puerto se hacía en Concón 30.

fig1 Mapa del espacio geohistórico en el que se desenvolvieron los pescadores de Concón. 

tab1 Situaciones de carácter judicial que involucraron a los pescadores de Concón entre 1750 y 1794 

“Gremio de Pescadores” y el conflicto con los hacendados durante el siglo XVIII

En el siglo XVIII, el conflicto entre quienes desarrollaban la pesca en el litoral de Concón y los dueños de las propiedades contiguas se exacerbó. Los fallos de la Real Audiencia que determinaron el lanzamiento de los pescadores fueron sucediéndose regularmente a lo largo del período. Después del dictado en 1692, que ya revisamos, sabemos de otros seis: del 8 de septiembre de 1750; 21 de agosto de 1762; 23 de marzo de 1763; 12 de diciembre de 1770; 23 de septiembre de 1793 y 3 de abril de 1794. Todos ellos tuvieron como antecedente el primer fallo, del 7 de marzo de 1618, “en el que se había prohibido a los pescadores entrar a pescar en la embocadura del río de Quillota, por los perjuicios que provocaban a la dicha hacienda y a sus planteles”. Se aplicó la jurisprudencia ateniéndose a lo establecido en el Titulo 17, Libro 4º de Castilla, en donde se establecía que “cuando algún pleito fuese determinado en la Audiencia, por sentencia dada en grado de revista, sea luego tal sentencia ejecutada y llevada a ejecución con efecto, en todo y por todo” 31 . En todos estos casos, la reiteración de los fallos es demostrativa: los pescadores habían llegado para quedarse.

Profundizando en algunas de las argumentaciones de los procesos, podemos señalar que en 1762, el ahora “gremio de pescadores de Concón”, se presentó ante “el superior Gobierno”, solicitando se les permitiese seguir adelante con su actividad económica. Las razones esgrimidas fueron múltiples: el derecho natural, el largo tiempo que desarrollaban la actividad, lo cual les otorgaba memoria e identidad; los problemas de abastecimiento de pescado que se provocaban al prohibir la actividad tanto en Santiago como en Valparaíso; y un argumento nuevo, la violencia del propietario ribereño y su condición de pobreza:

El capitán Francisco Delgado, Pedro Flores. Por sí y en nombre del Gremio de Pescadores del Puerto y caleta de Concón, parecimos ante V.A. y decimos que la pesca en dicho puerto o caletas es tan antigua como la conquista del este Reino y aunque no lo fuera es principio elemental de derecho que a los pescadores no se les pueden [embarazarse] la entrada y uso de las playas y riberas de los ríos para el uso de las pescas o para cualquier otro ejercicio por ser dichas playas y riberas comunes y destinadas al uso público contra lo que hasta lo presente no sea ofrecida ni disipada por persona alguna sino es solo por el dueño que hoy lo es de la estancia de Concón General Don Francisco Cortes y Cartavio, que impide la entrada a dicho puerto y aún se quiere hacer dueño y señor absoluto a despojado de su propia autoridad aquellos pescadores que tienen su habitación y casas en la misma playa del mar a costa de un incesante trabajo y [crecido] costo para reparárselas de las olas e inundaciones de dicho mar queriéndose el dicho general don Francisco apropiar para sí toda la playa contra el beneficio común y también contra el abasto del público de esta ciudad por ser el lugar [de] donde ocurre el mayor número de pescadores a vender todas las semanas y abastecer esta ciudad como así mismo del puerto de Valparaíso y principalmente por el tiempo de Cuaresma y afín de evitar el dicho Don Francisco este abasto público y lo principal para creerse dueño de toda la playa a compelido con amenazas y armas a los pescadores para que no entren ni salgan a dicho puerto y para que quemen sus casas y ramadas que [en] él tienen fundadas de más de treinta años a esta parte pues a mí Pedro Flores que habrá cuarenta años que vivo en dicha playa en ejercicio de pescador me mandó con gran aspereza y con palabras injuriosas que quitase luego mi casas y porque le repliqué por qué era aquella crueldad echó mano a una pistola diciendo que destaparía los sesos y mandó a un criado suyo tomase un tizón y pegase fuego a mis casas lo que no tuvo efecto por la interpelación y lágrimas de las pobres mujeres que las exponía a perecer quemándoles sus trastecillos y demás bienes. Pero en odio de este le dio palos a un hijo mío porque iba por el camino para mi casa y le quitó el poncho [que] con él se ha quedado hasta el presente y después entró en casa de otro pescador y no habiéndolo encontrado en ella, se llevó un pellón y una hacha y porque el referido está cometiendo notables excesos y agravios a todos los pescadores con perjuicio del público con toda razón y derecho se ha de servir V.S. de mandar que el dicho General don Francisco bajo una grave multa se abstenga de semejantes operaciones y que no inquiete ni perturbe en la posesión y uso público de dicha playa y que no se atraviese de obra con nosotros por ser unos pobres, y que si tuviese que pedir use de su derecho en este superior gobierno mandándoles así mismo que devuelva el poncho pellón y hacha que se ha quitado a los pescadores (…) 32 .

