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Cuadernos de historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0719-1243

Cuadernos de Historia  no.52 Santiago jun. 2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0719-12432020000100159 

Estudios

Miedo a la revolución y defensa del orden social: tensiones en el Partido Conservador al finalizar el Gobierno de Carlos Ibáñez (1931-1932)

Fear of the revolution and defense of the social order: tensions in the Conservative Party at the end of the Carlos Ibáñez’ Government (1931-1932)

Enrique Brahm García1 

1Universidad de los Andes. Chile

Resumen:

A través de la revisión –en lo fundamental– de dos importantes periódicos conservadores, El Diario Ilustrado y La Unión de Valparaíso, se busca demostrar cómo la profunda crisis política, económica y social que vivió Chile durante los años 1931 y 1932 generó importantes tensiones en el seno del Partido Conservador. Se enfrentarían los partidarios de Ibáñez y del presidencialismo autoritario, con aquellos conservadores que seguían siendo fieles al ideario liberal-parlamentario, todo ello dentro de un ambiente marcado por el miedo a la revolución y por la desconfianza que generaba un régimen democrático fundado en el sufragio universal.

Palabras clave: Ibáñez; Presidencialismo; parlamentarismo; Orden público; Orden social

Abstract:

Through the revision -fundamentally- of two important conservative newspapers, El Diario Ilustrado and La Unión de Valparaíso, the aim is to demonstrate how the deep political, economic and social crisis that Chile experienced during the years 1931 and 1932 generated important tensions inside the Conservative Party. Within it, a partisan sector of Ibáñez and authoritarian presidentialism confront those comrades who remained faithful to the liberal-parliamentary ideology. The conflict occurs in an environment marked by fear of the revolution and the distrust generated by a democratic regime, founded in universal suffrage.

Keywords: Ibáñez; presidentialism; parliamentarism; public order; social order

Introducción

El Partido Conservador proyecta una imagen de gran cohesión y así lo ha señalado la historiografía 1 . Sin embargo, resulta evidente que los profundos problemas económicos y sociales que empezaron a afectar al país desde la Primera Guerra Mundial y sus secuelas producirían fisuras en su interior. Ellas se manifestaron con fuerza a partir de la intervención militarde septiembre de 1924. En efecto, en medio de la crisis terminal que vivía el régimen parlamentario, el sufrimiento experimentado por las clases medias y populares afectadas por la “cuestión social” y la recepción de la doctrina social de la Iglesia por importantes sectores del partido, sobre todo de la juventud y de provincia, tomaría fuerza un sector que quería democratizar el conservantismo y hacer realidad el contenido de los documentos pontificios. Frente a ellos, la tradicional dirigencia santiaguina conservadora, que se expresaba –en lo fundamental– a través de El Diario Ilustrado, seguiría apegada a posiciones más liberales tanto en lo político –defensa del parlamentarismo tradicional– como en el plano económico y social 2 . Esas diferencias se acentuaron a partir del momento en que se hicieron notar en Chile los efectos de la “Gran depresión” del año 1929. Como consecuencia de ella, el país se sumió en una profunda crisis que precipitaría la caída de Carlos Ibáñez del Campo 3 . A partir de ese momento se viviría un período de turbulencias y de inestabilidad política que culminaría con la instauración de la “República Socialista” a mediados del año 1932 4 . En un ambiente marcado por la presencia de miles de trabajadores y de empleados cesantes, del estancamiento económico, del pauperismo extremo que afectaba a amplios sectores de la población y frente al brote de una serie de movimientos y de asonadas revolucionarias 5 , los conservadores deberían replantearse los fundamentos de su filosofía política. El temor ocasionado por el avance de los movimientos de izquierda y de la participación popular en política 6 los llevaría a buscar fórmulas nuevas que les aseguraran el respeto del orden público y del orden social que había sido característico del Chile decimonónico. En esa tesitura, el conservantismo se dividiría, no solo –como ya era un hecho por lo menos desde comienzos de la década de los veinte– en materias económicas y sociales (entre los que querían hacer realidad la doctrina social de la Iglesia y quienes seguían apegados al liberalismo clásico), sino también en el ámbito político: la valoración del Gobierno ibañista y la forma más adecuada para enfrentar las amenazas que se cernían sobre el orden público y social.

Las posturas conservadoras se expresan con nitidez en sus principales medios de prensa: El Diario Ilustrado de Santiago y La Unión de Valparaíso. El primero, en general, se identificaba con la dirigencia tradicional del partido; el segundo, con los conservadores de provincia y de clase media que tomaban cada vez más fuerza 7 . Esos medios son de particular interés, porque en ellos se recogen las ideas no solo de los principales líderes del partido, sino también de una gama más amplia de actores políticos ligados al Partido Conservador.

Desde la perspectiva de la historia de las ideas políticas, nuestra hipótesis es que en medio de la crisis que precipitaría el derrumbe del Gobierno de Carlos Ibáñez, el Partido Conservador se vería tensionado entre quienes aceptaban las tendencias democratizadoras de la época y quienes se oponían a ellas en pos de defender, no solo el orden público, sino por sobre todo el orden social tradicional que se veía amenazado por los movimientos revolucionarios y de “avanzada”.

La prensa y la dirigencia conservadora frente al Gobierno de Carlos Ibáñez

A comienzos de la década de 1930, los conservadores no solo se encontraban divididos en materias de política social y económica, sino también en lo que se refiere a la posición que adoptaron frente al Gobierno de Carlos Ibáñez. En efecto, como es bien sabido 8 , pese a que sufrirían persecuciones –algunos de sus dirigentes tuvieron que abandonar el país y sus medios de prensa fueron sometidos a la censura– hubo también miembros del Partido Conservador que cooperaron con el Gobierno de los “hombres nuevos”. Esas diferencias de apreciación quedarían recogidas de forma muy evidente en la prensa de la época.

El Diario Ilustrado, que había tenido que sufrir el destierro de su director, Rafael Luis Gumucio, como también muchas veces la censura, fue –hasta donde esta última lo permitía– particularmente crítico del régimen ibañista. Ello se haría particularmente evidente cuando esta se relajó en las últimas semanas anteriores a la caída de Ibáñez. Así, por ejemplo, se criticaría con fuerza el gigantesco endeudamiento en el que había incurrido el Gobierno. “Breve y transitoria temporada de holgura –hija principalmente de la afluencia del oro extranjero– nos hizo olvidar esas sanas tradiciones. Y, como los ‘nouveaux riches’, gastamos sin tasa ni medida, y sin tasa ni medida nos endeudamos, alentados por facilidades excesivas del mercado exterior” 9 . Sin perjuicio de reconocer que la complejísima situación económica por la que atravesaba el país se explicaba por los efectos de la Gran Depresión, insistía en que el otro gran “factor de nuestras angustias” tendría su origen “en las enormes deudas que nos agobian” y que habrían sido el resultado “de la acción libre, premeditada, consciente, de nuestros gobernantes de los últimos tiempos que, engañados por los postulados de la famosa ley inventada por un técnico del régimen, creyeron que las rentas públicas aumentaban necesariamente de año en año en una proporción fija y segura” 10 . Por lo demás, también se criticaban diversos aspectos de la política económica desarrollada por el Gobierno 11 .

