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Cuadernos de historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0719-1243

Cuadernos de Historia  no.52 Santiago jun. 2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0719-12432020000100275 

Documentos

Plataforma programática del movimiento sindical para la postdictadura en Chile (abril de 1989)

Trade union’s movement programme for the Chilean post-dictatorship

Sebastián Osorio L.1 

Rodrigo Araya Gómez2 

1Universidad de Santiago de Chile. Chile

2Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Chile

Resumen:

Se presenta el texto completo del folleto “Propuesta para la transición a la democracia”, elaborado por la Central Unitaria de Trabajadores en abril de 1989, en el cual se sistematizan las definiciones programáticas del organismo más representativo del sindicalismo chileno ante el inminente retorno a la democracia luego del plebiscito de 1988. En el documento se pueden apreciar las demandas que serán la hoja de ruta del movimiento sindical durante las dos décadas siguientes, así como la temprana aceptación de varios principios del nuevo modelo económico, y una enfática disposición al diálogo para la construcción de acuerdos nacionales tripartitos con el Estado y los empresarios.

Palabras clave: Chile; Transición democrática; Sindicalismo; Acuerdos tripartitos; Central Unitaria de Trabajadores; Neoliberalismo

Abstract:

The “Proposal for the transition to democracy” full text, prepared by the Unitary Central of Workers in April 1989, is presented. It systematizes the programmatic definitions of the most representative organization of chilean trade unionism before the imminent return to democracy, after the plebiscite of 1988. The document shows the demands that will be the road map of the union movement during the next two decades, as well as the early acceptation of several principles of the new economic model, and an emphatic disposition to dialogue for the construction of national tripartite agreements with the State and the businessmen.

Keywords: Chile; democratic transition; trade unionism; tripartite agreements; Unitary Central of Workers; neoliberalism

Introducción

Hacia fines de la década de 1980, el movimiento sindical se encontraba en un importante proceso de articulación y reconstrucción de fuerzas, luego de haber sido objeto de una sistemática persecución por parte de la dictadura cívico militar que redujo su base social y su margen de maniobra legal 1 , al tiempo que los ajustes estructurales en la economía chilena contrajeron aquellos sectores en los que el sindicalismo tenía mayor presencia y trayectoria, disminuyendo su afiliación total a poco menos de un tercio de la alcanzada en 1973.

Después de haber protagonizado en 1983 los primeros llamados a las Jornadas de Protesta Nacional contra la dictadura desde la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), y posteriormente desde el Comando Nacional de Trabajadores (CNT) y la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), en los años sucesivos, sobrevino una dura represión de la Junta Militar hacia los trabajadores, que tendió a desplazar el foco de las manifestaciones al ámbito poblacional, mientras que las nuevas convocatorias recayeron en los partidos políticos de oposición.

Ya en un segundo plano de la lucha política por el retorno a la democracia, los trabajadores organizados tenían por delante la compleja tarea de la unidad sindical. La existencia de varios referentes intersindicales constituidos por diversas fuerzas políticas que tenían en común ser de oposición facilitó las cosas, aunque no sin dificultades. En efecto, sectores conservadores de la Democracia Cristiana se oponían a ser parte de una central en la que estuvieran involucrados el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda, tensión que se resolvió estableciendo que el nuevo referente no buscaba una unidad ideológica, y por ende se evitaría en su declaración de principios aludir a aspectos que generaran discrepancias más allá de lo sindical. En este sentido, la formación de la Central Unitaria de Trabajadores fue producto de acuerdos políticos partidarios más que una iniciativa sindical 2 .

El Congreso Fundacional de la CUT, realizado en agosto de 1988, contó con delegados representativos de por lo menos 289.858 trabajadores afiliados a sindicatos, federaciones y confederaciones. En su primera elección interna para conformar su Consejo Directivo Nacional (CDN), la Lista B vinculada a la Democracia Cristiana obtuvo una mayoría simple de 36,6% de los votos, seguida de la Lista C del Partido Comunista más otras organizaciones de izquierda con el 25,6%, quedando últimas las dos listas del Partido Socialista que se presentó dividido, tal como puede observarse en la Tabla N° 1.

1

De tal modo, resultó electo presidente el dirigente democratacristiano Manuel Bustos, de una vasta trayectoria en el mundo sindical, quien en alianza con el Partido Socialista gozó de una cómoda mayoría de 33 delegados de un total de 44 en el CDN. En este contexto histórico fue elaborada la plataforma programática de la multisindical, en la que se convocó en primer lugar a votar en el plebiscito para terminar con la dictadura que se realizó pocas semanas después de su fundación, y en el que resultó victoriosa la Concertación de Partidos por el NO, antecesora directa de la coalición Concertación de Partidos por la Democracia.

Una vez alcanzado su objetivo principal, se elaboró el folleto “Propuesta para la transición a la democracia” expuesto a continuación, que constituye un resumen de las demandas y planteamientos de la CUT respecto a lo que se esperaba del proceso de transición a la democracia por parte del mundo del trabajo y el rol que el movimiento sindical tendría en el mismo. Así, puede considerarse como la hoja de ruta del sindicalismo durante gran parte de las décadas siguientes, y un buen punto de comparación para analizar la evolución de sus orientaciones políticas ulteriores 3 . En ello radica su valor histórico.

Respecto al contenido, pueden observarse posiciones muy proclives a la estrategia de concertación que se puso en práctica durante todo el Gobierno de Aylwin, expresado en una enfática disposición e invitación al diálogo para la construcción de acuerdos nacionales tripartitos con el Estado y los empresarios, así como una muy temprana aceptación de varios principios del nuevo modelo económico, tales como la vinculación de los salarios con los niveles de productividad de las empresas, el reconocimiento de la iniciativa privada como motor de la economía, y una optimista confianza en la democracia como medio de resolución de las dificultades económicas y sindicales de los trabajadores.

tab1 Tabla N°1. Resultados de elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores, 1988 

Fuente: Elaboración propia a partir de Angell, 1993 , pp. 372-373.

Propuesta para la transición a la democracia (abril de 1989) Central Unitaria de Trabajadores

ÍNDICE 4

PRESENTACIÓN ............................................................. .. 3

1. RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y CONCERTACIÓN SOCIAL............................................................................ 5

1.1. Bases de la institucionalidad democrática........................6

1.2. La concertación sindical-empresarial.............................. 7

2. EL CAMBIO ECONÓMICO Y SOCIAL, NECESARIO PARA LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA...................................................................10

2.1. El derecho al empleo................................................... 10

2.2. Las remuneraciones.................................................... 11

2.3. Otras asignaciones......................................................12

2.4. El gasto social............................................................ 12

2.5. La salud de los trabajadores..........................................13

2.6. Una previsión justa......................................................13

2.7. Mejoramiento de las condiciones de trabajo.................... 15

2.8. La vivienda popular......................................................15

2.9. La educación...............................................................16

3. HACIA LA CONSTITUCIÓN DE UN MOVIMIENTO SINDICAL FUERTE, MODERNO Y TECNIFICADO................................................................... 16

3.1. Legislación laboral........................................................17

3.2. Financiamiento sindical.................................................17

3.3. Educación sindical y formación profesional.......................18

3.4. El movimiento sindical y el desarrollo científico y tecnológico...19

Presentación

La derrota de Pinochet en el plebiscito ha sido sin duda un hecho muy significativo, que abre efectivas posibilidades para poner término a estos 15 años de dictadura y transitar hacia el restablecimiento del sistema democrático.

