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Cuadernos de historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0719-1243

Cuadernos de Historia  no.51 Santiago dic. 2019

http://dx.doi.org/10.4067/S0719-12432019000200187 

Documentos

“La monarquía hispanoamericana”. Un escrito inédito del profesor Néstor Meza Villalobos

"THE SPANISH-AMERICAN MONARCHY”. A DOCUMENT WRITTEN BY PROFESSOR NÉSTOR MEZA VILLALOBOS

Cristián Guerrero Lira1 

1Universidad de Chile. Chile

Resumen:

El documento transcrito corresponde al texto de una conferencia dictada por el profesor Néstor Meza Villalobos en 1981, en la cual expuso sus principales ideas en torno a los esfuerzos iniciales de los sacerdotes dominicos y de la Corona por conformar la situación del indígena americano dentro de los marcos del derecho natural.

Palabras clave: conquista; derecho natural; encomienda; servicio personal; Bartolomé de las Casas

Abstract:

The transcribed document corresponds to the text of a lecture given by Professor Néstor Meza Villalobos in 1981 in which he presented his main ideas about the initial efforts of the Dominican priests and the Spanish crown to shape the situation of the American Indian within of the frameworks of natural law.

Keywords: Conquest; Natural Law; encomienda; personal service; Bartolomé de las Casas

“La Monarquía Hispanoamericana”. Un escrito inédito del profesor Néstor Meza Villalobos

A partir de 1981, el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile y el Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna llevaron a cabo un vasto programa de extensión. Uno de los cursos que se dictaron el año indicado llevó por título Los Imperialismos en la Historia.

Entre los expositores se destacó el profesor Néstor Meza Villalobos, quien el año anterior había sido distinguido con el Premio Nacional de Historia 1 .

Si bien cuando fue requerida su participación el profesor Meza aceptó colaborar con la iniciativa, de inmediato formuló un reparo que quienes lo hayan conocido comprenderán cabalmente. Él no podía referirse a la unidad conformada por España y la América hispana como Imperio Español, tal como se le había solicitado: según sus estudios y su criterio, la forma adoptada por la monarquía hispanoamericana no había sido la correspondiente a aquello, es decir, a un imperio, sino más bien la de una organización política que se caracterizó por la unión de varios reinos y vasallos, entre éstos últimos los habitantes naturales de las posesiones reales en América, o los emigrados a ellas desde Europa, vinculados todos a través de la Corona castellana y por una serie de derechos y prácticas políticas con los demás súbditos.

Esta fue la razón por la que solo la sesión que le fuera encomendada al profesor Meza no llevara por título El Imperio o el Imperialismo de tal o cual nación, sino que simplemente se denominase “La Monarquía Hispanoamericana”.

A su juicio eran varios los elementos que avalaban esta decisión. En primer lugar, el hecho de que no se ocuparía de la política europea de varios monarcas hispanos (Carlos I, Felipe II, Felipe III y Felipe IV); luego, el considerar que la situación de los pueblos conquistados por España era muy distinta a la que sugiere el empleo del término imperialismo, agregando además que estas tierras no fueron conquistadas gracias a una acción estatal, sino que por colonos que, para más, al trasladarse al Nuevo Mundo lo hacían trayendo consigo todo un bagaje político y cultural que fue mantenido, es decir, no se menoscabó su condición ni derechos como vasallos y, por último, que existieron acciones de la Corona tendientes a atenuar o a eliminar los efectos mismos de la conquista.

A lo anterior agregó una consideración adicional. A pesar de lo recién aclarado, aún no se hallaba satisfecho, creemos interpretar correctamente sus palabras, con la sustitución del nombre de su exposición pues todavía suponía “una descripción estática, una morfología, una descripción de sus instituciones, de su estructura social, de sus problemas económicos”, labor para la que se consideraba carente de “preparación y de inclinación, ya que mi convencimiento es el de que la realidad histórica solo se aprehende en el proceso de su creación y desarrollo con un tratamiento dinámico de sus problemas”.

Debido a esto, se centró en el análisis del inicio del esfuerzo por configurar la situación de los nuevos súbditos de la monarquía conforme al derecho natural, tema que estudiaba desde hacía varios años y que ya lo había llevado a publicar en 1975 su libro Historia de la Política Indígena del Estado Español en América, el que en su origen, es decir, en el conjunto de inquietudes que lo llevaron a adentrase en esa temática, se vincula con sus anteriores publicaciones relativas a los primeros años de la conquista hispana de América.

El texto que ahora presentamos corresponde al que el profesor Meza utilizó en aquella exposición realizada el 3 de diciembre de 1981 y que fuera conservado, con la aquiescencia del autor, por Eduardo Ramírez Sánchez, quien en esa época se desempeñaba como su ayudante, y que gentilmente nos lo ha facilitado para esta publicación. Hemos agregado unas cuantas notas explicativas y bibliográficas que, esperamos, ayuden al lector.

La Monarquía Hispanoamericana

Néstor Meza Villalobos

Me corresponde hoy ilustrar el significado del término Imperialismo con el caso español, es decir, con la situación que alcanzó España en Europa después del descubrimiento de América y la elección de su rey como Emperador de Alemania, y que duró realmente hasta mediados del siglo XVII.

Los asistentes habrán advertido que en el programa esta exposición no se anuncia con el mismo título que las anteriores y que las que vendrán, sino con el de Monarquía Hispanoamericana. Esta diferencia tiene sus fundamentos y los daré enseguida.

El primero es el de que no me ocuparé de la política europea de España desde la elección de Carlos I como Emperador, hasta Felipe IV, pues hay razones para no incluirla dentro del significado del término Imperialismo, como el hecho de que los especialistas no designan así al período mencionado.

El segundo es el de que la situación de los pueblos conquistados por España es muy diferente de la que sugiere la palabra imperialismo.

Tercero, que esta monarquía no fue formada por la acción de ejércitos profesionales pagados por el Estado y que al término de sus acciones volvieran a sus tierras, sino por aspirantes a pobladores que financiaban sus empresas por sí mismos, a cambio de premios en las tierras en las cuales pensaban establecerse.

Cuarto, que estos inmigrantes al abandonar sus antiguos solares conservaban todos los atributos del súbdito castellano y traían consigo todo su acervo cultural, y se radicaron en gran número en las tierras que habían conquistado, constituyendo la nobleza de los pueblos creados por su esfuerzo, en virtud de los premios a que sus méritos los hacían acreedores.

Para incluir al dominio ejercido por España en el continente americano en la lista de los imperialismos, se prescinde de las acciones destinadas a atenuar, si no a eliminar los efectos de la conquista. Se omite, asimismo, el que aquellos atributos políticos y ese acervo cultural, su situación social, así como su adhesión a los reyes de Castilla fueron mantenidos por sus descendientes, como lo evidencia el nombre de españoles que fuera común a los súbditos de uno y otro lado del Atlántico, con el agregado de europeos o americanos, y también que el Rey se titulase Rey de España y de las Indias.

Esta explicación, sin embargo, no es todo lo que tengo que decir en torno de mi participación en este ciclo, porque si al hacer la sustitución de la expresión Imperialismo español por la de Monarquía hispanoamericana he puesto a salvo mi concepción acerca del ser de esta realidad, ello no me ha liberado de la conciencia pecaminosa de exponer algo que no corresponde a lo que ese título sugiere, pues a mi entender, él supone una descripción estática, una morfología, una descripción de sus instituciones, de su estructura social, de sus problemas económicos. Sírvame de justificación confesar que para esa tarea carezco de preparación y de inclinación, ya que mi convencimiento es el de que la realidad histórica solo se aprehende en el proceso de su creación y desarrollo, con un tratamiento dinámico de sus problemas.

