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Cuadernos de historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0719-1243

Cuadernos de Historia  no.51 Santiago dic. 2019

http://dx.doi.org/10.4067/S0719-12432019000200033 

Estudios

Nación, majestad y soberanía en el nuevo Reino de Granada entre 1810 y 1830

Nation, majesty and sovereignty in New Kindom of Granada between 1810 and 1830

Juan David Echeverry Tamayo1 

1Universidad de Antioquia. Colombia

Resumen:

Al analizar el proceso de construcción de Estados independientes en Latinoamérica surge de inmediato una pregunta determinante: ¿cómo superar la perspectiva nacionalista con que se ha abordado la descomposición monárquica española, la cual desencadenó la aparición de las repúblicas americanas? Uno de los mayores problemas de este paradigma historiográfico es afirmar que todas las entidades políticas surgidas tras 1810 constituían una proto-nación esperando una oportunidad para ganar su autodeterminación al estilo de la Ilustración y la Revolución francesa, encerrando el proceso en los prototipos historiográficos del mundo anglo-francés. Así, el objetivo de este trabajo es investigar las herramientas usadas por el mundo hispánico para afrontar el advenimiento de la nación y la soberanía moderna. Para rastrear la evolución de dichos procesos se utilizarán discursos políticos, pronunciamientos de cuerpos políticos, instituciones gubernamentales y periódicos, que den cuenta de los profundos cambios vividos en la época. Todo esto en un intento de conectar el caso neogranadino con lo ocurrido en el conjunto de la nación española, pues es indudable que a lo largo y ancho del Imperio se sufrió al mismo tiempo un masivo proceso de fragmentación cuyo carácter no fue aislado.

Palabras clave: nación; independencias latinoamericanas; Estado-nación; identidades nacionales

Abstract:

When analyzing the process of construction of independent states in Latin America, a decisive question immediately arises: how to overcome the nationalist perspective with which the Spanish monarchical decomposition has been addressed, which triggered the appearance of the American republics? One of the major problems of this historiographical paradigm is to affirm that all the political entities that emerged after 1810 constituted a proto-nation waiting for an opportunity to gain its self-determination in the style of the Enlightenment and the French Revolution, enclosing the process in the historiographic prototypes of the Anglo-French world.Thus, the objective of this work is to investigate the tools used by the Hispanic world to face the advent of the nation and modern sovereignty. To track the evolution of these processes, political speeches, pronouncements from political bodies, government institutions and newspapers will be used to account for the profound changes experienced at the time. All this in an attempt to connect the neogranadino case with what happened in the whole of the Spanish nation, since there is no doubt that throughout the Empire there was a massive fragmentation process at the same time whose character was not isolated.

Keywords: Nation; Latin American independences; nation-state; national identities

Introducción

Uno de los mayores desafíos al estudiar las independencias latinoamericanas radica en no preconcebir este período como la consumación de proyectos nacionalistas planificados, producto de problemáticas de larga data. En realidad, el proceso de emancipación de la antigua América española nace fruto de una contingencia que desestabilizó todo el orden jerárquico de la monarquía española. Se puede decir entonces, que las independencias se asemejan más a una guerra civil que a una guerra entre naciones claramente diferenciadas, enmarcándose en un proceso mucho más amplio de desintegración del Imperio español. En consecuencia, las naciones son la consecuencia y no la causa de las independencias, por lo tanto, en el momento independentista asistimos más a una disrupción en la continuidad de la simbología y estructura del poder, expresada en la majestad y la soberanía, que a una primavera de la autodeterminación de los pueblos en el sentido liberal o wilsoniano.

Con esto en mente, el presente artículo pretende exponer cómo las invasiones napoleónicas, el movimiento juntista y la llegada del liberalismo político a España afectaron la concepción de la majestad y la soberanía en el Nuevo Reino de Granada, provocando la desarticulación del orden jerárquico y una ardua discusión sobre cómo construir una nación política que asegurara la independencia del virreinato frente a la acción de cualquier potencia extranjera, sin por ello poner en riesgo la libertad y soberanía de los diferentes cuerpos políticos que lo conformaban. Con este fin, se comenzará exponiendo los principales paradigmas historiográficos en Colombia y su influencia a la hora de pensar la nación. Se continuará exponiendo cómo funcionaba la monarquía y la majestad en los albores de las revoluciones, con el objetivo de presentar los cambios que estos conceptos sufrieron desde 1810 hasta 1830, en una dinámica que generaría las bases para instaurar el nuevo tipo de soberanía que dio origen a la Gran Colombia. Por último, se explicará de qué manera las versiones étnicas e históricamente reduccionistas de la nación pueden distorsionar nuestro entendimiento sobre la manera en que se erigían y articulaban las sociedades modernas tempranas, al crear una falsa oposición entre lo regional y lo nacional, donde el prerrequisito para formar un Estado-nación consolidado es casi siempre un proceso donde la nación se impone sobre lo local, en una especie de ingeniería social desde arriba destinada a eliminar el regionalismo.

Cómo pensar la nación, influencia de los paradigmas en la historiografía colombiana

Es evidente que al momento de investigar las independencias latinoamericanas no podemos desvincular los procesos a ambos lados del océano, debido a que se trata de un hecho que trasciende las fronteras nacionales y se inscribe en un contexto más amplio, enmarcado en el deterioro de un proyecto de agregación iniciado por Castilla en 1516, el cual dio paso a otros tipos de agregaciones nunca vistas. Prueba de la conexión mencionada es que tanto en Santa Fe como en Cádiz entre 1810 y 1812 se realizaron múltiples intentos de reinventar la monarquía, dejando en segundo plano la tradición imperial defendida por los ilustrados, con el fin de reemplazarla por principios nacionales y constitucionales que al fracasar en la metrópolis aceleraron la descomposición de la monarquía compuesta. Esta situación se combinó con la antigua posibilidad de los reinos españoles de tener una conciencia propia al interior de la monarquía, presente desde hace siglos en lo profundo de la composición misma del pacto social en España, enormemente matizado por la presencia de fueros especiales regionales 1 . De allí que para 1808 ya existieran relaciones de dependencia e independencia entre la nación española y sus diferentes cuerpos políticos, en una dinámica que hizo mucho más fácil pensar en la formación de naciones nuevas en España, en comparación con la monarquía portuguesa y su tendencia a concebir sus territorios como un todo unificado.

¿Pero por qué las pequeñas identidades culturales y regionales jugaron un rol tan determinante en la desintegración del Imperio español? En cierta medida, la configuración política de España posibilitó el establecimiento y permanencia de áreas bastante autónomas entre sí, las cuales respondían a ciertos intereses económicos (recursos naturales, vías comerciales, etc.) o a circunstancias demográficas y políticas, que dotaban a los habitantes de estas comunidades del autoconocimiento de sus posibilidades y del lugar que ocupaban en el entramado monárquico. El Imperio se organizaba de una manera que no privilegiaba la coerción absoluta en busca de garantizar la unidad, en una dinámica que lo acercaba más a la democracia que al despotismo total, pues dejaba una ventana abierta para la acción de los comunes quienes marcaron en distintas ocasiones la historia de España (las revoluciones comuneras).