Muy distinta fue la actitud que tuvo ante el Gobierno La Unión, el periódico conservador de Valparaíso. En general, el diario porteño defendió hasta el final la obra de los militares y la de Carlos Ibáñez. Por ejemplo, en un editorial de enero de 1931, celebraba –comentando un manifiesto dirigido al país por el Presidente de la República el día de año nuevo– “encontrarse, una vez más, en la misma línea del Excmo. Señor Ibáñez respecto de la imperiosa necesidad de mantener, en toda su integridad, los principios esenciales del Código de Honor de la Revolución Militar –el Manifiesto del 11 de septiembre– y de llegar, mediante su total aplicación, lo antes posible, a la adecuada organización de las fuerzas políticas nacionales […] Mantener, inflexible e integralmente, aquellos principios, es la única manera de asegurar el futuro de la evolución” 12 . Pese a que la situación del Gobierno, como consecuencia de la profundización de la crisis económica, iba a ser cada vez más difícil 13 , La Unión se mantuvo fiel a Ibáñez. “Es un deber patriótico aceptar sin quejas ni protestas –señalaría en un artículo editorial titulado “Deberes ciudadanos del momento”– las medidas de emergencia adoptadas para que el país pueda salir cuanto antes victorioso de la depresión económica que lo afecta […] Todo intento de alterar la paz pública o cualquier resistencia a cumplir con los deberes ciudadanos en tales circunstancias, constituirá un delito” 14 .

Cuando empezaron a arreciar las críticas contra el Gobierno, La Unión saldría en su defensa: “No hay derecho para quejarse de un Gobierno que ha dictado todas las leyes necesarias para que pueda Ud. aplicar a todas sus actividades, inteligencia y capitales en forma segura y reproductiva”, titularía un artículo el 21 de mayo de 1931 15 . Incluso en medio de la crisis terminal del régimen, cuando arreciaban las protestas contra Ibáñez, La Unión se puso del lado del gobernante, criticando ácidamente el accionar de los estudiantes que llamaban a la revolución y que se habían propuesto derribar al Presidente de la República. “Nosotros, hoy como siempre, se afirmaría en el medio conservador, creemos que el orden es el principio fundamental del Estado, y que no hay libertad ni ley donde no hay orden […] Cerramos este párrafo bajo la dolorosa impresión de que, voluntaria y deliberadamente, ciudadanos extraviados han hecho perder a la República, una vez más, una espléndida oportunidad de alcanzar dentro de la ley y de la armonía social, la anhelada restauración de la normalidad civil” 16 . Con bastante realismo, si se considera lo que terminó por suceder –la instauración de la “República Socialista” en 1932–, alertarían de que uno de los peligros del derrumbe violento del Gobierno ibañista podría ser el ascenso al poder de la extrema izquierda y hasta de los comunistas 17 , en medio del caos, del desorden y de la pérdida del orden público 18 . En esas circunstancias no solo peligraría el orden público, sino también el orden social.

Posturas contrapuestas ante la caída de Ibáñez

La reacción de los medios de prensa conservadores ante la caída de Carlos Ibáñez fue también muy distinta. En el caso de El Diario Ilustrado, ese hecho se celebró en todo tipo de editoriales y columnas, pintándose con los tonos más duros la obra del líder del movimiento militar. “La ciudad, brutalmente oprimida durante cinco años, ha creído que despertaba de un mal sueño… De allí su entusiasmo, su delirio patriótico, su fervor cívico, ¡26 de julio de 1931! Fecha inolvidable en los anales de la historia chilena” 19 . “El país acaba de salir de un período que parece una negra pesadilla”, se señalaba un par de días después 20 . El 2 de agosto se caracterizaba al régimen caído con palabras todavía más duras: “Se ha cerrado el largo paréntesis que hechos deplorables y el gobierno de un régimen de opresión y tiranía abriera en hora infortunada en la historia de Chile” 21 . De ahí que el periódico conservador apoyara de forma decidida la acusación constitucional contra el Presidente de la República que se tramitaba en las Cámaras de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución de 1925 22 . Más todavía, se entendía que “la revolución cívica que acaba de triunfar no se entenderá consumada mientras no se corrijan y sancionen todos los atropellos a la Constitución y las Leyes, cometidos por la dictadura” 23 .

La reacción de los periodistas de La Unión de Valparaíso fue, en cambio, mucho más ponderada. Celebraban la vuelta al poder de la civilidad, pero exigían que no se cayera en la violencia ni en el desorden 24 . Al mismo tiempo, seguirían identificándose y defendiendo las grandes reformas impulsadas por los militares, las que habían alcanzado su culminación durante el Gobierno de Carlos Ibáñez 25 . Incluso defenderían la creación de la COSACH 26 , que estaba siendo muy criticada, sin perjuicio de estimar también que se habían desvirtuado sus objetivos originales, por lo que parecía lo más conveniente –ya a fines de 1931– terminar con la participación en ella del Estado 27 . No cabe duda de que la línea editorial de La Unión se identificaba con la obra desarrollada por el Gobierno de Carlos Ibáñez tanto en el plano social como en el económico, y también con la defensa del orden público característico de su régimen autoritario. Por lo menos le parecía que la “dictadura” de Ibáñez había resultado beneficiosa y había buscado favorecer a los sectores medios y populares con los que el periódico de Valparaíso se identificaba. Aunque celebraba la vuelta a los Gobiernos civiles, no despreciaba el aporte que habían hecho al país los militares, sobre todo en el ámbito de la legislación social y económica.

Arturo Lyon Peña: Ibáñez como defensor del orden público y social

La obra de Ibáñez también era valorada por otros sectores del conservantismo. Fue el caso, por ejemplo, de Arturo Lyon Peña que había sido presidente del Partido Conservador durante buena parte de la década de 1920. En esa calidad le había correspondido pronunciar el discurso inaugural en la convención conservadora de 1929, en pleno Gobierno ibañista 28 . Lyon Peña encarna muy bien los temores que asaltaban a parte importante de la dirigencia conservadora, ante la oleada de reformas revolucionarias en la que se había sumido Chile a partir de la intervención militar de 1924 y de los desajustes sufridos por el mundo con la Primera Guerra Mundial y sus secuelas y que habían afectado profundamente a nuestro país. Se miraba con particular temor la crisis económica y social en la que se encontraba sumido Chile. Parecía que llegaba a su fin el ciclo del salitre; masas de trabajadores cesantes afluían a Santiago; y menudeaban las huelgas, los desórdenes y las protestas sociales en los centros obreros del país, los que muchas veces terminaban con incidentes violentos. Además, en ese ambiente se hacía notar el poderío creciente de los partidos y de las fuerzas de izquierda y revolucionarias 29 . Se temía el pronto derrumbe de que lo que había sido la estructura tradicional de la sociedad aristocrático-liberal de fines del siglo XIX y comienzos del XX. En esas circunstancias urgía pensar en medios que pudieran evitar el descalabro o, por lo menos, aminoraran sus efectos. Solo dentro de ese marco puede entenderse el programa político que Lyon defendía cuando se acercaba a su crisis final el Gobierno ibañista.