Y eso es lo que me propongo hacer hoy con uno de ellos, el del empeño por configurar la situación del súbdito indígena conforme al derecho natural y no, por cierto, en su integridad, pues esa tarea, cumplida cabalmente, exigiría muchísimo más tiempo del que ahora dispongo, sino en sus comienzos solamente.

Dos determinaciones, una de Colón y la otra de los empleados de la empresa colombina, ambas destinadas a asegurar la permanencia del uno y de los otros en las tierras donde se habían instalado, determinaron la situación de la población indígena dentro de la monarquía.

Colón, para evitar que el fracaso sufrido con la factoría comercial, proyectada sobre la base de un mercado que no existía, provocase la pérdida de los beneficios pactados con los reyes de Castilla sobre la base del éxito de sus operaciones, impuso el dominio castellano a los habitantes de la isla española, hoy Santo Domingo, donde se había establecido la factoría.

Con esta determinación, Colón modificó de raíz la relación de los indígenas con el Estado castellano. De extranjeros, que debían ser tratados según el derecho de gentes, pasaron a ser súbditos que debían ser tratados conforme al derecho natural.

Además modificó la situación de los numerosos miembros de la empresa colombina; a fin de asegurar la obediencia y la tributación de los nuevos súbditos, fue necesario establecer guarniciones en diversas partes de la isla, para lo cual no eran suficientes los hombres que había traído Colón para la defensa de la factoría, carencia que el almirante subsanó convirtiendo en hombres de armas a individuos destinados a otros oficios y que, en adelante, serían servidos por los nuevos vasallos.

La segunda determinación fue adoptada por los empleados de la factoría y consistió en imponer a los indios, contra la voluntad de la autoridad, servicios personales y exigir que a este efecto se los liberase de tributos; en cambio, los beneficiarios de estos servicios asumieron las tareas del real servicio.

Esta determinación era el final de un proceso espiritual que se había iniciado al contacto de los castellanos con hombres de cultura y capacidad defensiva tan inferior a la suya, y que había cobrado fuerza y tomado la apariencia de una solución ante el fracaso de la factoría.

Así, frente a la concepción monopolista estatal de la explotación de las riquezas de la isla y de la administración estatal de los indios, los rebeldes a la autoridad colombina impusieron de facto una administración señorial y esperaban que el Estado la reconociese.

Ambas soluciones, aunque diferentes, eran expresiones de una misma voluntad de afincarse en las Indias y, como tales, formas que el Estado castellano debía considerar.

Entre tanto, Colón había logrado que la Corte reconociese la conveniencia de mantener el dominio adquirido, explotar las riquezas mineras por el Estado y mantener los tributos impuestos a los indios, admitiendo a su lado colonias agrícolas. Para esto último se le autorizó a conceder tierras a quienes las solicitaran y para permitirles la venta de los excedentes de sus cosechas.

A su regreso a la isla 2 , Colón no creyó oportuno recuperar para el Estado los tributos de los indios, ni tampoco privar a los particulares de sus servicios personales, cuyo empleo autorizó en la explotación de las tierras de que les hizo merced y en la de las minas cuyo laboreo les permitió.

La participación de los vecinos en la explotación de los recursos fue ampliada luego por el juez 3 que vino a investigar la gestión de Colón. Este, fundado en que los reyes no eran comerciantes ni labradores, es decir, contrarios a los monopolios estatales, vendió en pública subasta las explotaciones establecidas por Colón y autorizó la explotación de los minerales de oro por particulares, entregando al Estado la undécima parte del producto, por un término de veinte años.

Estas disposiciones arraigaron el servicio personal de los indios en beneficio de los vecinos, ya que éstos no condescendían en trabajar corporalmente.

No obstante la vigencia de hecho, la situación de la esclavitud de los indios por los españoles y la de los servicios personales en beneficio de los particulares eran precarias pues el Estado no se había pronunciado sobre la legitimidad de ninguna de esas prácticas.

Cuando lo hizo fue para rechazarlas; a la primera por razones éticas; los indios que Colón había enviado a Castilla para ser vendidos como esclavos 4 y los que había otorgado en esa calidad a algunos castellanos para que los llevasen allí para su servicio, debían ser devueltos a sus tierras por haber sido habidos sin justo título, es decir, que hubiesen sido esclavizados en guerra justa, y castigando con severidad a quienes no lo hiciesen.

La segunda por razones políticas. En el seno del Estado castellano no se renunciaba a obtener de la isla todos los beneficios posibles.

Para lograrlo, se pensaba en una administración centralizada, libre de los obstáculos que supondría su ejercicio por señores que, a cambio de sus servicios, gozasen de los provechos que rindiesen los indios. De aquí que cuando en 1511 se envió a fray Nicolás de Ovando a gobernar la isla Española, se le instruyese en el sentido de que liberase a los indios de los servicios personales que daban a los vecinos y se los impusiese en beneficio del Estado, y para que se los emplease exclusivamente en el real servicio, en las minas y en la construcción de obras públicas.

Asimismo, debía restablecer los tributos que Colón había impuesto a los indios, aclarándose que esto debía hacerse al estilo de Castilla y de acuerdo con los caciques, en forma que no resultase injusta.

Ambas disposiciones fueron consideradas ajustadas a los derechos común y castellano y compatibles con la libertad personal.

Además, para facilitar su gestión se le facultó para tomar determinaciones en nombre de los reyes, dejando abierta la posibilidad de una contraorden.

Con el nuevo gobernador vinieron a la isla Española los hombres de armas que se consideraron necesarios para la defensa, funcionarios eficientes, artesanos y una misión de franciscanos para activar la tarea evangelizadora que los reyes, por vocación y compromiso con el Papa, habían tomado a su cargo.

Todo este personal venía a sueldo de los reyes y los gastos de su transporte corrían por cuenta de ellos, para lo cual se organizó una armada. Junto con ellos vinieron a las Indias numerosos castellanos a su ventura, los cuales serían establecidos en dos villas.

Esto y la determinación de restablecer la tributación indígena cobrándola para ellos, no significaba que los reyes abandonasen la práctica, ya empleada a partir de 1499, de aprovechar la iniciativa, actividad y riqueza de sus súbditos para tomar posesión de nuevos dominios y aprovechar sus riquezas.

Por Real Cédula de 8 de junio de 1501 se ratificó una capitulación con Alonso de Ojeda para explorar un sector de la costa de Paria y poner en ella las marcas de los reyes de Castilla, a fin de evitar las correrías de los ingleses en esa región y colonizar el área de Coquibacoa. Los gastos que irrogase esa empresa serían de cuenta de Ojeda; a cambio sería suyo todo lo que en ella pudiese obtener, aunque fuese oro, plata u otros metales, con la sola condición de pagar al Estado el quinto de lo obtenido, sacados los costos de la armada. Para recaudar este derecho venía en la armada un veedor real, el cual asentaría y custodiaría esos ingresos.

Asimismo, una vez conquistada la tierra de su gobernación, se le concedería anualmente la mitad de la renta que esta produjese y con el dinero recaudado en ella, no de otra manera, con el límite de 3.000 maravedíes. Además se le concedía en la isla Española una extensión de seis leguas para que se ayudase en el financiamiento de la empresa.