Las entidades políticas que reemplazaron el dominio español en América fueron producto de un conflicto extendido a lo largo del continente, cuya experiencia configuró las identidades colectivas que surgieron en los distintos territorios que se encontraron en guerra. Así, las identidades se vieron fortalecidas y politizadas por los vínculos generados en el campo de batalla por aquellos soldados que sobrepasaron las masivas deserciones y las muertes causadas por enfermedades o heridas, creando así lazos de lealtad e identidad extraídos de las penurias de la guerra, los cuales comenzaron a definir quién formaba parte de la comunidad y cuál era el alcance de esta, en una dinámica dominada por el ciudadano en armas y la ciudadanía inmediata 2 .

En este orden de ideas, la grancolombianidad fue inicialmente una identidad interiorizada por veteranos que se involucraron en los esfuerzos patrióticos, la cual con el paso del tiempo y en respuesta a la precariedad de la lucha tuvo que ser extendida (al menos en el papel) a todos los hombres (sin importar su origen étnico o cultural). Con ello, la posibilidad de obtener ciudadanía se convirtió en el estandarte para hacer triunfar la causa de la emancipación, en repetidas veces comprometida por el carácter de guerra civil que tomó la refriega en América 3 . No es de extrañar que sea en 1816 cuando Bolívar abre su idea de la nación colombiana a extranjeros, indígenas y negros, con el objetivo de atraerlos a sus reducidos ejércitos. A efectos prácticos, estas guerras proporcionaron el mosaico de héroes, símbolos, mitos y leyendas necesarios para construir naciones que apoyasen al nuevo Estado que estaba por surgir, debido a que su aparición estuvo sujeta desde el principio a coyunturas inesperadas y no a un largo proceso de descontento planificador.

En consecuencia, cuando se crearon cuerpos depositarios de la soberanía flotante a causa del Vacatio regís provocado por la invasión de Napoleón y la dimisión de la familia real, no se planteó convertir al pueblo en una nación que de por si no existía, sino que se le dotó de la capacidad de encarnar la majestad del rey. Situación que provocó una serie de disgregaciones y reincorporaciones en cuerpos políticos nuevos, quienes veían la nación como un elemento de unidad de cara a las potencias externas, pero con poca influencia sobre las diversas soberanías que la componían. Se podría decir que este fue un proceso de articulación de la soberanía monárquica en su tránsito a la república, que no solo debe medirse por su conclusión sino por las múltiples opciones “imaginadas” que se tuvieron en cuenta durante la coyuntura independentista.

¿Pero, qué consecuencia trajo analizar este acontecimiento histórico solo por sus resultados? La respuesta más visible en la historiografía del continente es la creencia omnipresente en la imposibilidad de establecer valores democráticos reales y justicia social, en una sociedad que es concebida como enferma desde un principio por la herencia colonial no superada. Esta visión legitima y perpetúa la violencia en tanto forma de acción política, dada la intolerancia y unanimidad impuesta permanentemente para intentar consolidar el Estadonación. Cabe preguntarse entonces: ¿qué referentes usamos para argumentar dicha incapacidad? Sin duda es un cuestionamiento que ha preocupado a no pocos autores, pero que en la mayoría de las ocasiones ha implicado el uso de anacronismos y acomodos incompatibles de sistemas de explicación de la sociedad, la historia y la política moderna.

Un ejemplo claro es la aceptación idealista de la definición de Estado- nación burocrático moderno de Max Weber, usada por las ciencias sociales (sin atender al hecho de que este concepto es cambiante) para instaurar una “conceptualización absoluta e intemporal de Estado que se aplicó a todas las épocas anacrónicamente” 4 . Esta dinámica deja como única perspectiva de análisis para Hispanoamérica el fracaso total del intento de aplicar las leyes europeas en el continente, dado que en última instancia no se pudo construir fuertes estados de derecho.

Se rastrea por doquier la inexistencia de un Estado todopoderoso y perpetuo con una soberanía indiscutible sobre un territorio, pero se obvia que su implantación en América estuvo marcada por la necesidad de imaginar formas de institucionalización política de la sociedad nunca vistas, destinadas a apuntalar la opción republicana de gobierno. Una muestra empírica de esta dinámica es que para muchos de los contemporáneos, si bien “[n]adie ha dudado de la ventajosa utilidad de la unión general del reino (…) todos conocen la necesidad de un legítimo congreso, no solamente proyectado, sino fielmente establecido por el voto libre y espontáneo consentimiento de los pueblos (…) observándose el derecho de gentes, pueda la uniformidad lograr el justo concierto de todas las voluntades (…)” 5 , la realidad estuvo matizada por un conjunto muy elevado de confrontaciones que impidieron a los nuevos Estados obtener la autoridad necesaria, para garantizar el respeto de las leyes y concentrar en torno a si la lealtad de la población.

No basta con decir que se trató de una transferencia de la soberanía del rey al pueblo, en un remplazo de titular que aseguró la continuidad de las estructuras del Estado, puesto que en paralelo se configuró in situ un sujeto de la soberanía y una manera desconocida de representarlo, sin contrariar una tradición de legitimidad religiosa e incorporación. En este sentido, el gran número de contingencias históricas ocurridas desde la invasión francesa de España e indirectamente de su extensión imperial, exigió edificar una trama alternativa para el mantenimiento de la cohesión social, puesta en duda por la inexistente legitimidad del gobierno colaboracionista. De allí partió un momento marcado por los pronunciamientos y Juntas convocadas y dirigidas por cuerpos políticos, antes dependientes de un riguroso escalonamiento que dictaba la posición y atribuciones de cada una de las partes de la nación española, las cuales vieron como su antigua organización ya no aseguraba el orden de las cosas amenazando la esencia misma del pacto social.

Por otro lado, es necesario enfatizar el hecho de que todas estas dinámicas no fueron prefabricadas para los contemporáneos, sino que se fueron perfilando a partir de arduas discusiones realizadas en “periódicos, tertulias, la guerra y procedimientos de representación popular como elecciones y pronunciamientos que arrojaron ideas y figuras políticas variadas” 6 . En resultado, en las primeras etapas de la Revolución entre 1810 y 1816, el federalismo rompió el orden territorial jerárquico, mediante el ejercicio propio de la soberanía por parte de los cuerpos políticos de base (pueblos y ciudades subordinadas), tal como lo muestra el siguiente texto extraído de la Gaceta de Colombia, donde se muestra la preocupación por la solidez de los sistemas constitucionales:

La carta constitucional de Francia, las constituciones de los países bajos y las que posteriormente se han dado a la Polonia y a los estados de la Confederación Germánica si bien son apreciables, porque testifican la necesidad de transigir con el espíritu del siglo, están muy lejos de contener todas las garantías para poner la libertad al abrigo de las invasiones del poder. El ejemplo de la Francia 1815-1820 prueba que aquellos sistemas constitucionales, carecen de fuerza contra el partido aristocrático y contra las pretensiones del ministerio 7 .