Reforzando la idea de que trabajaban en esas playas “desde tiempo inmemorial”, Delgado y Flores solicitaron que el corregidor de la villa de San Martín de la Concha (Quillota), notificase a Cartavio, “no nos impida la entrada y salida a dicha playa bajo de la multa de quinientos pesos” y que tampoco los ofendiese “ni de obra ni de palabra” 33 . Los pescadores que integraban el gremio al que se alude fueron Luis Durán, Santiago [Tureu], Pedro Flores, Domingo Turku, Pedro Verdejo, Miguel Fuentes, Manuel Figueroa, Gregorio […], Manuel González, [Juan] Briceño, Joseph González, Manuel Pizarro, Pedro Figueroa, Pablo González, Juan Flores, Segundo Flores, [Soriano] Flores, Gregorio Flores, Joseph Carvajal, Bruno Briceño, Matheo Briceño, Fernando Robles, Pedro Romero, Ramón González, Nicolás Geria, Juan [Ingos], Felipe Robles, Timoteo Briceño, Francisco [Aliende] y Francisco Torres. Estas treinta personas se declararon “pescadores y dueños de canoa”, ubicados en la estancia y playa de Concón” 34 .

2

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta de Archivo Nacional Histórico, Real Audiencia, vols: 2150, 2258 y 3237.

Fuente: elaboración propia.

El 14 de septiembre de 1762, el gobernador de Chile, Antonio de Guill y Gonzaga, ordenó se diese traslado a Cartavio de la causa que se había levantado compeliéndolo a que dentro de ocho días compareciese ante el superior gobierno a dar explicaciones. En la primera nota que Cortés dirigió a las autoridades indicó que Faustino Morales había pasado a notificarle de “cierta providencia” en la que se establecía que “los pescadores pudieran libremente habitar las playas de dicha hacienda y sus caletas para el beneficio de la pesquería”. Señaló que estando en Viña del Mar, a dos leguas de distancia, su mayordomo le hizo ver a Morales que no podía dar por sentado que el dueño de las tierras se diese por enterado, observaciones que este desestimó. Según Cortés, esa forma de proceder de la autoridad había “inviolentado de muerte a los pescadores y a todos los demás que con este título se han querido introducir, que me tienen poblada toda mi dicha hacienda”. El terrateniente, con los antecedentes de las reales provisiones libradas por la Real Audiencia en su poder, más lo aprendido como corregidor, expresó que comprendía “que los términos de la Real Provisión” que le habían comunicado no eran “ni los que expuso el comisionado, ni los que han comprendido los pescadores”; que estaba seguro “se expediría a ejemplo de lo juzgado con los pescadores en San Antonio y en los términos generales que prescriben las leyes, sobre la libertad de pesca”. No obstante, puntualizó que su hacienda era de “distinta naturaleza” y que sobre ella, “había cosa juzgada por esta Real Audiencia en sentencia de vista y revista”, en cuya virtud, el año pasado de 1762 se había mandado por el Superior Gobierno, “fuesen lanzados todos los que con pretexto de pescadores ocupasen las tierras de dicha mi hacienda de la boca del río hasta la caleta de Cochoa, pagando cánones de los arrendamientos que hubiesen causado”. En virtud de lo anterior, pidió que le fuese librada una nueva Real Provisión en los mismos términos, “sin que sobre ella se admita escrito, ni otro algún recurso de los pescadores”. También señalaba que debía tenerse en consideración el mal procedimiento del corregidor de la Villa de Quillota, “a quien a mayor abundamiento lo acuso por haber causado toda la presente revolución, con haber mandado de su propia autoridad publicar bando, en que declaró ser libre y facultativo, a todos los que quisieren dedicarse a la pesca, gozar de las tierras inmediatas a la ribera del mar, cada uno una cuadra, sin pagar arrendamiento”, procedimiento que tildó de “sospechoso” 35 .

En otra nota dirigida al gobernador de Chile, Francisco Cortes y Cartavio, que había adquirido las haciendas de Concón y Viña del Mar en 1759, hizo una detallada relación de la situación que encontró en Concón cuando compró la propiedad. Explicó que, al tomar posesión de las tierras, “hallé viviendo en ellas sobre sesenta familias, que unos pagaban arrendamientos y otros vivían de balde por [consentimiento] de los administradores que había tenido dicha hacienda”; que “por los ruegos que los dichos me hicieron” los había dejado en dichas tierras, “con estipulado arrendamiento de las… siembras y ganados que en ellas tienen”. El acuerdo fue que “habían de ayudar a las precisas faenas de la hacienda quince días en cada año en esta forma: tres en las siembras, tres en las sacas de pangue, tres en los rodeos y matanzas, y tres en las haciendas de trigo y tres en las vendimias y conforme a este ajuste que es bien moderado con respecto a las tierras que gozan cumplieron los más pagándome el arrendamiento y asistiendo a las faenas”. Aseguró que había otros que se no habían pagado nada y que además estaban “tan inviolentados que no quieren salir de ellas ocasionándome inexplicables perjuicios y graves daños y robos…” 36 . Según detalló, el mismo daño lo habían experimentado las plantaciones de cáñamo, y el ganado, pues le eran hurtados. Por último, indicó que varias veces había recurrido al corregidor del valle y le había requerido que le pagasen el arriendo y saliesen los pescadores de sus tierras, pero que no había conseguido nada 37.

Como adelantamos, los pescadores fueron lanzados en agosto de 1762 y en marzo de 1763. El fallo de 1762 obligaba a que el corregidor de Quillota exigiese el pago de los arriendos a quienes lo adeudaban y a que luego “sin la mayor dilación salgan de las dichas tierras” 38 . No obstante, los pescadores estaban dispuestos a no acatar la Real Provisión, y la aplicación de la misma fue limitada por muchas razones.