A fin de controlar las actividades comerciales de los castellanos en los nuevos dominios, se creó por Real Cédula de 14 de febrero de 1503 lo que se llamó Casa de Contratación de las Indias, que se estableció en Sevilla por ser esta ciudad y puerto fluvial la más populosa y opulenta de Andalucía y estar, como puerto interior, menos expuesta a ataques de piratas y, al mismo tiempo, más cercana a las ciudades interiores del reino y cuya importancia y prosperidad se había acrecentado con la guerra que se había hecho a los moros de Granada.

La Real Cédula de creación autorizaba a los barcos que navegaban a las Indias para embarcar mercaderías en cualquier puerto de Castilla, pero debían acudir con ellos a Sevilla para su registro, como también a su retorno.

Ovando a su llegada a la isla [,] e informado de las bases de la economía creada por los castellanos, no creyó conveniente privar a los vecinos de los servicios personales de los indios. Esta decisión no satisfizo a la Corte que, en marzo de 1503, reiteró su determinación de abolir los servicios que los indios estaban obligados a prestar a los particulares, y conjugando su obligación de evangelizar a los indios con las necesidades de su fisco, ordenó al gobernador que urbanizase a los indios bajo la vigilancia y gobierno del Estado y que los dotase de tierras suficientes para su sustento.

Cada uno de estos pueblos debía estar regido, en lo civil, por un administrador y por un sacerdote en lo religioso. El primero tendría a su cargo la protección de las personas y bienes indígenas y el segundo la enseñanza de la doctrina cristiana, de la lectura y escritura, las formas cristianas de vida, la obligación de pagar el diezmo a la Iglesia y el tributo al Rey.

Con el objetivo de poner término a los concubinatos de españoles con indias, se ordenaba al gobernador que fomentase los matrimonios entre ellos y debía, además, exhortar a los indios a trabajar en las explotaciones mineras de los españoles a cambio del pago de un salario, e impedir los abusos que éstos cometían con aquellos.

Respecto al trabajo de los indios en las explotaciones mineras estatales, se sugería a Ovando que los obligase a trabajar en ellas por un tiempo determinado o que les exigiese una cierta cantidad de oro. Por fin, se le ordenaba urbanizar a los indios en las proximidades de las minas.

Considerando Ovando que el solo salario no sería atractivo suficiente para modificar la actitud del indio, renuente a tratar con los vecinos, suspendió el cumplimiento de esa disposición e informó a los reyes sobre los fundamentos de su determinación. Más aún, a fines de 1503 impuso servicios personales a pueblos indígenas que todavía permanecían libres, fundando entre ellos varias villas de españoles.

El conocimiento de las razones aducidas por Ovando en abono de su resolución, los reyes por Real Cédula de 20 de diciembre de 1503 lo autorizaron a compeler a los caciques a que proveyesen de un cierto número de indios a los pueblos de españoles para que los vecinos tomasen los necesarios para construir sus casas, explotar las minas y cultivar sus tierras. Lo facultaron además para fijar el salario que debían percibir y los alimentos que debían recibir por su trabajo como personas libres, no como siervos.

Los reyes disponían también que los indios fuesen adoctrinados en la fe cristiana durante las fiestas religiosas y en días determinados, que fuesen bien tratados, especialmente aquellos que aceptaran la fe cristiana.

Por Real Cédula de 8 de enero de 1504 reiteraron su condición de hombres y expresaron su voluntad de que se les constituyera en propietarios de tierra en la forma establecida.

La decisión de los reyes de imponer servicios personales a los indios en beneficio de los particulares, en la forma en que los había autorizado, se fundaba en el derecho del Estado a imponer obligaciones a la sociedad en beneficio del bien común. En este caso se trataba de supuestos intereses del pueblo dominado y de los reales del Estado y pueblo invasores.

En virtud de ese poder, el gobernador Ovando confirmó en principio el régimen de servicios personales existente, integrando en él los intereses señoriales que lo habían originado, tanto en el orden político como en el económico, con los de la Real Hacienda y los de la evangelización, sobre la base del pensamiento del Juez Pesquisidor 5 de que los ingresos fiscales debían descansar fundamentalmente en la riqueza de la población y no en el rendimiento de empresas estatales.

Mediante la formalidad de un documento concedió a los vecinos un cierto número de indios formado por mujeres y hombres de todas las edades para que los empleasen en las habituales faenas isleñas, con la obligación de pagarles salario por su trabajo y evangelizarlos. Los empleados en faenas mineras debían permanecer en ellas durante seis meses. También les impuso servicios personales en beneficio del Estado, asignando en los términos de cada villa un grupo de indios a los reyes.

Por fin, en el supuesto de que los servicios personales en beneficio de los particulares producirían abundantes ingresos a la Real Hacienda, mantuvo la exención de tributos de los indios obtenida por los rebeldes a la autoridad colombina en 1497. Para el mejor aprovechamiento de sus servicios, los encomenderos trasladaron a sus encomendados a sus estancias.

En el beneficiario de los servicios personales de un grupo de indios, vale decir, en un particular cuya función principal era la de empresario, fundió Ovando las funciones públicas de administrador y evangelizador, que en las Instrucciones de 1503 se asignaban a los administradores y capellanes de los pueblos de indios. De allí el nombre de encomendero que recibió aquel.

Con este régimen, más sencillo y menos gravoso para la Real Hacienda, consolidó las aspiraciones señoriales surgidas en el ánimo de los empleados de la factoría al contacto con la población indígena.

Para asegurar el cumplimiento de los deberes de los encomendados, creó Ovando un aparato supervisor constituido por alguaciles de campo y visitadores. Los primeros eran numerosos y debían permanecer en las explotaciones agrícolas y mineras; su función consistía en recuperar los indios que huían de las faenas. Los visitadores eran pocos, uno por cada villa y debían residir en ellas. Los titulares de ambos cargos eran encomenderos y se les remuneraba con indios supernumerarios.

La población castellana fue agrupada en villas que llegaron al número de diecisiete al término del gobierno de Ovando. Sus vecinos gozaban del privilegio de hacer trueques con los indios de los términos de la suya, sin tener que pagar el quinto, aunque fuera oro; en cambio, debían pagarlo si lo hacían con indios que no fuesen de su residencia.

El gobierno de estas villas era ejercido por tenientes de gobernadores, designados por el gobernador entre los encomenderos, como carga anexa a esta condición. Su jurisdicción se ejercía tanto sobre la población castellana como sobre la indígena que vivía en sus términos. Estas agrupaciones fueron la base de la dominación; a sus vecinos incumbía la defensa de la tierra.

Poco más tarde, en 1506, el Rey las honró, por vía de ensayo, facultando a sus vecinos para elegir alcaldes y ya en 1507 pudieron ejercer el derecho de petición solicitando del Rey, por medio de procuradores, diversas consideraciones de las cuales fueron concedidas, por Real Cédula de 30 de abril de 1508, la de pagar a perpetuidad el quinto del oro que extrajesen de las minas, la de recobrar los indios esclavos donde quiera que estuviesen, la de comerciar entre sí los vecinos de las diversas villas, la facultad de los cabildos para confeccionar listas de personas idóneas para ejercer los oficios de alguaciles y escribanos entre quienes el gobernador debía elegir para proveerlos.

Los procuradores solicitaron, además, que para evitar los inconvenientes que traía la disposición que obligaba a los barcos a registrar sus mercaderías en Sevilla, se autorizase a los naturales de Castilla y Aragón para embarcarlas directamente a las Indias desde cualquier puerto de España.

