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Cultura-hombre-sociedad

versión impresa ISSN 0716-1557versión On-line ISSN 0719-2789

Cult.-hombre-soc. vol.29 no.1 Temuco jul. 2019

http://dx.doi.org/10.7770/0719-2789.2019.cuhso.01.a03 

Artículo de investigación

Las políticas sociales en el régimen del etnoemprendimiento. Discursos y trayectorias posibles para el destinatario mapuche

Social policies in the ethno-entrepreneurship regime. Possible discourses and trajectories for the Mapuche subject

Rodrigo Navarrete-Saavedra 1  

1 Instituto de Psicología de la Universidad Austral, sede Puerto Montt, Chile. rodrigo.navarrete@uach.cl

Resumen

El presente artículo tiene por propósito discutir sobre el papel que han jugado las políticas sociales en el multiculturalismo chileno de la posdictadura, con especial énfasis en los discursos y las trayectorias que dichos enunciados y tecnologías ayudan a configurar para los destinatarios dentro del actual régimen de subjetivación del etnoemprendimiento. Teóricamente se trata de extender elementos de la analítica foucaultiana del gobierno de las poblaciones hacia la nueva cuestión étnica y el multiculturalismo neoliberal, pero situados y adaptados desde un posicionamiento latinoamericano crítico y con aspiración descolonizadora. Del análisis de un amplio corpus textual de documentos de dominio público emanados de fuentes estatales, para-estatales y sub-estatales de gubernamentalidad, se exponen y discuten las configuraciones discursivas que mejor expresan la racionalidad etnogubernamental durante la posdictadura y las trayectorias que las políticas sociales ayudan a configurar para sus destinatarios.

Palabras clave: Gubernamentalidad neoliberal; etnoemprendimiento; políticas sociales; emprendedor mapuche

Abstract

The purpose of this article is to discuss the role played by social policies in post-dictatorship multiculturalism in Chile, with special emphasis on the discourses and trajectories that those statements and technologies help to configure for subjects within the current regime of subjectivation of ethno-entrepreneurship. Theoretically, we extend elements of the foucauldian analytical of the government of the populations towards the new ethnic question and neoliberal multiculturalism, but located and adapted from a critical Latin American position with a decolonizing aspiration. From the analysis of an extensive textual corpus of public domain sources which originate from state, para-state and sub-state sources of governmentality, we expose and discuss the discursive configurations that best express the ethnogovernmental rationality during the post-dictatorship and the trajectories that social policies help to configure for their target groups.

Keywords: Neoliberal governmentality; ethno-entrepreneurship; social policies; Mapuche entrepreneur

Introducción

Con el inicio de la posdictadura chilena a fines de la década de los 80s se inaugura, además, un nuevo diagrama de saber/poder multiculturalista a través del cual el Estado renuncia discursivamente, de forma explícita, al ideal de homogeneización cultural del pasado y abre la puerta al lenguaje del reconocimiento y la valoración positiva de los pueblos originarios. No obstante, a pesar de que existe un amplio consenso entre investigadores y representantes del mundo indígena en cuanto a que dicho multiculturalismo oficial fue abandonando el camino del pacto político y el avance en reconocimiento de derechos y fue decantando en un entramado de políticas sociales para la superación de la “pobreza indígena” (Assies, 2006; Boccara, 2007; Richards, 2016), el estudio de estas políticas sociales destinadas a individuos, familias y comunidades indígenas ha motivado menor atención que otras aristas del multiculturalismo chileno. Las disputas y conflictos territoriales derivados de la expansión y profundización del extractivismo neoliberal, la emergencia de actores sociales que apelan a la identidad indígena politizando los territorios y las resistencias o la respuesta punitiva estatal a través de la represión y la criminalización de la protesta social, son aristas que han concentrado mucha más atención en el estudio del multiculturalismo chileno.

Este artículo nace precisamente de un proceso de investigación que tuvo por objeto rastrear y problematizar el brazo de las políticas sociales dentro del entramado multiculturalista de la posdictadura1, indagando en los discursos y las tecnologías a través de las cuales se configura a la “población mapuche”2 en objeto de conocimiento especializado y destinatario de programas sociales focalizados. Los resultados y discusiones acá sintetizados corresponden a dos líneas específicas de indagación: las configuraciones discursivas de la política social multiculturalista, por una parte, y las trayectorias que es posible inferir para sus destinatarios, por otra. Mientras los resultados asociados al primer objetivo se fundan en un análisis socio-histórico del discurso de inspiración foucaultiano, el segundo se reconoce como un ejercicio abierta y arriesgadamente sugerente, pues dichas trayectorias solo pueden ser inferidas por el analista con un grado importante de libertad interpretativa. La primera parte del trabajo aspira a caracterizar la aproximación teóricamente situada desde donde se interroga el multiculturalismo neoliberal, las políticas sociales y el régimen del emprendimiento. Con este apartado se espera sostener la idea-fuerza de que las políticas sociales contemporáneas ayudan a modelar verdaderas trayectorias para sus destinatarios, alineando la subjetividad y conducta de éstos con objetivos diseñados por una racionalidad exterior. A continuación se presentan las rutas metodológicas escogidas y, finalmente, se caracterizan las configuraciones discursivas y las trayectorias que, a nuestro juicio, mejor definen el campo de acción que las políticas sociales ayudan a configurar para el destinatario mapuche, cerrando con una breve discusión sobre el papel de los agentes de intervención de los programas sociales dentro de estas trayectorias.

Políticas sociales, multiculturalismo, etnogubernamentalidad

En buena medida las políticas sociales tejidas por el Estado durante amplia parte del siglo XX nacen como respuesta frente a la expansión de la denominada cuestión social, expresión ampliamente difundida en Europa en el siglo XIX para dar cuenta de la conflictividad social y política emergente debido a la brecha entre los principios declarados por el liberalismo y la elite, centrados en la promesa de igualdad, y la pauperización real y escasa materialización efectiva de derechos de la clase trabajadora (Castel, 2002; Barba-Solano, 2010; Donzelot, 2007; Murillo, 2011). Las políticas sociales forman parte de la “gubernamentalidad social”, en lenguaje foucaultiano, que se despliega entonces para contener la miseria, las patologías sociales y el riesgo de desorden social, entendidos como subproductos indeseados de la industrialización (Castro-Gómez, 2012). Son parte de lo que Giovanna Procacci, denomina como necesidad de “conquista de la pobreza”, al emerger ésta como objeto de conocimiento e intervención, es decir, como peligroso enemigo que es necesario gobernar (Procacci 1998 en Escobar, 2007). De este modo, el Estado Social, de providencia, el keynesianismo, los populismos y desarrollismos latinoamericanos, asiáticos y africanos, pueden entenderse como modificaciones sobre las técnicas liberales de gobiernos y las políticas sociales promovidas por éstos asumen un objetivo de socialización y redistribución, buscando compensar “los efectos destructivos que la libertad económica pueda tener sobre el tejido, la trama social” (Foucault, 2012, p. 190).

Con el desamarre de la gubernamentalidad neoliberal durante las últimas décadas del siglo XX se produce una profunda reorganización del campo discursivo y de las prácticas materiales que sostenían dicha cuestión social, tal como Foucault comienza a vislumbrar en el Nacimiento de la biopolítica (Foucault, 2012). Esto ha llevado a diversos autores a hablar de una “nueva cuestión social” neoliberal (Castel, 2002; Barba-Solano, 2010; Murillo, 2011; Ziccardi, 2008), lo que implica una serie de transformaciones en la relación entre ciudadanía, Estado y políticas sociales pero, además, evidencia la inadecuación de ciertos mapas cognitivos ampliamente utilizados para valorar dichas políticas: por una parte, reducirla a simple asistencialismo que solo busca otorgar paliativos frente a situaciones urgentes de necesidad, fortaleciendo un vínculo clientelar entre comunidad e institucionalidad, o, en el otro extremo, comprender la política social como expresión de una conquista de la sociedad frente al Estado, por lo que siempre se trataría de un avance a través del cual el campo popular consigue la expansión de servicios, bienes y derechos de los que ha estado excluido, bajo una comprensión de la política social como herramienta de redistribución (Zibechi, 2010).