En primer lugar, como ha dado cuenta María Eugenia Albornoz, lo primero que se debe tener presente es que los pescadores son súbditos de la corona, definidos desde su pobreza y miseria, sujetos con derecho a una protección particular, que debía ser asegurada por las autoridades y sus representantes judiciales. Ello nos permite acceder a sus reclamos, denuncias, pues era obligación de la autoridad, en cuanto eran súbditos de la corona, resguardar sus derechos y justicia. Lo anterior se expresa en los apoyos que a la causa de los pescadores otorgaron el procurador del Cabildo de Santiago y el gobernador de la Capitanía General; o bien el corregidor de Quillota 39 . Con todo, no es suficiente considerar solamente la conformación de una cultura judicial, ni menos la protección particular que debía ser asegurada por las autoridades, en tanto que los fallos de la Real Audiencia serán sucesivamente desfavorables a los pescadores. En este caso, y según lo estudiado por Pablo Camus y Rodrigo Hidalgo, el marco judicial colonial buscó garantizar la práctica de la pesca, no solo a partir de la condición de miseria y pobreza, sino por ser parte del derecho natural 40 .

En segundo lugar, también es importante destacar los cambios que se fueron produciendo en la forma de desarrollar la actividad, lo cual se constata con claridad en los procesos judiciales. En el siglo XVII dominaron la escena los “patrones de pesca”, mientras en la centuria siguiente fueron los gremios de pescadores. En el primer caso, se trató de españoles o criollos, pertenecientes al llamado segmento intermedio de la sociedad colonial, que se dedicaron a la actividad pesquera en aquellos bordes del litoral con las aptitudes económicas más favorables. La pesquería la desarrollaron principalmente con indígenas. En consecuencia, las fuentes indican que quienes se dedicaban a esta actividad no integraban solamente el estamento más bajo de la sociedad. Es más, a comienzos del siglo XVIII, esta actividad era impulsada también por los propietarios ribereños 41 . Para mediados del siglo XVIII, en cambio, los gremios corresponden a un conjunto de personas que ejercía una misma actividad y pertenecía a un estamento común: en este caso, todos sí eran parte de lo que se ha denominado como el bajo pueblo o sectores populares, de hecho, se definen desde su condición de pobreza. En el caso de Concón, si los cálculos de Cartavio no son interesados, pues lo estima en sesenta familias, podría haberse tratado como mínimo y sin exagerar de unas doscientas personas las que se habían asentado en ese lugar. La mayor presencia de pescadores en este lugar fue posible a su vez por un menor control de los hacendados sobre la propiedad 42 . El mismo Francisco Cortes y Cartavio asegura que cuando tomó posesión de ella, en 1759, se encontró con que su anterior mayordomo había permitido que se asentaran numerosas familias. Esa tenencia dio pie a que los pescadores consideraran todavía más legítima su permanencia allí. Las observaciones que posteriormente realizará Ambrosio Higgins sobre la importante concentración de poblados de pescadores en el litoral desde Copiapó hacia el sur dan cuenta de que este proceso estuvo lejos de ser una situación aislada.

En este punto, y en tercer lugar, había que reflexionar en lo que implica la conformación de un gremio en términos sociales y culturales. Al tratarse de un grupo de personas de una condición social similar, que viven de su trabajo, en un espacio determinado, claramente debió conformarse entre ellos una identidad y memoria común. Y uno de los elementos importantes de esa memoria fueron las dificultades que debieron enfrentar para desarrollar su labor, independientemente de la posibilidad de judicializar los abusos de los que eran objeto. En el siglo XVII, los enfrentamientos fueron entre los trabajadores de los hacendados y los indígenas que laboraban con los “patrones de pesca” y residían en el borde litoral, en tanto el propietario y el dueño de la embarcación se enfrentaron en tribunales. En cambio, para el período en cuestión, son entre el terrateniente y el gremio de pescadores. Es decir, de un estamento sobre otro. Ciertamente que el gremio de los pescadores no es un anticipo de las organizaciones políticas que conformarán los sectores populares en la segunda mitad del siglo XIX, pero su organización surge primero desde su trabajo, identidad y memoria que construyen con su entorno espacial, y luego, en el marco de las prácticas jurídicas que permitió el contexto colonial y a partir de los abusos de poder de los potentados. Como veremos, en tanto el marco judicial no les permitió romper su vulnerable condición frente a ellos, aunque eso fuese no porque el sistema así lo amparase sino por cómo los poderosos se las arreglaban para burlarlo, los pescadores también van a actuar fuera de lo permitido por el marco judicial colonial, como un mecanismo de resistencia.

En efecto, la convergencia de un conjunto de situaciones llevó a que si bien los fallos de la Real Audiencia les fueron desfavorables, los pescadores fueran sintiéndose validados en su posición frente al terrateniente y en términos sociopolíticos. Contribuyeron a ello, los excesos en los que incurrió Cartavio. El gobernador Francisco Javier Morales se refirió a esos abusos en un proceso seguido por Francisco y Tomás Morán sobre restitución de unos esclavos 43 . Según explica, Morán había interpuesto una querella contra Cortés ante el corregidor de Quillota, “por habérsele quemado los remos de una canoa en que había estado pescando en el lugar que llaman la Isla, no del dominio del dicho Cartavio,embargándole el pez que conducía para su expendio, redes, petacas y otros varios muebles, conduciéndolo todo a su estancia o habitación, y arrestado en ella misma al referido Morán llevando para estos hechos uno que dijo ser teniente o comisionado pero siendo en realidad el juez y ejecutor dicho Cartavio”. Morales agregó que, independiente de la causa seguida en la Real Audiencia sobre el derecho a pescar en las caletas de Concón, y “sabiendo que Cartavio estaba acostumbrado a ejecutar estos y otros muchos excesos y atropellamiento con los pobres miserables pescadores, sobre que [hay] repetidas quejas cuando pasé a visitar los Castillos [de] Armas y Municiones de el Puerto de Valparaíso”, llegando a la capital y enterado que Cortés y Cartavio no prestaba el menor obedecimiento, lo había condenado a la devolución de las especies embargadas a Morán, cuyo monto una vez calculado, se rebajó por las apelaciones de Cartavio, de “trescientos cuarenta y tres pesos cinco reales” a “doscientos cincuenta pesos”. Morales decía que el hacendado había puesto un laborioso pleito al “infeliz Morán”, por lo que le había negado su apelación. Pensaba que ello contribuiría a una rápida solución del problema, pero en realidad había ocurrido todo lo contrario, pues un hijo del enunciado Cartavio con el ejemplo de su padre por razón y causa de la pesca dio en estos días pasados una atroz herida a un pobre partiéndole la palma de la mano que tengo vista y creo perderá infaliblemente sobre que hay causa criminal pendiente en este Gobierno: de suerte que me veo ya precisado a tomar otras más sendas providencias para contener tan irregulares procedimientos 44.