Sin embargo, los desafíos que tenemos por delante son enormes.

En lo inmediato, será necesario asegurar que sigamos avanzando por el camino de recuperación de la democracia, superando los tropiezos que se experimentarán.

En el futuro, será necesario construir un sistema democrático estable y sólido, que tenga capacidad para asumir tareas de mucha envergadura, a pesar de las serias restricciones que limitarán sus posibilidades de acción.

En particular, el futuro gobierno deberá ser capaz de impulsar un sostenido crecimiento económico con justicia y equidad, para atender con prontitud a las múltiples necesidades básicas insatisfechas, especialmente de los trabajadores y demás sectores populares.

Estos desafíos deben ser asumidos por el conjunto de los chilenos y de nuestras organizaciones representativas. Un factor decisivo será que las fuerzas que hemos luchado por la democracia, mantengamos y acrecentemos nuestra unidad y retomemos los niveles de movilización masiva, que fueron decisivos en el triunfo logrado en el plebiscito, que respalde socialmente el complejo proceso sociopolítico de reconstrucción del sistema democrático.

La CUT reitera su decida voluntad de participar activamente en este esfuerzo nacional de reinstaurar la democracia. Hemos sido actores fundamentales en la lucha contra la dictadura. Con ello nos hemos ganado un legítimo lugar en esta fase de transición y en la próxima reconstrucción democrática.

Por ello reivindicamos para el sindicalismo un rol protagónico en las definiciones y puesta en marcha de las nuevas políticas que necesariamente el gobierno de transición deberá ejecutar.

Los trabajadores organizados debemos constituir, una fuerza actuante y decisiva en la consolidación y profundización de la democracia. Asimismo, consideramos indispensable conservar nuestra autonomía como movimiento social, lo que nos permitirá asegurar una adecuada representación de los intereses del conjunto de los trabajadores (y del conjunto de los sectores populares) en este proceso de transición y ante el futuro gobierno.

Nos interesa sobremanera entregar nuestro aporte a la lucha conjunta de la mayoría de los chilenos. Para ello estamos desarrollando iniciativas orientadas a elevar nuestro desarrollo orgánico, de manera de aumentar la fuerza propia del sindicalismo, para contribuir con más eficacia a la movilización de quienes luchamos por reconstruir la democracia.

Estamos conscientes de las restricciones que deberá enfrentar el sistema democrático que surja al término de la dictadura de Pinochet. Sabemos que su estabilidad y consolidación estarán permanentemente amenazadas. Es claro que la tarea común que deberemos asumir todos los chilenos tendrá la envergadura de una verdadera refundación de la república.

La CUT compromete desde ya sus máximos esfuerzos para canalizar el aporte de los trabajadores a esta enorme tarea de reconstrucción nacional.

Sin embargo, debemos señalar que, pese a todas las limitaciones que tenga, el futuro gobierno democrático deberá resolver, en un plazo breve, las tremendas desigualdades generadas por el gobierno de Pinochet. Esta exigencia es impuesta por razones éticas y políticas. Por ello, será necesario atender con rapidez y eficacia a las justas y apremiantes reivindicaciones de los trabajadores y demás sectores populares.

Por una parte, porque moralmente no pueden ser postergadas. Se trata de demandas referidas a necesidades muy básicas, por largo tiempo insatisfechas. Ningún sistema democrático puede admitir la subsistencia de los niveles de miseria de amplios sectores sociales provocados por el régimen autoritario.

Por la otra, porque la satisfacción de estas necesidades es condición de estabilidad del futuro sistema democrático. Si no lo hace, estará enfrentado a una justa y legítima explosión de demandas sociales, que será incontenible.

En esta perspectiva, la CUT ha elaborado esta propuesta, que expresa intereses de los trabajadores, pero también de otros sectores populares. Recogemos las reivindicaciones de estos sectores populares. Recogemos las reivindicaciones de estos sectores porque los trabajadores somos parte de ellos y porque nos parece de entera justicia representar sus intereses, tan largamente postergados y aplastados.

Esta propuesta no contiene, propiamente, un programa de gobierno que no le corresponde a la CUT elaborar.

Tampoco es la expresión de todas nuestras aspiraciones. La CUT mantiene el programa y plataforma de lucha aprobados en su Congreso Constituyente, en agosto de 1988. Especialmente, la CUT reitera su compromiso de luchar sin descanso por una sociedad plenamente democrática, en que los trabajadores seamos constructores de nuestro destino, y en que los derechos laborales y sindicales sean integralmente respetados.

Sin embargo, conscientes de las restricciones que nos impone la realidad actual, hemos elaborado esta propuesta que contiene nuestros planteamientos programáticos adecuados al tiempo presente y futuro próximo.

Esta es una propuesta de la máxima organización representativa de los trabajadores. Por tanto, se dirige especialmente a ellos, así como a los partidos políticos y organizaciones sociales con que hemos luchado por recuperar la democracia.

Al mismo tiempo, es una propuesta para el conjunto de los chilenos porque la CUT entiende que, por encima de nuestros intereses particulares como clase, están las exigencias que impone la común preocupación por los destinos de nuestro país.

Por consiguiente, llamamos a discutir este documento a los empresarios, a otros partidos políticos, organizaciones sociales y a todos los chilenos que tienen real interés en abrir las puertas a la construcción de un sistema democrático sólido y estable.

1. Reconstrucción de la institucionalidad democrática y concertación social

La reconstrucción y la estabilidad del sistema democrático es un objetivo central del movimiento sindical.

Este objetivo exige recrear una institucionalidad democrática basada en el pluralismo, en la alternancia en el poder, en el respeto de las libertades civiles y de los derechos humanos, en la participación autónoma de los agentes de la sociedad civil. Esto es responsabilidad del conjunto de los actores políticos y sociales que deben comprometerse en la generación de un sistema de relaciones sociales que permita un funcionamiento estable y equitativo de nuestra sociedad.

Nuestra experiencia histórica nos demuestra que solo en un marco democrático habrá efectivo respeto a los derechos humanos y, en particular, de los derechos organizacionales y socio-económicos del sindicalismo. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso de cooperar con el proceso de transición y estabilización democrática, y estamos dispuestos a concertarnos con otros actores sociales e institucionales, con el fin de colaborar al proceso democrático y encontrar respuestas a nuestras justas demandas.