Se confió entonces en personajes prominentes que asumieran el aura de la majestad y evitaran la poca credibilidad de una abstracción poco entendida, extraída del constitucionalismo liberal y la figura del Congreso. Pero ¿a qué se debía esta duda acerca de la efectividad de la soberanía nacional y constitucional? Para responder esta cuestión es preciso resaltar que la soberanía del pueblo no nació de un proceso metódico y transitorio entre un Antiguo Régimen y una revolución, como pudo haber ocurrido en Francia o Estados Unidos, sino por una circunstancia específica que obligó a entrelazarla con la simbología de la majestad real en un intento de vincularla con la tradición aceptada por el pueblo.

Con esto en mente, se recurrió a una figura reconocible para generar algo inédito a través de una reinterpretación del pasado, encargada de dibujar el esquema sobre el cual funcionaría un sistema dotado de una impronta propia 8 . En resumen, se trató de una emergencia de la novedad 9 que se sobrellevó con el uso del principio de reversión de la soberanía al pueblo, es decir, a las comunidades locales o provinciales que obtuvieron potestades gubernamentales entre las que se encontraba hacer la guerra. Esta medida se engendró de manera imprevista en España por la Revolución Liberal de Cádiz y el descenso del absolutismo, mientras que en América profundizó tensiones internas de tipo racial, económico, de clase, étnicas, ideológicas, entre otros conflictos que desembocarían en luchas constantes entre localidades y capitales de provincia, pero que no se redujeron al ámbito local, sino que también provocaron enfrentamientos entre provincias 10 :

Las provincias, o por mejor decir, sus juntas y diputados, desde que cesaron las autoridades de los antiguos funcionarios, se han empeñado en sostener la integridad de aquellos territorios a su mando, se han opuesto a la separación de sus pueblos hasta llegar al extremo del uso de las armas, y de hostilizar como enemigos a sus hermanos: ¿cómo podrá el solo congreso de ellos mirar con la imparcialidad y con la indiferencia que exige la justicia la reclamación que hagan algunas cabezas de provincia por los pueblos que se les han separado, o por los que voluntariamente hayan querido por su mayor beneficio unirse a otros gobiernos? 11 .

Monarquía y majestad en el margen de las revoluciones

El problema de la majestad en el mundo hispánico es su contrariedad con la soberanía moderna del norte de Europa, pues esta última es tratada como una fuerza con “poder absoluto, perpetuo y abstracto, con una potencia activa e indivisible en una configuración que le permite sostenerse sin necesidad de la aprobación divina 12 . En comparación, la majestad hacía referencia a una categoría de superioridad o preeminencia que no dependía de fuentes de legitimidad humanas 13 . En este orden de ideas, la soberanía moderna entra en controversia dentro de la esfera de influencia ibérica de la época, cuyo pensamiento confiaba en la universalidad del cristianismo y el derecho de mando de su representante en la tierra, la monarquía. Esta condición hizo que la imagen de un individuo inserto en el orden social con una posibilidad de movimiento casi indeterminada fuese difícil de asumir, a razón de la distribución jerárquica de la sociedad y la estricta aunque permeable división social en castas. De la misma manera, crear un Leviatán todopoderoso que compitiese con el poder de Dios era una seria amenaza a los fundamentos constitutivos de la sociedad y no era la mejor opción a ojos de los contemporáneos, si lo que se deseaba era mantener vigentes los vínculos entre cuerpos políticos que no necesariamente tenían relaciones de lealtades entre sí, más allá de las sostenidas por la Corona:

(…) haciendo la unidad política del estado se gloría de afirmarlo en la de la religión católica, apostólica, romana, que es y será siempre la de la nacional a que corresponde. (…) ofreciendo por una parte un testimonio brillante de la piedad e ilustración de la Nueva Granada, y (…) presenten al mismo tiempo sus pretensiones marcadas con el consentimiento del clero y deseos del pueblo que han sido siempre tan recomendables en la iglesia de Dios 14 .

Pero ¿por qué la nación moderna y su nuevo tipo de soberanía eran tan conflictivas en el mundo hispánico? En gran parte por su intención de igualar y homogeneizar cada uno de los lugares y sujetos que la componen. En contraste, la majestad 15 admite principios jerárquicos que otorgan prerrogativas y honores a un conjunto de cuerpos territoriales, los cuales mantienen cierta capacidad agregativa y disgregativa. Así, la organización se articula por el respeto a una figura divina, la cual no exige un profundo sentimiento de unidad o solidaridad entre los miembros de la comunidad política. En resumen, mientras la soberanía es inconmensurable, culminante y abstracta, la majestad es relativa, comparativa, material y dependiente de un gobierno que se legitima por un principio innegable normalmente divino. Este principio convierte a un mandatario (emperador, papa o rey) en el representante de una agregación de entidades, cuyo único vínculo entre sí se establece por una ordenación jerárquica y a la vez libre, que confluye en un cuerpo político perfecto según el lenguaje escolástico.

Tres nociones mantenían unidos a los reinos de España: la agregación, la jerarquía y la religión, cuestión que hacía imposible que la transición a una soberanía absoluta fuese efectuada por una tarea progresiva, debido a las complejas redes de fueros y poderes regionales que no aceptarían una soberanía pura. Desde el comienzo, en la Península la detención del poder se mezcló con contenidos extraídos de la tradición de los pueblos conquistados y agregados, permitiendo la existencia de una soberanía diferente a la del norte de Europa presente desde el siglo XVII, donde coexistían poderes locales junto a la autoridad detentada por la majestad real.

Soberanía perfecta o relativa, el problema de la unidad nacional

Luego de la creación de Juntas en todos los rincones del territorio imperial, se presentó un enorme problema concerniente a la distribución territorial de los virreinatos en América, producto de la desintegración política que sufrieron tras la exigencia de muchas ciudades que pedían autogobierno debido a la reincorporación de su soberanía. Tan solo la figura del rey ausente mantenía vigente el vínculo entre los pueblos y ciudades subordinadas con su provincia principal, haciendo que este proceso de desarticulación no se pueda explicar únicamente por una tendencia a la fragmentación o la imposibilidad de entender la soberanía moderna. Hay que advertir que, en una soberanía emanada de Dios, esta se entiende como única e indivisible, sin embargo, para los criollos crear un Estado todopoderoso y unitario no se perfilaba como la mejor opción, pues si bien se entendía que frente a la amenaza externa una unidad poderosa era vital para mantener su carácter hispano, cualquier unión debía respetar la naturaleza política de las ciudades al estilo de la monarquía compuesta española.

Así, en ausencia de un monarca cautivo que representaba la única autoridad legítima capaz de mantener el orden jerárquico de los territorios, se comenzó a instalar la idea de que España no había tenido jamás el menor derecho para dominar a los pueblos de América. En este sentido, cuando la Península obtuviese su libertad del enemigo francés, se pensaba que esta sería una parte más de la nación, llegándose a argumentar en el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que al ser “(…) la menos considerable, (…) no puede mandar a otra su igual o superior; así como un hermano, en la muerte o por la falta de un padre, no tiene autoridad sobre otro hermano aún menor’’ 16 .