Frente a estos oprobios, los pescadores, que ostentaban un temperamento forjado en la dureza de su trabajo, no se amilanaron. Es ilustrativo leer sus declaraciones a propósito de una acusación que se les hizo de haber querido destruir la casa patronal de la hacienda a principios de 1771, después de que se les comunicó que debían abandonar las tierras. Tomás Morán, de edad de más de treinta años, que como ya contamos, sufriría el robo de sus bienes por Francisco Cortés, señaló que no había participado del intento de incendio de la casa patronal, “por haberse hallado en Valparaíso esa noche”, y afirmó ser “cierto que les han notificado la Real Provisión y que no ha obedecido y se ha mantenido allí donde lo hallé: con su ramada trastes y canoa”. Tampoco “había ocurrido a pedir venia ni licencia para dentrar a vivir ni pescar y que lo había hecho de su espontánea voluntad y que no sabía que ninguno hubiese ocurrido a pedir al dueño de la hacienda licencia para vivir ni pescar”; finalmente aseguró “que de su espontánea voluntad está viviendo allí y pescando y que todos los demás han cortado maderas y sembrado chacras de su propia autoridad”. Otro testigo, Gabriel González, señaló “que hallándose este declarante en la caleta grande oyó decir que el jueves once del corriente tarde de la noche habían venido de porción de gente a las casas del amo de la hacienda y que en ella había [pleiteado su hijo] Pablo González y Manuel Figueroa y Bruno Briceño que eran unos de los que venían en el tumulto […]. Agregó que “era cierto que se les había notificado orden de la Real Audiencia que saliesen de las caletas los que no fuesen arrendatarios en la Hacienda o estuviesen con permiso del amo y que el declarante se quedó allí por estar a pie y despachó a su mujer al puerto (de Valparaíso) y que los demás no han obedecido”. Afirmó que Cartavio siempre había permitido libremente la pesca a quienes le pedían licencia y que, tras la notificación del lanzamiento, “no les ha hablado palabra y que ninguno ha querido ocurrir a pedir licencia”. Finalmente, tal como lo declararon los otros pescadores expuso “que sabe que todos los que querían de su espontánea voluntad se [entraban] a vivir y cortar maderas para ranchos y ramadas y pescar para ellos…” 45.

Debido a que conoció directamente su realidad, el gobernador Ambrosio Higgins va a defender con mayor consistencia argumentativa a los pescadores. En una larga carta dirigida a la Real Audiencia fechada el 3 de diciembre de 1793, se extendió detalladamente en el análisis de la problemática que los afectaba. Explicó que a fines del año 1788, en que había tomado posesión del mando, había emprendido una visita general de los partidos septentrionales del Reino de Chile, no reconocidos hasta entonces por gobernante alguno. El objetivo general de esa empresa era “aumentar en ellos la agricultura, promover el comercio, excitar la industria y desagraviar a los particulares que se hallaren quejosos o perjudicados por las justicias subalternas o de los poderosos que en todas partes oprimen a los pobres y desvalidos”. Higgins señaló que había hecho todo “cuanto el amor a la justicia le imponía”, respondiendo a los “desvelos e intenciones de Su Majestad”, sobre la singular queja que le hicieron “los pescadores de estas inmensas costas que por trescientas leguas corren desde el partido de Copiapó hasta Valparaíso”. Aseguró que “en casi todas partes me representaron los impedimentos, las trabas y embarazos” para pescar, y “la asombrosa opresión y violencia que les hacían los dueños de las haciendas que tocan con ellas”. Pudo constatar que “en unas les imponían contribuciones haciéndoles ofrecer una parte de la pesca como primicias de un campo que les pertenece”. En otras, “les prohibían absolutamente practicarla”, y para encubrir este exceso, “les exigían arrendamientos subidos por el piso de las playas” 46.

El futuro Virrey del Perú señaló que “penetrado mi corazón” de ese desorden, determinó dar varias providencias para “fomentar y allanar” el uso libre de la pesca. No obstante, sabía que esas medidas eran parciales y que aliviaban, pero no curaban el mal que se padecía. Por ello, apenas regresado a Santiago “después de siete meses de peregrinación”, expidió una orden en que, “declarando por incontestable la facultad de pescar en todas partes, hice entender de uso común las playas y que para quitar las dudas que más generalmente habían ocurrido… inteligencia y extensión, debían tenerse por tales no solo los terrenos que baña periódicamente el agua del mar sino cien varas más arriba de la más alta marea”. Indicó que para esta declaración no solo tuvo presente el ejemplo de algunas “gentes de Europa” en que se había adoptado esta máxima a favor de los pescadores, “que como aquí son perseguidos por los poderosos”, sino también “la pura necesidad de no hacer ilusorio el derecho de las playas denegando a los hombres un terreno en que existir libres de las olas y tener a cubierto los instrumentos y efectos de su loable ejercicio”. Higgins afirmaba en aquella carta que desde ese entonces, esta medida se practicaba “sin contradicción alguna” con utilidad del público y “señaladamente de esta Capital”, ya que desde entonces, “abundó en ella el pescado de manera que se hizo inútil la tarifa” 47.