De modo alternativo, creemos que la analítica macrofísica del poder de Foucault3, al permitir situar las políticas estatales, pero también supra-estatales y para-estatales como constitutivas de un campo de gubernamentalidad neoliberal, donde es posible identificar una racionalidad y unas tecnologías específicas cuya finalidad es alinear la subjetividad y conducta de los gobernados con los fines de gobierno sin necesidad de coerción, aparece como una llave de inteligibilidad privilegiada (Carrasco, 2014; Laval y Dardot, 2013; Murillo, 2008; Powell y Steel, 2012; Richards, 2016; Rojas Lasch, 2012). En la misma línea, el multiculturalismo puede ser leído como un particular diagrama de saber/poder, una nueva racionalidad de gobierno de las poblaciones marcadas en clave étnica como “indígenas” (Álvarez Leguizamón, 2002, 2011; Boccara, 2007; Boccara y Bolados, 2010).

El multiculturalismo no se refiere entonces a la simple constatación de la diversidad cultural constitutiva de las sociedades contemporáneas lo que, siguiendo a Stuart Hall, podemos denominar multiculturalidad, sino que hace referencia a un proyecto político, asociado a cargas ideológicas para gestionar esta diversidad (Hall, 2014, 2017).

Dependiendo de dicha racionalidad política a la base es que pueden existir multiculturalismos liberales, conservadores, socialistas, radicales, individualistas, comunitaristas, racistas o indiferente a estas distinciones (Parekh, 2005). Por lo tanto, que el multiculturalismo hegemónico pueda ser considerado foucaultianamente como modo de gubernamentalidad neoliberal, es decir, un proyecto de subjetivación para configurar un perfil de “ciudadano indígena” acorde al proyecto neoliberal, no es producto de algún sustrato o esencia, sino evidencia de cómo dicho campo ha sido gubernamentalizado (Hale, 2004; Park y Richards, 2007; Restrepo, 2008, 2012; Richards, 2016). En la misma línea de extensión de la analítica foucaultiana hacia la “nueva cuestión étnica”, es que podemos situar la etnogubernamentalidad de Boccara, para quien se trata de un nuevo modo de gestión de la alteridad y recorte del cuerpo social en clave étnica, con la finalidad de constituir los cuerpos y comunidades indígenas en sujetos y objetos de gobierno (Boccara, 2007).

En general todas estas lecturas desconfían de las versiones “celebratorias” del multiculturalismo y prestan atención a los nuevos amarres, las nuevas relaciones de saber/poder, o bien, los nuevos campos de fuerzas sociales que inauguran dichas racionalidades y tecnologías de gobierno (Bascopé, 2009; Restrepo, 2012; Walsh, 2003). No es posible profundizar por razones de espacio y foco, pero en este punto sería necesario dejar establecida una diferencia entre las críticas de los autores acá mencionados para los cuales el multiculturalismo neoliberal es una “confluencia perversa” -un campo gubernamentalizado por el neoliberalismo, como muchos otros- pero que es posible disputar e ir más allá de éste, tanto política como epistémicamente (en la lógica de una interculturalidad crítica con aspiración descolonizadora), del rechazo “condenatorio” al estilo de Zizek, quien considera que las mismas luchas culturales estarían ya totalmente subsumidas en la lógica del mercado global, siendo el multiculturalismo y las modas intelectuales asociadas (posmodernismos y poscolonialismos) los soportes ideológicos del nuevo capitalismo cultural (Castro-Gómez, 2015; Restrepo, 2012; Trigo, 2009; Zizek, 1998, 2008, 2014).

El régimen de subjetivación del emprendimiento

Si aceptamos que el multiculturalismo representa un campo gubernamentalizado por una racionalidad y unas tecnologías específicas que buscan producir un perfil de sujeto indígena consistente con el neoliberalismo, resulta fundamental entonces profundizar en dicho perfil de subjetividad. Como hemos visto, la preocupación de Foucault y los seguidores de su analítica de la gubernamentalidad implica necesariamente un desplazamiento hacia las “tecnologías de subjetivación” (Castro-Gómez, 2016), es decir, hacia la producción de subjetividades a través del modelo gubernamental. El neoliberalismo “remodela la subjetividad”, en expresión de Christian Laval y Pierre Dardot, pues se trata de producir un sujeto que pueda “gobernarse a sí mismo”, evitando convertirse en una carga para el Estado (Laval y Dardot, 2013). Tal como detectó agudamente Foucault, el neoliberalismo busca extender la forma-empresa por todo el cuerpo social, en todo tipo de ámbitos y relaciones de la vida de los sujetos, llegando a concebir al propio sujeto como “máquina de competencia” o “empresario de sí mismo” (Bröckling, 2015; Foucault, 2012; González, 2015).

Estimulada por esta temprana apreciación de Foucault (el curso Nacimiento de la Biopolítica fue dictado en el período 1978-1979) se da inicio a una serie de teorizaciones provocativas sobre el régimen de subjetivación del neoliberalismo, sobre todo a partir de la expansión de teoría del capital humano del economista de Chicago Gary Becker, para quien el salario no debe entenderse como contraprestación obtenida por el tiempo dedicado al trabajo, sino como un ingreso, una renta resultante del rendimiento de un capital. Así, el individuo es inseparable de su propio capital, ya desde la infancia e incluso desde antes de nacer, es sujeto de decisiones económicas e inversiones que pueden aumentar o disminuir su rentabilidad futura (las prestaciones en salud, en educación, las pautas de crianza, etc. pueden ser leídas económicamente como inversiones para aumentar el futuro rendimiento del capital humano). El “empresario de sí mismo”, el “Yo S.A.”, el “sujeto-proyecto”, o el “self emprendedor”, son nomenclaturas que se extienden para tratar de dar cuenta de este perfil de sujeto promovido activamente por las reformas neoliberales en múltiples ámbitos de la vida (Bröckling, 2015; Castro-Gómez, 2016; Crespo y Serrano, 2011; Laval y Dardot, 2013; Dey, 2013; Dilts, 2011; González, 2015; Powell y Steel, 2012). El sujeto responsable de hacer una adecuada gestión de sí y de su propio capital humano, moviéndose dentro del mercado, invirtiendo y compitiendo con otros, se transformará - para el arte neoliberal de gobierno- en el modelo de todas las relaciones sociales. Pero no solo se trata de administrar la propia vida como una empresa, sino también la familia, las relaciones comunitarias y las relaciones con los demás deben acomodarse bajo régimen de empresarialización.

Un aspecto novedoso de este nuevo régimen es que para los teóricos neoliberales ya no se trata de una naturaleza económica que simplemente se desarrolle impidiendo la intromisión y regulación (estatal) como en el laissez faire del liberalismo clásico, sino que se requiere de una intervención constante y sistemática sobre todos los ámbitos de la vida para asegurar condiciones que permitan que se desarrolle la competencia y la inversión en el propio capital humano. Para el filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez las nuevas tecnologías detectadas por Foucault ya no operan por reglamentación estatal, sino por regulación sobre un “medio ambiente”. Estimulan la iniciativa de los gobernados y buscan dejar hacer, en lugar de legislar sobre qué hacer. No buscan “asegurar” a la población mediante intervenciones estatales, sino promover la libertad de movimientos para que cada uno se asegure a sí mismo y encuentre su propio espacio en la economía de mercado (Castro-Gómez, 2012, 2016). Por consiguiente, no tanto observación y disciplinamiento como en el modelo panóptico, sino la regulación del medio ambiente, el establecimiento de reglas del juego para estimular la autorregulación, el uso de la libertad y la competencia (ideas muy en línea con la sociedad de control esbozada por Gilles Deleuze).