En consecuencia, la falta de construcción de un leviatán estatal al estilo obbesiano no se trató tanto de una incapacidad sino de una elección, inspirada por la aspiración de conservar en la figura de la confederación la personalidad jurídica de los pueblos y su libertad frente a las demás entidades soberanas, guiándose por el derecho internacional público en lo que se presentaba como una soberanía perfecta. Esta condición se combinaba con la ambición de consolidar una unión entre los diferentes cuerpos políticos, articulados en torno a una soberanía relativa donde primara la confederación a la federación 17 , diferenciación que resulta clara a pesar de que estos términos no pocas veces fueran usados como sinónimos. Lo interesante de esta discusión es su repercusión en la búsqueda de respuestas para los siguientes interrogantes: ¿Qué entidades deben tener derecho a un gobierno libre? ¿Cómo establecer lazos horizontales entre los segmentos del pacto político? y ¿qué medidas asegurarían la unidad sin entrar en contravía de la diversidad? Tal como puede verse en la intervención de Manuel Bernardo Álvarez en el Congreso de Las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1811:

No es mi ánimo excitar ni promover la cuestión de cuáles hubiesen sido las provincias que legítimamente debieron considerarse tales en el día 20 de julio; pero ello es indubitable (…) (que) no eran otras que las dos mayores (…) audiencias de Santafé y Quito, y las divididas en aquellos gobiernos diversos de la gobernación del virrey con las facultades del real patronato: nunca se estimaron por tales las subdivisiones para el mejor gobierno y cómoda administración de justicia, en corregimientos y alcaldías mayores u ordinarias, y no sé por qué principio se deduzca la voluntad de todos los pueblos (…) 18 .

Los Estados como soberanía suficiente

Dada la novedad de los acontecimientos y necesidades políticas vividas tras 1810, no eran claras las condiciones requeridas para que un territorio tuviese derecho a conformar un Estado, podría decirse que para la época era inconcebible el nacimiento de naciones diferentes a las ya existentes. Ahora bien, uno de los principios recogidos para traer a la mesa de discusión el tema de la creación de nuevas naciones en la América hispánica, usado también en los Estados Unidos, fue la teoría aristotélica de la soberanía suficiente y de perfección relativa. Lo que en pocas palabras quería decir que no todas las comunidades humanas eran susceptibles de formar cuerpos políticos independientes, pues según esta postura había tres componentes indispensables para que una aspiración de esta naturaleza fuese viable 19 : un objetivo colectivo tendiente a fortalecer la felicidad y la utilidad común, educación y cultura y recursos materiales suficientes para ser autosostenible 20 .

El caso de la Nueva Granada es bastante particular dado los pronunciamientos tempranos que expresaban la autoconciencia del virreinato y la reivindicación de su posición en el entramado de la nación española, asumiendo una postura que defendía la capacidad de este territorio para autogobernarse en caso de que sus demandas no fueran escuchadas. Camilo Torres en su Memorial de Agravios (1809), si bien no incita a una independencia de facto, señalaba que las exigencias americanas no podían ser ignoradas y dejaba un campo abierto para que en caso de que estas fueran incumplidas, se pudiera comenzar a pensar en una existencia separada de la nación española, dada la suficiencia del virreinato en los siguientes aspectos: población considerable, extenso territorio, importancia estratégica, política e histórica dentro del conjunto de la nación, ilustrados capaces y amplios recursos naturales de los que depende Europa. Según esto: “La independencia representaba la afirmación del sentimiento de nacionalidad y de la proyección risueña de una autosuficiencia a través de la explotación de los propios recursos. Una nación libre, autosuficiente y capaz de dirigir su destino con sus propias fuerzas (…)” 21 .

A su vez, Miguel de Pombo, otro autor comúnmente referenciado por la literatura independentista, defendía el derecho que la Nueva Granada a construir un Estado propio, debido a que cumplía una serie de requerimientos que asemejaban las condiciones políticas del virreinato al desarrollo que permitió a los Estados Unidos obtener su independencia: recorrido histórico, importancia política, territorio y población considerables, clima propicio para el cultivo de la tierra y el surgimiento de la civilización, la existencia de una élite ilustrada, modos de vida y costumbres similares, constitución y leyes consonantes, buena perspectiva a futuro y recursos suficientes para el desarrollo 22 . Esta comparación con los Estados Unidos no era un caso aislado, en la medida en que sus postulados y éxito eran constantemente aludidos por los patriotas para justificar la legitimidad de su causa:

Más nada tenía un influjo tan poderoso para que anhelase por la independencia la parte pensadora é ilustrada de los habitantes de Venezuela y de la Nueva Granada como el ejemplo de los Estados-Unidos del Norte-América. En efecto era muy halagüeño y seductor ver a un pueblo nuevo que rotos los fuertes vínculos que le unían á la Inglaterra se había hecho independiente: que organizándose en una gran república gozaba de la más completa libertad (…) que bajo de instituciones sabias y benéficas había prosperado rápidamente y aumentado sus habitantes con una asombrosa progresión: que en fin era un pueblo americano más reciente que Venezuela y que la Nueva Granada, las que parecían llamadas á los mismos altos destinos que sus hermanos del norte, si podían conseguir su independencia de la España 23 .

Ahora bien, atendiendo al principio de suficiencia, la mayoría de las entidades políticas de América podían convertirse en microestados con pleno derecho, asemejándose al Sacro Imperio Romano Germano, donde cada porción de tierra tenía condiciones absolutamente distintas, las cuales van desde aranceles a las mercancías hasta fueros especiales o soberanía casi absoluta 24 . Dicha dinámica incitó luchas encarnizadas entre los pueblos incapaces de sostener su derecho a convertirse en Estados suficientes, en un proceso que culminó con un regreso al antiguo significado de soberanía, donde las provincias y no sus partes eran la encarnación de esta. En medio del apremio de orden y legitimidad prevaleció una dimensión agregativa de voluntades políticas en corporaciones, las cuales no deseaban perder su personalidad jurídica a pesar de su incorporación a una entidad política más grande, intentando conservar su derecho de representación y una serie de privilegios que garantizaran su libertad interna.

Se planteó entonces que la relación entre los diferentes cuerpos políticos que conformarían el Estado estaría regulada por el derecho de gentes (derecho internacional), encargado de dar las pautas con que se realizaría la adhesión y asociación entre pueblos. Así mismo, es con el derecho internacional que se determinó la unidad interior de las soberanías suficientes en todos los niveles de la organización político-administrativa, regulando bien fuera la relación “entre pueblos, entre estos y los Estados, y entre estos y el marco nacional” 25 , en una dinámica que convertía a sus representantes en diplomáticos y no en diputados. Una muestra de este tipo de relaciones dentro de la Nueva Granada, fue la comisión enviada por Cundinamarca para entablar discusiones con los demás cuerpos políticos surgidos con la incorporación de la soberanía a los pueblos dentro del virreinato: “Bien se ve por este oficio que el gobierno de Cundinamarca, en vez de enviar al congreso los diputados que le corresponden y en los términos en que se le pidieron, envió un ministro plenipotenciario insistiendo en considerarse como jefe de una nación extraña (…)” 26 .