Tal como se venía dando ya desde fines del siglo XVII, las disposiciones del gobernador, para el caso de Concón, por lo menos, entraron en abierta contradicción con los fallos de la Real Audiencia, y que en este caso, volvió a reiterar en 1793 y en 1794. En Concón, la paradoja fue todavía mayor, pues Higgins respondió favorablemente una solicitud del subdelegado de Quillota, el licenciado Blas Lucero, de establecer un pueblo de pescadores. La primera respuesta de Ambrosio Higgins fue:

A su tiempo comunicaré a Usted la resolución que se tomase sobre establecimiento de un pueblo en Concón de que me trata en carta de doce del corriente. Y entre tanto, cuidará usted, de que conforme a lo que tengo declarado generalmente a favor de los pescadores no se ponga a los del mismo Concón, y demás de la costa de este partido, embarazo alguno para construir y habitar sus ranchos o barrancas en ella [en] cien varas más arriba de la más alta marea, y que tampoco se impida a las pobres gentes, por distantes que residan el que se acerquen a las playas para colectar marisco, luche o cochayuyo y demás efectos marítimos con que se alimentan celando que al pretexto de esta franquicia se causen perjuicios a los hacendados y castigando a los que ejecutaren con designio de… conforme a las reglas de las justicias que deben distribuirse y administrarse con equidad. Dios guarde a usted muchos años, Santiago, marzo 28 de 1791. Ambrosio Higgins de Vallenar 48.

En virtud de “tan benigna y paternal” determinación, el 5 de abril de 1791, el subdelegado de Quillota ordenó que se publicase en los lugares públicos acostumbrados, dirigiéndoles una copia a los diputados de las costas y a la de la villa Santo Domingo de La Ligua, “para que cada uno en la parte que le toca, haga guardar, cumplir y ejecutar lo declarado, sin consentir en el menor disimulo”. En el asiento de placilla de La Ligua se hizo el 10 de abril, “ante dieciséis pescadores que se hallaban y más de cuarenta almas de vecindario y en presencia de don Vicente Puga, mayordomo de la Hacienda de Pullalli”.

En la villa Santo Domingo de Rozas se hizo el 17 de abril, tras mandar “citar a todos los pescadores más inmediatos a esta jurisdicción”, y en presencia de “más de seiscientos hombres”, se les comunicó la providencia “que a su favor y al de todas las gentes había mandado despachar el muy ilustre presidente gobernador…”. ¿Y en Concón? Según el documento con el que contamos, la disposición se habría dado a conocer el 18 de agosto de 1793, esto es, dos años después. Se hizo en forma de bando en tiempo de misas y en presencia de “mucha gente” 49.

La receptividad y reacción de los pescadores a estas noticias, como se puede inferir, fue absolutamente opuesta a la de los terratenientes. Francisco Cortés y Cartavio había muerto en 1790, de modo que quien recibió la comunicación fue su hijo Diego Cortés y Madariaga, el nuevo propietario de la hacienda de Concón. En una nota del 26 de octubre de 1793 dirigida a Alderete, Cortés dijo que no tenía “obligación de escuchar, ni obedecer providencias del subdelegado sobre el particular”, pues el caso estaba radicado en el tribunal de la Real Audiencia, que como sabemos, siempre había favorecido a los terratenientes. De hecho, unos días antes, la Real Audiencia le había vuelto a despachar una Real Provisión a su favor. De vuelta en su hacienda, volvió a limitar el ejercicio de la pesca.

Acogiendo las denuncias realizadas por los pescadores, el subdelegado de Quillota las remitió además al gobernador, acompañadas de una nota del juez de las pescas de Concón, Narciso Bernal, en donde este explicaba los obstáculos que desplegaba Cortés para usar el “camino de la pesca” que “iba por la orilla del río”, porque pasaba “por la puerta de su casa”, impidiendo “que dentre la gente que comercia bastimentos para nuestra manutención”. Indicó que Cortes se oponía arrendarles tierras para sus animales, con los que conducían “el pescado para alimento” de Santiago 50.

Las cartas enviadas desde Quillota fueron revisadas por el fiscal de su majestad, Dr. Pérez Uriondo, quien insistió en que debía cumplirse lo proveído por el gobierno con respecto a los pescadores en abril de 1791, agregando que a Narciso Bernal se le mantuviese el arriendo de tierras para sus cabalgaduras. También consideró una “falta de respeto” la actitud de Cortés, a quién se dio plazo de ocho días para que compareciese en Santiago a “dar razón de su conducta”. Señaló que no podía escudarse en una Real Provisión, añadiendo que “no era creíble” que la Real Audiencia hubiese decretado el despojo de los pescadores, “porque las playas por derecho natural son comunes a todos los hombres según la L 3ª tít. 28 Part. 2ª, y mucho más, cuando el uso que se hace de ellas redunda en provecho de la República”. Agregó que lo que la Real Audiencia debió mandar “es que los pescadores no se introduzcan en los predios vecinos ni hagan daño en ellos: que es cosa muy distinta de lo que se manda por… cuyo ánimo ni es tampoco el de fomentar, sino antes evitar perjuicio de los hacendados conciliando la indemnidad de estos con el alivio de aquellos” 51.