En el mismo año de 1507, los vecinos solicitaron que los indios se les encomendasen a perpetuidad, pero estas peticiones no fueron atendidas.

Por aquel mismo tiempo obtuvieron que se les concediese escudo de armas para sus villas, con lo cual éstas fueron igualadas jurídicamente a las de la metrópoli.

El régimen de encomienda sirvió de base a hombres emprendedores para realizar actividades agrícolas y mineras, traficar indios desde las islas inmediatas o desde la Tierra Firme y venderlos en la isla como esclavos, o para comerciar, enriquecer y vivir señorialmente. Para otros muchos el ser encomendero constituyó la meta de sus aspiraciones.

De entre los primeros, surgieron algunos que animados por aspiraciones de poder, gloria y ascenso social quisieron desempeñar funciones públicas de mayor rango que aquellas que podían obtenerse en la isla.

Estas aspiraciones eran realizables debido a la política del Estado castellano de servirse en forma directa de la disposición de sus vasallos a cumplir tareas de Estado a sus expensas y a cambio de premios honoríficos o rentas, y por la existencia de hombres que se negaban a trabajar en sus oficios y esperaban la ocasión de ser encomenderos y que estaban dispuestos a adquirir armas a sus expensas o endeudarse para ello.

Uno de estos hombres fue Juan Ponce de León, encomendero de Higuey quien en 1508 obtuvo la concesión de la gobernación de Puerto Rico, al oriente de Santo Domingo, a cambio de conquistarla a sus expensas 6 . El mismo año obtuvieron concesiones semejantes en la Tierra Firme Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa. El primero debió constituir una sociedad con dos socios capitalistas para financiar los elementos que no podían ser aportados por los hombres que se alistaran bajo sus banderas. Solo él tuvo éxito, no así los otros dos que no lograron sobreponerse a las adversas condiciones de la tierra y a la oposición de sus habitantes.

En 1509, el Rey incluyó en las recompensas a quienes conquistasen tierras en sus dominios transoceánicos los servicios personales de los indios.

En 1511, Diego de Velásquez salió de la isla Española al frente de una expedición con el propósito de conquistar la vecina isla de Cuba. Tuvo éxito y repartió los indios a sus compañeros; entre otros, el capellán de la empresa Bartolomé de las Casas.

Ante ese aumento del área ocupada por sus súbditos, el rey Fernando 7 , en su deber de impartir justicia a sus súbditos, por Cédula de 5 de octubre de 1511, creó un tribunal de apelación formado por tres jueces, al cual podían acudir los habitantes españoles de todas las regiones, insatisfechos de las sentencias de alcaldes y gobernadores.

Con esta disposición recuperaba para sí una función que se había delegado, en 1492, a Colón a través de las Capitulaciones de Santa Fe.

A fin de intensificar la acción evangelizadora entre la población indígena, que el Estado castellano había asumido como contrapartida de la cesión de soberanía que le había hecho el Papa, se envió a las Indias una misión de frailes de la orden de Santo Domingo, los que llegaron a la isla Española en 1510.

Sostenedores del derecho natural, consideraron pecaminosa la situación que allí encontraron, debido al predominio que en ella tenían los intereses vitales de los colonos y los fiscales de la corona, sobre los éticos y evangelizadores, lo cual tenía en estado de condenarse a quienes habían participado en su creación o mediaban en ella.

De esta apreciación surgió el que en lugar de iniciar una labor evangelizadora, como la que hacían los franciscanos que habían reunido en dos casas suyas a hijos de los caciques para iniciarlos en la fe cristiana, resolvieron realizar una labor de regeneración de los vecinos, haciéndoles saber mediante un sermón predicado por Antonio Montesinos 8 , que por razón de las guerras injustas y carentes de autorización real que habían hecho a los indios, por los crueles abusos que cometían sometiéndolos a servicios personales contrarios a su libertad natural y por el descuido con que atendían a su deber de evangelizar, estaban en pecado mortal.

Los vecinos, sorprendidos por las afirmaciones y airados de verse así calificados, solicitaron de la comunidad que el predicador se retractase, pero éste se negó. Los vecinos escribieron, entonces, al Rey informándolo de que el fraile había predicado doctrina nueva acerca de su derecho de encomendar los indios y nombraron como su Procurador para que defendiese su causa en la Corte a un franciscano 9 . La orden dominicana resolvió hacer lo mismo y designó para este efecto al predicador del sermón.

El Rey convocó una junta compuesta de consejeros y teólogos para que oyera a las partes y consultarla sobre lo que debía resolver. La presencia de teólogos se explica por el hecho de que la cuestión planteada debía ser resuelta conforme con la concepción trascendental del Estado.

os contrincantes redujeron la discusión al trato que recibían los indios y éste fue referido a las conveniencias de la evangelización. El franciscano afirmó que los indios eran holgazanes e incapaces de regirse por sí mismos. El dominico sostuvo que el régimen era contrario a la libertad del indio y que el Rey carecía de poder para establecerlo, ya fuese en su beneficio o en el de particulares, y que era opuesto a las necesidades de la evangelización, la cual había de realizarse respetando la libertad del indio, amorosamente, con dádivas y no con asperezas y servidumbre como la que actualmente sufrían, la cual era condenada por Dios y debía ser remediada por el Rey. El dominico afirmó, además, que el argumento de que los indios eran incapaces de asimilar la doctrina y la fe cristianas contradecía la bondad y omnipotencia divinas.

La junta no acogió el planteamiento radical de Montesinos, reconociendo la mayoría que las encomiendas no eran incompatibles con la libertad natural como sostenía el dominico y que, por tanto, eran justas, y en consecuencia reconoció el derecho del Rey a encomendar indios a quienes lo habían servido, ya que los indígenas le debían tributo en reconocimiento del señorío y por los beneficios que él les procuraba.

Con esto la junta dio a la encomienda un fundamento diferente del que se había dado a la obligación de prestar servicios personales a los particulares en 1503 cuando se había aprobado la proposición de Ovando en ese sentido. Entonces, esa obligación se fundó en las necesidades de la población española, las de los propios indios y las de la evangelización.

Estas proposiciones dejaban al encomendero su calidad de agente del Estado en la promoción de la riqueza, en la producción de rentas, en la administración y evangelización de los indios como lo había concebido Ovando.

Ya mejor fundamentada la encomienda, consideró la junta que los servicios personales de los indios debían también beneficiar a su república y a la evangelización, que debían ser compatibles con su capacidad y su necesidad de descanso y recreación y que debía conjurarse su desarraigo y proletarización. Para esto último debía dárseles tierras donde construyesen sus habitaciones y cultivasen plantas alimenticias y dejárseles tiempo para ello.

La junta consideró, además, que la situación más propicia para la evangelización de los indígenas era la proximidad de éstos con los castellanos y la comunicación entre ellos. Sobre estas bases se redactó un conjunto de leyes ese mismo año de 1512 10 . En él se dispuso, sobre este punto, que las habitaciones de los indios se construyesen en las tierras de sus encomenderos.

Los dominicos no recibieron con satisfacción este cuerpo legal y el Superior de la orden de Santo Domingo 11 reiteró la petición de supresión de la encomienda, fuente, según él, de todos los sufrimientos de los indios y obstáculo para la evangelización. Para considerar este pedido el Rey convocó a una nueva junta, pero ésta no lo acogió. En cambio, ante los informes del dominico, consintió en reducir las exigencias que pesaban sobre la población indígena, entre otras, las que debían soportar las mujeres.