En el campo social, Pascal Dey habla del “gobierno de lo social a través del emprendimiento”, señalando como el “emprendimiento social” ha girado el campo de la política social hacia un espacio de competencia, responsabilidad individual y auto-organización, demandando virtudes y comportamientos emprendedores a los ciudadanos, en lo que denomina como régimen post-bienestarista de lo social. Para el autor: “la gobernabilidad neoliberal depende principalmente de la promoción de sujetos ideales o adecuados (…), es decir, sujetos que coincidan con los principios mercantiles de la competencia y el espíritu empresarial” (Dey, 2013, p. 9). Para Dey, en clara afinidad con Foucault, una función crucial del emprendimiento social es “ofrecer a los individuos en el sector social un guion normativo que les obligue a internalizar los principios y valores empresariales por necesidad práctica” (p. 9). Es decir, la transformación del campo social busca “cambiar el alma de los individuos” y su éxito, por lo tanto, depende de la provisión de principios éticos y conocimientos prácticos (know-how, es decir, habilidades, aptitudes, motivaciones) que instruyen a las personas como ser exitosas en el régimen post-bienestarista de lo social. Por su parte el sociólogo alemán Ulrich Bröckling, refiriéndose a la gubernamentalidad neoliberal y la producción del self-emprendedor, sostiene que el self, el Yo mismo se convierte en un proyecto. Por lo tanto, para este Yo S.A. resultan fundamentales los métodos de gestión de proyectos, ya que la vida cotidiana puede ser definida como un ciclo o un verdadero cosmos de múltiples proyectos (Bröckling, 2015).

Es en este sentido podemos hablar de ciertas trayectorias que los dispositivos de intervención de la política social multiculturalista pueden estar ayudando a configurar para sus destinatarios “indígenas”. A través de enunciados y tecnologías específicas, las políticas sociales de nueva generación ayudarían a configurar un medio ambiente propicio para, por un lado, la inversión en las propias competencias, habilidades, recursos y adecuada gestión del propio capital humano y, por otro lado, la competencia y el aprovechamiento de un entorno rico en oportunidades, a modo de un mercado culturalmente sensible.

En este régimen la diversidad cultural, la tradición, los bienes materiales e inmateriales del mundo indígena pueden ser resignificados como “activos” intangibles, recursos que es posible “poner en valor” en el régimen del emprendimiento (Boccara y Ayala, 2012; Ortiz, 2013). Se articula perfectamente en este régimen el denominado “enfoque de capacidades” (capital social, participación, empoderamiento) promovido desde diversas agencias supra estatales (Banco Mundial, PNUD) y que ha colonizado el campo de la política social, constituyendo un modo de regulación de la pobreza que busca desplazar el centro de gravedad hacia abajo, hacia “las capacidades de los pobres” (Campana, 2014) con la correspondiente psicologización de las políticas sociales, que se convierten en técnicas para responsabilizar y motivar/activar al sujeto en situación de pobreza (Crespo y Serrano, 2011).

Por último, teóricamente también se trata de situar y corregir la analítica de Foucault y sus continuadores desde un posicionamiento periférico y con aspiración descolonizadora. Esto guarda relación tanto con la utilidad de la crítica decolonial para identificar sesgos y prejuicios coloniales en las políticas sociales dirigidas hacia las poblaciones “indígenas”, como para cuestionar los sesgos eurocéntricos de las mismas teorizaciones. En este sentido, creemos que tal como en su momento la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación, la educación popular o la investigación-acción-participativa representaron una relectura y apropiación crítica del marxismo desde una experiencia periférica develando los sesgos centralistas e inadecuaciones para leer la situación del entonces llamado 3er mundo, actualmente también es necesario discutir y relacionarse críticamente con la teoría social fundada en Foucault, el posestructuralismo, las teorías poscoloniales o las derivas post y neomarxistas. En esta línea, la crisis de la modernidad, el paso de sociedades industriales disciplinarias a sociedades posindustriales globalizadas, postdisciplinarias o de control, no implican la superación de las profundas herencias coloniales y las dinámicas racistas de la modernidad capitalista, sino su reorganización bajo razón neoliberal. Desde América Latina no es posible dar por sentada una gubernamentalización del Estado y del poder que implique que las poblaciones son exclusivamente administradas a través de tecnologías políticas modernas, ya que, sobre todo en el caso de poblaciones etiquetadas como “indígenas”, las más brutales expresiones de fuerza no son un “retorno” del poder soberano en “estados de excepción”, sino que son la matriz colonial racista, constante y persistente sobre la cual se han montado las tecnologías políticas modernas, incluyendo el multiculturalismo neoliberal (Castro-Gómez, 2016; Quijano, 2000). De igual manera, la opción decolonial nos invita a criticar el multiculturalismo e incluso a pensar proyectos de interculturalidad más allá de éste, desde la propia experiencia periférica latinoamericana y no como simple extensión de los modelos teóricos desarrollados en las regiones centrales del sistema-mundo o versión incompleta/desviada de éstos.

Aproximación metodológica

Metodológicamente la investigación intenta renunciar a cualquier función de representación, asumiendo tanto los debates sobre la crisis de representación y la imposibilidad de hablar por el otro, como también la discusión sobre los conocimientos situados y la reproducción de relaciones de colonialidad en la investigación social (Corona y Kaltmeier, 2012; Haraway, 1995; Huinca Piutrin, 2012; Nahuelpan, 2013; Navarrete, 2015; Said, 2016; Tuhiwai Smith, 2016, 2012; Tuider, 2012). Se trata de desplazar el foco de observación desde el sujeto individual o colectivo mapuche hacia los mismos dispositivos institucionales y los aparatos cognitivos de gobierno que permiten la construcción de la “población mapuche” como objeto de conocimiento e intervención. De modo consistente con el análisis de los discursos que soportan estrategias de gubernamentalidad (Spink y Menegón, 2006), lo que se investiga es un régimen de subjetivación y no tanto lo que los sujetos sometidos bajo este régimen hacen y dicen. Recurriendo a la metáfora de Ulrich Bröckling (2015) desde esta perspectiva interesa “la corriente que empuja a las personas en una dirección y no hasta donde se dejan llevar, la utilizan para avanzar o cómo tratan de evitarla o nadar contra ella” (p. 22).

Para este abordaje se optó no por un muestreo de “sujetos” que podrían ser representativos de una “población”, sino por “discursos” fijados en “archivos”. Se trata, por lo tanto, de un muestreo documental que implica la búsqueda, la selección y la definición de la cantidad de documentos que conforman el corpus, el que debe ser consistente con el alcance declarado en la propia investigación. Acá no se pretende una representatividad estadística de las fuentes, más bien lo fundamental es constituir un corpus que permita abarcar algunas dimensiones definidas a priori como indispensables (Flick, 2012). En este caso, estas dimensiones tienen que ver con el lugar o la fuente desde donde son enunciados los discursos y con la dimensión temporal. Respecto del lugar o fuente, interesa acceder a documentos de “dominio público” (Rapley, 2014) emanados fundamentalmente desde fuentes estatales pero también para-estatales y sub-estatales de gubernamentalidad (vinculadas genéricamente a MIDEPLAN-Ministerio de Desarrollo Social, Programa Orígenes, Chile Indígena, Plan Araucanía, el Sistema Chile Solidario-Puente, el Ingreso Ético Familiar; unos focalizados exclusivamente en población “indígena” y otros que llegan a dicha población en su calidad de “pobres”). Al respecto es necesario fundamentar que, pese a tratarse de una investigación sobre las racionalidades y tecnologías gubernamentales, éstas no pueden ser entendidas como propiedad exclusiva del Estado, ni éste como única fuente de producción. En cuanto a la dimensión temporal, durante la investigación se organizó un corpus de archivos del periodo de la posdictadura desde 1989 a 2014.

En cuanto al análisis, los resultados que acá se presentan corresponden a dos líneas diferentes de indagación. La primera busca captar la relativa regularidad, relativa estabilidad y relativa estructuración de los sistemas de significación que organizan las prácticas discursivas. En veta foucaultiana, los discursos se tratan “como prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan” (Foucault, 2013, p. 68). Misma premisa que permite a Laclau y Mouffe (2015) sostener que “todo objeto se constituye como objeto de discurso, en la medida que ningún objeto se da al margen de toda superficie discursiva de emergencia” (pp. 144-145). Es por esto que las palabras no tienen sentido en sí mismas, pues derivan sus sentidos de las formaciones discursivas en que se inscriben. Analíticamente se recurre a la noción de configuración o matriz discursiva mediante la cual se pretende dar cuenta de estas organizaciones y territorios discursivos, posicionando los enunciados, los objetos, los sujetos, sus relaciones, etc. sobre el campo en cuestión. De lo que se trata es de identificar en el corpus textual -que ya había sido organizado cronológicamente y según sus fuentes (estatal, supra-estatal, para-estatal)- regularidades, tendencias y puntos de ruptura. En esta línea el uso del software Atlas ti fue utilizado como plataforma para facilitar la gestión de documentos y asistir al investigador.