Luego de hacer un esbozo del sistema de partidos que existía en Chile, señalaba que lo que se iba a necesitar “en el día de mañana, es un partido de derecha, es decir, un partido que tenga por objeto mantener el orden social existente”, pues ya existían partidos “de avanzada” y otros liberales, como lo era el mismo Partido Conservador. En opinión de Lyon, estos últimos estaban, de momento, fuera de lugar. “Es posible que, de aquí a cincuenta años, o más pronto, o más tarde, se considere la conveniencia de volver a las doctrinas liberales; pero hoy por hoy la reaplicación de esas doctrinas es irrealizable. Por consiguiente, frente a los partidos izquierdistas que persiguen una transformación paulatina o brusca del orden social existente, no tenemos ninguna fuerza de conservación de ese orden social que oponer”. En una perspectiva política, el régimen parlamentario, con el que tradicionalmente se había identificado el Partido Conservador, parecía inadecuado para enfrentar la lucha de clases que propugnaban los partidos revolucionarios. “Se ha comprendido que, para hacerle frente, es menester fortalecer el Poder Ejecutivo, darle medios para que pueda ejercitar su acción con rapidez y eficiencia”, de ahí que, bajo su presidencia, en la Convención de 1929, los conservadores se habían pronunciado a favor del régimen presidencial consagrado en la Constitución de 1925 que, en su momento, tanto habían combatido. Es en esa perspectiva que Arturo Lyon defendía al autoritario Gobierno de Ibáñez y podía tolerar sus excesos, los que habían afectado a algunos de sus mismos correligionarios; era una barrera para enfrentar la revolución y defender el orden público y el social. Temía también lo que podría ocurrir cuando terminara su mandato: que se desbocaran las pasiones sociales y que los sectores populares llegaran al poder, desplazando definitivamente a la aristocracia tradicional de la cabeza de la sociedad.

Pero el presidencialismo que defendía Lyon se justificaba también por el creciente intervencionismo económico del Estado y por la urgente necesidad que había de enfrentar y resolver la “cuestión social”. De ahí que el dirigente conservador, al igual que los redactores de La Unión, en esa perspectiva, tuviera palabras de elogio para “la revolución de septiembre” que habría “producido en el país transformaciones transcendentales que escapan a muchos”. Entre ellas debían destacarse “la prosperidad de la clase llamada media, que adquiere mayores bienes de fortuna y mucha más influencia en la dirección de los negocios públicos”. Como contrapartida, había tenido lugar “una disminución de la influencia económica y política de las clases llamadas aristocráticas”. Además, se notaba “más disciplina cívica y mayor espíritu de orden, un mejoramiento evidente en la administración tanto pública como municipal”. No todo había sido positivo en la revolución militar, pues también se habían cometido errores que se debían corregir, afirmaba Arturo Lyon, pero su consejo era que se debía “tratar de conservar, una vez que se vuelva a un régimen normal, todo el progreso que gracias a la revolución se ha obtenido […] La revolución puede significar un gran adelanto para el país, siempre que se salga de ella pacíficamente, que se evite un cataclismo económico y que a este gobierno suceda un gobierno civil dispuesto a defender los adelantos que se han alcanzado”. Concluía señalando que un programa que debía congregar a muchos chilenos era el que reconocía “la conveniencia del régimen presidencial, la necesidad de reformar la Constitución a fin de dar medios de defensa a quienes desean la conservación del orden social, el reconocimiento de que la revolución ha realizado en parte una obra beneficiosa que es necesario conservar” 30 .

El anhelo por volver a la normalidad constitucional

Una vez caído Carlos Ibáñez, desde El Diario Ilustrado se llamaría a sancionar no solo a los militares que habían gobernado el país en los últimos años, sino también a los civiles que los habían apoyado 31 . Entre ellos se contarían también políticos conservadores. Por ejemplo, desde distintas instancias partidarias, como la Asamblea de Propaganda Conservadora, se pedían sanciones para parlamentarios del partido que habrían aprobado la concesión de facultades extraordinarias al Gobierno 32 ; o que hubieran aprobado la Cosach 33 ; o senadores que no habían concurrido a la sala al momento de votarse la acusación contra Ibáñez 34 .

En esa línea, sobre todo desde las columnas de El Diario Ilustrado, se exigiría la derogación de los decretos ley dictados en la época revolucionaria 35 y se cuestionaría la legitimidad del Congreso Nacional. Se trataba del Congreso “termal”, generado sin elecciones competitivas, a través de un acuerdo que se había logrado entre el Presidente de la República y la directiva de los partidos, en virtud del cual estos presentaron un número de candidatos idénticos al número de diputados y de senadores que debían ser electos. “El actual Congreso, formado casi en su totalidad por personas designadas por lista por el dictador, señalaba Fidel Muñoz en el Ilustrado, a cuya obra accedieron mansamente los que se decían directores de los partidos, no representa los votos del pueblo, siendo un poder espurio constituido mediante la más flagrante violación de los principios constitucionales” 36 . En otra columna se criticaba que siguiera en funciones “un Parlamento sintético, hijo legítimo del tirano, de donde salieron leyes de emergencia, con facultades extraordinarias que contribuyeron a precipitar la ruina del país” 37 . En lo que no había unanimidad dentro del partido era en lo que se refería a la fórmula más adecuada para disolver el Congreso, barajándose al respecto varias fórmulas. La discusión se daba en medio de un clima revolucionario marcado por la sublevación de la escuadra 38 , lo que llevaría a un sector del partido a estimar que las circunstancias no estaban dadas para que el país se quedara sin Parlamento. De ahí que hubiera parlamentarios conservadores, como Alejo Lira Infante, que se opusieran a su disolución e incluso defendieran su accionar 39 ; posición que chocaba con la sostenida por la Asamblea de Propaganda Conservadora que insistía en la necesidad de que se llegara “pronto por medios constitucionales a la elección de un Congreso que refleje genuinamente la voluntad popular” 40 .

La Unión, el medio conservador de Valparaíso, fue desde un comienzo muy cauto en sus apreciaciones respecto a lo que debía hacerse con el Congreso “termal”. En principio, el ideal era que ese Parlamento se renovara rápido y por vías legales, procurando que el país no quedara en ningún momento sin un legislativo que sirviera de contrapeso al ejecutivo 41 . Pero, muy luego, y ante el ambiente revolucionario que se siguió viviendo a la caída de Ibáñez, el que incluiría hasta el levantamiento de la flota de guerra, cambiaría su posición, para defender la permanencia del Congreso. Esta postura se vería confirmada desde el momento en que el candidato a Presidente de la República que La Unión apoyaba y que resultaría electo en las presidenciales de fines de 1931 –Juan Esteban Montero– se manifestó también contrario a la disolución del congreso “termal” (esto a diferencia de su contrincante, Arturo Alessandri) 42 .

Complicaban también al medio porteño algunas de las fórmulas que se barajaban para disolver el Congreso –autorizar al Presidente para disolver las cámaras una vez durante su período presidencial– puesto que por esa vía se buscaría “con miras francas o mal encubiertas la restauración parlamentaria” 43 ; régimen de gobierno que resultaba inviable en circunstancias en que la complejidad de los problemas económicos y sociales hacían indispensable la existencia de un

Ejecutivo dotado del máximo de poderes.

En lo que sí estaban unidos los conservadores era en la necesidad de poner los medios para superar de una vez por todas el período revolucionario y recuperar el poder político para la civilidad. Resultaba urgente volver a la normalidad” 44 . De ahí que estuvieran dispuestos a apoyar a un candidato radical –Juan Esteban Montero– detrás del cual debían estar todos los partidos, todas las fuerzas civiles, en un “frente civil único” 45 , en una “unión sagrada” 46 , para impedir el resurgimiento del militarismo 47 . Hombres competentes, probados y con experiencia debían reemplazar a los “hombres nuevos” que habían llevado al país a la ruina 48 . Se requería un buen Gobierno, capaz de asegurar el orden, con absoluto apego a la constitución y a las leyes 49 .