Ante su fracaso, Córdova solicitó al Rey que le concediera un territorio en la costa de Paria donde la orden pudiese predicar el cristianismo, libre de las acciones depredadoras de los castellanos de las islas, petición que fue acogida por el monarca.

Desde la Tierra Firme, algunos sobrevivientes de las empresas de Ojeda y Nicuesa reunidos en una villa designada como Santa María la Antigua del Darién, solicitaban la intervención del Rey a fin de someter a los indios y poder explotar la tierra que, según sus informes, era riquísima en oro, razón por la cual ellos la habían llamado Castilla del Oro.

En consideración a estos informes, el Rey determinó designar un gobernador para toda la región y financiar una armada para el transporte de emigrantes y de cuanto fuera necesario para el establecimiento de una colonia.

Informados los dominicos del convento de San Pablo de Valladolid de que a Pedrarias Dávila se le había autorizado para repartir encomiendas, acudieron ante el Rey para solicitarle que adoptase hacia los indios una política más conforme al derecho natural.

Para considerar esta petición, el Rey designó una nueva junta en la cual se reiteró el derecho del monarca a dominar a los indios e imponerles tributos. Al mismo tiempo, aunque sin fundamentos jusnaturalistas, se dispuso que se requiriese a los indios a aceptar su dominio, exponiendo los fundamentos que tenía para ello, asegurándoles que de someterse serían bien tratados y sus bienes respetados, y que en caso contrario serían sometidos a sangre y fuego.

La idea del requerimiento suponía que los políticos castellanos empezaban a comprender que era necesario el consentimiento de los indios 12 .

La junta propuso, además, al Rey que para la exacción del tributo se sugiriesen al gobernador tres modalidades, una de las cuales consistía en un tributo de tres pesos de oro, libres de toda dependencia de los colonizadores y de servidumbre personal.

Los dominicos tuvieron al poco tiempo un colaborador: el sacerdote Bartolomé de las Casas, encomendero de la isla de Cuba. Impulsado por un profundo sentimiento de lástima por la situación de los indios sometidos, hizo dejación de su encomienda y viajó a Castilla para informar al Rey de sus sufrimientos y obtener algún alivio para ellos. Muerto el Rey en enero de 1516, debió informar a uno de los regentes del reino, el Cardenal Jiménez de Cisneros 13 , en el cual encontró una profunda comprensión para los motivos de su aflicción.

El Cardenal consideró que la situación en que se encontraban los indios no era compatible con su condición de hombres libres. Las Casas propuso la inmediata y total supresión del servicio personal y el restablecimiento de la libertad de los indígenas. Bajo estas condiciones, afirmaba, los indios trabajarían para sustentarse, como lo hacían antes de la llegada de los castellanos, y aún sobraría. Sobre este excedente se podrían asignar rentas a quienes los hubiesen tenido encomendados, a condición de que permaneciesen en la tierra. A fin de asegurar esa libertad contra los intentos de individuos animados de espíritu señorial por sofocarla, Las Casas proponía [que] en adelante solo se permitiese a labradores el paso a las Indias, pues suponía que a éstos no les repugnaría seguir viviendo del trabajo de sus manos. Por último, proponía el envío de un visitador probo, el que debería informar sobre la situación de los indios.

Para el funcionamiento del nuevo régimen, Las Casas propuso algunas reformas en la administración indiana: la designación de un Protector de los indios, de un Juez de Residencia y el retorno a una jurisdicción única; y algunas medidas tendientes a mejorar la moralidad pública: castigos ejemplares a los funcionarios prevaricadores y a los clérigos de vida poco edificante y la difusión entre los españoles de la doctrina de la humanidad de los indios.

Para empezar desde luego con esta parte de la reforma, Cisneros resolvió separar de la dirección de los asuntos indianos al Obispo de Burgos 14 .

Los informes de Las Casas fueron controvertidos por los procuradores de la isla de Cuba que estaban entonces en la Corte. Junto con impugnar las informaciones, éstos, a mayor abundamiento, lo descalificaron como informante diciendo que era persona liviana, de poca autoridad y crédito.

De resultas de estos debates, Cisneros encargó, en 25 de junio de 1516, al jurista Palacios Rubio, a Las Casas y a Montesinos que redactaran conjuntamente un proyecto de reforma de la situación de los indios, de su evangelización y tributación sobre la base de su calidad de seres racionales y libres, y conciliando esa libertad con las ineludibles necesidades de evangelizarlos y de que tributasen.

Por su parte, Cisneros había concluido que los funcionarios del Estado estaban lejos de cumplir sus funciones correctamente, estado que atribuyó a la forma en que se los remuneraba: una parte en dinero y otra encomendándoles indios, y creyó que pagándoseles exclusivamente en dinero la cumplirían mejor.

A fin de que informasen sobre esto y respecto de la situación de los indios, decidió enviar una comisión formada por individuos libres de ambiciones mundanas, para lo cual solicitó la cooperación de la orden de San Jerónimo.

Estos respondieron que, a su juicio, era imposible mejorar la situación de los indios si al mismo tiempo se pretendía aumentar los ingresos fiscales. Cisneros en respuesta les dio a conocer su proyecto de privar de indios a los funcionarios.

Las Casas, por su parte, presentó un proyecto de reforma en el que reconocía la obligación de los indios de tributar al Rey en reconocimiento del señorío, pero impugnando la fórmula propuesta por las juntas constituidas en Burgos en 1512 y aprobada por el Rey, de fomentar la comunicación de indios y vecinos a fin de favorecer la evangelización. Él proponía la absoluta separación de unos y otros, pues la comunicación era dañosísima para los indios.

La misión que se encargó a los jerónimos consistió en que vieran si era posible poner en prueba un plan elaborado por el Consejo 15 , en el cual se conciliaban el mejoramiento de la situación de los indios con los intereses de la Real Hacienda. En relación con estos fines se pensaba poner fin al servicio personal de los indios en favor de los vecinos, concluyendo así con la función de agente en la promoción de la riqueza privada, en la producción de rentas para el Estado y en la evangelización que tenía el encomendero, y que el Estado asumiese la administración de los indios. Conforme a la proposición de Las Casas, éstos serían urbanizados y los pueblos en que se los redujese debían tener calles ordenadas, plaza, iglesia, hospital, casa para el cacique y campo anexo de extensión suficiente para conceder tierras de cultivo a los pobladores, según su calidad y número de familiares. El cacique, a quien se dotaba de algunas facultades administrativas, recibiría doble extensión que los demás indios.

Para el establecimiento de estos pueblos se tomarían el ganado y las haciendas de los españoles, indemnizándolos con el producto de las explotaciones de las minas.

Un administrador español y un sacerdote tendrían a su cargo la administración civil y la atención religiosa del pueblo.

En el supuesto de que esta experiencia golpeara reciamente a los españoles se facultó a los jerónimos para quitar y poner lo que les pareciese. Más aún, si viesen que no era posible poner en vigencia las Leyes de Burgos, no debían hacerlo, excepto la que se refería a la instalación de los indios en las haciendas de los castellanos, y a los pueblos españoles y hacer cumplir las cuatro proposiciones de Valladolid de 1513 tendientes a hacer más eficaces las medidas de protección de los indios.

Sin embargo, no se abandonó el propósito de contener las aspiraciones señoriales;se pensó en enviar labradores, de quienes se esperaba que no tuvieran reparo en trabajar en pie de igualdad con los indios.