El segundo conjunto de resultados se reconoce como mucho más arriesgado interpretativamente, pues tiene que ver con trayectorias que solo pueden ser inferidas (con un grado importante de libertad del analista) de los enunciados y tecnologías de la política social. Este ejercicio de identificación de las trayectorias condicionadas para los destinatarios de políticas sociales implica considerar los discursos como “conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales” (Iñíguez y Antaki, 1994, p.63). La búsqueda y conceptualización de estas trayectorias reconoce una inspiración en los trabajos de Dey (2013) o Powell y Steel (2012) quienes precisamente buscan develar las trayectorias a las que son condicionados los beneficiarios de los programas sociales neoliberales.

A pesar de que este tipo de apuestas metodológicas suele ser criticada por trabajar con un corpus demasiado amplio sobre el cual resulta imposible efectuar un análisis “pleno” del discurso en línea con los enfoques textualistas y lingüísticos utilizadas en la psicología discursiva y disciplinas afines o por una tendencia a las sobre-interpretaciones que se alejan del material textual (Antaki, Billig, Edwards y Potter, 2003; van Dijk, 2003), nuestra opción es defender una aproximación abiertamente interpretativa que intente abarcar las condiciones discursivas sociohistóricas amplias donde los textos específicos se inscriben, sin desvincularlos de los procesos sociales, económicos y políticos. En este punto se sigue la sospecha sobre cómo las tendencias empiristas del análisis textual de pequeños corpus podrían terminar pareciéndose a la investigación de laboratorio de la psicología experimental del siglo XX, que pretendía aislar los fenómenos estudiados del contexto social, cultural y político (Parker, 2013; Pavón Cuellar, 2011). La producción de un robusto corpus de análisis, un compromiso prolongado de exposición a los datos -parafraseando a Lincoln y Guba- estrategias de triangulación, acceso de observadores al corpus y juicio de expertos4 son procedimientos utilizados para abonar la auditabilidad y credibilidad (Flick, 2012), principales criterios de calidad de este tipo de aproximaciones.

Discursos de la política social multiculturalista de la posdictadura

Configuración discursiva de la diferencia/reconocimiento

Desde esta configuración discursiva las tecnologías de intervención social orientadas a la “población indígena” se entretejen y soportan en las ideas de “falta de reconocimiento” e “invisibilización histórica” de la especificidad de los indígenas, en cuanto “identidad étnica” que el Estado y la sociedad nacional han buscado homogeneizar en el pasado. Las fuentes que inauguran esta novedosa necesidad de “reconocimiento” desde la política gubernamental respecto de los pueblos indígenas, corresponden a la primera década de la posdictadura y la creación de una vasta red de iniciativas y dispositivos institucionales (CEPI, Ley Indígena, creación de CONADI, implementación de MIDEPLAN, entre otros). Se trata de un discurso de reconocimiento y revaloración de la alteridad negada, pero sistemáticamente condicionada como alteridad interna, como diversidad constitutiva de la nación chilena (la idea de “raíces”), en ningún caso de una alteridad con existencia autónoma al margen del estado-nación. Lo que sistemáticamente aparece en el discurso oficial es que “Chile empieza a salir de un prolongado letargo frente a una realidad que se negaba a ver la existencia de grupos humanos originarios, de un país multicultural” (MIDEPLAN y MINSAL, 1999, s/n) y que ahora, “el Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación Chilena” (Ley Indígena, 1993, art.1). En el mismo sentido se señala que los indígenas “no se sienten reconocidos por la sociedad en su conjunto en su condición de pueblos con una cultura propia y valiosa, ya que la sociedad chilena no se reconoce como una sociedad pluriétnica y multicultural y, por lo tanto, tolerante a la diversidad” (MIDEPLAN, 1999, s/n).

En la misma línea, los informes oficiales declaran que: “los indígenas de Chile (…) se sienten partícipes y orgullosos de la nación chilena, pero anhelan un reconocimiento formal a su condición y su cultura” (MIDEPLAN, 1999). En general esta matriz discursiva hace visible y tolerable la diferencia de la “población indígena” pero la articula con una muy limitada noción de reconocimiento, abandonando cualquier reconocimiento “fuerte” ligado a los derechos políticos, económicos y territoriales como pueblo. Se trata de una línea discursiva transversal al multiculturalismo oficial de la posdictadura, pero que no soporta el reconocimiento de los indígenas en tanto sujetos políticos y epistémicos, sino que, en un margen muy limitado, promueve un reconocimiento como grupo particular, con características propias, merecedor de políticas focalizadas.

Configuración discursiva de la vulnerabilidad/protección

Se trata de la matriz discursiva más característica de la política social hacia la “población mapuche” en la posdictadura. Si el reconocimiento necesita de la idea de alteridad, la protección requiere de la “vulnerabilidad”. En este sentido es que el reconocimiento implica la operación cognitiva de constituir un grupo específico como objeto epistémico -la “población indígena”- pero para la política social dicho reconocimiento de la alteridad es condicionado rápidamente hacia la matriz discursiva de la vulnerabilidad/ protección. Esta articulación entre una matriz de diferencia/reconocimiento y una matriz de vulnerabilidad/protección, soporta el entretejido de la política social de primera generación que implementan los gobiernos de la posdictadura. De este modo, podemos postular que es la política social neoliberal y su nueva racionalidad de detección y marcaje de los “grupos prioritarios” y “vulnerables” (MIDEPLAN, 1992, 1991) para constituirlos como objetos de intervención focalizada, la que opera como modelo de tratamiento de los subgrupos targetizados de la población, quedando la “población indígena” como caso paradigmático. Es decir, este reconocimiento de la diferencia es sistemáticamente interpretado como condición de vulnerabilidad y necesidad de políticas de protección, asistencia y tutela institucional. Acá cobran relevancia objetos discursivos que se harán recurrentes en la política social multiculturalista como los “grupos vulnerables”, las “poblaciones prioritarias”, la “pobreza indígena” o la “focalización”. Se articulan en esta matriz de protección, además, las nociones de “subsidios”, “becas”, “bonos”, “red de prestaciones”, “beneficiarios”, “vinculación con servicios sociales”, “ficha social”, “programas asistenciales”, entre otros que rebosan los documentos de MIDEPLAN (posteriormente Ministerio de Desarrollo Social). No hay que olvidar que incluso políticas como el fondo de tierras (la restitución de tierras es una demanda histórica del pueblo Mapuche) han sido presentados en los documentos de dominio público como “subsidios para grupos vulnerables” (Ministerio de Desarrollo Social, 2014). Esta matriz discursiva está atravesada por la colonialidad, remitiendo sistemáticamente a formas de representación que limitan la capacidad de agencia de los sujetos indígenas (receptores de políticas para protegerlos), siendo configurado desde la negatividad, como un sujeto deficitario y carenciado y legitimando una intervención institucional de tutelaje y, en la medida de lo posible, corregir dichas limitaciones para ser conducido hacia un perfil de sujeto del desarrollo (Rozas, 2014).

Configuración discursiva de la activación/oportunidades

Este discurso que si bien podemos ir encontrando marginalmente en fuentes estatales y para-estatales de gubernamentalidad desde los 80s y 90s, emerge con toda su fuerza y se institucionaliza estatalmente con la administración de Lagos a inicios del siglo XX, la implementación del Programa Orígenes5 y todo un conjunto de discursos y tecnologías tendientes a promover la responsabilización y el protagonismo de los propios sujetos, familias y comunidades en la gestión de los proyectos en pos del “desarrollo con identidad”. Acá se busca reemplazar el énfasis en la vulnerabilidad y la protección, por una nueva generación de políticas orientadas a activar y dotar de “competencias” al sujeto indígena y ofrecerle un campo de oportunidades culturalmente pertinentes donde desenvolverse y competir. No se apunta a la asistencia ni protección del carenciado o vulnerable frente a los posibles efectos negativos del desarrollo, sino que al estímulo para su participación activa en este proceso. Cuando desde el Instituto Libertad y Desarrollo señalan que: “desde ópticas paternalistas se ha intervenido con cuerpos legales y políticas públicas que han exacerbado un enfoque protector que, más que habilitar a los miembros de las comunidades indígenas, los ha limitado” (Fundación Libertad y Desarrollo, 2003, p. 11), podemos evidenciar la dirección y el sentido de este nuevo discurso. La vulnerabilidad/protección es asociada a una herencia asistencialista y paternalista que resulta inadecuada para la “habilitación”. Proteger no es lo mismo que habilitar. Para habilitar es necesario transferir responsabilidad desde el Estado hacia los propios sujetos y comunidades, a través de las nuevas técnicas de autoconducción empresarial.