En defensa del orden social. Hacia una democracia limitada

En el ámbito político, lo que más preocupaba a los conservadores en los turbulentos años que se iniciaron en Chile con la intervención militar de 1924 y que llegarían a su culminación con la “República Socialista” de 1932, es que se volviera a vivir en plenitud dentro del marco de la constitución y las leyes y de que la conducción del país quedara otra vez en manos de los civiles50. Pero, afectados por temores muy profundos, provocados por el ambiente revolucionario que se vivía y que iba acompañado de constantes brotes de violencia, tanto verbales como físicos, aspiraban a que se restableciera con máxima urgencia el orden público y que no se cuestionara el orden social existente. Se tenía miedo a la revolución que se avizoraba en el horizonte.

Particularmente interesados en el resguardo del orden público se mostraron siempre los editorialistas de La Unión. Luego de lamentar los desórdenes y los actos de violencia en medio de los cuales se había concretado la salida de Ibáñez del poder, insistían en que “sin orden público, la Ley pierde su imperio y son un mito las garantías individuales y sociales […] Sin resguardo de la vida y de los bienes de las personas, la sociedad humana no existe y la civilización se hunde en la barbarie” 51 . En la misma línea se movería El Diario Ilustrado 52 . De ahí que saliera en defensa de un proyecto que apuntaba a reglamentar el uso de la libertad política presentado por el Ministro de Justicia, el líder conservador Horacio Walker, destinado a enfrentar a los dos enemigos de la democracia: “la tiranía militar y la tiranía demagógica, cuyo tipo de gobierno es el Soviet” 53 . La democracia liberal necesitaba disponer de medios legales para defenderse.

De mayor importancia todavía, sobre todo para aquellos sectores del conservantismo chileno que se expresaban a través de El Diario Ilustrado, resultaba la urgente necesidad que existía de defender el orden social frente a la amenaza revolucionaria. “Deber esencial del poder público es la conservación del orden social, sin el cual no es posible ni restauración económica ni siquiera respeto a los derechos individuales amenazados por la tiranía anónima de los peores elementos” 54 . El diario estaba empeñado en una “misión de conservación social” que buscaba alcanzar la estabilidad para el país por medio del orden público y la disciplina “dentro de la más estricta justicia social”. Ese sería también el anhelo de “la gente de bien” que había estado detrás de la candidatura de Juan Esteban Montero a la presidencia de la República 55 . Por ejemplo, al justificar un proyecto conservador sobre colonización interior, el editorialista del Ilustrado afirmaba que “su finalidad última es la estabilidad social que necesita con urgencia el país” 56 . Mientras que, cuando se llamaba a votar por Héctor Rodríguez de la Sotta como candidato conservador a la presidencia de la república en 1932, se decía que lo respaldaban quienes estaban “ligados por un impulso de buen gobierno y de estabilidad social” y que eran “enemigos de la demagogia y de la orgía política” 57 .

En esa perspectiva, lo que causaba más temor en la dirigencia y en la prensa conservadora, era el avance electoral de los partidos de izquierda –el que resultaba evidente por lo menos desde las presidenciales de 1925–, fundamentalmente del comunista 58 , y el ambiente revolucionario que se vivía en Chile tras la caída de Ibáñez. Parecía que en cualquier momento podía producirse un cataclismo social de proporciones. El ambiente estaba cargado de tensión como consecuencia de la profunda crisis que se vivía y de los extremos a los que habían llegado la cesantía y la pobreza. A propósito de una revuelta que terminó con una poblada ocupando el cuartel del regimiento Esmeralda en Copiapó y que había culminado con un combate de tres horas “entre las fuerzas leales y las montoneras comunistas”, se señalaba en El Diario Ilustrado: “Es inútil tratar de seguirse engañando […] En Chile tenemos ya planteado, y con caracteres de enorme gravedad, el problema de la revolución social” 59 . Al día siguiente insistía el mismo medio que “el golpe comunista de Copiapó, felizmente frustrado, ha de ser motivo de meditación para todos los patriotas que comprenden y exigen la defensa social. Ella es más necesaria que nunca en estos momentos en que la miseria general importa un aliciente en todo propósito descabellado”. El “inmisericorde enemigo” de la sociedad contemporánea era el comunismo 60 . La Unión alertaba que “el comunismo no descansa” 61 . Y estaba muy claro cuál era el caldo de cultivo para el avance de la izquierda revolucionaria: de la crisis económica mundial se aprovechaban “los elementos izquierdistas, ibañistas y comunistas para su propaganda contra el orden político y social del país” 62 .

Los conservadores estaban de acuerdo en que el Gobierno constitucional contaba con las herramientas necesarias como para enfrentar esa amenaza. La dictadura o un Gobierno autoritario no eran la fórmula, como se había sostenido en tiempos de Ibáñez. Ya existían las normas adecuadas, como aquella que regulaba la declaración del estado de sitio, consagrada en la Constitución de 1925. También se contaba con el artículo 292 del Código Penal en cuanto este establecía que “toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito que existe por el sólo hecho de organizarse” 63 . Pero se era consciente también, sobre todo en las filas de la juventud conservadora, de que las medidas represivas no eran suficientes. “Si es necesario oponerse al comunismo –señalaba Ricardo Boizard en una reunión de la Asamblea de la Juventud Conservadora– hay que propender, al mismo tiempo, a una decidida y franca política de justicia social” 64 . Ya se ha señalado que había importantes sectores del partido poseídos de una gran sensibilidad social y que querían hacer realidad las propuestas contenidas en las encíclicas sociales. Para ellos, más que el resguardo de la estabilidad social y del sistema liberal, el imperativo era construir una sociedad más justa y solidaria, a lo que debía llegarse a través de medios legales y pacíficos.

Sin perjuicio de lo anterior, en el seno de la dirigencia del Partido Conservador había posiciones encontradas con respecto a cuál sería el régimen de gobierno más adecuado para enfrentar la amenaza revolucionaria y defender el orden social. Ya se ha señalado que Arturo Lyon, quien fuera presidente del partido en la década de los veinte, defendía el autoritarismo ibañista cómo fórmula adecuada para enfrentar el ambiente revolucionario. Más todavía, ante la evidencia de la complejidad de los problemas económicos, sociales y políticos que afectaban a Chile y el mundo, se había comprendido que para hacerles frente “es menester fortalecer el Poder Ejecutivo, darle medios para que pueda ejercitar su acción con rapidez y eficiencia. Se ha reconocido que el parlamentarismo está vinculado en forma demasiado estrecha con el electorado y que los intereses electorales lo privan de la libertad de acción necesaria para velar sobre el orden social. Así es como todos los países que en medio de la gran evolución que produjo la guerra mundial transformaron sus sistemas absolutistas en sistemas democráticos parlamentarios, se han visto en la necesidad de volver, por su propia voluntad o por imposición a regímenes más autoritarios” 65 . De ahí que justificara el hecho de que, en la Convención de 1929, bajo su presidencia, el partido hubiera abandonado su tradicional defensa del parlamentarismo, para identificarse con el presidencialismo consagrado en la Constitución de 1925.

Distinta era, en cambio, la postura de Héctor Rodríguez de la Sotta, presidente del partido en 1932. Para él, las democracias que en su época habían devenido en dictaduras habrían retrogradado “al absolutismo de Luis XIV”. Las dictaduras solo habrían venido a agravar los problemas y los males que afectaban a las sociedades en las primeras décadas del siglo XX, dilapidando una gran cantidad de recursos públicos 66 . Es por ello que, en la Convención de 1932, el Partido Conservador volvería a su línea tradicional en materia de régimen de gobierno, al propiciar “el establecimiento de un régimen parlamentario de gobierno, reformado con la adopción de “quórums”, procedimientos y plazos para las proposiciones de censura ministerial, las que deberán ser motivadas” 67 .