A fin de mejorar el cumplimiento de las funciones del Estado, se designó un Juez de Residencia, dependiente de los jerónimos.

Al mismo tiempo de la partida de los jerónimos para las Indias, fray Antonio Montesinos, comprendiendo que la acción evangelizadora libre de la acción de los castellanos en la costa de Paria no subsistiría si no se producían riquezas para la Real Hacienda, solicitó que se reiterase a aquellos la prohibición de operar en aquella región, que se concediese a su orden la exclusividad del comercio con sus habitantes y se nombrase una persona experimentada, de buena conciencia y celosa del real servicio que lo tuviese a su cargo, hiciese las expediciones de acuerdo con el superior de la orden y protegiese a los misioneros de los ataques de los indios.

A través de las reales cédulas de 5 de septiembre de 1516 el Cardenal Cisneros aceptó esta petición.

Desde su llegada a la isla Española los jerónimos sintieron la resistencia de los encomenderos. Conforme a las instrucciones recibidas, iniciaron una encuesta entre las personas de mayor prestigio, para conocer su opinión acerca de la capacidad de los indios para trabajar en las explotaciones de los colonos, servirles en sus casas y disposición para dejarse evangelizar en un régimen de libertad. Aparte de esta encuesta, nada más hicieron los jerónimos por llevar a la práctica la reforma. Es verdad que eso bastaba para convencerlos de que entre los vecinos no había ninguna disposición para abandonar la preeminente y lucrativa condición de encomenderos.

Tampoco encontró mejor acogida el intento de establecer el monopolio del comercio con los indios de la costa de Paria que los dominicos solicitaron para ellos. Los jerónimos propusieron que para su práctica se crease una factoría en aquella región, dirigida por Juan de Ampiéz, Factor Real en la isla Española. Los dominicos, por su parte, solicitaron que se excluyera de ese tráfico el comercio de esclavos indios, pues ni esos eran tales, ni los que adquirían de otros indios, por haber sido habidos por la fuerza y sin justo título.

Acerca de esta petición, los jerónimos iniciaron averiguaciones, de las que resultó que sin ese rubro el comercio que allí se hacía sería de muy poca consideración, por lo cual accedieron a mantener esta mercadería en el futuro monopolio estatal.

La gestión de los jerónimos no satisfacía a los dominicos, a Las Casas, a los franciscanos reformados, ni al Juez de Residencia, por lo cual Las Casas decidió viajar de nuevo a Castilla para dar un nuevo impulso a la reforma, apoyado en informes de dominicos y franciscanos en conjunto, del vice provincial dominicano fray Pedro de Córdova y del Juez de Residencia, todos los cuales instaban al cardenal Cisneros en su calidad de gobernante cristiano, más estricta cuando como él se era religioso, de mantener a sus súbditos en paz y justicia, castigar los delitos, proclamar la verdad y denunciar los actos contrarios a bien común; a contener los excesivos trabajos impuestos a los indios, por los cuales se habían despoblado las islas con pérdida de vasallos para el Rey y cultivadores para la tierra, situación que los jerónimos no habían logrado superar.

Los sobrevivientes de las expediciones organizadas por Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa destinadas a conquistar las regiones del Darién y Veragua, reunidos en Santa María la Antigua del Darién y que habían creado sobre la base del trabajo de indios esclavos una colonia minera y agrícola, vivían en un estado que era considerado como próspero, recibieron la avalancha de inmigrantes que venía en la armada de Pedrarias Dávila.

Los productos de su agricultura fueron insuficientes para alimentar una cantidad tan grande de gente y el hambre fue una de las experiencias de aquellos hombres. El gobernador no encontró otro remedio para salir de esa situación que lanzarlos hacia el interior de la gobernación y que allí se alimentaran y obtuvieran algún oro de los indios. Fueron estas las cabalgadas 16 que durante los años catorce y quince fueron la forma ordinaria de ganarse la vida para muchos de los inmigrantes. Sin embargo, no fue remedio suficiente para retener allí a quienes sobrevivieron a las hambrunas.

Hay constancia de que en 1516 más de un ciento de ellos había emigrado a Cuba en busca de remedio compatible con su indisposición a ganarse la vida con el trabajo de sus manos, es decir, conforme a su concepción señorial de vida.

En la isla de Cuba se establecieron los castellanos conforme al modelo de la Española, en villas, con su Cabildo, y encomiendas de indios; y sobre la base del trabajo de éstos levantaron una economía agrominera con la que muchos de ellos enriquecieron.

Sin embargo, allí la abundancia de población animada de una concepción señorial de vida constituyó una plaga. Indispuestos a ganarse la vida con el trabajo de sus manos, esos hombres buscaron en la aventura heroica de la empresa de rescate un medio de vida, poniéndose de acuerdo con los hombres ricos quienes veían en la riqueza alcanzada un medio para obtener poder, gloria y ascenso social; y así, a fines de 1517, ciento y diez hombres de los que habían venido del Darién se conectaron con Francisco Hernández de Córdoba para rescatar con los habitantes del litoral del Golfo de México.

Cisneros había aprobado la gestión de los jerónimos y los había autorizado para remitir al inquieto Protector Las Casas a la Corte y privarlo de su salario.

Más aún, los había facultado para investigar la conducta del Alcalde Mayor de Castilla del Oro, Gaspar de Espinosa, en una cabalgada entre los indios no sometidos, que había durado cerca de dos años y acerca de la cual había recibido informes en los que se acusaba a éste de haber muerto muchos indios, robado sus bienes y tomado muchos como esclavos.

A fines de 1517, Las Casas fue recibido por el gran canciller Jean De Sauvage quien se interesó por liberar a los indios de los daños que les afligían y por evitar que éstos se repitiesen en los territorios que más adelante se incorporasen a la Corona.

Con ese fin solicitó informes a otras personas y luego obtuvo del Rey autorización para encarar esa tarea. A continuación encargó a Las Casas que preparase un proyecto de reforma, pero ya entonces estaba dispuesto a modificar la política seguida hasta ese momento.

A comienzos de 1518 se ratificó la capitulación firmada entre Diego de Albítez y las autoridades de Castilla del Oro, para fundar dos pueblos en la costa atlántica de esa gobernación, en la cual se autorizaba a Albítez, de acuerdo con la ley de 1509, para repartir indios entre los participantes y para tomarlos para sí. En la ratificación, esta facultad fue sustituida por una mera promesa de favorecerlo y concederle mercedes si Albítez lograba descubrir el interior de la gobernación hacia el lado del Pacífico, siempre que no atacase a los indios ni los agraviara, y que estableciese relaciones amistosas con ellos, bajo la amenaza de aprisionarlo y despojarlo de todos sus bienes si hiciese lo contrario.

A mediados de abril de 1518, Las Casas entregó a De Sauvage su proyecto de reforma, en el que se tendía a asegurar la libertad del indio, no solo en las islas, sino también en el continente; sobre todo en este último donde los castellanos de la Española y de Cuba incursionaban frecuentemente para rescatar y adquirir indios o esclavizarlos sin título alguno, para venderlos en las islas, actividad a la cual se dedicaban también los castellanos establecidos en Santa María la Antigua del Darién, aunque ya en menos intensidad que en los años 1514 y 1515.