Por su parte, Higgins se mostró sorprendido de la respuesta de Diego Cortés de Madariaga, solicitando a la Real Audiencia se le hiciesen llegar las Reales Provisiones que el hacendado aseguraba le había proveído para tomar una determinación adecuada. Higgins explicó que, “una noticia tan extraña como inesperada me tuvo en estado de resolver hacer traer aquí a Cortés para castigarle con toda la demostración que correspondía a la audacia inconsideración y arrojo que manifestaba en su carta original que me acompañó el subdelegado y que su modo de producirse era insólito para mí y no tenía ejemplar de que algún habitante de este Reino se hubiese jamás expresado con una arrogancia tan bárbara…”. Entonces consultó al Fiscal, que le respondió, como apreciamos más arriba, “que contestando, no dudó en resolverse a negar el hecho de la Provisión que había sentado Cortés y afirmar le era increíble [se] hubiese expedido en los términos que él decía”. Higgins consideró muy juicioso el dictamen del fiscal, pero para estar seguro, pidió a la Audiencia le informase del contenido de la Real Provisión “pues imbuido yo de aquel fundamento que aquella podría haber dado a Cortés, graduaría también por su contexto la excusa que podía prestarle”, o la “gravedad de su exceso”. También para ver la diferencia entre la providencia del tribunal y la suya .

A la solicitud de Ambrosio Higgins, se acompañó un documento del Fiscal, en el que solicitaba a la Audiencia que se constituyera en real acuerdo, para discutir sobre esta ardua materia y resolverla “con mejor acierto” 53. Paralelo a estas disquisiciones, los pescadores de Concón volvieron a ser lanzados, en virtud de la Real Provisión dictada por la Real Audiencia el 23 de septiembre de 1793. El 16 de diciembre, su juez de pesca, Narciso Bernal, elevó una dramática carta a las autoridades. En ella decía que debido al lanzamiento, debieron desamparar sus ranchos, por lo cual estaban “pasando mil enfermedades al rayo del sol por no hallar donde acogerse por la [pensión] de no pagar veinte y cinco pesos de multa que se les impuso a cada uno de ellos si dentro del término de ocho días por mandato del Sr. Alcalde no salían de los ranchos…”. Suplicaron entonces se les permitiese volver a sus habitaciones, porque se encontraban en “suma inopia”, pues eran “unos pobres constituidos a un mero trabajo aun en peligro de nuestras vidas pues nos hallamos con una crecida familia sin más amparo que la esperanza que nos sirve de que como nuestro padre se ha de servir V.S.” 54.

fig2 Extensión de los pescadores en el litoral de la gobernación de Chile, hacia 1790. 

tab2 Situaciones de carácter judicial que involucraron a los pescadores de Concón entre 1750 y 1794 

Reflexiones finales

Como lo evidencian los estudios de María Eugenia Albornoz, Pablo Camus y Rodrigo Hidalgo, el fallo de la Real Audiencia del 20 de mayo de 1794 no fue el final de esta historia 55. Sin embargo, es posible realizar algunas reflexiones a partir de propuesta de análisis en la que situamos este artículo. En primer lugar, volviendo de nuevo al movimiento de 1825 del que nos da cuenta Sergio Grez, que tuvo como principales protagonistas a los pescadores de Valparaíso y Concón, evidentemente que la singularidad del mismo en el tiempo se relativiza. No se trata de acumular más antecedentes sobre los precursores de lo que desde la segunda mitad del siglo XIX va a ser denominado como movimiento obrero. Pero es evidente que es necesario ampliar la comprensión de por qué la sociedad se moviliza, incluso en el contexto de las llamadas sociedades tradicionales. En el caso de los pescadores, la historia acá explicada según lo asegura el mismo Higgins estuvo lejos de ser una excepción. Fue una problemática que cruzó la historia del litoral de la entonces gobernación de Chile, desde la desembocadura del río Copiapó al río Maule aproximadamente.

Si bien este estudio sugiere que la práctica de la pesca se desplegó en la adversidad no solo por la fuerza de los elementos sino también por la oposición de los propietarios ribereños, igualmente hubo espacios o posibilidades para que esta se desenvolviese. Y no solo porque hubiese autoridades dispuestas a propiciar el desarrollo de esta actividad económica. En ocasiones fueron los mismos terratenientes o administradores de los terruños quienes la facilitaron, voluntaria o involuntariamente, con o sin limitaciones. Relevante en el caso estudiado fueron las condiciones que se dieron para la gran concentración de población en el borde costero de Concón, lo que permitió ciertas condiciones de estabilidad para el arranchamiento de los pescadores y de sus familias.