1.1. Bases de la institucionalidad democrática

En relación con esto, cuatro son los puntos que resumen nuestro planteamiento:

- Respeto pleno y permanente de los derechos humanos como base del ordenamiento institucional y de la convivencia nacional de carácter democrático, que descanse sobre los principios del pluralismo, la libertad y la permanente búsqueda de la equidad social. En cuanto a las medidas concretas a adoptar en estas materias, la CUT adhiere al acuerdo firmado por los partidos de la Concertación Democrática, el día 14 de diciembre de 1988.

- Restablecimiento de la soberanía popular como núcleo fundante de las instituciones principales del Estado democrático. Transformando o eliminando los enclaves autoritarios que bloqueen la reinstalación de una institucionalidad democrática.

- Desmilitarización de la política, de las instituciones estatales y compromiso de todos los partidos políticos a fundar un sistema de convivencia social que no esté basado en la violencia y el terrorismo.

- Descentralización del Estado: desconcentrar y redistribuir el poder y fortalecer sobre las bases democráticas la regionalización y la municipalización.

El régimen político democrático no se sustenta sólo en un Estado cuyas instituciones han sido depuradas del autoritarismo. Se basa también en una sociedad en donde cada sector tiene fuerza para luchar por lo propio y representatividad para concertar o pactar lo que es útil y necesario.

Desde ese punto de vista nos interesa debatir acerca de la consagración constitucional, no solo de los derechos individuales de los trabajadores, sino también de los derechos de nuestras organizaciones.

Será necesario definir mecanismos institucionales de participación del movimiento sindical en la formulación y control de las políticas públicas emanadas del Parlamento y del Ejecutivo, sin perjuicio de resguardar la soberanía propia de los cargos de elección popular.

Especial atención deberá prestarse a realizar los cambios jurídicos y demás que sean necesarios para asegurar a la mujer una efectiva igualdad de derechos y obligaciones en la vida económica, social, política y cultural del país.

En este contexto, la CUT es también partidaria decidida de buscar con fuerza la reinserción de Chile en la comunidad democrática de naciones y de participar en las distintas instancias de cooperación, integración y negociación internacional. En particular, será preciso buscar activamente nuevas formas de integración entre los pueblos y los gobiernos de América Latina.

1.2. La concertación sindical-empresarial

En el futuro democrático será necesario acentuar los mecanismos de entendimiento directo entre las organizaciones sociales, de modo de no recargar de demandas a un gobierno central que tendrá muchas debilidades y restricciones. En particular, empresarios y trabajadores deberemos buscar formas de acuerdo directo, que superen la confrontación que hasta ahora ha caracterizado a las relaciones laborales. El Estado deberá estimular este entendimiento, participar activamente cuando corresponda y dictar las políticas públicas necesarias para la implementación de los acuerdos que se logren, en cumplimiento a su deber esencial de velar por los intereses generales del país.

La agenda del diálogo sindical-empresarial debe ser amplia y sin restricciones, incluyendo todos los temas de interés común que son parte de la vida de las empresas.

Un primer punto, esencial para los trabajadores, es la búsqueda de mecanismos que estimulen la constitución de organizaciones sindicales (sindicatos, federaciones, confederaciones y central nacional) fuertes, autónomas y representativas, reconocidas como interlocutores válidos por los empresarios. El respeto a nuestras organizaciones y a sus funciones esenciales, desnaturalizadas durante el régimen actual, es una condición fundamental para comprometernos en una perspectiva de entendimiento directo con el empresariado.

La plena autonomía para constituir sindicatos de empresa, federaciones y confederaciones, así como centrales nacionales, es un derecho de los trabajadores que no admite restricciones que, en definitiva, signifiquen un desconocimiento en la práctica de este principio.

En esta perspectiva, la CUT reitera la necesidad de restablecer eficaces procesos de negociación colectiva y el pleno reconocimiento de un verdadero derecho a huelga. Reiteramos nuestra propuesta de desarrollar los procesos de negociación colectiva a nivel de rama. Esto significa valorar el importante rol que deben jugar las federaciones y confederaciones, cuyas funciones han sido desconocidas por el régimen actual.

Los convenios a nivel de rama deberán ser flexibles, considerando la diversidad de las empresas de cada sector. Nos guiará el principio de la existencia de tres niveles de acuerdos: a nivel nacional, ramal y por empresa, entendiendo que anima a los trabajadores la voluntad de mantener la estabilidad de las empresas, evitar las pérdidas de empleo y no disminuir los niveles de remuneración.

En el pasado fue posible, en nuestro país, que se establecieran tarifados nacionales por rama de actividad, sin que se produjeran consecuencias desquiciadoras para la economía y perjudiciales para los trabajadores. Por el contrario, fueron un factor positivo.

Asimismo, la experiencia actual señala que los acuerdos que respetan la heterogeneidad sectorial y fijan marcos amplios de negociación, pero también pisos mínimos o bandas de beneficios, son una contribución al crecimiento económico.

Es claro que todo esto requiere una nueva legislación laboral. Pero es posible, desde ya, producir cambios acordados entre empresarios y trabajadores para avanzar en esta dirección, así como acelerar el despacho de las modificaciones legales necesarias.

Este acuerdo debe resaltar, a lo menos, los siguientes aspectos básicos: que el sujeto de la negociación colectiva es el sindicato, que las partes prefieren el acuerdo directo por sobre cualquier mediación y que la negociación es acumulativa, reconociendo los beneficios logrados en procesos anteriores y estableciendo adecuados mecanismos de reajustabilidad.

Asignamos enorme importancia a la búsqueda de métodos eficaces de negociación colectiva, a nivel nacional, ramal y/o de empresas. A través de este mecanismo podremos lograr el pleno respeto a nuestros derechos individuales y colectivos. Sin ello será muy difícil –acaso imposible– lograr acuerdos racionales y que comprometan nuestros sinceros esfuerzos.

Pero nuestras preocupaciones no se reducen, exclusivamente, a las políticas de empleo y de remuneraciones. Aunque estas son, ciertamente, cuestiones cuya centralidad es indiscutible, hay una diversidad de materias que nos interesa que sean parte de los procesos de negociación colectiva. En relación con ella, el entendimiento directo con el empresariado pudiera ser mutuamente beneficioso y contribuir a la mayor eficacia de las empresas en que trabajamos.

Nos interesamos en que se nos reconozca una efectiva participación en temas como la capacitación profesional y técnica, los procesos de reconversión industrial, la situación de la seguridad industrial y de la salud ocupacional, de la higiene ambiental y de la preservación del equilibrio ecológico, para señalar sólo algunos.

Del mismo modo, nos interesa tomar parte en la elaboración y en la aplicación de las políticas sociales y de relaciones laborales de las empresas. Si concordamos en que las empresas deben ser verdaderas comunidades de trabajo, nuestra participación en estas áreas, que afectan tan directamente nuestra vida diaria, es un factor decisivo para que aquel principio se haga realidad.

Este conjunto de temas deben estar presentes en el diálogo entre empresarios y trabajadores, a nivel de empresa, de rama y nacional.