Se trata de una matriz discursiva bipolar que busca fortalecer las capacidades internas en las comunidades, por un lado, y consolidar una red de prestaciones y oportunidades con pertinencia cultural, por el otro. En el caso de Orígenes podemos encontrar el “Subprograma de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas” cuyo objetivo es “fortalecer a las comunidades indígenas en su capital humano, social, cultural, natural, físico y patrimonial” (MIDEPLAN-BID, 2001, p. 16). Este subprograma está compuesto por el componente de “fortalecimiento de comunidades y organizaciones indígenas” que contempla los subcomponentes de “planificación participativa” y de “fortalecimiento organizacional”. Contempla capacitación amplia en “planificación, elaboración y presentación de propuestas”; “administración, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos”; “conocimiento del Estado y difusión de la oferta de los programas y recursos ofrecidos por los servicios públicos y privados para el desarrollo local”; “comunicación y liderazgo”; “control de gestión”; “generación de redes sociales” (MIDEPLAN-BID, 2010, p. 16-17). Todo esto podemos ubicarlo en la dirección hacia abajo, hacia las comunidades y el fortalecimiento de sus capacidades, mientras el segundo subprograma se orienta a la “Oferta pública culturalmente pertinente”, que pretende institucionalizar una “oferta pública pertinente y adecuada a la realidad sociocultural de las comunidades indígenas” (MIDEPLAN-BID, 2010, p. 17). Este componente apuntaría hacia “arriba”, a la red de oportunidades o espacio del mercado donde deben desenvolverse los sujetos con sus capitales tangibles e intangibles.

Lo mismo sucede con el Programa Puente cuyo segundo eslogan “Con su esfuerzo y una Oportunidad” (ambos polos: activación de capacidades/oportunidades) viene a reemplazar al inicial “Un puente entre la familia y sus derechos” que conserva un lenguaje más bien garantista. Políticas posteriores como el Ingreso Ético Familiar radicalizarán este giro, estableciendo una clara distinción entre un mínimo de prestaciones garantizadas (Seguridades) y un más amplio espacio de transferencias económicas sujetas a condicionalidades (Oportunidades), es decir, al compromiso de demostrar “esfuerzos” y “logros” (Ministerio de Desarrollo Social, 2013). El Plan Araucanía implementado por el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) utiliza el eslogan: “Invirtiendo en personas y oportunidades” (Gobierno de Chile, 2010), reforzando claramente los dos ejes de la matriz discursiva: el sujeto perfilado, con sus competencias activadas y habilitadas, y el campo de oportunidades en el cual debe desenvolverse y competir. En un lenguaje fuertemente economicista dicho plan busca “poner en valor la tierra mapuche” y, de modo indirecto, de poner en valor al sujeto mapuche que trabaja dicha tierra. Incluso “poner en valor su cultura” (Gobierno de Chile, 2010) pasa a ser un objetivo sistemático de los discursos oficiales que fluyen de esta matriz. A esta matriz discursiva absolutamente contemporánea se corresponde lo que hemos denominado como régimen del etnoemprendimiento.

Trayectorias posibles para el destinatario de la política social multiculturalista

Trayectoria del sujeto egresado/gestor de sí mismo

Podemos identificar un primer campo de posibilidades o una primera trayectoria condicionada, representada de modo “ideal” a través del sujeto mapuche egresado de la política social como gestor exitoso de sí mismo. Se trata de un ideal normativo que subyace a las políticas sociales de la matriz discursiva de la activación/oportunidades, centradas en la responsabilización y la empresarialización del sujeto étnico. Es decir, las políticas sociales participan de la configuración de una trayectoria, con etapas, pasos, hitos, etc. que ofrecen un conjunto de elecciones que el sujeto debe ir tomando, bajo estímulo de mediadores de la política social y que, si estas jugadas resultan exitosas, deberían llevar al sujeto hasta un estado ideal de autonomía, un sujeto capaz de gestionarse exitosamente a sí mismo sin necesidad de la política social. Con la lógica del Programa Puente y luego el Ingreso Ético Familiar, los sujetos pueden ir adquiriendo la capacidad de desarrollar sus conductas-proyecto (Bascopé, 2009) que le permitan ir accediendo a las oportunidades del entorno. Vinculación con servicios sociales básicos, pero posteriormente se abre la posibilidad de acceder a pequeños estímulos económicos para desarrollar una iniciativa de microproyectos financiados, orientados a promover la generación de ingresos autónomos por parte de la familia. Aunque generalmente se trata de iniciativas muy precarias y que en el mundo rural mapuche tienen como principal destinatario a la mujer-madre de la unidad familiar, se espera que dichas iniciativas permitan promover aprendizajes y el aprovechamiento de los recursos individuales y colectivos posibles.

El imperativo del “avance” y el “no estancamiento” se evidencia en la necesidad de “egreso” de las familias de los programas sociales focalizados o los acotados y puntuales que siempre resultan los tiempos de los proyectos. Esto demuestra lo profundamente anclado que se encuentra en estos dispositivos el imperativo de evitar cualquier tipo de “pasividad”, “inactividad” y, sobre todo, “dependencia”, rasgos que representan la base de todos los males sociales en cuestión. Por ejemplo, el Programa Puente contemplaba un flujograma de 24 meses de intervención, después de los cuales la familia debía abandonar la extrema pobreza y situarse sobre una línea mínima de pobreza tolerable. La misma lógica de proyectos es insistente en una cierta regulación del tiempo, condicionando un ritmo de trabajo, una dinámica de organización del tiempo que debe ser incorporada por el sujeto emprendedor en su trayectoria hacia la autonomía.

Al compartir el mismo ADN, las políticas sociales permitirían poner a prueba al sujeto en sus primeras experiencias de formulación de proyectos, administración de recursos e implementación de iniciativas, para que posteriormente pueda dar un salto hacia fuentes de financiamiento propias de líneas productivas, en su momento la línea Chile-Emprende y sus evoluciones posteriores, pero generalmente enmarcadas por instituciones como Sercotec-CORFO6.

Esta primera trayectoria configurada como campo de posibilidades para que los agentes desplieguen sus movimientos y elecciones, espera entonces conseguir que un sector de la población mapuche focalizada pueda efectivamente alcanzar un grado de autonomía y romper con la dependencia de la política social. La autonomía acá obedece a una representación asocial del sujeto, una representación profundamente individualista y abstraída de las mutuas dependencias constitutivas de lo social. La gestión de sí mismo que se pretende alcanzar a través de esta trayectoria condicionada por la razón gubernamental, es esta gestión de un sujeto racional que debe calcular constantemente sus conductas como agente económico y los riesgos implicados, y es en este sentido que se hace gestor de sí mismo, pues se asume como responsable último de los resultados de sus decisiones e inversiones en un entorno de intercambios, competencia y oportunidades. Un sujeto que afrontará por sí mismo las dificultades y obstáculos del futuro, sin necesidad de tutela estatal vía política social, sino de acceso a otros instrumentos de mercado, como el crédito bancario, el endeudamiento o el libre intercambio de sus servicios y productos en el mercado.