Para un sector importante de la dirigencia partidaria, el tradicional liberalismo parlamentario seguía siendo el régimen político ideal. Quizá ahora se valoraba todavía más ante el miedo que generaban los modernos movimientos de masas.

En efecto, se observaban con preocupación los desarrollos políticos que tenían lugar en algunos países europeos que se consideraban como modelos. Fuera del avance y del temor que generaba el comunismo soviético, al que ya se ha hecho referencia, y que tenía el muy concreto agravante de que contaba con importantes representantes en Chile, a los conservadores chilenos les llamaba también la atención el desarrollo de los movimientos de estilo fascista en Italia y Alemania. Si bien el fascismo italiano había despertado inicialmente algunas simpatías entre los católicos tras la firma de los Tratados de Letrán que devolvieron la libertad al Papa y por su oposición tanto a la izquierda revolucionaria cómo al liberalismo secularizador, al comenzar los años treinta, esa actitud había cambiado. Muy luego había quedado en evidencia el espíritu totalizante del fascismo que resultaba incompatible con la libertad de la Iglesia. “El origen del conflicto entre el Vaticano y el fascismo es la pretensión absurda de este de controlar toda actividad para que ninguna escape a su influencia, e imponer a todas las conciencias su ley” 68 . Así es como, por ejemplo, se estaba persiguiendo a la Acción Católica 69 .

Todavía más compleja se veía la situación de Alemania, sumida en una profunda crisis, en la que tomaban cada vez más fuerza los partidos extremos, enemigos de la República. Para un agudo editorialista de El Diario Ilustrado (firma con X), era un error calificar al fascismo como “una fórmula de gobierno esencialmente anticomunista”. Lo fundamental era entender que el fascismo, en un sentido genérico, “supone la reglamentación absorbente de todas las actividades particulares por una fuerza central, que es el Estado. Ante él, la razón individual desaparece y el ciudadano pierde su autonomía”. Ello se estaría dando con particular fuerza en Alemania con la aparición de Hitler y del nacionalsocialismo, los que, junto al comunismo, amenazaban con poner fin a la República de Weimar. Ante ello, el Ilustrado se preguntaba: “¿Acaso uno y otro sistema no coinciden en su concepción tutelar y en la violencia de sus métodos?”. Y agregaba: “Estrictamente hablando, entre el fascismo organizado y el comunismo militante existe un punto fundamental de discrepancia, cual es el derecho de propiedad. Pero la verdad es que cuando se ha coincidido en abolir otros derechos no menos sagrados, como el de opinión, el simple respeto de uno solo no constituye una barrera infranqueable”. Más todavía, se sostenía en el Ilustrado, “fascismo y comunismo son sistemas revolucionarios y este otro aspecto también les acerca. Ambos han triunfado proclamando la bancarrota de los partidos burgueses, el desprestigio del individualismo y de las teorías liberales; ambos han barrido con el fundamento tradicional que mantenía en pie a la vieja sociedad”. Pese a que en la apariencia se trataría de sistemas absolutamente opuestos, en la realidad el comunismo y el nacionalsocialismo coincidían en lo fundamental: “Iguales métodos compulsivos contra la minoría, igual afán de extender hasta el infinito la acción del Estado, igual fracaso en el propósito de hacer feliz al ciudadano quitándole todos sus derechos” 70 . De ahí el temor con que se veía desde Chile la posibilidad de que, en medio de la profunda crisis que estaba viviendo Alemania, terminara por triunfar alguno de estos partidos extremos 71 . Más todavía, ya se avizoraba que, de llegar Hitler al poder, crecían las posibilidades de que estallara una guerra de dimensiones mundiales 72 .

Pese a las diferencias que los separaban en su valoración del Gobierno de Ibáñez y de los regímenes autoritarios, los grandes líderes conservadores coincidían en una cuestión más de fondo: desconfiaban del sufragio universal. Arturo Lyon, quien se mostraba en general conforme con el Gobierno de Ibáñez, veía con preocupación la elección que tendría lugar cuando este terminara su período presidencial; en ella se podría “romper el equilibrio social” 73 . En su opinión habría sido un gran error “dar patente de legitimidad al sufragio igualitario”, por lo que correspondía ahora buscar medios para “defenderse contra el peligro del voto inconsciente de las masas electorales”. Es así como se preguntaba: “¿Acaso la verdadera justicia no consiste en que cada ciudadano pueda influir en los destinos de su patria de acuerdo con sus capacidades intelectuales y morales? ¿No es, acaso, soberanamente injusto que el individuo ignorante y desmoralizado disponga de los destinos de la colectividad en la misma forma que el más distinguido de sus miembros? ¿No constituye ese estado de cosas el mayor peligro para el porvenir de la humanidad? ¿No tiene la sociedad el deber y no tienen sus representantes la obligación de defender el bienestar, la moral, la cultura colectivos y las conquistas de la civilización en las artes y las ciencias?”. Como alternativa planteaba la introducción “de un voto plural basado sobre la propiedad, la familia y la instrucción” 74 .

Héctor Rodríguez de la Sotta, en el famoso discurso con el que inauguraba la Convención del Partido Conservador de 1932, citando La rebelión de las masas, el clásico de José Ortega y Gasset, señalaba que en el mundo se había impuesto la “hiperdemocracia”. Secuelas negativas de la Revolución francesa habrían sido la introducción en el mundo de “la libertad absoluta, sin freno alguno en el orden moral; y la igualdad, también absoluta de los hombres, para influir en el gobierno de los pueblos, por medio del sufragio universal”. Con esta última herramienta en sus manos, las masas empezaron “a desalojar de los puestos directivos a las minorías seleccionadas y capaces, y a reemplazarlas por hombres mediocres, que triunfaban en las asambleas no por sus virtudes y sus méritos, sino porque con buenas o malas artes, sabían halagar los apetitos y las pasiones de la multitud”. La solución no estaba –señalaba Rodríguez de la Sotta– en el recurso a la dictadura o en la vuelta al absolutismo, sino en dar forma a un régimen liberal-democrático liberado de sus vicios. “Libertad sí; pero dentro del orden. Democracia, también; pero, con igualdad de posibilidades y no de derechos. No puede tener los mismos derechos políticos el capaz que el incapaz; el sabio que el ignorante; el virtuoso que el vicioso; el inteligente que el necio. Equiparar todos estos valores humanos es contrario a la naturaleza, es subvertir el orden natural de las cosas”. Desde esa perspectiva el sufragio universal era calificada como “la mayor imbecilidad que han inventado los hombres”, por lo que se debía terminar con él y reemplazarlo por “el sufragio restringido y plural, restringido a los capaces y en la medida de su capacidad” 75 .

En las conclusiones de la Convención Conservadora de 1932 quedaría recogida esta postura cuando se afirmaba que el partido sostenía “el voto plural basado en la familia, la instrucción y la propiedad raíz” 76 .

Para aminorar los peligros del sufragio universal, Arturo Lyon planteaba también la necesidad de reformar la Constitución en otros dos puntos específicos: que el Presidente se eligiera de manera indirecta, por una Asamblea Nacional y hacer del Senado un órgano conservador, que sirviera de contrapeso a la Cámara de Diputados elegida por sufragio universal. Su proposición era que el Senado fuera “elegido en su mayoría en un colegio electoral único, por ejemplo, y designado en parte entre los hombres que hayan desempeñado altas funciones en las actividades públicas o privadas” 77 .