Las Casas creía que si la colonización fuera realizada directamente por el Estado, no tendría los resultados que la realizada por particulares en las islas. De aquí que avanzando sobre el plan propuesto por los dominicos en 1513 para evangelizar las poblaciones de las Perlas, proponía que una extensión de mil leguas de costa de esa región fuese colonizada por el Estado. Allí se fundarían diez pueblos de españoles, cuyos vecinos deberían ser reclutados en las islas y en Castilla del Oro. Los pueblos serían gobernados por capitanes y ellos deberían obtener que los colonos se condujesen en forma que inspirasen a los indios fe en el Rey. Además, debían abstenerse, bajo amenaza de severas penas, de entrar en los pueblos de indios para pillarlos, robarles o quitarles sus mujeres e hijas, debiendo, en cambio, anunciarles el advenimiento del Rey y su propósito de hacerles merced de considerarlos como sus vasallos y como a tales permitirles que gozasen de sus bienes y de libertad personal. Los indios deberían pagar un pequeño tributo, el que sería impuesto solamente cuando hubiesen comprendido las ventajas de su incorporación a la Corona castellana.

La base de subsistencia de los colonos castellanos sería el comercio con los indios; y el Estado también podría comerciar con ellos una vez que hubieran aceptado ser urbanizados. Este comercio consistiría en mercaderías europeas y producciones indígenas.

Para evangelizar a los indios debían crearse varias diócesis, compuestas de uno o dos pueblos de españoles, cada una gobernada por un Obispo, el que debería ser elegido entre hombres de probada vocación evangelizadora y los misioneros entre frailes de las órdenes mendicantes.

Las Casas incluía también en su plan a las grandes islas; sus proposiciones respecto de éstas resultaban, por los intereses que afectaban, más audaces. Proponía que los indios fuesen puestos de inmediato en libertad y que se les persuadiese a mudarse a los pueblos construidos cerca de los puertos o de las minas, pues en esos lugares tendrían más cerca, respectivamente, las mercaderías europeas y el oro.

Para facilitar su liberación, Las Casas propuso dos medidas: la introducción de esclavos negros en las islas para que trabajasen en las minas, y la colonización de ellas por labradores españoles, de los cuales esperaba Las Casas que no tendrían dificultad en ganarse el sustento con su propio trabajo.

La primera de estas proposiciones fue aprobada sin dificultad, pero el plan en conjunto no llegó a ser aprobado.

La muerte de De Sauvage, ocurrida el 7 de junio de 1518, suspendió su discusión y a raíz de ella Rodríguez de Fonseca marginó a Las Casas de la discusión de los problemas americanos, pues había sido restablecido por el Rey en la dirección de los negocios de las Indias.

Sin embargo, no duró mucho tiempo este alejamiento, pues el grupo de gobernantes flamencos, que creía que Las Casas servía bien al Rey, lo llevó de nuevo a participar de esos negocios.

Reabierta la discusión sobre las cuestiones de Indias, el Procurador de los dominicos de Santo Domingo y de Cumaná reiteró las denuncias acerca de la conducta de los colonos establecidos en Santa María la Antigua, actuaciones acerca de las cuales un año antes había sido informado Cisneros y a raíz de las cuales se había ordenado a los jerónimos abrir una investigación acerca de los procedimientos empleados por Gaspar de Espinoza en una expedición en territorios indígenas, en la que no solo se rescataban productos, sino que también indios a quienes se llevaba a la isla Española para venderlos como esclavos.

Por orden de Rodríguez de Fonseca [,] el franciscano Tomás Infante llegó ante la Junta de Indias, en la cual dio cuenta de violaciones y acuchillamientos de mujeres de indios que no eran esclavos, de incendios de pueblos con matanzas de sus habitantes y otros desmanes.

Al final de su exposición, el fraile expuso la necesidad de que se pusiese fin a esos crímenes, que se diese libertad a los indios, que se prohibiese el esclavizamiento y que, en cambio, se les impusiese un tributo tolerable, pues no eran caribes 17 17 sino indios mansos.

Allí mismo Las Casas se opuso a que se accediese a un pedido de los vecinos de la isla de Puerto Rico para que se los autorizase a esclavizar a los indios de la isla Trinidad en consideración a que eran caribes, rechazando ese fundamento.

La Junta encargó al nuevo Juez de Residencia, Rodrigo de Figueroa, el estudio de petición y que informase para resolver.

Las Casas, apoyado por el cardenal Adriano de Utrecht y por el grupo de funcionarios flamencos, reactualizó las proposiciones dejadas de mano después de la muerte del gran canciller De Sauvage, de que las islas se repoblasen con labradores castellanos, de que los indios fuesen urbanizados y se aboliese la encomienda.

Respecto de esta última, Las Casas mantenía una posición doctrinaria tan discrepante de la doctrina oficial como en 1516, solo que a la nota de injusticia agregaba ahora la de irracionalidad.

Mientras en ésta se sostenía que los indios eran incapaces de gobernarse por sí mismos y de producir lo necesario para su subsistencia y pagar el tributo, Las Casas afirmaba que ello no correspondía a la realidad. Era, pues, necesario sustituir el régimen social que tenía por base la encomienda, por el de pueblos indígenas libres, y solicitaba para sí la tarea de planear y llevar a efecto esta sustitución. Pedía, asimismo, que se permitiese a los indios que, una vez organizados conforme al nuevo plan, a su pedido se les liberara de la sujeción a los españoles.

En prolongados debates logró que la junta descalificara la encomienda, las cabalgadas y las empresas de rescate entre los indios no dominados, como medios para cumplir los fines del Estado respecto de las poblaciones indígenas.

En 8 de agosto de 1518, la formación de pueblos estaba decidida y el 22 del mismo mes se aprobó la medida de los jerónimos en este sentido, ordenándose a los jueces de apelación que los planeasen con ellos.

El sucesor del licenciado Suazo 18 en el cargo de Juez de Residencia, Rodrigo de Figueroa, solicitó que para ejecutar esta nueva política se pidiese a dominicos y franciscanos que colaborasen con él, que se les designasen auxiliares independientes de toda otra autoridad y se le autorizase a designar alguaciles y escribanos, y finalmente que se ordenase por Real Cédula devolver a la isla de Trinidad a los indígenas extraídos desde allí.

A comienzos de septiembre de 1518, el Rey encargó a Las Casas que reclutase labradores castellanos para llevarlos a las Indias. En 16 del mismo mes se declararon las mercedes que se les otorgarían. El 20 de diciembre decidió el Rey que en la Española se urbanizasen hasta 600 indios quienes quedarían libres de sujeción a los castellanos y tributarían al Estado. Una vez reducidos a pueblos los indios de la Española, se continuaría en las demás islas.

El Rey encargó a Las Casas que planease la urbanización y que asesorase en su ejecución a los jueces de residencia que se enviarían a las islas.

Las aspiraciones políticas jusnaturalistas encontraron apoyo más eficaz cuando Arborio Mercurino Gattinara asumió su cargo de Gran Canciller, en 10 de octubre de 1518.

Ellas fueron ampliamente aceptadas en la normalización de las actividades de los castellanos entre los indios aun no sometidos, eliminando la encomienda como base de la colonización (consolidando la supresión establecida en la ratificación de la capitulación, concedida a Diego de Albítez en marzo anterior) en la capitulación otorgada al teniente de gobernador de la isla de Cuba Diego de Velásquez en 13 de noviembre de 1518. Para proseguir los descubrimientos y conquistas entre los indios con quienes los encomenderos y los hombres sin encomienda de esa isla estaban realizando operaciones comerciales, no se dio poder para encomendar indios.

Los premios que por estas capitulaciones se concedían a los futuros conquistadores que, a sus expensas conquistarían esas tierras y por los servicios que con ello harían al Rey, correspondían a la concepción jusnaturalista.