Naturalmente, no se trata de un diálogo fácil. Por el contrario, hay una historia de confrontaciones que lo dificultan sobremanera. Del mismo modo, no se trata de un diálogo que pueda eliminar los inevitables conflictos de intereses entre empresarios y trabajadores.

Pero los tremendos desafíos que enfrenta nuestro país nos imponen la responsabilidad histórica de hacer los mayores esfuerzos para llegar a acuerdos razonables y al establecimiento de mecanismos que permitan resolver civilizadamente las inevitables diferencias.

2. El cambio económico y social, necesario para la estabilidad democrática

No es posible avanzar en la consolidación del nuevo régimen democrático sin ir dando satisfacción a las necesidades básicas de la población –empleo, salud, alimentación, educación y vivienda–, a través de un proceso gradual pero sostenido. Por el deterioro que ha tenido lugar en los últimos 15 años, esto es extremadamente urgente. No habrá convivencia pacífica mientras no haya un camino visible de solución a los problemas más apremiantes. El grado de desarrollo de un país se mide, en definitiva, de acuerdo con la manera como se han solucionado estos problemas.

Para cumplir con estos objetivos hay recursos disponibles en el país. El problema reside en la extrema desigualdad en la distribución de los ingresos. Será preciso un esfuerzo de todos los chilenos, en particular de quienes se han beneficiado con utilidades excesivas en este período, para posibilitar la implementación de medidas que apunten hacia situaciones de mayor justicia y solidaridad.

También será necesario reasignar el gasto público de acuerdo a estas prioridades.

Del mismo modo, el tratamiento de la deuda externa tendrá estas consideraciones como orientación fundamental. En este sentido deberán buscarse mecanismos que permitan reducir sustancialmente el peso de la deuda y su servicio, con el propósito de allegar recursos para financiar el pago de la deuda social.

2.1. El derecho al empleo

El derecho al empleo constituye un objetivo fundamental de la CUT. Es una de las preocupaciones claves que orientan la formulación de políticas económicas en los países desarrollados. En contraposición a ello, los 15 años de dictadura se han caracterizado por la existencia de altos niveles de cesantía. Esto no puede continuar en el período de transición a la democracia ni luego de él.

Para ello deberá aplicarse una política de inversiones que tenga como uno de los objetivos centrales el aumento del empleo. En la formulación y evaluación de esta política participarán en forma concertada trabajadores, empresarios y Estado [pág. 11].

Sin perjuicio de esa política de inversiones, es necesario también tomar medidas especiales de fomento del empleo. Entre ellas destacamos:

- Los programas especiales de empleo en actividades productivas y de beneficio social, con contratos de trabajo permanente, estabilidad laboral y derechos previsionales, para evitar que se reproduzcan situaciones tan injustas como las que afectan a los trabajadores del PEM, POHJ, PIMO.

- Crear mecanismos institucionales adecuados (por ejemplo una Agencia Nacional de Empleo) para mejorar el contacto entre oferta y demanda de trabajo.

- Asegurar un crecimiento normal de la fuerza de trabajo, evitando presiones exageradas resultantes de las difíciles condiciones de vida de los trabajadores. Esto implica políticas claras en relación al respeto de la jornada de trabajo y de la edad mínima para trabajar.

- Establecer una jornada laboral máxima de ocho horas, iniciando un proceso tendiente a la disminución gradual de la jornada de trabajo semanal, sin que ello signifique bajar las remuneraciones y aumentando las posibilidades de tiempo libre y de descanso de los trabajadores; se ayudaría, así, a resolver el problema de la cesantía. Planteamos incentivar las medidas para la implantación de turnos adicionales en el contexto de un futuro auge económico.

- Restablecer y redefinir normas de inamovilidad en el empleo tomando en cuenta los intereses de los trabajadores y de las empresas, particularmente en materias de productividad y cambios tecnológicos, terminando con la facultad del empleador de poner término a los contratos sin causa justificada y terminando con el tope a la indemnización que, en estos casos, pudiera decretarse.

- En este mismo sentido, la capacitación de los trabajadores adquiere una gran importancia para adecuar las calificaciones de la fuerza de trabajo a las necesidades de la economía.

2.2. Las remuneraciones

Todos los trabajadores tienen derecho a un ingreso mínimo que permita satisfacer las necesidades básicas de su grupo familiar. El componente remuneraciones de ese ingreso mínimo no debe ser inferior a 28.000 pesos mensuales, expresados en moneda de marzo de 1989. Este nivel de remuneraciones mínimas tiene que ser progresivamente aplicado en todos los sectores y ramas de la economía, comenzando su implementación en los sectores de más alta productividad. Deberá ser de cumplimiento obligatorio a más tardar a fines de 1990. Además deberá considerar los costos de vida existentes en diferentes regiones, para lo cual deberá complementarse con asignaciones de zona.

Las remuneraciones deberán mantener su poder adquisitivo, para lo cual deberán reajustarse periódicamente en función del alza del costo de la vida, preferentemente del alza futura prevista de período en período. Así el ingreso real de los trabajadores será menos afectado por la inflación.

Pero además las remuneraciones deberán ajustarse conforme al crecimiento de la productividad del trabajo, de tal forma que aumenten –o al menos se mantengan– su participación en el ingreso nacional. Se trata que los asalariados puedan también acceder a la mayor disponibilidad de bienes y servicios creados por ellos mismos.

2.3. Otras asignaciones

Además de las remuneraciones, también deberán reajustarse las diversas asignaciones complementarias, tanto las que actualmente establece la ley, como otras que deberán decretarse en el futuro (como bono de escolaridad). En estas circunstancias, la asignación familiar, el bono de escolaridad, de locomoción, de colación y otras, deberán ser fijadas en base a costos reales.

2.4. El gasto social

El gasto social debe constituir un componente importante del ingreso de los trabajadores, especialmente de aquellos que se ubican en los tramos inferiores de la escala de remuneraciones. El acceso a ciertos bienes y servicios como salud, educación y vivienda sin costos monetarios directos, o a precios subsidiados, permite que el ingreso proveniente de las remuneraciones sea utilizado para hacer frente a otras necesidades.

En consecuencia, el gasto social concurre a determinar el nivel real de ingresos de los trabajadores y, por ello, es importante conseguir aumentar su volumen y asegurar que sus beneficiarios sean efectivamente quienes más lo necesitan.

Además el gasto social debe programarse para cubrir períodos plurianuales, enfatizando la concreción de un proceso de redistribución de recursos en favor de los grupos sociales más necesitados.

El financiamiento del gasto social provendrá del Presupuesto General de la Nación y de fondos especiales constituidos con aporte tripartito: empresarios, trabajadores y Estado.

2.5. La salud de los trabajadores

La privatización parcial del sistema de salud ha acentuado las desigualdades tradicionales. Las Isapres, que son exhibidas como un logro por el gobierno, sólo constituyen una solución parcial para los sectores de más altos ingresos, pero la mayoría del país recibe una atención altamente deficiente.