La suficiencia de la soberanía fue entonces el primer requisito para la conformación de un Estado independiente, razón por la cual las provincias decretaron su libertad entre 1811 y 1813. Sin embargo, esto no es un reflejo directo de una aspiración acelerada de construir una soberanía moderna, debido a que en realidad todas las comunidades tenían una firme intención de consolidar un sistema de anexión que llegaba incluso hasta España, siempre y cuando dicha anexión no implicara perder de vista el derecho a conservar sus libertades particulares.

Relación entre la independencia de los Estados y la nación

Aunque poco ortodoxa, la opción de erigir un Estado separado de la metrópolis ya había sido planteada por otros reinos de España como Cataluña. No obstante, en el caso americano no se privilegió la idea de independencia, sino que se construyó un juego de soberanías relativas, propensas a formar un nivel superior de agregación tendiente a aglomerar en una asociación interna a comunidades independientes, la cual a su vez podía ser articulada a la monarquía hispánica si esta respetaba el gobierno general, nacional o confederal instituido en la América española. Por esta razón, se impulsó a las diferentes partes a no concebirse como una alianza de potencias extranjeras, sino a constituirse como partes integrales de un cuerpo de nación que pudiera hacer valer su soberanía frente a cualquier amenaza externa, concentrando en el Congreso la capacidad de firmar tratados, declarar la paz o la guerra, entablar relaciones internacionales, entre otras atribuciones:

Son de la privativa inspección del congreso las relaciones exteriores, ya sean con las naciones extranjeras, ya con los demás gobiernos y estados de América que no estén incorporados en esta Unión, y ninguna provincia en particular podrá entrar con ellas, o ellos, en tratados algunos de amistad, unión, alianza, comercio, límites, etc., declarar la guerra, hacer la paz, ni por consiguiente admitir o enviar agentes encargados de negocios, cónsules, comisionados, o negociadores públicos de ninguna especie (…) 27 .

Aun así, la potencia del Estado fue cuestionada arduamente debido a que se lo veía como un actor potencialmente peligroso, pues si se le dotaba de demasiado poder podría conducir inevitablemente a la tiranía, pero si era muy débil sería aplastado por los enemigos internos y externos sumiendo a la comunidad política en el caos o la subyugación. El problema constante radicaba en la incapacidad de conciliar los intereses del Estado de Cundinamarca y los cinco estados que abogaban por la confederación: Antioquia, Cartagena, Pamplona, Tunja y Neiva 28 .

¿Pero por qué tanto empeño en robustecer un cuerpo de nación? La respuesta más acertada sería que no siempre la existencia como entidad individual y soberana era la mejor opción para mantener una existencia independiente. En la mayoría de los casos, la pertenencia a una gran república aseguraba con más efectividad la supervivencia del yo, a causa de un contexto internacional caracterizado por una competencia extrema entre naciones que intentan constantemente imponerse unas sobre otras. Así, el reconocimiento de las potencias extranjeras era vital para mantener a flote a las nuevas repúblicas, las cuales recurrían a estas en busca de préstamos, material bélico, capacitación, mercancías y ventajas diplomáticas, por lo que entablar relaciones lo más simétricas posibles con las potencias de la época fue un interés de primer orden para el Congreso de las Provincias Unidas: “1°. (…) despachó (una misión) a Londres el gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada para negociar con el gobierno inglés el reconocimiento y protección de su independencia (…)” 29 .

En resumen, la nación era sinónimo de grandes potencias y era ante todo un argumento disuasivo que no excluía la implementación de un Estado compuesto, destinado a defender la soberanía de cada una de sus partes frente a otras naciones. Para la época, el deseo de unidad no era equivalente a la fundación de una nación de ciudadanos sustentada en una comunidad de pertenencia, historia común o un futuro compartido, era simplemente la unión de cuerpos políticos en pos de asegurar su existencia 30 . Por ello, la identidad nacional difería de la lealtad al Estado, en la medida en que esta se experimentada básicamente a través de la práctica militar, permitiendo que se presentaran contradicciones donde los militares podían declararse leales a la nación, pero al mismo tiempo consagrarse como enemigos del Estado y sus líderes civiles.

Por fuera de lo militar, a lo largo y ancho de la Gran Colombia, las identidades locales y regionales concentraron con mayor eficacia la lealtad de las personas que cualquier preocupación por lo nacional, pues “la patria chica del pueblo, la provincia, el regimiento o la agrupación política todas ejercían fuertes atracciones” 31 . Esta dinámica llevó a establecer un consenso historiográfico entre los estudiosos de la independencia colombiana, quienes platearon el surgimiento de Colombia como la construcción de una nación debilitada por la fragmentación de sus regiones, la cual apenas pudo erigirse a pesar de sí misma a causa de los vicios coloniales y el individualismo provincial.

De la Junta leal al rey a la Junta revolucionaria y el derecho de gentes, comienza la desincorporación de la nación española

El fin de la guerra contra Napoleón y la vuelta al poder de Fernando VII en 1814 tuvieron una serie de consecuencia que marcaron el inicio de las independencias hispanoamericanas y la conformación de un Estado moderno en España. Se presentó la abolición de la constitución de Cádiz, la persecución de los liberales que buscaban remover el poder absolutista y la puesta en marcha de la reconquista en 1815, denominada Expedición Pacificadora de Costa Firme y comandada por el general Pablo Morillo. En esta campaña se movilizó a decenas de miles de soldados y oficiales que habían servido en contra de Napoleón, para librar una guerra en toda la extensión del territorio americano que se asemejaría más a una guerra civil que a una guerra entre dos naciones diferenciadas. Estas expediciones tuvieron como objetivo restaurar el poder absolutista en los territorios americanos, donde al parecer habían triunfado los rebeldes en 1814; para ello se usó a los peligrosos oficiales ligados al liberalismo español y al ejército, los cuales hasta el momento habían tenido un carácter constitucional que podría tentarlos a luchar por restablecer la constitución gaditana.

Comenzó entonces una fuerte guerra civil que de ser ganada proporcionaría los recursos para frenar los avances liberales en la Península, siendo imposible para los liberales que servían en el ejército expedicionario desobedecer las órdenes reales bajo la presión de ser disueltos y acosados, impidiendo con esto cualquier tipo de alianza entre los liberales de las dos Españas en busca de establecer una nueva nación. El declarar la guerra a los españoles americanos significó romper cualquier vínculo que permitiese negociar bien sea la reincorporación de las provincias de ultramar, mantener relaciones comerciales activas o buscar términos favorables para España, en la medida en que proporcionó a los patriotas razones para divulgar el odio no solo al rey y sus funcionarios, sino también a todo lo que representaba la nación española:

No solamente el rey de España se ha atraído el odio de los Americanos del sur sino también la nación española: porque esta nos ha hecho siempre la guerra á muerte, bien dominada por Fernando y por la inquisición, bien cuando ha tenido cortes y proclamado los principios más liberales, que han sido únicamente á favor de los Europeos 32 .