La trayectoria del sujeto soportado/tutelado

No todos serán exitosos en sus inversiones en sí mismos, ni en sus desempeños competitivos en el entorno de oportunidades, alcanzando este ideal del mapuche gestor de sí mismo egresado de la política social. El ideal opera efectivamente como eso, un ideal moralizante y un ejemplo a seguir, pero la política social neoliberal no aspira a que todos los miembros de los grupos focalizados salgan de sus situaciones de precariedad y pobreza y se transformen en sujetos del sistema financiero vía crédito. Lo que se debe garantizar es la existencia de una política persistente, constante y sistemática para dotar de recursos mínimos a dichos sectores, asegurar su supervivencia (políticas del mínimo vital) y asegurar la existencia de mecanismos de competencia y mercado que retribuyan positivamente a los sujetos que gestionen de buena manera su propio capital humano.

Por lo tanto, hay una trayectoria mucho más realista y constante de intervención incesante en el mundo indígena y sobre los propios sujetos, cuya subjetivación interpela a un perfil activable/recuperable/reconvertible dentro de una trayectoria del mapuche soportado/tutelado por instituciones especializadas. Por lo tanto, más allá del éxito específico y concreto del caso ejemplar de egreso y gestión exitosa de sí (pensemos en ENELA7 como caso emblemático), se requiere una trayectoria vital que supone una observación ampliada y sistemática, que cada vez vaya detectando nuevos nichos, probando nuevas tecnologías, rompiendo resistencias e invadiendo espacios en los cuales la competencia y el mercado no han logrado aún colonizar. Probablemente, muchos individuos y familias mapuche deberán circular en este espacio abierto pero vigilado y regulado, de subsidios, bonos, pero también proyectos, iniciativas, fondos, concursos, transferencias, capacitaciones, talleres, etc.

Esta segunda trayectoria implica llegar también a los espacios cotidianos, comunitarios y de vínculos primarios, para resignificarlos en términos económicos, volverlos “activos” en la lucha contra la pobreza (Álvarez Leguizamón, 2005). Es una trayectoria pensada en los sujetos que no van a alcanzar la total autonomía, sino que requerirán simultáneamente de una red de soporte/contención, pero también de estímulo persistente. Podría decirse que se trata de una trayectoria de entradas y salidas constantes, algunas prestaciones estables y aseguradas, y una oferta de proyectos e iniciativas disponibles constantemente para soportar y tutelar al sujeto en su itinerario vital.

La trayectoria del sujeto fracasado/asistido

Por último, se infiere una tercera trayectoria que en este caso está pensada en el sujeto que no logrará gestionar de buena forma su capital humano y fracasará en el entorno de competencia-oportunidades. A pesar de todo el giro motivacional y el desplazamiento hacia el positivo lenguaje de oportunidades, recursos, habilidades, etc. no es probable para la racionalidad etnogubernamental presagiar que demasiados sujetos resultarán exitosos y, por lo tanto, quedarán “residuos” que ni siquiera son recuperables, reconvertibles o activables, como en la trayectoria permanente anterior, sino que directamente requieren de la extensión de una vía asistencial. Como hemos señalado, para las políticas sociales neoliberales no se trata de “resolver” el problema de la pobreza, sino de gobernar adecuadamente este campo para que funcionen los mecanismos de competencia y mercado. Un “buen gobierno neoliberal de la pobreza indígena” no pretende que no existan sujetos pobres, sino que éstos lo sean efectivamente como resultado de su fracaso, tanto en la gestión de sí mismos, como en su desempeño en el entorno de oportunidades.

De este modo, aun cuando todas las políticas sociales focalizadas en el mundo mapuche compartan el mismo ADN de la activación individual y de la competencia en el entorno de oportunidades sensibles culturalmente, no pueden existir solo trayectorias exitistas pensada en el egreso del gestor de sí, o una persistente red de estimulación y apoyo para el sujeto en constante adaptación y reinvención, sino que también es necesaria una trayectoria de asistencia para el fracasado. Quizás viéndolo desde esta perspectiva podemos entender mejor el tipo de relación aparentemente paradójica entre las políticas sociales de la matriz de vulnerabilidad/protección y las políticas de la matriz de la activación/oportunidades, puesto que de lo que puede tratarse es de trayectorias diferenciadas para los sujetos en su tránsito por la política social. Mientras las políticas de activación/oportunidades tienen por objeto la producción del emprendedor mapuche, gestor de sí mismo dentro de una trayectoria que pretende el egreso de los exitosos, las políticas de la matriz de la vulnerabilidad/protección no pueden ser definitivamente abandonadas como desean algunos radicales neoliberales distantes del campo social, pues un buen gobierno del campo multiculturalista requiere también una red asistencial para los sujetos que fracasarán sistemáticamente o que simplemente son incapaces de seguir avanzando en la trayectoria ideal. Así, por ejemplo, hay un piso mínimo de políticas asistenciales (bonos, subsidios, entrega de recursos materiales y económicos) que deben sostener a los sujetos y familias que no lograrán un avance significativo en la trayectoria de la responsabilización y el aprovechamiento de la estructura de oportunidades multiculturales. Recordemos que la crítica neoliberal es brutal en contra de la “cultura del subsidio” y la excesivamente generosa cobertura de riesgos del Estado de Bienestar, que es considerada el origen de todos los males, pues “incita a los agentes económicos a preferir el ocio al trabajo” (Laval y Dardot, 2013, p. 212). Aun así, no hay un abandono de este piso básico de asistencia, pues parece considerarse un mal necesario, un costo que es preferible por estabilidad política y que es “barato” para el Estado. Lo que sí resulta intransable es el papel moralizante de la política social, de modo que incluso en el caso más básico y para los sectores más “pobres” y “vulnerables”, la intervención mantiene un carácter protector de valores, a través de la mediación psicosocial directa y su constante reforzamiento de comportamientos que se considera expresiones del esfuerzo individual y el mérito.

Se podría hipotetizar que hay ciertos perfiles de sujetos indígenas que resultan difícilmente empresariables y reconvertibles, como pudiera ser el caso de los adultos mayores, fuertemente anclados en lógicas de producción campesina tradicional, para asegurar autoconsumo, con alguna venta de excedentes hacia el mercado y resistentes a innovación vía políticas sociales y productivas de reconversión. En la misma línea, es posible intuir que las políticas sociales orientadas a la activación del sujeto étnico y su empuje por una trayectoria del emprendimiento para conseguir una gestión autónoma de sí, operan con algún sesgo generacional, de escolaridad y de género (en el caso del género tenemos suficientes ejemplos como para asegurar que hay políticas orientadas a la mujer mapuche como perfil prioritario de políticas de empresarialización), ya que explícita o implícitamente se privilegian ciertos recursos y habilidades que no están necesariamente distribuidos de forma igualitaria entre todos los sujetos (acceso y uso de internet, uso de ordenadores, manejo de teléfonos celulares, visita sistemática a servicios públicos u oficinas, incluso alfabetización para poder recibir y leer instrucciones y completar formularios de proyectos o concursos). El régimen del etno-emprendimiento no solo produce sujetos a través del imperativo de constituirse en empresario étnico, sino que también produce sistemáticamente su contraparte: el sujeto pasivo, paralizado, fracasado/asistido.

Reflexiones posibles: los agentes de intervención en el dispositivo etnoempresarial de la política social

Recuperando la metáfora de Bröckling (2015) según la cual el flujo de la gubernamentalización neoliberal puede analogarse a una corriente a la cual el individuo es arrojado, podríamos inferir que en la primera trayectoria (mapuche egresado/gestor de sí mismo) se apuesta por el sujeto que aprenderá a nadar y a sortear los obstáculos del río por sí mismo, sin necesidad del salvavidas de la política social (pasando a una dependencia de otros “salvavidas” como el sistema financiero y la banca). En la segunda trayectoria (el mapuche soportado/tutelado), se trataría de un modelo de constantes intentos, pero donde el sujeto nunca consigue el egreso definitivo de la política social, lo que no representa un estado de descanso o anclaje, sino al contrario, un sujeto permanente de intervención, entrenamiento y capacitación. Es decir, un sujeto que requiere constantes “salvavidas”, impulsos, asistencias de “oxígeno”, etc. para evitar que se ahogue, pero que debe volver una y otra vez a la corriente. En la tercera trayectoria (el mapuche fracasado/asistido), que corresponde a este vestigio producido por la racionalidad del emprendimiento, la activación y la autogestión en clave neoliberal; se trataría de sujetos que aparecen paralizados, inmóviles, desmotivados y anclados en prácticas del pasado, incapaces de crear, innovar y motivarse hacia la transformación en función de la cual son interpelados por la política social neoliberal. Metafóricamente es el sujeto que se resiste o simplemente no puede nadar por sí mismo, al cual se le ofrece una asistencia de “mínimos vitales”, es decir, sostenes mínimos que le permitan respirar y no hundirse, pero que quedan estancados como obstáculos, flotando estáticos sobre la superficie.