El sistema público de salud, en particular el sector municipalizado, ha tendido a deteriorarse. De ahí que es necesario revitalizar la inversión estatal y fortalecer el papel del Estado en la provisión de tan importante servicio, reconstruyendo el Servicio Nacional de Salud sobre la base de un financiamiento solidario, de acuerdo a los principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

Especial atención merece el mejoramiento del servicio municipalizado, los programas de atención integral y el aumento de la cobertura y calidad de los programas de alimentación complementaria. Todo lo anterior sugiere la necesidad de rescatar los aspectos positivos de la administración descentralizada de los servicios, asegurando, sin embargo, un incremento significativo del presupuesto para el sector y su distribución equitativa. Igualmente planteamos la necesidad de reestablecer el Formulario Nacional.

2.6. Una previsión justa

La CUT reitera su rechazo a la reforma previsional impuesta por la dictadura, que no se hizo extensiva a las FF.AA. Reiteramos nuestra decisión de luchar por un sistema de seguridad social que responda a los principios internacionalmente reconocidos de universalidad, suficiencia, solidaridad, racionalidad o eficiencia, democratización de la gestión y respeto de los derechos adquiridos.

El actual sistema ha significado un mayor costo para los trabajadores, una atención de menor cobertura y menor eficiencia, [pág. 14] así como una alta concentración de los recursos aportados por los trabajadores en manos de consorcios económicos nacionales e internacionales.

La CUT participará activamente en la elaboración del nuevo sistema previsional. En el intertanto, la CUT considera necesario introducir reformas urgentes al sistema en vigencia.

El objetivo en materia previsional debe ser asegurar a toda la población una pensión digna, sujeta a mecanismos eficientes de reajustabilidad. Esto es, una pensión suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores que han entregado una vida al servicio del país. El sector pasivo debe, además, beneficiarse de la elevación real de la producción y la productividad mediante su vinculación al mejoramiento de los salarios reales.

La CUT plantea la necesidad de introducir elementos de solidaridad al sistema vigente en nuestro país. El Estado debe asumir obligaciones respecto de las pensiones de los sectores más pobres y complementar el pago para aquellas personas que con su ahorro no alcancen el nivel definido de pensión mínima digna. El resto de los trabajadores asumirán con su ahorro individual la responsabilidad de asegurar su existencia en su época pasiva a través del mecanismo de la AFP. En este contexto, es necesario restablecer la contribución patronal en un porcentaje del total de la planilla.

La naturaleza solidaria del sistema debe contemplar la existencia de mecanismos que hagan posible beneficios especiales para trabajadores sujetos a condiciones de trabajos especialmente desfavorables. Es el caso de trabajadores que realizan labores excesivamente pesadas o en ambientes tóxicos, mientras no se adopten medidas para terminar con esta situación, quienes deben tener una forma especial de jubilación.

Junto a esto proponemos eliminar la comisión fija elevando en una pequeña fracción la comisión proporcional, lo que permitiría solucionar, en buena medida, las diferencias en la valorización de las cuentas individuales según categoría de ingreso.

Es necesario analizar con realismo el problema del financiamiento del sistema de pensiones con el objetivo de evitar déficits o crisis financieras futuras. Es conveniente analizar este tema en conjunto con el de las contribuciones a los diversos sistemas de salud.

El gobierno democrático deberá asegurar que los afiliados de las AFP participen en su administración y, conjuntamente, fomentar el establecimiento de AFP en manos de organizaciones sociales. Las utilidades obtenidas podrían financiar algunas de las actividades de esas organizaciones. AFP en manos de organizaciones sociales podrán destinar montos importantes de los fondos de acuerdo con las decisiones de los trabajadores, sin perjuicio de que la Superintendencia mantenga el control estricto que ejerce sobre las administradoras.

Al mismo tiempo, es necesario idear un mecanismo para que los afiliados participen, no sólo formalmente, en las decisiones fundamentales de las administradoras, particularmente tomando en cuenta el poder que ellas manejarán al incrementarse el número de acciones de empresas en su poder.

Finalmente, exigimos que se dicte una ley especial en favor de todos aquellos trabajadores que hayan sido afectados en sus derechos previsionales como consecuencia de la política represiva que ha tenido lugar en este período. (Exiliados, detenidos-desaparecidos, exonerados por razones políticas, etc.).

2.7. Mejoramiento de las condiciones de trabajo

La situación de la salud ocupacional, del medio ambiente en los lugares de trabajo y laseguridad industrial se han deteriorado significativamente en este período. Es necesario poner efectivamente en práctica las disposiciones establecidas en la ley 16.744, ajustándola a los cambios en la estructura productivo tecnológica y cautelando, en su aplicación, los principios que dieron origen a su promulgación, garantizando de manera efectiva el derecho a condiciones seguras de trabajo. El Estado debe asumir sus tareas para asegurar una fiscalización adecuada. Es indispensable, además, poner en marcha programas de formación de trabajadores en estas materias y revitalizar las comisiones paritarias de higiene y seguridad industrial.

2.8. La vivienda popular

El déficit habitacional continúa siendo un problema de características dramáticas. La puesta en marcha de programas de vivienda popular, que efectivamente satisfagan las necesidades del trabajador y su grupo familiar, puede contribuir de manera importante para superar este problema haciendo posible, además, una reducción importante del desempleo.

Es fundamental que se incremente el gasto público en vivienda, mejorando los sistemas de subsidio habitacional y constituir fondos especiales con aportes tripartitos.

2.9. La educación

Nuestro país vive una seria crisis educacional que se refleja en un estancamiento de las tasas de escolaridad y una deteriorada calidad de la educación impartida; lo que afecta fundamentalmente a los sectores medios y populares, quienes ven bloqueada su posibilidad de acceder a una educación de buena calidad.

También el profesorado, como consecuencia de la “alcaldización” de la educación ha sufrido un deterioro de su dignidad profesional, expresado en inestabilidad laboral y bajos salarios.

La educación, en tanto derecho irrenunciable, debe ser atención preferente del Estado, el cual debe garantizar una efectiva igualdad de oportunidades educacionales que permita a nuestros hijos una formación escolar y profesional óptima.

Para ello exigimos que la educación deje de tener fines de lucro.

También reclamamos la dignificación de la profesión docente mediante la creación de un estatuto docente de carácter nacional aplicable a la educación municipal, subvencionada y particular.

3. Hacia la constitución de un movimiento sindical fuerte, moderno y tecnificado

La transición a la democracia y su consolidación, por una parte, y la modernización de la economía y la sociedad, por la otra, nos plantean grandes desafíos para representar con eficiencia los intereses de los trabajadores en el desarrollo de esos procesos.

Tenemos que aumentar nuestra fuerza propia, elevar sustantivamente el número de afiliados, extender nuestro movimiento a lo largo y ancho del país y adecuar nuestras organizaciones a las nuevas exigencias.

Un sindicalismo fuerte, representativo, moderno y tecnificado contribuye decisivamente a la consolidación y profundización de la democracia. Por ello, el conjunto de la sociedad debe comprometerse en la constitución de un sindicalismo de este tipo. Sin perjuicio de nuestras propias responsabilidades, deben modificarse todas aquellas situaciones que entraban o impiden el fortalecimiento del sindicalismo.