Sobre las múltiples barreras que impusieron los hacendados a esta actividad, este estudio da cuenta de la vigencia de la tesis de Gabriel Salazar sobre la capacidad de emprendimiento de los sectores populares, y las restricciones que sufrieron de parte de los grupos dominantes a sus actividades económicas 56 . Aunque en este caso las consecuencias de aquello no fueron necesariamente que la gente de mar fuese desplazada de sus tareas y obligada a emigrar en búsqueda de nuevos horizontes. Primero, porque las restricciones judiciales no significaron una limitación absoluta a la actividad, pues estas medidas no tenían únicamente efectos a nivel de las economías domésticas de los pescadores, sino también, sobre el abastecimiento de productos del mar en las poblaciones de Valparaíso y Santiago. Por lo tanto, como lo indicó Higgins, era de interés público que no fuese limitado su ejercicio. Segundo, se aprecia que si bien la composición del Estado es oligárquica, no necesariamente, para entonces, está actuando exclusivamente como expresión de los intereses de esa oligarquía, sobre todo si estos están por sobre el denominado bien común. En este sentido, es muy interesante constatar la diferencia de pareceres y de toma de decisiones entre el gobernador y sus representantes locales, frente a la Real Audiencia. ¿Por qué, aplicando las mismas leyes, unos defienden a los pescadores y los otros a los terratenientes? Más allá de cuánto supuestamente se están ajustando a derecho los fallos, habría que avanzar hacia estudios como los de Michel Bertrand para México, buscando desnudar redes de relación con sus consabidas influencias asociadas 57.

Desde la perspectiva de los estudios sobre historia de la justicia, a partir de las consideraciones que ha venido desarrollando María Eugenia Albornoz, se constata que las posibilidades de acción eran múltiples, y en ningún caso unidireccionales, desde arriba hacia abajo. Tanto era posible se acogieran las demandas de los grupos dominantes, como también de los sectores populares, en donde las situaciones no llegaban a resolverse de manera definitiva, sino que siempre estaba la posibilidad de estar litigando. Parece importante subrayar que para las autoridades el argumento más importante para facilitar la pesca fue el del derecho natural, en tanto para los gremios de pescadores –a partir de la segunda mitad del siglo XVIII–, fue su condición de pobreza.

Aunque nuestra perspectiva puede ser errónea, pensamos que algunos de los aspectos de este conflicto podrían explicarse la luz de “la economía moral de la multitud” desarrollado por Edward Palmer Thompson 58, al menos en los aspectos que tienen que ver con una cultura o costumbres de los pescadores, con ciertos atributos singulares. Sin duda, los caracteres de quienes se dedicaban a la agricultura o la ganadería eran diferentes de los que vivieron de la minería o de la pesca. Las actitudes o comportamientos de los pescadores no obedecían solo a una cultura exclusivamente plebeya, pues en esta historia fue importante el discurso y la determinación adoptada por las autoridades. Lo mismo en lo relacionado con la frontera entre lo correcto e incorrecto, legítimo e ilegítimo, si consideramos que los pescadores fueron defendidos a partir de las consideraciones del derecho natural. En ese caso, se trata de una situación distinta a la del “aparaguayamiento” estudiado por Mauricio Rojas para la frontera del Biobío 59. Ciertos aspectos podrían relacionarse con cómo los grupos subalternos, a pesar de vivir en una situación de dominación permanente, resisten a través de múltiples mecanismos que generan un discurso clandestino, según como lo ha analizado James Scott; discurso oculto que en ciertas coyunturas se hace público 60.

En definitiva, volviendo al episodio de 1825 resaltado por Segall, Grez y Salazar, no fue casual que los pescadores porteños se levantaran contra la medida de la autoridad que establecía que la carga y la descarga de mercadería se realizara solo por doce embarcaciones del Estado y sus empleados. Contaban con una memoria de resistencia, pasiva y activa. Y es que frente a situaciones en que se ponía en riesgo su patrimonio e identidad, en el pasado, no fue algo excepcional que un grupo de pescadores enfrentaran a quienes los estaban avasallando. Pudieron hacerlo mediante los recursos legales que proporcionaba el Estado colonial, pero también pudieron hacerlo a través de acciones de resistencia.

A su vez, no fue algo nuevo que hubiese convergencia de situaciones. Así como en este caso el Cabildo y el gobernador de Valparaíso se alinearon con los pescadores y ciudadanía porteña, como pudimos constatar, en los siglos coloniales, también hubo convergencia de criterios o pareceres: desde los gobernadores, pasando por los corregidores y/o subdelegados y sus representantes, llegaron a validar las demandas de los pescadores, oponiéndose en ese caso, a los intereses de los hacendados.

En definitiva, siendo indudable que el avance del capitalismo, al generar procesos de proletarización, explica en lo general el surgimiento de los movimientos sociales como los que a posteriori de esta historia se desarrollaron en las salitreras o en centros urbanos como Santiago o Valparaíso, parece ser igualmente cierto que explicar la sociedad en movimiento solo a partir de esa perspectiva, es insuficiente, especialmente cuando al observar los conflictos a una escala microhistórica, se constata cómo conmociona a las sociedades locales dimensionar que su comunidad, relaciones laborales, contexto ambiental, identidad y memoria, están siendo amenazados. Desde ese punto de vista, y guardando las proporciones obvias con las movilizaciones sociales de los últimos años 61, sin duda que entre estas y las de los pescadores en cuestión, hay un sustrato común.

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1Grez, 1998, p. 751.

2Salazar, 1988, pp. 40-41.

3Hobsbawm, 1983.

4La literatura al respecto es infinita. A modo de ejemplo podemos citar: Molina y Caicedo, 2012, pp. 211-250.

5Las perspectivas son desarrolladas por: Wallerstein, 2004. Por su parte, Aguirre elabora sus reflexiones en Aguirre R., 2004, pp. 126 y ss.

6Revel, Jacques, 2011, pp. 15-26.

7En sucesivos pie de página se dará cuenta de investigaciones referidas a los pescadores y a la pesquería. Para el período que abarca esta investigación, destacamos el artículo de: Camus e Hidalgo, 2017, pp. 97-117. Pablo Camus y Rodrigo Hidalgo, con otros investigadores, han realizado un conjunto de publicaciones sobre esta temática, especialmente para el período republicano. Por razones de espacio, las citamos en la bibliografía.