Para muchos soldados españoles liberales, luchar contra los independentistas americanos significó ir en contra de sus propios principios, pues tenían claramente mucho en común, haciendo que la solución militar a los levantamientos americanos fuera fuertemente criticada por militares liberales en las Cortes. El argumento que usaban era que estas medidas en vez de consolidar progresos solo representaban una derrota política, recomendando una salida negociada antes que una guerra cruda y desgastante 33 . Se tenía la sensación de estar librando una guerra perdida que tan solo dejaría a su paso un desastre humano inmenso en todos los bandos, predicción que se cumpliría con la muerte o desaparición de la mayoría de los 40.000 hombres del ejército expedicionario. Esta situación llevó a que tanto oficiales como soldados, muchos voluntarios reclutados en la invasión napoleónica para defender su patria del usurpador, estuviesen en contra de combatir en una guerra que no entendían y que se libraría en los confines del imperio, convirtiéndose rápidamente en un viaje que prometía no tener retorno.

La guerra colonial se convirtió en un evento tremendamente impopular, suscitando de forma permanente la posibilidad de una sublevación, al tiempo que exigía el mando de generales totalmente afines con los objetivos absolutistas. No es sorprendente que las opiniones en España estuviesen divididas, viendo muchos en la guerra colonial el último desgaste del modelo imperial tradicional:

La parte débil del sistema actual de España, como no se le ocultará a Vuestra Majestad, es la conservación de las Indias... Existe un convencimiento general de que las Indias están perdidas, y que tras habernos agotado durante tres siglos para adquirirlas y defenderlas, su repentina emancipación nos condena a un período de miseria 34 .

Para estos momentos había dos posturas en la península acerca de qué se debía hacer con América. Los liberales abogaban por la culminación de la revolución nacional, destruyendo con ella los caducados poderes del absolutismo e implementando las nuevas ideas que requería la conformación de un Estado moderno, entre las que se encontraban la soberanía centrada en el ciudadano. Culminada esta labor, proponían arreglar las diferencias con los americanos, aprovechando las coincidencias con sus principales exigencias y la creación de una sociedad nueva basada en el derecho natural. Por su parte, los tradicionalistas veían en los liberales y su soberanía nacional una amenaza para su posición, pues tras ellos se podía ocultar una soberanía popular y una pérdida del derecho monárquico sobre las Indias, lo cual derrumbaría los intereses económicos de algunos de los sectores más influyentes 35 .

Todo esto lleva a la necesidad de pensar qué papel jugaron las independencias americanas en el imaginario peninsular, abrumado por un difícil panorama político ibérico lleno de pronunciamientos militares, golpes de mano, alzamientos y sublevación de guarniciones. Pablo Morillo decía el 13 de abril de 1815 al gobernador de la isla de Santo Tomas: “Todas las potencias de Europa están fuera de su nivel (sic) por las ideas de independencia que tanto han minado los tronos”. Y añadía: “Su Majestad Católica –Fernando VII– ha contribuido más que ningún otro monarca a destruir el germen de tales ideas” 36 . La consecuencia de todo este proceso fue la entrada en vigor del constitucionalismo histórico entendido como un poder constituyente, cuya figura está entre el poder instituyente y el poder constituido, definición que atribuyó al gobierno la función de interrumpir, promulgar y reemplazar a las autoridades políticas, judiciales o militares anteriores, al aludir a la voluntad general del pueblo. Aun así, en 1810 los derechos de soberanía ejecutiva que reclamaban los nuevos gobiernos no eran compatibles con los derechos naturales de los individuos, lo que hacía que al igual que Napoleón o la Regencia encajaran en la condición de poderes usurpados, pues no había ninguna ley o aprobación popular que los legitimara.

En consonancia, en Santafé reinaba cierto terror hacia el poder ejecutivo por su vinculación con el poder absolutista borbón. Con esto en mente, se creó un cuerpo ejecutivo compuesto por tres partes que rotaban y tenían límites claros en su accionar. La soberanía había dejado el cuerpo del rey para ser investida en el pueblo, bajo el costo de suponer una amenaza para la libertad dada su visión unitaria del poder y el carácter representativo del gobierno. Este fue un problema común para todos los países hispanoamericanos, debido a la desconfianza que muchos profesaban por este nuevo sistema: “La tendencia de las repúblicas es hacia la anarquía le manifiesta Bolívar al primer ministro británico Canning en 1826. La tendencia de todas ellas es llevar en su seno la mortal semilla de la discordia. Es una idea que la sostiene el libertador y que apunta al problema que Hispanoamérica afrontó a lo largo del siglo XlX: caudillos, dictaduras, anarquías, revoluciones” 37 .

Ahora bien, el ideal de que un poder otorgado a un sujeto no podía ser usurpado, llevó a los constituyentes franceses en 1791 y a los diputados de las cortes extraordinarias de Cádiz en 1812 a otorgar la soberanía a la nación. Con la Constitución de Cádiz, la soberanía perteneció enteramente a la nación, quedando bajo su dominio elaborar las leyes fundamentales que la regirían. Se produjo entonces una separación entre el origen del poder y su ejecución; esta última quedó a cargo de representantes limitados por espacios temporales que perseguían un poder unitario, pero sentando unas bases seguras contra el despotismo. El Congreso comenzó a cumplir un rol vital para el funcionamiento del Estado, al delimitar el alcance y potenciar el aparato estatal por medio del voto y la aprobación general: “¿Son de opinión los señores diputados que puede procederse a la instalación del congreso? Y habiéndose votado unánimemente que sí, dijo el vicepresidente: el congreso general de Colombia queda legítimamente instalado: en él reside la soberanía nacional” 38 .

Sin embargo, en el ámbito americano entre 1811 y 1815 los criollos no tomaron aun este camino, recurrieron a las premisas consignadas en el documento de confederación de los Estados Unidos, redactado en 1777, cuya característica era el reconocimiento de dos soberanías: la de la unión con atribuciones internacionales y la de los gobiernos locales con sus constituciones. Fue así como, a través de la Constitución de Cundinamarca, se creó una soberanía ligada a la jerarquía de la majestad y la nación. Esta decisión se debió a la imperante necesidad de una acción conjunta, la cual solo podía ser conseguida con un cuerpo de nación unificado que administrase las riquezas y capital humano de la Unión: “El congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Siendo un deber sagrado de los habitantes del territorio de la confederación sostener con sus contribuciones las cargas del estado, según las asignaciones que se les hagan por la autoridad legislativa de la nación, y considerándose por el cuerpo a quien ésta se ha confiado” 39 .

No obstante, a pesar de los intentos en pro de la fabricación de una soberanía con cimientos sólidos, se presentó un proceso de desincorporación y unificación permanente. La soberanía entonces fue atribuida a una autoridad compuesta y concreta, recayendo sobre la generalidad de los ciudadanos en un sistema abstracto similar al corporativo, convirtiendo la concepción de nación en una soberanía que se afirma en el espacio público internacional, pero con pocas atribuciones al interior del Estado. La desincorporación de la soberanía pasó por la imputación del poder de la nación, pues su alcance totalizador solo fue posible con el triunfo de su acepción radical producto de las condiciones de la guerra. Esta lucha constante entre cuerpo de nación e integridad de la soberanía asumida por los pueblos puede ser explicada por el cambio que se planteaba en el momento de las emancipaciones, marcado por una “(…) lucha contra todo poder concurrente (que) lleva al Estado a una ofensiva contra los privilegios de los cuerpos y con ello a una empresa de homogeneización de la sociedad” 40 .