Esta metáfora, más allá de los riesgos de simplificación de toda representación figurativa, nos permite además caracterizar el papel del agente directo de intervención, el mediador de la política social (el profesional de las ciencias sociales). Para el caso ideal de la trayectoria del mapuche egresado/gestor de sí mismo, el papel del mediador tiene que ver con nuevas estrategias y técnicas de management/coaching social, una especie de entrenador (coach) en procesos motivacionales, cuya tarea es facilitar y estimular que el sujeto movilice todos sus recursos y potencialidades, muchas incluso desconocidas para las propias personas: “lograr la mejor versión posible de sí misma”. Cada vez más trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales o técnicos del área social o productiva, se entrenan, son capacitados y toman cursos de coaching social o metodologías afines como CEFE (Competency-based Economies trough Formation of Entrepreneurs), financiados por las empresas consultoras y ONGs, en muchos casos disponible vía códigos SENCE.

Metafóricamente, se trataría de un entrenador8, un motivador que debe estimular al nadador que ha sido arrojado a la corriente, para que consiga visualizar su meta y alcanzarla. No obstante, acá es donde el coaching muestra sus sesgos ideológicos, pues se trata de entrenar para nadar aprovechando la corriente, esquivando obstáculos, derrotando a los demás y superándose a sí mismo, pero en ningún caso puede existir un coaching disfuncional, que entre en tensión o conflicto con la corriente predefinida. Lo que está totalmente suprimido en esta lógica es la posibilidad de cuestionar la carrera, la corriente, el entorno y las condiciones. El sujeto de competencia en modo-entrenamiento, no puede desviarse de sus metas y su desempeño a través de la reflexión crítica, el análisis político, ni mucho menos problematizar las reglas o condiciones. Toda atribución situacional al contexto, a las condiciones injustas de un sistema o al sinsentido de las reglas impuestas, es traducida rápidamente en el coaching como “excusa” y “justificación” para el fracaso, como típicas racionalizaciones de sujetos que no asumen su propio papel de agentes, protagonistas y exclusivos responsables de su destino.

Como no todos los sujetos destinatarios alcanzarán el ideal de ser un gestor autónomo de sí mismos, el interventor/mediador no solo debe desempeñar este papel de entrenador, motivador y moralizador del sujeto para visualizar metas y perseguir objetivos a través de conductas-proyecto. También debe ser una bisagra, un conector, efectivamente un mediador entre el sujeto en entrenamiento y el entorno de recursos y oportunidades disponibles. El profesional o técnico de los programas y proyectos sociales es quien acerca la estructura de oportunidades al espacio del sujeto en modo entrenamiento. En este sentido es que debe ser efectivamente un activador de redes sociales, un experto en intervención en redes. Esto lo podemos apreciar tanto en las redes multiculturalistas de proyectos, financiamientos, capacitaciones, acreditaciones, posibilidades de negocios, etc. que el mediador debe conocer y con las cuales debe intentar conectar al sujeto en entrenamiento, como también en las redes de apoyo psicosocial, asistencia básica, prestaciones mínimas, que deben garantizar el soporte necesario para el sujeto de asistencia. Básicamente un agente experto en salvavidas, estrategias, conexiones, orientadas a evitar que el sujeto se hunda definitivamente y devolverlo rápidamente a la competencia.

Por último, algunas de las estrategias y regulaciones de la política social multiculturalista mantienen una fuerte carga tutelar, tales como la vinculación afectiva o el condicionamiento/compromiso (la lógica de prestaciones condicionadas a cumplir compromisos establecidos con el agente), revelan el carácter fuertemente psicosocial, cara a cara y vincular que debe desarrollar el mediador de la política social, pues son estrategias imposibles de desenvolver y materializar en ausencia de un agente. Recuperando la metáfora, podríamos sostener que para que el sujeto se arroje a la corriente, con toda la incertidumbre y riesgos que eso implica, requiere ser invitado (o empujado) a través de una relación psicosocial directa, cara a cara, con un mínimo acompañamiento afectivo capaz de ofrecer contención y apoyo. Lo que desaparece en todos los casos es el papel problematizador y crítico del agente externo o mediador, rasgos tradicionales de la acción social crítica latinoamericana de inspiración marxista de los 60 y 70s, asociada en general los modelos críticos de Amplificación Sociocultural (Alfaro, 2000). No podemos olvidar que elementos conceptuales propios de dichas tradiciones, como el “empoderamiento” y la “participación”, cambian de significado al ser introducidos en configuraciones discursivas diferentes, tal es el caso del tratamiento protagónico que reciben estas nociones dentro del discurso de la activación/oportunidades. Ni la comprensión de la participación, ni mucho menos la comprensión del poder que atraviesa el discurso de esta configuración neoliberal y de la trayectoria del etno-emprendedor pueden leerse como continuidades con el discurso crítico de los 60 y 70s, de hecho resultan abiertamente incompatibles con el sentido atribuido en dichos proyectos.

A modo de conclusión

Según nuestro trabajo las políticas sociales juegan un papel mucho más importante que el que habitualmente suele reconocérseles dentro del gobierno de la “población mapuche” de la posdictadura, pues es precisamente a través de sus discursos, enunciados y tecnologías de intervención cotidiana que se invisibilizan las causas histórico-estructurales de la pobreza indígena, mientras se ofrecen entramados discursivos que refuerzan la vulnerabilidad intrínseca y la falta de activación de capacidades del propio sujeto, atribuciones que sirven para legitimar nuevas oleadas de políticas despolitizadoras y psicologizantes.

También nos permite proponer la tesis de que el gobierno de la población mapuche en la actualidad pasa menos por la lógica del pacto político (tesis ampliamente trabajada por investigadores como Vergara, Gundermann y Foerster, 2005, 2014) que por una incesante red de microintervenciones cotidianas en las mismas comunidades y hogares. Frente al evidente fracaso de la lógica del pacto, no hay un vacío de poder, no hay una ausencia de Estado en la mayor parte de los territorios y comunidades mapuche. El gobierno neoliberal sobre las conductas y subjetividades no deja de existir por el fracaso de los grandes pactos políticos, por más que esto pudiera facilitar la ansiada estabilidad y disminuir la insoportable “incertidumbre” que acusan los inversionistas en la región. La densa red que irriga lentamente todos los espacios territoriales, comunidades y hogares a través de diversas tecnologías de gobierno, incluida la política social, intenta moralizar y disciplinar al sujeto indígena de modos mucho más sutiles y sensibles culturalmente, al mismo tiempo que menos visibles y por lo mismo más difíciles de problematizar y rechazar (se trataría de un gobierno “desde adentro”).

Tampoco se trata de que las nuevas políticas sociales de la activación/oportunidades y su paradigmático proyecto de etnoemprendimiento dejen en el pasado los prejuicios coloniales que se imputaban a las políticas sociales asistenciales y de protección de grupos vulnerables. Una aspiración del discurso neoliberal es precisamente achacar al asistencialismo y a la protección una herencia colonial al representar al sujeto indígena como carenciado, atrasado, pasivo, impotente y necesitado de protección. El régimen del etnoemprendimiento intenta zafar de estos prejuicios, al desplazar su centro de gravedad hacia los recursos, motivaciones, capacidades y fortalezas del mundo indígena, siempre en tono optimista y positivo, como vimos en el discurso de activación/oportunidades. Pero al someter a análisis crítico esta nueva matriz discursiva y las estrategias que se sostienen en ella, lo que observamos es una transformación, una actualización y re-organización del patrón de colonialidad, pero en ningún caso su superación. Las posibilidades de administrar una población diversa o, más bien, administrar a través de la diversidad, requiere de nuevos lenguajes y tecnologías de intervención, y nos parece que, para el caso chileno, el Programa Orígenes encarna un punto de inflexión, pues es a través de este programa que ocupa casi una década completa, que se renuevan los lenguajes, las prácticas y tecnologías de intervención en el campo étnico. La colonialidad acá no se expresa tanto en una inferiorización biologicista ni en un mandato de homogeneización cultural hacia el indígena, sino en un imperativo de “activarse” y “ponerse en valor” a sí mismo, sus recursos, su cultura y sus relaciones comunitarias. El empoderamiento, la participación o la autogestión aparecen hoy reconvertidos vía política social en imperativos morales al sujeto indígena, pero no para resistir y enfrentar un sistema injusto de raíz colonial, sino como un mandato para dotarse de competencias, agregarse valor y someterse interactivamente al entorno de oportunidades étnicamente sensibles.