3.1. Legislación laboral

La CUT considera necesaria la dictación de una nueva legislación del trabajo acorde con los cambios institucionales necesarios para la construcción de una sociedad democrática, basada en los Convenios de la OIT, que el futuro gobierno deberá suscribir y ratificar.

Dado que ésta es una operación compleja que requiere un período de estudio, reflexión y debate, la CUT propone la formación de una comisión tripartita que se encargue de la formulación de la nueva legislación del trabajo.

Para la transición, planteamos que en el más breve plazo los partidos políticos democráticos, las organizaciones empresariales y la CUT, acordemos las modificaciones inmediatas que el futuro gobierno deberá introducir a la institucionalidad laboral.

Las reformas legales mínimas son las siguientes: la protección del derecho individual trabajo; el reconocimiento institucional de la organización sindical y su autonomía; la derogación de las normas que establecen la incompatibilidad entre la actividad sindical y la militancia política; el derecho a la negociación colectiva sin restricciones (por rama de la producción y en niveles inferiores), por último, el derecho a la huelga como herramienta legítima de presión del sindicalismo.

Sin embargo, es posible poner en práctica desde ya algunos cambios que no requieren esperar la modificación de la legislación laboral. En forma provisoria proponemos un acuerdo entre empresarios y trabajadores sobre condiciones básicas que garanticen la libre organización sindical, la negociación colectiva y la huelga, Para ello bastará, por ejemplo, que no se aplique la legislación vigente en aquellos aspectos que violan la autonomía y libertad sindical e impiden una efectiva negociación colectiva.

3.2. F inanciamiento sindical

El financiamiento sindical ha sido uno de los problemas tradicionales que ha afectado la eficiencia y la autonomía sindical. El ideal es el establecimiento de fuentes propias de financiamiento, sin la intermediación de agentes externos. Sin embargo, dadas las deterioradas condiciones actuales de los trabajadores, la inestabilidad en el empleo y las bajas remuneraciones, no es posible que la sola cotización voluntaria de los afiliados aporte los recursos necesarios para que el sindicalismo pueda desempeñar su rol de actor social democrático. Por lo tanto, postulamos la cotización obligatoria de todos los trabajadores a los respectivos sindicatos., estén o no sindicalizados. Esta se descontará por planilla debiendo asegurar el Estado su estricto cumplimiento.

La CUT propone establecer un Fondo Nacional de Desarrollo Sindical, financiando mediante el aporte de los trabajadores, un porcentaje del presupuesto general de la nación y un porcentaje de las utilidades empresariales.

La CUT elaborará y propondrá un reglamento que contenga las normas que regulen la recaudación, administración y distribución de los recursos de este Fondo, estableciendo los resguardos pertinentes para impedir una intromisión estatal o empresarial que limite la autonomía sindical.

3.3. Educación sindical y formación profesional

Es ampliamente reconocida la necesidad urgente de ejecutar un plan nacional de educación sindical y, asimismo, de masificar un sistema de formación profesional o capacitación ocupacional.

Para resolver los problemas más urgentes en estas materias, la CUT plantea las siguientes medidas:

- Constituir una Escuela Nacional Sindical, financiada con aportes de los trabajadores (una parte del mencionado Fondo de Desarrollo Sindical) y del Estado.

- Dar participación al movimiento sindical en la dirección del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y en el Servicio de Cooperación Técnica. Asimismo, reclamamos nuestra participación en la dirección de INACAP, y que recupere la condición que tenía durante los gobiernos democráticos, para que efectivamente esté al servicio de los trabajadores y del desarrollo económico del país.

- Aumento de los recursos destinados a la educación de trabajadores, jóvenes y adultos, en todos los niveles del sistema: desde la nivelación de la enseñanza básica y media hasta la enseñanza técnica y universitaria.

- Participación del sindicalismo en la formulación de las políticas educacionales nacionales, regionales y municipales.

- Establecimiento de programas especiales para los trabajadores en las universidades e institutos de formación superior.

3.4. El movimiento sindical y el desa rrollo científico y tecnológico

La intervención eficaz en la definición de las políticas de desarrollo nacional, exigen un plan especial del sindicalismo para participar en la promoción y orientación de la investigación científica y tecnológica. En el corto plazo, la CUT plantea que se destine una proporción de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) –tanto a nivel nacional como regional– a programas especiales en los que participen las organizaciones sindicales pertinentes.

4. El movimiento sindical y la modernización democrática de la sociedad chilena

La inserción activa del movimiento sindical en las amplias tareas de la democratización de la sociedad chilena nos plantea la necesidad de elaborar una visión global sobre un nuevo estilo de desarrollo, que nos permita ser protagonistas del futuro socioeconómico de nuestro país.

Al respecto, sostenemos que el objetivo que debe orientar las decisiones en la asignación de recursos es dar satisfacción a las necesidades básicas de la población y asegurar condiciones dignas de vida para los trabajadores y sus familias. Este es, precisamente, el criterio contrario al que ha guiado las decisiones económicas durante el régimen de Pinochet.

El actual modelo económico, basado en una política de especialización solo en ventajas comparativas naturales, requiere mantener salarios bajos para poder competir internacionalmente. Estos bajos salarios determinan, a su vez, las decisiones empresariales, eternizando la especialización en actividades intensivas en mano de obra barata. Para superar este círculo vicioso es preciso una estrategia de desarrollo que tenga como objetivo central el logro de los salarios. Esto obliga a desarrollar el esfuerzo exportador con productos de mayor elaboración, lo cual elevará la inversión y la innovación tecnológica. En esta línea, es imprescindible la acción conjunta del sector público y privado.

Esta nueva estrategia de desarrollo permitirá compatibilizar la competitividad de nuestra economía en el mercado internacional con la elevación de los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, no se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Estamos dispuestos a analizar con pragmatismo las transformaciones realizadas en este período, manteniendo aquellas que sean compatibles con este nuevo estilo de desarrollo.

Como trabajadores estamos preocupados porque el necesario crecimiento económico con justicia y equidad esté asociado con una política que resguarde una estabilidad económica fundamental.

4.1. Modernización para todos

Los trabajadores no estamos contra las modernizaciones. Por el contrario, el desafío es generalizar efectivamente los procesos de modernización, incorporando a toda la población a los beneficios del sistema.

Se trata de asegurar un marco de estabilidad para todos los agentes económicos, sin renunciar por ello a la necesidad de claros incentivos que induzcan la elevación de la productividad y eficiencia de todos ellos.

Hay que permitir, al mismo tiempo, la existencia de una amplia flexibilidad que haga posible los cambios típicos de una economía moderna en proceso continuo de transformación.

Ello debe basarse en una estructura productiva articulada e integrada, que genere complejos productivos basados en la incorporación del trabajo altamente calificado en materias de diseño, tecnología, investigación científica aplicada, ingeniería y servicios conexos, incluyendo la fabricación y comercialización de bienes de capital.