Velásquez tendría para sí y para sus herederos la quinceava parte de todas las rentas pertenecientes al Rey. Una vez pobladas cuatro islas y establecidas relaciones comerciales permanentes con sus habitantes, la veinteava parte de los derechos reales de una de ellas, a su elección, por dos vidas.

Además, se le concedieron exenciones de impuestos, alguna ayuda de costas por parte de la Real Hacienda, un salario de 30.000 maravedíes anuales y escobillas y relaves de las fundiciones de oro y se le prometía tener presente sus servicios para encargarle la tenencia de las fortalezas que fueran necesarias en esas tierras.

A los futuros pobladores se les concedía, en primer lugar, la promesa de que se suplicaría al Papa que concediese bulas para que todos los que muriesen en la empresa fuesen absueltos a culpa y a pena y conseguido, que durante dos años pagasen el diezmo del oro que extrajesen de las minas y que este derecho aumentase progresivamente hasta el quinto en el séptimo año; liberación del impuesto a la sal e consumieran, excepto si ese derecho fuese arrendado; provisión por el Rey de un clérigo de misa por cada navío que mandasen a esa negociación; un médico boticario y dos cirujanos, y dos compañías de veinte arcabuces de dos arrobas, y exención de impuestos por 10 años a todos los que llevasen alimentos y otras mercaderías. Entre los premios no se menciona la encomienda de indios; por lo tanto, los habitantes de esas regiones quedaban libres de encomiendas.

El vigor de este impulso hacia la modificación del régimen a que estaba sujeta la población indígena, en los términos planteados por los sostenedores de una política jusnaturalista se debilitó pronto.

Las instrucciones dadas al licenciado Rodrigo de Figueroa, en 9 de diciembre de 1518, consistieron en un retorno parcial al predicamento de Cisneros: independencia del Estado respecto del régimen existente mediante la remuneración de los funcionarios con salario, a fin de hacer efectiva su función de impartir justicia, subsistencia de la encomienda mientras se estudiaba el cambio de régimen y suspensión de la urbanización del número limitado de indios dispuestos en 20 de septiembre, aunque sin abandonar el propósito de hacerlo con todos y de que el Estado asumiera su administración.

Más aun, se consideraba indispensable hacerlo, ya fuesen capaces de vivir a la manera española o que necesitasen de la tutela de castellanos. Solo se postergaba la decisión hasta que el Juez de Residencia, examinada atentamente la situación, concluyese que la extinción de las encomiendas no sería resistida por los vecinos, no había riesgo de que abandonasen la isla, e informase.

Mientras esto ocurría, se decidió ajustar la legislación a fin de que representara mejor el ideal que la había engendrado y que seguía pesando, aunque de modo diferente, en los políticos.

Se revisaron las leyes de Burgos y se acentuaron las determinaciones sobre buen tratamiento y evangelización.

Fundada jurídicamente en la incapacidad de los indios para cumplir los deberes y gozar de los bienes inherentes a su calidad de miembros de la monarquía castellana, la subsistencia de esa institución estaba vinculada a la persistencia de esa situación. El Estado debía estar atento a las variaciones que hubiese en ella.

1En él también participaron los profesores Jaime Moreno, Julius Kakarieka, Héctor Herrera, Osvaldo Silva, Ricardo Krebs, Cristián Gazmuri, Joaquín Fermandois y Cristián Guerrero Yoacham. Séanos permitido destacar la amplia concurrencia de público que estas iniciativas tenían. En este caso concreto, según los datos que conserva el profesor Guerrero Yoacham, la asistencia osciló desde las 170 personas registradas en la de menor participación, a las 187 en la de mayor.

2La imposición de la administración señorial que señala el profesor Meza puede datarse en 1496 a partir del episodio que es conocido como la Rebelión de Roldán, denominada así por haber sido su principal protagonista Francisco Roldán, Alcalde Mayor de la isla, quien entró en pugna con Bartolomé Colón, quien para aquietar las aguas permitió que los españoles tomasen para sí uno o varios indígenas en calidad de esclavos, decisión no modificada en 1498 por Cristóbal Colón a su regreso; el mismo Almirante había, un año antes del episodio de Roldán, esclavizado a otro grupo de naturales (N. del E.).

3Francisco de Bobadilla, enviado por los reyes en 1499 (N. del E.).

4Esto ocurrió en 1495 con la remisión a Castilla de 500 naturales (N. del E.).

5Francisco de Bobadilla (N. del E.).

6Esta empresa marca según los planteamientos del profesor Meza el inicio de las empresas de Conquista tal como son entendidas hoy en día, es decir, empresas privadas, financiadas por sus organizadores y con una mínima e imprescindible participación estatal en el marco regulatorio. Sobre ello pueden consultarse dos estudios del profesor Meza. El primero es “Significado del Período 14931508 en el proceso de la Conquista”; el segundo, “La Formación de la Fortuna Mobiliaria y el Ritmo de la Conquista de América”, ambos en Estudios Sobre la Conquista de América, Santiago, Editorial Universitaria, Santiago, 1981.

7Se refiere a Fernando de Aragón o Fernando el Católico (N. del E).

8A modo de epígrafe, el profesor Meza transcribió en las páginas iniciales de su estudio Historia de la Política Indígena del Estado Español en América, parte de la transcripción que del sermón de Montesinos incluyera Bartolomé de las Casas en su Historia de las Indias: “Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin dalles de comer ni curallos de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dáis incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día ¿y qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan a su Dios y criador, sean baptizados, oigan misa, guarden fiestas y domingos? ¿Éstos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podréis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieran la fe de Jesucristo”.

9Se trata del Provincial de la Orden de San Francisco en la Española, fray Antonio de Espinal (N. del E.).

10Las Leyes de Burgos, también conocidas como Ordenanzas para el Tratamiento de los Indios, fueron firmadas por el rey Fernando el 27 de diciembre de 1512 (N. del E.).

11Fray Pedro de Córdova, superior dominico en La Española (N. del E.).

12En el Requerimiento, documento que debía ser leído a los indígenas en voz alta y también con intérprete, se explicaban las razones por las que los naturales debían aceptar el dominio de los reyes. Fue redactado por Juan López de Palacios Rubios en 1512 (N. del E.).

13Francisco Jiménez de Cisneros fue Presidente de Consejo de Regencia de Castilla entre 1506 y 1507 ante la incapacidad de la reina Juana I (Juana la Loca), la que enfermó el primer año indicado. En 1507, el gobierno de Castilla fue asumido por el rey Fernando de Aragón, quien lo ejerció hasta su muerte en 1516. Entonces, Jiménez de Cisneros fue nombrado Gobernador del Reino, cargo que ejerció hasta el año siguiente cuando asumió Carlos I (N. del E.).

14Juan Rodríguez de Fonseca (N. del E.).

15Se trata del Consejo Real (N. del E.).

16Empresas de Cabalgadas o Empresas de Indios. Sobre ellas puede consultarse Meza, Néstor, “Formas y Motivos de las Empresas Españolas en América y Oceanía. Su Esencia Económico-Cultural”, en Néstor Meza, Estudios Sobre la Conquista de América, pp. 25-28.

17Los caribes eran vistos como naturales belicosos y salvajes, incluso caníbales. De ahí su consideración como “esclavizables”, a diferencia de los demás grupos originarios (N. del E.)

18Alonso Suazo (N. del E.).

Recibido: 18 de Abril de 2019; Aprobado: 01 de Agosto de 2019

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