Llama la atención, en todo caso, que esta resistencia manifestada por los líderes santiaguinos a los avances democráticos era también –por lo menos en parte– reflejo de lo que pasaba al interior mismo del partido. En efecto, durante toda la década de los veinte se había dado un enfrentamiento entre sectores de la juventud y de los conservadores de provincia, que pugnaban por tener mayor representación en el gobierno del partido y la dirigencia tradicional santiaguina que insistía en reservar para sí la conducción del conservantismo 78 . Todavía en la Convención de 1932 se enfrentaron una “tendencia de avanzada” que aspiraba a concretar “una mayor democratización en sus Estatutos (del partido)” y quienes se identificaban con una actitud de cautela y de prudencia en estas materias 79

Se puede agregar todavía que en medio de la crisis en que se debatía el país en estos años, hubo siempre algunos sectores dentro del Partido Conservador que defenderían la representación gremial. Al respecto, desde el año 1931 podían contar con el autorizado respaldo de la encíclica Quadragésimo Anno que volvía otra vez la mirada a los gremios medievales como alternativa al liberalismo dominante 80 . El mismo Rodríguez de la Sotta consideraba la posibilidad de recurrir a esa forma de representación para abrir el sufragio a los sectores más modestos de la sociedad. En efecto, al restringir el sufragio –como él proponía– solo a los “capaces”, quedaría sin derecho a sufragio un grupo considerable de ciudadanos. Para salvar ese inconveniente proponía que se “reservara un porcentaje importante de los asientos de las instituciones políticas a los gremios profesionales de los ciudadanos sin derecho a voto” 81 . Pero la alternativa gremial nunca prendería en el partido. De hecho, se la discutió en el seno de la Convención Conservadora de 1932 y lo más que se llegó a aprobar fue una proposición de Francisco Huneeus en la que se decía: “La Convención del Partido Conservador acuerda recomendar a la Junta Ejecutiva el estudio del régimen corporativo del Estado” 82 .

Pero la mayoría de los dirigentes partidarios estimaba que la caída de la dictadura ibañista abría nuevamente el espacio para el actuar de los partidos, sin los cuales resultaría imposible el funcionamiento de un sistema democrático 83 .

Conclusión

Los años que van de 1924 a 1932 fueron un período de transición durante el cual llegó a su fin el régimen parlamentario y el liberalismo de cuño elitista y aristocrático que estaba en su base. En su lugar tomaría forma un nuevo orden político, económico y social sostenido por sectores sociales nuevos, medios y populares. Fue el caso, por ejemplo, de los “hombres nuevos” que gobernaron con Ibáñez y los militares que pasaron a ser actores centrales de la política chilena desde el mes de septiembre de 1924. En medio de una crisis económica y social casi constante, que llegó a su culminación durante los años 1931 y 1932, y de un sistema institucional que oscilaría entre el autoritarismo de Ibáñez y la República Socialista, el Partido Conservador, firme sostén del antiguo régimen, sufriría importantes fracturas; no le resultó fácil adecuarse a los nuevos tiempos. Lo destacable, es que no solo se producirían en su interior diferencias en materias sociales y económicas, sino también en el plano político. En efecto, mientras la dirigencia del partido, fundamentalmente santiaguina, seguiría defendiendo las formas liberal parlamentarias y combatiría encarnizadamente el régimen ibañista, otros sectores terminarían por aceptar no solo el presidencialismo de la Constitución de 1925, sino también la forma todavía más autoritaria en que ejerció la presidencia Carlos Ibáñez. Así es como, mientras La Unión de Valparaíso veía en Ibáñez un garante del orden público, el expresidente del partido Arturo Lyon valoraba que fuera un freno ante la amenaza revolucionaria que se cernía sobre el país. Coincidían, sin embargo, en destacar su política económica y social, porque beneficiaba a los sectores medios y populares a los que La Unión representaba, y porque era una forma de combatir el descontento social, caldo de cultivo de las revoluciones, en opinión de Lyon.

Llama la atención también, que mientras sectores de la juventud y de provincia del Partido Conservador exigían con fuerza la democratización del partido, la dirigencia santiaguina observaba con temor los avances de la democracia basada en el sufragio universal, que amenazaba con alejarla definitivamente del centro del poder político. De ahí que se propusiera la introducción de formas de sufragio restringidas solo a los “capaces”, asimilables en cierta manera al sistema censitario dominante en el liberalismo del siglo XIX. Mientras se veían superados por el ambiente revolucionario dominante, los conservadores barajaban fórmulas que les permitieran mantener el orden público y, sobre todo, defender el orden social tradicional.

Referencias bibliográficas

Arce Ilabaca , C. (2017). Nacionalismo e intervención económica en la política salitrera del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, Investigación habilitante (Doctorado en Historia). Universidad de los Andes [ Links ]

Arteaga Undurraga, I., (1947). Partido Conservador. XIV Convención Nacional, 1947. Notas históricas, 1823-1947 . Santiago: Imprenta Chile [ Links ]

Bertolino Rendic, M. (sin fecha). Primer gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) (Licenciado en Derecho). Pontificia Universidad Católica de Chile; Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Santiago [ Links ]

Brahm García, E. (2005). La elección presidencial de 1925. El candidato equivocado . En San Francisco, A., Soto , Ángel (autor.);Camino a la Moneda. Las elecciones presidenciales en la historia de Chile 1920-2000. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario [ Links ]

Brahm García, E.(2011). "La visión de la diplomacia alemana sobre un momento de crisis del régimen de gobierno chileno: la caída del Presidente Carlos Ibáñez del Campo en julio de 1931". Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. (32). [ Links ]

Brahm García, E.(2016). "La Unión y el Partido Conservador de Valparaíso: ¿una posición divergente en el conservantismo en medio de la crisis institucional de 1925?". Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. (38), 305-419. [ Links ]

Brahm García, E.(2017). "El Partido Conservador frente a la crisis constitucional de 1925". Revista Chilena de Derecho. 44 (1), 261-285. [ Links ]

Brahm García, E.(2018/3). "¿Doctrina social de la Iglesia o liberalismo? Síntomas de división en el Partido Conservador entre los meses finales del gobierno de Ibáñez y la República Socialista de 1932 en la prensa conservadora". Teología y Vida. 59 , 431-460. [ Links ]

Bravo Valdivieso, G., (2000). La sublevación de la escuadra y el período revolucionario 1924-1932 . : Altazor [ Links ]

Cordero Rebolledo, R. (1994). Ibáñez y la crisis de 1930-1931 (inédita) (Licenciado en Historia). Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia, Santiago [ Links ]

Fermandois, J., (2005). Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004 . Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile [ Links ]

Góngora, M., (1891). Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX . Santiago: Ediciones la Ciudad [ Links ]

Grez Toso, S., (2011). Historia del comunismo en Chile: la era de Recabarren (1912- 1924) . Santiago: LOM [ Links ]

Grez Toso, S.(2014). "La izquierda chilena y las elecciones: una perspectiva histórica (1882- 2013)". Cuadernos de Historia. (40), 61-93. [ Links ]

Nocera, R., Duhart, C., Alarcón, C., (2017). Italia a través de los informes diplomáticos chilenos, 1924-1940 . Santiago: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile [ Links ]