Así, corriendo la segunda década de 1800 se firmó la primera ley fundamental para la República de Colombia, la cual estaba relacionada con la noción de dignidad. Sin embargo, tan solo entre el 25 y 26 de noviembre de 1820 se firmó un armisticio entre España y los patriotas en Trujillo con el fin de regularizar la guerra de Independencia, la cual ahora se inscribía en el ámbito internacional como un conflicto entre naciones. Este tratado resolvía el dilema sobre si los actos realizados por Bolívar desde 1813 con su guerra a muerte eran un acto de lesa majestad que otorgaba a los combatientes estatus de traidores por la justicia real, o si por el contrario se trataba de una guerra de independencia nacional en la que los insurgentes eran enemigos extranjeros, cobijados por el derecho de gentes del mismo modo que podrían haber sido los habitantes de Flandes o Nápoles.

La única denominación usada por ambos bandos hasta este momento era la de bandidos, pero con esta modificación se frenó la guerra a muerte informal y se precipitó la guerra oficial entre Estados, condición que se concretó en una nueva declaración de guerra en el ámbito internacional. Sumado a esto se aseguró la soberanía de Colombia como Estado independiente, en un giro de los acontecimientos que desembocó en una derrota política para los españoles, quienes admitieron que su contienda estaba dirigida hacia otro Estado capaz de declarar la guerra y firmar la paz, en una dinámica que facilitó la aparición de una soberanía indivisa en favor del proyecto revolucionario. Ahora bien, esta medida fue respaldada en la novedad del derecho internacional público, producto de la era de las naciones producida tras la firma del Tratado de Westfalia en 1648, el cual daba o reconocía la equivalencia de la soberanía de todos los estados nacionales sin importar su tamaño.

Por otro lado, con la promulgación de la Constitución de 1821 se quiso generar una ruptura con el régimen monárquico arguyendo que la soberanía debía recaer en la nación, intentando controlar las ideas federalistas del período de revolución y constituyendo una soberanía abstracta y unitaria, como base para instituir una república dividida en departamentos, provincias, cantones y parroquias. De esta manera, la imagen de un gobierno federal dejó de ser funcional por dos motivos: inicialmente, por la prueba histórica de su mal funcionamiento en la Nueva Granada y, por otro lado, porque la guerra exigió un Estado unitario y cohesivo fundamentado en un gobierno centralizado. Finalmente, el sistema de concentración del poder triunfó y la cultura de la generalidad parecía asegurar la unidad, instalando la creencia de estar viviendo una lucha por el “progreso” en contra de los “intereses mezquinos” de las localidades y las oligarquías. Aun se intentaba implantar un sistema que integrase a cabalidad tanto a personas como a cuerpos políticos, dentro del cual se les exigía romper con sus demás lealtades en pos de instaurar la unanimidad que garantizaría la existencia del Estado:

La patria no debe entenderse el lugar donde hemos nacido, sino la congregación de hombres que viven bajo un mismo gobierno, sujetos a las mismas leyes y que siguen los mismos usos y costumbres. Cada ciudadano es parte integrante, y como tal comete un crimen en considerarse un momento separado de ella 41 .

La batalla de Ayacucho en 1824 marcó el fin de la campaña militar de la independencia, más no inauguró una etapa de libertad y orden sino de inestabilidad. Llegaría media década cargada de agrietamientos en el centralismo propuesto por Bolívar, por lo que se buscó terminar con la carta de 1821 a través de la constituyente de Ocaña en 1828. No obstante, aún persistía el temor de dar pie a un vacío constitucional, aumentar la incredulidad hacia las leyes y estimular la llegada de una serie de autoritarismos, los cuales desembocarían ulteriormente en la desmembración de Colombia tal como lo muestra la siguiente cita:

(…) lo que se llama asamblea, concejo o cabildo abierto del 22 de octubre (…) fue realmente una mezcla torpe de los estamentos de la monarquía a que aspira y de las formas democráticas que intenta destruir, figurando que esta junta, apenas ascendente, como se ha publicado al número de mil quinientas personas de la capital, puede dar la ley al resto de ciudadanos de ella misma y de toda la provincia, y tomando el carácter de permanente, bajo el cual no ha podido negar el diputado doctor Luis Azuola que es tiránico (…) 42 .

Conclusiones

Una de las características más debatibles de la historiografía tradicional dedicada a estudiar las independencias hispanoamericanas es su tendencia a rastrear en este proceso la prexistencia o formación de valores, instituciones e identidades nacionales en una dinámica que termina por ideologizar el análisis de este período histórico. Textos como El fracaso de la nación de Alfonso Munera o Colombia algo diferente a una nación de Gregory J. Lobo, cuestionan la manera en que se entienden la sociedad y la política mundial actual, debido a que la visión nacionalista de la historia y los sistemas políticos ensombrecen todo intento de estudiar los momentos primigenios de las comunidades. Igualmente, desvía las investigaciones de una búsqueda del cómo se articulan las comunidades en cuerpos políticos más grandes (Estados modernos, imperios, etc.), centrándolas en el rastreo de categorías y formas de organización modernas encajadas a la fuerza en sociedades que se articulaban de maneras totalmente diferentes.

Gran parte de los estudios prevén que las dinámicas presentes al interior de las sociedades modernas tempranas coinciden con las prácticas de nuestras sociedades contemporáneas; al respecto, Tamar Herzog en su libro Defining Nations (2003) afirma que la comunidad de nativos de los reinos de España no partió tanto de su adhesión a una visión nacionalista del yo individual o colectivo, sino de una diferenciación entre aquellos que eran dignos o no de integrarse a la comunidad (adjudicándoseles por lo tanto los derechos y deberes vinculados con la membresía a una comunidad).

Esta perspectiva difiere de las definiciones de teóricos clásicos del nacionalismo, los cuales pueden agruparse en al menos dos vertientes de análisis: la primera defendida por autores como Anderson, Hobsbawm y Gellner argumenta que la formación de las sociedades modernas partió de un carácter legal y romántico, dependiente de la llegada de la modernidad y estructurado a través de la ingeniería social de un Estado encargado de imaginar las naciones. Una segunda postura expresada por teóricos como Armstrong, Anthony Smith y Hastings considera que las naciones se forman a partir de vínculos perennialistas o primordialistas, en un proceso que encuentra el origen de la nación bien sea en momentos primigenios de la humanidad o preliminares al arribo de la modernidad y la formación del Estado. Todo lo anterior termina por atribuir a las naciones características específicas devenidas de la lengua, la etnia, la cultura o las tradiciones.

Se puede hablar entonces, según estas posturas, de dos formas de pensar el surgimiento de la nación: las naciones imaginadas o construidas y las naciones naturales. Esto generó una distinción entre dos niveles de identificación; por un lado, el patriotismo hizo referencia a la comunidad o país entendido como el lugar al que se pertenecía y que normalmente para la época no superaba algunos kilómetros; y por otro, el nacionalismo regularmente relacionado con la pertenencia a un cuerpo social mucho más grande donde la identidad de la colectividad fue construida deliberadamente por el Estado.