La participación de los trabajadores en la programación de la inversión y del cambio tecnológico a nivel nacional, regional, sectorial y de la empresa resulta indispensable para asegurar su impulso decidido y para que favorezca a toda la población.

En relación con el desempleo provocado por la introducción de nuevas tecnologías, proponemos una activa participación del sindicalismo en la programación de cambios sustantivos en la composición y volumen total del empleo en la empresa, en las decisiones sobre los mecanismos de recalificación profesional y en la búsqueda de fórmulas alternativas de empleo e ingreso.

4.2. Productividad y salarios

En el mediano y largo plazo, el aumento de los salarios y el mejoramiento de los niveles de vida de la población estarán directamente asociados al crecimiento de la producción y de la productividad. Asimismo, la participación de los salarios en el producto nacional deberá tener una correspondencia con las ganancias y utilidades. Este es un esfuerzo que deben hacer conjuntamente trabajadores y empresarios, en beneficio de todos los chilenos.

4.3. Democratización de la propiedad y de la gestión

La CUT buscará, dentro de los marcos del régimen democrático, la diversificación y democratización de la propiedad y gestión. Propiciamos el desarrollo armónico de formas sociales de propiedad (estatal, mixta, cooperativa, autogestionada, municipal), con aquellas formas privadas de propiedad (individual, accionaria, familiar). En todas ellas propenderemos a la participación de los trabajadores a través de la autogestión y la cogestión.

La CUT luchará por impulsar una amplia y diversificada participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, asignándole al sindicato un rol central. Especialmente, el sindicato luchará por canalizar la representación de los trabajadores en el diseño y ejecución de nuevas formas de organizar el proceso de trabajo, de manera de asegurar que la creatividad de obreros y empleados se revierta también en su beneficio.

Además de las políticas directas de fomento de la democratización de la propiedad y la gestión, se requiere establecer una eficaz regulación estatal de los monopolios, que evite el control de los grupos económicos sobre sectores claves del país.

Simultáneo a ello, proponemos un control social sobre aquellos precios monopólicos que existen en nuestra economía (energía, comunicaciones, transporte, y movilización colectiva, etc.).

La CUT reitera su demanda de poner fin de inmediato a los procesos de privatización. Exige, asimismo, que se investiguen acuciosamente los procesos de privatización ya ejecutados, se dispongan medidas para recuperar los recursos naturales, las empresas estratégicas y los servicios públicos abusivamente expropiados por los grupos económicos.

Insistimos en nuestro rechazo al “capitalismo popular”, como una forma engañosa de obtener la lealtad de los trabajadores y resolver problemas financieros, dejando sin fuentes de recursos al Estado en el período de restauración de la democracia. Nos preocupa que esta fórmula se instrumentalice para debilitar al sindicalismo, propiciando vinculaciones individuales entre trabajadores-empresa y enfatizando las lealtades particularistas en desmedro de la solidaridad y los intereses colectivos representados por el sindicato.

La CUT estudiará, conjuntamente con los sindicatos de las empresas afectadas, la situación particular de cada una de ellas y, sobre esta base, formulará una propuesta para abordar el problema del capitalismo popular conjugando los intereses de los trabajadores que han adquirido acciones de las empresas con los del conjunto de los trabajadores y del país mismo.

4.4. Desarrollo económico para mejorar la calidad de vida

La idea de un crecimiento a cualquier costo económico, social o ecológico en la experiencia de los últimos años, tanto en los países desarrollados como subdesarrollados, se ha demostrado como insostenible. Tampoco es posible alcanzar el crecimiento con los altos costos sociales que caracterizan a la política económica de la dictadura; ni menos crecer a costa del equilibrio ecológico o del agotamiento irreversible de los recursos naturales. Por ello, postulamos la creación de un organismo nacional de preservación y desarrollo de los recursos ecológicos.

Proponemos desarrollar un patrón de crecimiento económico que esté orientado hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos, lo que implica un aparato productivo compatible con el mejoramiento del medio ambiente, comprometido con la renovación de los recursos naturales y consistente con la necesidad de favorecer procesos crecientes de descentralización.

4.5. Hacia un desarrollo equilibrado de la economía

Tradicionalmente se ha pensado que sólo el sector industrial contribuye a la innovación tecnológica. Sin embargo, en la economía moderna el sector primario juega un rol importante en este sentido. Por consiguiente, es necesario superar la contraposición tradicional entre el sector primario y el sector industrial.

La industrialización creciente que experimentan la agricultura, la pesca y la minería, así como el convencimiento generalizado de que la industria nacional debe basarse en los sectores en los cuales el país cuenta con ventajas, exige cambiar los términos de la discusión. Es cierto que el sector industrial contribuye particularmente a la innovación tecnológica y a la difusión del progreso técnico, pero este sector surge con mayor facilidad y perspectiva de éxito cuando está articulado al desarrollo del sector primario.

En consecuencia, la reconstrucción de la economía que deberá asumir el futuro gobierno democrático tendrá inevitablemente orientaciones distintas a las que conocimos en el pasado. Una política de desarrollo rural debe impulsar la generalización del proceso de industrialización y modernización del sector agropecuario buscando incrementar su interrelación con el sector industrial, en particular con aquel productor de bienes intermedios y de capital. Esta política debe armonizar la producción orientada a la exportación con un programa alimentario que satisfaga los requerimientos nutricionales de la población. De igual manera, deberá abordarse la modernización de los sectores mineros, forestal y de pesca mediante su articulación creciente con el sector industrial.

4.6. Bases para una política democrática de desarrollo rural

El desarrollo agropecuario del país debe tener como objetivo fundamental la alimentación del pueblo. Para ello es necesario la participación de todos los sectores sociales involucrados en la producción agrícola, a nivel nacional, provincial y comunal. Para la democratización del mundo rural deberemos centrar los esfuerzos en la organización del sector campesino: recuperar la Ley 16.625 sobre sindicación campesina, modificar la Ley Indígena. y elaborar una ley especial sobre cooperativas campesinas. Es necesario abrir canales de participación para que los campesinos organizados puedan influir en las decisiones locales y nacionales que los afectan. De modo especial deberá asegurarse la participación de las minorías étnicas, garantizando su integración plena y su desarrollo cultural y económico.

Sin perjuicio de aprovechar las iniciativas de los distintos sectores del mundo campesino, le cabe al Estado un papel importante en el impulso de esta nueva política de desarrollo rural, y en la creación de sistemas apropiados de cooperación técnica, de uso de las aguas, de financiamiento y de comercialización, especialmente para aquellos sectores que han estado marginados del desarrollo rural de estos años.

De particular importancia será la promoción de programas de investigación agropecuarias y la conservación de los recursos naturales. Se requiere, también, programas especiales de desarrollo y fomento para los sectores de pequeños propietarios, minifundistas y comunidades étnicas, con especial énfasis en el desarrollo del movimiento cooperativo.