8Venegas E., 2000, p. 46; Venegas E., 2005, pp. 74-85; Venegas E., Ávalos y Saunier, 2011, pp. 212-222.

9Se trata del siguiente proceso: Archivo Nacional Histórico, Real Audiencia: “Francisco Cortes y Cartavio, autos con Tomás Durán sobre derecho a esclavos, 1771”, vol. 3237, Pieza 31ª, 123 fs. Al respecto, revisar, por ejemplo: Betancor, 2012.

10Albornoz, 2014, pp. 122-167.

11Grez,1998, op. cit., p. 202.

12Ibid, p. 198.

13Ibid.

14Ibid, p. 200.

15Ibid, p. 201.

16Ibid.

17Ibid.

18Salazar, 2016, pp. 461-463.

19Al respecto, consultamos: De Zan, 2008, pp. 41-67.

20Venegas E., 2005, op. cit., pp. 76-80. La presente síntesis fue realizada a partir de la revisión de los siguientes procesos judiciales: Archivo Nacional Histórico, Real Audiencia: 1) “Blas Lucero y otros, Causa sobre erección de un pueblo de pescadores en Concón, 1791-1794”, vol. 2277, Pieza 2, 69 fs.; 2) Jerónimo Zapata Cortes, “Causa con Juan Hurtado. Sobre derecho a pescar en las caletas de la estancia de Concón de propiedad de los herederos de Pedro de Recalde, 1691”, vol. 2258, Pieza 1, 46 fs.

21Venegas E., 2005, op. cit., pp. 76-80. La presente síntesis fue realizada a partir de la revisión de los siguientes procesos judiciales: Archivo Nacional Histórico, Real Audiencia: 1) “Blas Lucero y otros, Causa sobre erección de un pueblo de pescadores en Concón, 1791-1794”, vol. 2277, Pieza 2, 69 fs.; 2) Jerónimo Zapata Cortes, “Causa con Juan Hurtado. Sobre derecho a pescar en las caletas de la estancia de Concón de propiedad de los herederos de Pedro de Recalde, 1691”, vol. 2258, Pieza 1, 46 fs.

22Ibid.

23Ibid.

24Ibid.

25Ibid, p. 83.

26Ibid.

27Ibid, p. 84.

28Ibid.

29Venegas E., 2009, pp. 42-104.

30Frezier, 1902, pp. 106-107.

31Venegas E., 2005, op. cit., p. 85.

32Archivo Nacional Histórico, Real Audiencia: “Francisco Delgado con Diego Cortés y Madariaga, causa sobre impedirles la pesca, Concón, 1793”, vol. 2150, pieza 6, 41 fs.

33Ibid.

34Ibid. En un testimonio del 15 de enero de 1771, se da cuenta del inventario de los bienes de uno de ellos, que es sugerente respecto de su cultura material: “primeramente un par de petacas con un canoa […], tres pares de zapatos para mujer y unos para hombre, ocho varas dos tercias de bayeta de la tierra en pedazos, dos varas y media de pañete, cuatro libras de azúcar, unas tijeras, dos pedazos de tabaco, unas balanzas con una pesa, cuatro redes viejas, doscientos pejegallos y pescadas entre frescas y secas. Con lo que se cerró dicho inventario…”.

35Ibid.

36Ibid.

37Ibid.

38Ibid.

39Albornoz, 2014, op. cit., pp. 159-166.

40Camus e Hidalgo, op. cit., pp. 97-117.

41Villada Fernando, causa criminal contra Cristóbal Zapata, sobre derecho a pescar en las caletas de la estancia de Concón de propiedad de los herederos de Pedro de Recalde, 1691, Real Audiencia, vol. 2258, pieza 1, 46 fjs.

42Ibid.

43Archivo Nacional Histórico, Real Audiencia: “Francisco Cortes y Cartavio, autos con Tomás Durán sobre derecho a esclavos, 1771”, vol. 3237, pieza 31ª, 123 fj.

44Ibid.

45Ibid. El paréntesis es nuestro.

46Ibid. Sobre esta visita, ver: Barros Arana, 1999-2005, pp. 9-37.

47Ibid.

48Ibid.

49Ibid.

50Ibid.

51Ibid.

52Ibid.

53Ibid.

54Ibid.

55Albornoz, 2014, op. cit., pp. 152-158; Camus e Hidalgo, 2017, op. cit., pp. 97-117.

56Salazar, 1988, op. cit.; Salazar, 2009.

57Bertrand, 2011.

58Thompson, 1995. Siguiendo la deconstrucción que hace de este Carlos Aguirre, lo comprenderemos como “el conjunto de fuerzas y de mecanismos de regulación y autorregulación que, establecidos a partir de la ética y moral populares, –que no es la ética cristiana, sino desde los códigos de la vasta y rica cultura popular–, fijan la barrera entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo aún aceptable y lo intolerable, para determinar así, en el momento de la ruptura del pacto social entre clases antagónicas, o en la situación de quiebre del equilibro social al interior de las propias clases populares, los objetivos, la lógica del comportamiento y las formas en general de las acciones concretas de la multitud, es decir, del conjunto de las clases, sectores y grupos subalternos de una determinada sociedad”, en Aguirre R., 1991, p. 19.

59Rojas G., 2007, pp. 23-56.

60Scott C., 2003, pp. 20 y 264.

61Al respecto, revisar por ejemplo: Salazar, 2016, op. cit., pp. 160-193.

Recibido: 01 de Febrero de 2019; Aprobado: 04 de Marzo de 2019

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