En general, la bibliografía disponible plantea una disociación entre el sentimiento de pertenencia a una comunidad local y el sentimiento de identidad abstracto que se vincula con lo nacional, en un razonamiento donde se presume la necesidad de hacer desaparecer el primero para que se consolide el proceso de conformación del Estado moderno. En consecuencia, la aparición del Estado moderno se explica como la lucha de un Estado expansionista y artificial, compuesto por una serie de cuerpos políticos considerados antiguos y periféricos que se enfrentan a su dominio. De esta forma, cualquier indicio que indique la supervivencia de dinámicas que vayan en contra de la nacionalización de la política es considerado un vicio político, convirtiendo al estudio de lo subnacional en un esfuerzo vacuo para muchas escuelas y académicos.

Ahora bien, tras la derrota de las comunidades locales definidas como naturales se afirma que las sociedades pasan a un tipo totalmente diferente de identidad, marcada por un sentimiento de pertenencia a un cuerpo político nacional más amplio, unificado y artificial 43 . En este orden de ideas, se erigieron una serie de categorías modernas de pertenencia y se vinculó nación y Estado ahora concebidos como construcciones contemporáneas. Esta definición difundió la creencia de que, para pertenecer a un país u otro, era esencial un vínculo de obediencia a un poder soberano y un corpus de disposiciones legales; no obstante, los lazos horizontales entre los que se encuentra la integración jugaron un papel vital a la hora de definir la manera en que los individuos eran categorizados y tratados dentro de una comunidad en las sociedades modernas tempranas 44 .

En resultado, comúnmente se ha hablado de dos tipos de comunidades, una compuesta por sujetos y basada en vínculos verticales y otra donde las comunidades locales eran constituidas por vínculos horizontales. Esta última según muchos expertos careció de un efecto directo en la construcción del Estado o la nación, sin embargo, en lugares como España la ciudadanía local desempeñó un papel esencial en la configuración de cuerpos políticos más grandes como los reinos o España, pues si bien las diversas comunidades operaban en niveles diferentes y tenían tradiciones y procedimientos desemejantes, estas colaboraron enormemente en establecer los criterios con que se definiría la membresía a las unidades más grandes que luego serían denominadas Estados o naciones.

Aun así, no hay que perder de vista que estas dinámicas no deben ser estudiadas solo como un camino inevitable hacia la formación de un Estado moderno que terminó por eliminarlas. En realidad, no se trata solo de determinar si las comunidades eran nacionales o artificiales y qué rol desempeñó el Estado en su generación; hay que investigar la manera en que las personas se veían a sí mismas y establecían lazos con sus comunidades, organizándose en cuerpos políticos cada vez más grandes que no necesariamente poseían un carácter del tipo nacional moderno.

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1El cual denominaba reinos y no colonias o departamentos a sus diferentes regiones con características dispares.

2Brown, 2010, p. 130.

3Brown, 2010, op. cit., p. 131.

4Calderón y Thibaud, 2010, p. 18.

5Posada, 1998, http://www.bdigital.unal.edu.co/5010/80/Congreso_de_las_Provincias_Unidas.html (Consultado en febrero de 2019).

6Calderón y Thibaud, 2010, op.cit., p. 19.

7Gaceta de Colombia, 10 de febrero de 1822, N° 17, p. 4.

8Calderón y Thibaud, 2010, op. cit., p. 20.

9Ibidem, p. 30.

10Un claro referente a esta dinámica se encuentra en lo planteado por Anthony McFarlane en su escrito La Nueva Granada, 1810-1815: ¿Patria Boba?, donde explica como “[l]a crisis de la soberanía de la monarquía fue entonces frecuentemente interpretada en las poblaciones secundarias como una oportunidad para separarse de sus capitales provinciales, afirmar su autonomía y a veces erigirse en provincias nuevas. Antes que libertad para el individuo dentro de un sistema de gobierno que garantizara sus derechos, se interpretó primero como la liberación de ciudades y pueblos de la subordinación a una autoridad exterior”, McFarlane, 2012, p. 148.

11Posada, 1998, op. cit.

12Calderón y Thibaud,2010, op. cit., p. 35.

13Ibidem, p. 42.

14Posada, 1998, op. cit.

15Aunque es común encontrar en la época el uso indiscriminado de soberano y majestad como sinónimos.

16Posada,1998, op. cit.

17La diferencia entre la confederación y la federación radica en que para la confederación es necesario conservar la soberanía de los miembros, mientras que en la federación la soberanía es cedida a una instancia superior a las partes.

18Posada, 1998, op. cit.

19Calderón y Thibaud,2010, op. cit., p. 97.

20En resumen, población, territorio y recursos.

21Ocampo López, 1980, p. 220.

22Calderón y Thibaud, op. cit., p. 98.

23Restrepo,1827, pp. 116-117.

24Armando Martínez Garnica en su texto La agenda liberal de los estados provinciales de la Nueva Granada, 1810-1815 (2010), señala esta discusión al exponer el ejemplo de la disputa entre Neiva y Santafé el 5 de enero de 1811, momento en que la primera se adjudicó la reasunción de la soberanía por “los pueblos”, a causa de la falta en el trono el rey Fernando VII. Esto quería decir que España ya no podía “sojuzgar a Santafé y, por extensión, esta ciudad tampoco a las provincias neogranadinas, ni éstas a todos los pueblos de sus respectivas jurisdicciones”. Pero entonces, ¿quién podía controlar a quién? Si Santafé podía obligar a otras provincias a obedecer por medio de las armas, entonces Madrid podía hacer legítimamente lo mismo con ella. Pero si por el contrario se decía que Santafé tenía plena independencia, esta se tendría que otorgar a todas las demás entidades políticas del virreinato por pequeñas que fueran, p. 136.

25Calderón y Thibaud, 2010, op. cit., p. 100.

26Posada, 1998, op. cit.

27Posada, 1998, op. cit.

28El acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada demuestra que, si bien es un tratado en donde la anexión de simples pueblos era determinada por el derecho internacional, tras elaborar una constitución se expresa que no es una liga de pueblos extranjeros.

29Posada, 1998, op. cit.

30Calderón y Thibaud, 2010, op. cit., p. 111.

31Brown, 2010, p. 132.

32Restrepo, 1827, op. cit., pp. 165-166.

33Juan Marchena Fernández, 2008, p. 11.

34Ibid., p. 11.

35Friede, 1979, p. 18.

36Friede, 1979, p. 10.

37Ocampo, 1980, p. 319.

38Congreso de Cúcuta 1821,1989, http://www.bdigital.unal.edu.co/4546/1116/ACTAS_DEL_CONGRESO_DE_C%C3%9ACUTA,_1821.html (Consultado en febrero de 2019).

39Posada, 1998.

40Guerra, 1992, p. 23.

41Calderón y Thibaud, 2010, p. 185.

42Posada, 1998.

43Tamar Herzog, 2003, p. 2.

44Tamar Herzog, 2003, p. 3.

Recibido: 14 de Agosto de 2018; Aprobado: 2019 de Abril de 2019

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