Partido Conservador, ., (1933). Programa y estatutos. Aprobados en la Convención General del Partido efectuada en Santiago los días 24 y 25 de Septiembre de 1932 . Santiago: Dirección General de Prisiones [ Links ]

Pereira, T., (1994). El Partido Conservador 1930-1965. Ideas, figuras y actitudes . Santiago: Fundación Mario Góngora [ Links ]

Pinto V., J., Valdivia O., V., (2001). ¿Revolución proletaria o querida chusma? Socialismo y alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911-1932) . Santiago: LOM [ Links ]

Rodríguez de la Sotta, H., (1932). Crisis política, económica y moral. Discurso pronunciado por el Presidente del Partido Conservador al inaugurar la Convención que celebró el partido en Santiago, durante los días 24 y 25 de septiembre de 1932 . Santiago: Dirección General de Prisiones [ Links ]

Salazar, G., (1999). Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía . Santiago: LOM [ Links ]

Sanfuentes Carrión, M. (1957). El Partido Conservador. Doctrina y Convenciones (Memoria Derecho). Universidad de Chile, Santiago [ Links ]

Scott, H., (2009). Pensando el Chile nuevo. Las ideas de la revolución de los tenientes y el primer gobierno de Ibáñez, 1924-1931 . Santiago: Centro de Estudios Bicentenario [ Links ]

Vial, G., (1996). Historia de Chile ( 1891-1973 ). Vol IV : La dictadura de Ibáñez (1925-1931) . Santiago: Editorial Fundación [ Links ]

Vial, G., (2001). Historia de Chile (1891-1973), Volumen V, De la República Socialista al Frente Popular (1931-1938) . Santiago: Zig-Zag [ Links ]

Villalobos, S., Silva, O., Silva, F., Estellé, P., (1996). Historia de Chile . Santiago: Universitaria [ Links ]

Yáñez Andrade, J., (2008). La intervención social en Chile 1907-1932 . Santiago: RIL [ Links ]

1Salazar y Pinto, 1999, p. 230. Allí se refieren al Partido Conservador, todavía para comienzos de la década de los treinta, como “un partido cohesionado y homogéneo”. Pereira, 1994, p. 41, caracteriza al Conservador como “el más sólido, fuerte e ideológicamente coherente de los partidos históricos”.

2Brahm García, 2017; Brahm García, 2016 y Brahm García, 2018.

3Brahm García, 2011; Bertolino, pp. 354ss.; Fermandois, 2005, p. 110; Cordero Rebolledo, 1994.

4Vial, 2001; Góngora, 1981, pp. 97ss.

5Pinto y Valdivia, 2001; Yáñez Andrade, 2008.

6Cfr., por ejemplo, Grez Toso, 2011. La fuerza de los sectores populares en el ámbito eleccionario había quedado ya de manifiesto en la presidencial de 1925 con la gran votación obtenida por el candidato de la izquierda, José Santos Salas. Brahm García, 2005.

7Brahm García, 2016.

8Scott, 2009, pp. 248ss.; Villalobos, Silva, Silva y Estellé, tomo 4, p. 919 y Vial, 1996, pp. 131ss.

9El Diario Ilustrado. “Chile debe saber cómo y en qué se han gastado miles de millones de pesos de la deuda pública, que ahora constituye una pesadilla que hace imposible conciliar el sueño”. El Diario Ilustrado, Santiago, 17 de julio de 1931, p. 4.

10El Diario Ilustrado, Santiago, 21 de julio de 1931, p. 4.

11El Diario Ilustrado, Santiago, 17 de marzo de 1931, p. 4; 28 de octubre de 1931, p. 4; 1 de noviembre de 1931, p. 8.

12El Diario Ilustrado, Santiago, 4 de enero de 1931, p. 3.

13Vial, 1996, pp. 443ss.; Cordero Rebolledo, 1994.

14La Unión, Valparaíso, 6 de mayo de 1931, p. 3.

15La Unión, Valparaíso, 21 de mayo de 1931, p. 11.

16La Unión, Valparaíso, 24 de julio de 1931, p. 3.

17La Unión, Valparaíso, 25 de julio de 1931, p. 3.

18La Unión, Valparaíso, 27 de julio de 1931, p. 3.

19El Diario Ilustrado, Santiago, 27 de julio de 1931, p. 4.

20El Diario Ilustrado, Santiago, 29 de julio de 1931, p. 4.

21El Diario Ilustrado, Santiago, 2 de agosto de 1931, p. 8.

22El Diario Ilustrado, Santiago, 25 de octubre de 1931, p. 8 y 26 de octubre de 1931, p. 4.

23El Diario Ilustrado, Santiago, 2 de agosto de 1931, p. 8.

24La Unión, Valparaíso, 28 de julio de 1931, p. 3.

25La Unión, Valparaíso, 4 de octubre de 1931, p. 3. “Afortunadamente, en 1924 se inicia lo que en la historia de nuestro desarrollo jurídico se llamará el período de la legislación social, período durante el cual se despacharon las más importantes y numerosas de las leyes que amparan y fortalecen la posición –antes tan desfavorable legalmente– de obreros y de empleados”.

26Cfr. Arce, 2017; Vial, 1996, pp. 456ss.

27La Unión, Valparaíso, 13 de noviembre de 1931, p. 3 y 15 de noviembre de 1931, p. 3.

28Pereira, 1994, pp. 38ss.

29Pinto y Valdivia, 2001.

30El Diario Ilustrado, Santiago, 26 de enero de 1931, p. 4.

31El Diario Ilustrado, Santiago, 8 de marzo de 1931, p. 4 y 12 y 13 de agosto de 1931, p. 4.

32La Unión, Valparaíso, 26 de enero de 1931, p. 1

33La Unión, Valparaíso, 31 de agosto de 1931, p. 1 y 11 de noviembre de 1931, p. 6.

34La Unión, Valparaíso, 28 de octubre de 1931, p. 2.

35El Diario Ilustrado, Santiago, 7, 10 y 19 de octubre de 1932, p. 3. Esa exigencia quedó también recogida en el programa aprobado por la Convención conservadora de 1932. “La derogación de todos los decretos-leyes, para que por vías constitucionales se legisle sobre las materias tratadas en ellos […] La derogación de todas las disposiciones legales contrarias a las garantías y derechos establecidos en la Constitución”. Partido Conservador, 1933. Sanfuentes Carrión, 1957, p. 92.

36El Diario Ilustrado, Santiago, 2 de agosto de 1931, p. 8.

37El Diario Ilustrado, Santiago, 4 de agosto de 1931, p. 4.

38Bravo Valdivieso, 2000.

39El Diario Ilustrado, Santiago, 26 de septiembre de 1931, p. 4 y 13 de octubre de 1931, p. 8.

40El Diario Ilustrado, Santiago, 20 de octubre de 1931, p. 5 y 22 de octubre de 1931, p. 5.

41La Unión, Valparaíso, 22 de agosto de 1931, p. 3 y 27 de agosto de 1931, p. 3.

42La Unión, Valparaíso, 10 de octubre de 1931, p. 3 y 14 de octubre de 1931, p. 3. “Es necesario penetrarse –se señalaba en este último– de que, únicamente rodeando de respeto a la autoridad constituida, se puede alcanzar la tranquilidad que reclaman el comercio, la industria, la familia honesta y el hombre laborioso”.

43La Unión, Valparaíso, 15 de diciembre de 1931, p. 3. Cfr. El Diario Ilustrado, Santiago, 23 de diciembre de 1931, p. 4.