Esta colonialidad, más sutil y seductora, ya no se ejerce exclusivamente a través de la fuerza que subordina, discrimina y normaliza una diversidad intolerable de los cuerpos y las poblaciones, sino incitando los propios deseos de agencia, de protagonismo, de creación y de transformación del sujeto; apelando explícitamente a la identidad mapuche históricamente subordinada, con toda la carga afectiva y motivacional que esto conlleva, pero conduciendo esta energía por el canal preestablecido del micro-proyecto o el emprendimiento étnico. Lo “indígena” pasa, por lo tanto, a ocupar nuevos lugares y funciones en el proyecto neoliberal, como atractivo o recurso a explotar para un mercado multicultural, donde es indispensable producir un perfil de sujeto indígena que protagonice estos emprendimientos y oriente la cultura hacia el mercado. Lo que hay es una valoración de lo étnico o lo cultural, mucho menos en un lenguaje de derechos, transformaciones profundas en la política, la economía o condiciones materiales para una diversidad efectiva, sino básicamente la detección de un nicho de mercado, un espacio de negocios a través del cual incorporar al mundo mapuche directamente de los flujos del mercado cultural. En este marco el papel de la política social multiculturalista, a través de sus discursos y tecnologías de intervención encarnadas, es crear un campo de posibilidades y configurar verdaderas trayectorias a través de las cuales resulta imperativo que el sujeto aproveche toda su energía y sus recursos para nadar exactamente en la misma dirección de la corriente predefinida, aun cuando se trate precisamente de que dicha corriente es la máxima expresión de contenido de un particular proyecto cultural neocolonial recargado.

Aunque escape en rigor a los objetivos del trabajo, es necesario recordar que en ningún caso se trata de atribuir un carácter totalizante a este régimen de subjetivación, pues está lleno de fisuras, tensiones y contradicciones, y los propios sujetos pueden y efectivamente están desplegando respuestas de fuga, resistencia y contraconductas descolonizadoras, tanto a nivel individual como fundamentalmente colectivo, que permitan la desgubernamentalización de la subjetividad rechazando el imperativo de relacionarse consigo mismo y con los demás en términos empresariales. Pero, fundamentalmente, se trata de hacernos cargos de la interpelación de la que somos objeto quienes participamos de una u otra forma del dispositivo de intervención de la política social, ya sea en su estudio, en la formación de futuros profesionales o como agentes directos de implementación en los programas sociales. Necesitamos cuestionar nuestra posición, nuestra función y nuestra participación en un campo pre-diseñado de gobierno de “poblaciones targetizadas” pero a través del cual también estamos siendo constantemente interpelados y subjetivados. Necesitamos seguir avanzando en develar los objetivos e intereses que se disfrazan a través lenguajes progresistas, manipulando vocabularios que surgieron desde experiencias críticas y populares pero que actualmente aparecen apropiados por las instituciones estatales y para-estatales y son devueltos a través de políticas sociales que los vacían de su potencial, convirtiéndolos en técnicas para someter y desfigurar las voluntades individuales y las capacidades colectivas, subordinándolas al imperativo de la competencia y el éxito de los negocios. Quizás en la medida en que conozcamos y comprendamos mejor el multiculturalismo neoliberal y las políticas sociales que promueve, podríamos descubrir nuevas formas no solo de resistirlas, sino también de disputarlas y usarlas en pos de otros objetivos.

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1Podríamos decir, siguiendo a Wacquant (2015), que la política social representa el brazo izquierdo y la política punitiva el brazo derecho de la gubernamentalidad neoliberal, que se imbrican y complementan para regular a las mismas poblaciones (pobres, minorías étnicas, inmigrantes, etc.). Esto resulta particularmente pertinente para el caso Mapuche en Chile, tal como Millaman y Hale o Toledo Llancaqueo han evidenciado, se trata del complemento entre una política punitiva y represiva (hoy sería el “Comando Jungla”) con políticas sociales selectivas (hoy el Plan Impulsa Araucanía).

2Durante el artículo se utiliza constantemente la expresión población mapuche entre comillas, puesto que reducir un pueblo a una población es precisamente un rasgo fundamental del lenguaje de la racionalidad gubernamental.

3Es Santiago Castro-Gómez quien con mayor profundidad ha demostrado que, junto a la ampliamente conocida microfísica del poder, en las últimas obras de Foucault hay un reconocimiento de un polo macrofísico de análisis del poder, que el autor identifica con el desplazamiento hacia la biopolítica y la gubernamentalidad.

4La investigación doctoral de la cual forman parte estos resultados fue realizada bajo la dirección de la Dra. María Angélica Illanes y la comisión fue conformada por el premio nacional de historia Dr. Jorge Pinto, el Dr. Roberto Morales y la Dra. Karen Alfaro, investigadores con amplia trayectoria en el estudio o de las políticas sociales chilenas, o de la relación del pueblo mapuche con el Estado nacional.

5El Programa Orígenes ocupa una década completa en sus dos fases y es implementado por el Gobierno con un préstamo del BID y fue presentado como la política estrella para la superación de la pobreza indígena. No obstante, no contempla ninguna de las demandas históricas del movimiento mapuche: es un programa que elimina cualquier mención sobre restitución territorial y sobre derechos políticos.

6SERCOTEC (Servicio Técnico de Cooperación) inició en la década del 2 mil (administración Lagos), los programas de capital semilla y capital abeja, destinados a financiamientos para emprendedores. Se trata de política productiva y no de política social, pues no está orientada a sujetos en situación de pobreza ni a grupos focalizados, sino a empresarios. No obstante, rápidamente se trasformó en un modelo y horizonte para la política social de grupos vulnerables, al representar el giro hacia la empresarialización en términos de técnicas y procedimientos concretos. FOSIS, por ejemplo, comenzará a imitar esta lógica de una inversión inicial para la puesta en marcha de un proyecto (capital semilla) y, posteriormente una inversión mayor para mejorar y amplificar una iniciativa existente (capital abeja). Este lenguaje termina finalmente colonizando varias líneas de intervención de FOSIS en los años recientes, con los Programas Acceso al Micro financiamiento, Yo Emprendo, Yo Emprendo Semilla, y posteriormente la focalización de estos mismos programas, pero en versión diferenciada para postulantes indígenas (capital semilla para emprendimientos indígenas) Véase http://www.fosis.cl/index.php/programas

7ENELA es un encuentro de corte empresarial realizado en la región de la Araucanía en el cual se presentan anualmente casos de sujetos mapuche que han logrado gestionarse exitosamente así mismos, ya sea en el mundo laboral, profesional o empresarial.

8Siguiendo este lenguaje metafórico, es importante notar que para poder ser un entrenador hay que efectivamente conocer y dominar las técnicas y destrezas que se requieren estimular y desarrollar en el sujeto. En la práctica, sin este saber técnico propio de la figura del entrenador (coach), queda solo una reducida función de motivación y apoyo moralizante, más parecido a la figura de “porrista”.

1 El artículo ha sido elaborado en el marco de la investigación titulada “Las políticas sociales y el gobierno de la población mapuche en el multiculturalismo de la posdictadura”, gracias a la beca de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, Conicyt, Nº 21130699, realizada entre los años 2013 y 2017.

Recibido: 09 de Julio de 2018; Aprobado: 04 de Marzo de 2019

Rodrigo Navarrete Saavedra es Doctor en Ciencias Humanas, Psicólogo, actualmente es académico e investigador del Instituto de Psicología de la Universidad Austral, sede Puerto Montt. Correo electrónico: rodrigo.navarrete@uach.cl

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