Proponemos la creación de una comisión especial que estudie el problema de irregularidades en la venta de las propiedades de los asignatarios de la Reforma Agraria y las formas de reparar los daños causados; y que analice el problema de la deuda agrícola interna, que afecta principalmente a parceleros, pequeños y medianos empresarios, determinando el monto real de su deuda y la forma de renegociarla. La propiedad de parceleros y pequeños propietarios, en general, debe ser inexpropiable. Se debe brindar un apoyo a la propiedad comunitaria, cooperativa y familiar. Las tierras abandonadas deberán ser entregadas a los campesinos, a través de un fondo nacional, para reparar injusticias cometidas.

4.7. Descentralización y desarrollo regional

La CUT propicia la constitución de polos de desarrollo regional que considere el uso óptimo de los recursos de las regiones en armonía con las capacidades productivas a nivel nacional. Para esto se requiere la reasignación de recursos y el impulso de una nueva política de inversiones.

Para avanzar hacia una estructura económica y social descentralizada y eficiente proponernos la elaboración e instrumentación de políticas concretas en materia de desarrollo industrial de las regiones, articuladas con la dotación particular de recursos naturales.

La reasignación del gasto debe buscar alcanzar niveles comparables de educación, salud, vivienda, recreación y demás servicios.

Particular importancia habrá que darle al desarrollo cultural buscando rescatar el legado histórico de cada región.

4.8. Financiamiento del desarrollo e inversión extranjera

El esfuerzo de inversión que exige un estilo de desarrollo como el expuesto hace imprescindible reformular el sitial y las tareas asignadas al sector financiero. Sin perjuicio de que continúe su proceso de modernización, es necesario subordinar su desarrollo a los requerimientos del sector productivo. Esto implica mantener tasas de interés que faciliten el esfuerzo inversionista.

Los fondos previsionales constituyen una parte creciente del ahorro nacional disponible. En consecuencia, es de singular importancia asegurar que esos fondos contribuyan de la mejor manera posible a la inversión productiva, sin perjuicio de que se tomen las ‘medidas suficientes para que no se vea amenazado el objetivo primordial de esos recursos que es asegurar pensiones dignas. Los trabajadores deberemos tener participación en su administración, por constituir nuestro propio ahorro.

Una parte importante de esos fondos formará, junto con otros recursos, un Fondo Nacional de Inversión cuyo objeto fundamental será orientar estos recursos a las actividades consideradas prioritarias, en cuya administración los trabajadores deberemos tener significativa participación. Particular importancia deberá tener el apoyo a la investigación científica, base del nuevo estilo de desarrollo.

En este contexto, resultan inaceptables propuestas como las de colocar los fondos en activos extranjeros, así como que capitales extranjeros controlen, a través de las AFP, los recursos de los trabajadores.

El capital extranjero es necesario y será bienvenido en la medida que contribuya al crecimiento bien remunerado del empleo, a la innovación científica y tecnológica, a la apertura de nuevos mercados, en suma, que ayude a incorporar a toda la población a los beneficios del desarrollo. En ningún caso, la inversión extranjera podrá ser utilizada para limitar la soberanía nacional ni para agotar irracionalmente nuestros recursos naturales. Por ello, exigiremos se ponga término a las concesiones plenas, sin tiempo definido, y que se dicte un nuevo Estatuto del Inversionista, de acuerdo a los criterios que hemos señalado.

4.9. Un nuevo enfoque de la deuda externa

Frente al problema de la deuda externa, la CUT exige hacer una investigación sobre las formas en que ésta se contrajo y el destino asignado a los recursos. El Estado no puede hacerse cargo del pago del crédito externo derrochado por los grupos económicos.

El país, en especial los sectores populares, hemos asumido grandes sacrificios a raíz de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la banca acreedora internacional. Esto no puede continuar. Los acreedores que han obtenido suculentas ganancias, deben asumir su parte en los costos de la crisis.

En este contexto, rechazamos la enajenación de activos nacionales mediante el sistema de conversión de la deuda, ya que aumenta las injustas ganancias de la banca internacional y reduce el patrimonio de todos los chilenos.

La banca acreedora debe reconocer que el valor de la deuda ha sufrido una reducción sustancial en el mercado internacional. Para ello es necesario ajustar el monto nominal de los títulos de la deuda a su valor de mercado.

Suscribimos la iniciativa de la CEPAL tendiente a crear una institución internacional que asuma y renegocie la deuda restante, estableciendo nuevos plazos de gracia y de servicio con tasas de interés fijas e inferiores a las de mercado, que posibiliten un real crecimiento y desarrollo económico del país.

Apoyaremos toda iniciativa tendiente a concertarnos con los demás países deudores, en especial con los de nuestro continente, para adoptar una actitud conjunta, que permita hacer frente al poder de nuestros comunes acreedores.

5. Solución a diversas situaciones especiales provocadas por la dictadura

Será necesario prestar especial atención a diversas situaciones, de injusticia y discriminación, provocadas por la política represiva de la dictadura, que han afectado a muchos trabajadores y a nuestras organizaciones. Ya hemos señalado, en la parte respectiva, el problema de la situación previsional de muchos compañeros. Proponemos la aplicación de una política especial para exiliados próximos a jubilar, para despedidos por razones políticas después del año 1973, y para familiares de fusilados y detenidos desaparecidos. En el caso específico de los trabajadores despedidos como consecuencia de su lucha por la defensa del patrimonio nacional (por ejemplo, los trabajadores del cobre y ferroviarios), exigimos su inmediata reincorporación preservando todos sus derechos. Habrá que estar atentos a recoger otras situaciones que puedan presentarse.

Una cuestión que debe ser categóricamente resuelta es la que se ha producido con la confiscación por la dictadura del patrimonio de numerosas organizaciones sindicales (bienes físicos y recursos financieros), adquiridos con el esfuerzo de muchas generaciones

de trabajadores.

La Central Unitaria de Trabajadores, legítima heredera de la Central Única de Trabajadores existente a 1973, exige que el futuro gobierno le devuelva los bienes confiscados a esta organización.

De manera similar, habrá que establecer la forma de devolución de los bienes adquiridos por las antiguas cajas previsionales con aporte de los trabajadores, confiscados por el actual régimen.

6. Reiteramos nuestro compromiso

La CUT reitera su disposición a comprometer nuestros mayores esfuerzos, en conjunto con todos los chilenos, para asumir las tareas de envergadura que tenemos por delante. Nos alienta la esperanza de que esta propuesta constituya una efectiva contribución a este propósito común.

Santiago, 14 de abril de 1989.

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1Al respecto, ver Álvarez, 2012; Araya, 2015; Campero y Valenzuela, 1984; Valenzuela, 1986.

2Angell, 1993, p. 369.

3Araya, 2011; Campusano, Gaudichaud, Osorio, Seguel y Urrutia, 2017; Osorio, 2015, 2017; Osorio y Gaudichaud, 2018; Rojas, 1993; Zapata, 1992.

4Se indica el número de páginas del folleto original.

Recibido: 05 de Septiembre de 2019; Aprobado: 25 de Noviembre de 2019

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