44La Unión, Valparaíso, 12 de noviembre de 1931, p. 3. “Estamos hartos de incertidumbres, de marchas a la deriva, de tumbos y zozobras […] La vuelta a la normalidad, al orden y al trabajo, es más que una aspiración: es el legítimo deseo del país entero”.

45La Unión, Valparaíso, 30 de julio de 1931, pp. 7 y 8 y 2 de agosto de 1931, p. 9.

46El Diario Ilustrado, Santiago, 8 de agosto de 1931, p. 4. “Pero no olvidemos que nuestro glorioso 24 de julio puede ser seguido de otro fatídico 23 de enero si rompemos la unión sagrada, sellada con la sangre del pobre niño por nosotros sacrificado, con la sangre de Jaime Pinto Riesco”.

47El Diario Ilustrado, Santiago, 16 de septiembre de 1932, p. 3. “Lo que necesitamos es que se acaben de una vez por todas y para siempre los movimientos militares […] ¡Ningún movimiento más, en forma alguna, por motivo alguno y para fin alguno!”.

48El Diario Ilustrado, Santiago, 17 de febrero de 1932, p. 4.

49La Unión, Valparaíso, 12 de agosto de 1931, p. 1.

50El Diario Ilustrado de 21 de septiembre de 1932, p. 3 y 21 de septiembre de 1932, p. 3 y La Unión, Valparaíso, 29 de octubre de 1931, p. 3. En este último se señalaba: “El gobierno de la República es, por naturaleza, civil, y debe ser ejercido, normalmente, por civiles […] Los individuos de la Fuerza Armada están llamados a otras funciones, no a gobernar […] La Fuerza Armada no puede deliberar y es para obedecer: el Gobierno tiene por objeto y misión deliberar y mandar […] Lo civiles, a la cabeza del Estado: los militares, a la cabeza de las tropas, obedientes al Estado”.

51La Unión, Valparaíso, 30 de agosto de 1931, p. 3. “Todos los derechos pueden ejercerse dentro del orden”, se señalaría en un editorial de 1 de octubre de 1931, p. 3.

52El Diario Ilustrado, Santiago, 28 de agosto de 1931, p. 4 y 31 de agosto de 1931, p. 4.

53El Diario Ilustrado, Santiago, 12 de noviembre de 1931, p. 4. Cfr. El Diario Ilustrado, Santiago, 11 de noviembre de 1931, p. 4.

54El Diario Ilustrado, Santiago, 28 de abril de 1932, p. 3.

55El Diario Ilustrado, Santiago, 6 y 9 de enero de 1932, p. 4.

56El Diario Ilustrado, Santiago, 5 de mayo de 1932, p. 3.

57El Diario Ilustrado, Santiago, 23 de octubre de 1932, p. 3.

58Brahm García, 2005, pp. 39ss.; Grez Toso, 2014.

59El Diario Ilustrado, Santiago, 26 de diciembre de 1931, p. 4.

60El Diario Ilustrado, Santiago, 27 de diciembre de 1931, p. 8.

61La Unión, Valparaíso, 20 de enero de 1931, p. 3. Mientras en El Diario Ilustrado, Santiago, 30 de diciembre de 1931, p. 4, se decía: “El país se encuentra seriamente amenazado por el peligro comunista”.

62El Diario Ilustrado, Santiago, 13 de enero de 1932, p. 4.

63El Diario Ilustrado, Santiago, 4 de enero de 1931, p. 4.

64El Diario Ilustrado, Santiago, 1 de enero de 1932, p. 12.

65El Diario Ilustrado, Santiago, 26 de enero de 1931, p. 4.

66Rodríguez de la Sotta, 1932, pp. 8ss.

67Partido Conservador, 1933, p. 4 y Sanfuentes Carrión, 1957, p. 91.

68El Diario Ilustrado, Santiago, 16 de julio de 1931, p. 4 y 22 de junio de 1931, p. 4.

69El Diario Ilustrado, Santiago, 2 de junio de 1931, p. 4 y 8 de julio de 1931, p. 4. Cfr. Nocera, 2017.

70El Diario Ilustrado, Santiago, 12 de abril de 1931, p. 4.

71El Diario Ilustrado, Santiago, 5 de junio de 1931, p. 4. “Por ese motivo valdría la pena ayudar a Alemania a vencer esta crisis, aunque fuese a precio de algún sacrificio, sea de orgullo o de dinero. Una revolución en el Reich, de derecha o de izquierda, sería un desastre universal. ¿Tendrán sus ex adversarios la prudencia de pensarlo a tiempo? Esperemos”.

72Después del gran éxito que habían obtenido los nazis en las elecciones de mayo de 1932, El Diario Ilustrado, Santiago, 3 de mayo de 1932 concluía: “Esto demuestra un considerable avance de las ideas de Hitler y una seria amenaza para la paz mundial”.

73El Diario Ilustrado, Santiago, 26 de enero de 1931, p. 4.

74El Diario Ilustrado, Santiago, 3 de enero de 1932, p. 8. Artículo titulado “Frente al espectro rojo”.

75Rodríguez de la Sotta, pp. 5ss.

76Partido Conservador, 1933, p. 4; Sanfuentes Carrión, p. 91. Esta postura contraria a la democracia de masas era defendida también por Jorge Gustavo Silva (El Diario Ilustrado, Santiago, 28 de febrero de 1932, p. 8) e, incluso por Ricardo Boizard, quien, en polémica con Javier Cox Lira, alababa los Gobiernos oligárquicos que había tenido Chile, mientras que criticaba los Gobiernos democráticos o de “avanzada” que le habían sucedido en los años veinte. El Diario Ilustrado, Santiago, 29 de agosto de 1932, p. 3.

77El Diario Ilustrado, Santiago, 19 de diciembre de 1931, p. 4. Cfr. El Diario Ilustrado, Santiago, de enero de 1931, p. 4 y 3 de enero de 1932, p. 8.

78Brahm, 2016.

79Arteaga, 1947, p. 274.

80El Diario Ilustrado, Santiago, 20 de mayo de 1931, p. 1; 5 de julio de 1932, p. 3; La Unión, Valparaíso, 20 de octubre de 1931, p. 3; 22 de octubre de 1931, p. 3; 25 de octubre de 1931, p. 3.

81Rodríguez de la Sotta, p. 13.

82Arteaga, 1947, p. 274; Sanfuentes Carrión, p. 88. A favor del régimen gremial se manifestaron los convencionales José María Pinedo, Enrique Wiegand, Raúl Gallardo, Antonio Valenzuela, José Luis Sepúlveda y Diego Sierpe. En contra se manifestaron José María Cifuentes, Alfredo del Valle, Romualdo Silva Cortés, Enrique Cañas Flores, Rafael Luis Gumucio, Alejo Lira Infante y Miguel Sotomayor. Ello sin perjuicio de que, en los estatutos, a propósito de la “Organización profesional” se acordara: “La organización corporativa debe ser obligatoria y el Partido Conservador procurará el establecimiento progresivo de ella”. Partido Conservador, 1933, p. 8.

83El Diario Ilustrado, Santiago, 4 de junio de 1931, p. 16; 2 de agosto de 1931, p. 8; 1 de noviembre de 1931, p. 8; 8 de octubre de 1932, p. 3; y La Unión, Valparaíso, 8 de octubre de 1932, p. 3.

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El Diario Ilustrado (1931-1932) (Santiago) La Unión (1931-1932) (Valparaíso)

Recibido: 30 de Mayo de 2019; Aprobado: 14 de Octubre de 2019

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