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Revista chilena de derecho y tecnología

versión On-line ISSN 0719-2584

Rev. chil. derecho tecnol. vol.5 no.2 Santiago dic. 2016

http://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2016.44766 

Editorial

Editorial

Daniel Álvarez-Valenzuela

Nuevamente tengo el agrado de presentar a nuestra comunidad de lectores, un nuevo número de la Revista Chilena de Derecho y Tecnología, un espacio abierto para la difusión del conocimiento especializado en la interacción entre el derecho y la tecnología, con un enfoque en las discusiones que puedan ser de interés para Iberoamérica en general y Chile, en particular.

Vivimos momentos en que el mundo está experimentando profundos cambios en la distribución política del poder, donde somos testigos del rol que la tecnología puede llegar a tener en procesos tan importantes como las elecciones presidenciales y su exposición a ataques informáticos, que ponen en duda el nivel de madurez en ciberseguridad de las principales potencias mundiales, con intentos en la región por emular la introducción del voto electrónico, apuesta riesgosa atendida la fragilidad de las plataformas y sistemas informáticos que la sustentan, y la falta de control democrático que su implementación y uso usualmente acarrean. Estos son algunos de los temas que esperamos poder también abordar desde una perspectiva más teórica que permita reflexionar -desde el punto de vista del derecho y la tecnología-, y contribuir con un mejor debate público en nuestros respectivos países.

El presente número aborda, en nuestra opinión, un variopinto conjunto de temas donde se combinan debates contemporáneos emergentes como la regulación de las divisas digitales, hasta cuestiones clásicas del derecho de autor, la privacidad o la solución de conflictos en el ambiente digital, los cuales esperamos sean de su total provecho y utilidad.

El primer artículo se hace cargo de uno de los temas más complejos derivados de la digitalización de las obras protegidas por el derecho de autor y que ha provocado, en otras latitudes, una serie de debates sobre la vigencia o aplicación de la teoría del agotamiento del derecho de distribución en el caso de los ejemplares de obras digitales. El artículo propone revisar los alcances y condiciones de aplicación de esta teoría a los nuevos soportes de obras, y propone una forma de implementar una teoría del agotamiento en internet.

El segundo artículo aborda un asunto que cada vez genera mayor preocupación a nivel estatal y regional, sobre la protección de datos personales de los niños y adolescentes a propósito de los usos que cotidianamente constatamos en redes sociales, que implican una exposición de videos, fotografías u otros tipos de información de niños y adolescentes en internet, a partir de la revisión de la legislación española y con algunas referencias puntuales a la legislación chilena sobre la materia.

Un completo análisis de los problemas y oportunidades que enfrenta el Estado de Chile para adquirir nuevas tecnologías y soluciones innovadoras, son analizados en un trabajo que aborda temas tan relevantes para la gestión de las políticas públicas como innovación pública, compras públicas de innovación, gobierno digital en Chile, desde una perspectiva jurídica y recurriendo a algunos elementos del derecho comparado.

Abordando un debate que lleva años desarrollándose en múltiples foros internacionales, presentamos un artículo que da cuenta de los principales elementos de la discusión sobre la gobernanza de internet, a partir del rol que ha desempeñado el gobierno de Estados Unidos en la supervisión de internet y la transición de funciones que ha comenzado a llevarse a cabo desde la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) hacia la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), desde una posición escéptica.

También hemos incluido en el presente número, un completo artículo sobre el procedimiento de arbitraje en linea que ha implementado NIC Chile para la resolución de las disputas por nombres de dominios punto cl, el cual no sólo describe el procedimiento actualmente vigente sino que también ofrece estadísticas, de primera mano, sobre el funcionamiento del modelo de arbitraje electrónico.

Finalmente, cerramos la sección Doctrina de este número, con una contribución sobre las divisas digitales (de las cuales la más emblemática es el Bitcoin) y los desafíos regulatorios que representa generar un nuevo modelo de pago basado exclusivamente en tecnologías digitales de gran complejidad técnica pero que, eventualmente, podrían generar una nueva revolución en la forma en que interactuamos en internet, con los riesgos que esto también representa en materia de ciberseguridad y ciberdelitos.

Inaugurando la sección Informes (Derecho, Legislación, Jurisprudencia) hemos recibido y aprobado dos excelentes comentarios de jurisprudencia sobre temas que si bien no están en la primera línea del debate en este campo del conocimiento, sí pueden tener importantes consecuencias en el ámbito del derecho de autor entendido como un derecho humano de doble dimensión, esto es, que ampara tanta la protección de las obras como el acceso a ellas, y en el ámbito de la masificación de la firma electrónica en la gestión pública en Chile.

El primero de los comentarios de jurisprudencia, analiza la polémica sentencia dictada por un tribunal alemán en un caso que enfrenta a la Fundación Wikimedia y al Museo Reiss-Engelhorn. El fallo reconoce los derechos que el museo tiene sobre las reproducciones de las obras de arte que alberga, incluidas aquellas que se encuentran basadas en obras pertenecientes al dominio público. El comentario plantea interesantes cuestiones acerca de los efectos de esta decisión para el ejercicio del derecho de acceso a la cultura.

El segundo comentario se encarga de analizar la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, que rechazó el recurso de amparo económico interpuesto por una empresa prestadora de servicios de certificación acreditada en contra el Ministerio Secretaria General de la Presidencia, disponiendo que la certificación de la firma electrónica avanzada de una autoridad o funcionario de un órgano del Estado se podrá realizar por medio de sus respectivos ministros de fe, sin la necesidad que los organismos públicos deban acreditarse ante algún prestador de servicios de certificación acreditados.

Como es habitual, agradezco a todas las personas e instituciones que hacen posible la circulación de este nuevo número de la Revista Chilena de Derecho y Tecnología, en especial al equipo de ayudantes de la Revista, a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, al cuerpo de árbitros externos que colaboran con generosidad en la evaluación de cada uno de los artículos que recibimos, y, por supuesto, a los autores y autoras que nos han confiado sus excelentes trabajos.

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