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Cuadernos.info

versión impresa ISSN 0719-3661versión On-line ISSN 0719-367X

Cuad.inf.  no.35 Santiago  2014

http://dx.doi.org/10.7764/cdi.35.548 

TEMAS GENERALES

 

La aplicación de la cláusula de conciencia de los periodistas en España. Problemas y limitaciones de un modelo incompleto

 

The application of the conscience clause for journalists in Spain. Problems and limitations of an incomplete model

 

Carmen Fuentes-Cobo* & José Alberto García-Avilés**

* Centro Universitario Villanueva, Madrid, España. E-Mail: cfuentecobo@villanueva.edu.

** Universidad Miguel Hernández, Alicante, España. E-Mail: jose.garciaa@umh.es.


Resumen

El Informe Leveson sobre la prensa británica, publicado tras el escándalo de las escuchas telefónicas que culminó con el cierre del diario News of the World y la detención de decenas de periodistas, incluye entre sus recomendaciones la incorporación de una cláusula de conciencia en los contratos de los periodistas con sus empresas, como mecanismo de protección frente a órdenes que vayan contra la ética profesional. España es el primer país europeo que constitucionalizó este derecho al incluirlo en la Constitución de 1978 y desarrollarlo en 1997 mediante una Ley Orgánica. Sin embargo, transcurridos más de treinta años desde su reconocimiento constitucional, el balance que cabe hacer es negativo. Los periodistas españoles se sienten sometidos a presiones cada vez mayores de sus empresas, sin que el derecho a la cláusula de conciencia represente una solución real y eficaz. En el artículo se exploran algunas causas que explican esta limitada eficacia.

Palabras clave: cláusula de conciencia, objeción de conciencia, estatutos de redacción, convenios colectivos, códigos deontológicos, ética periodística.


Abstract

The Leveson Report on the British press, published after the phone-hacking scandal that culminated in the closure of News of the World and the detention of dozens of journalists, recommends the inclusion of a conscience clause in journalists' contracts to protect them if they refuse to obey unethical orders. Spain was the first country in Europe to include journalists' right to a conscience clause in the Constitution of1978 and to develop it by an organic law in 1997. However, more than thirty years since its constitutional recognition, the balance to be made is negative. Spanish journalists feel under growing pressures comingfrom within their own companies, while the conscience clause is not perceived as an actual and effective remedy. In this article we explore some causes for the limited effectiveness of the journalists' conscience clause in Spain.

Keywords: conscience clause, conscientious objection, editorial charters, collective agreements, codes of ethics, Journalism ethics.


 

Introducción

El proceso puesto en marcha por el gobierno británico para revisar el comportamiento de la prensa británica tras el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales a cientos de personas, finalizó en julio de 2011 con el cierre del diario News of the World tras 168 años de edición ininterrumpida, la detención de varias decenas de periodistas, policías e investigadores privados y la puesta en marcha de una comisión de investigación presidida por el juez Brian Leveson. Este proceso ha sido calificado de verdadero "momento catártico" en la vida pública del país (Brock, 2012). Sin embargo, no todas las voces coinciden en que la convulsión social generada por el descubrimiento de la amplitud y profundidad con la que algunas prácticas estaban implantadas en el seno de las redacciones vaya a traer como resultado final una regeneración real de los populares tabloides británicos, no solo porque algunas de estas prácticas están firmemente arraigadas en los mismos desde mucho antes de que se destapara el escándalo de las escuchas ilegales (Mair, 2013), sino también por la tradicional resistencia de la prensa británica a aceptar reformas impuestas desde fuera y mucho menos a rendir cuentas de su actividad (Thomas & Finneman, 2013). En cualquier caso, el Informe Leveson, publicado el 29 de noviembre de 2012 tras nueve meses de deliberaciones, 337 comparecencias y casi 300 testimonios recibidos por escrito, cuestiona no solamente la actividad de determinados medios, sino principalmente el sistema de autorregulación vigente y la función de la Press Complaints Commission, reemplazada por la Independent Press Standards Organisation (www.ipso.co.uk). Además, entre las propuestas contenidas en el informe se recomienda la inclusión de una cláusula de conciencia en los contratos de trabajo de los periodistas, como mecanismo de protección frente a posibles sanciones en caso de que se nieguen a realizar acciones que vayan contra la ética profesional. En su informe, el juez Leveson relata hasta qué punto se sintió impresionado ante "la evidencia de periodistas que sentían que habían sido sometidos a presiones para hacer cosas que no eran éticas o que iban contra el código profesional" (Executive Summary, p. 16).

Cuando el principio de libertad de expresión se entiende fundamentalmente como derecho a publicar, esto es, un derecho de los editores y propietarios de los medios, es fácil que los derechos de propiedad se extiendan a la esfera editorial, a los contenidos. "No he hecho un camino tan largo para no interferir", fue la dura respuesta de Rupert Murdoch al director del News of The World cuando este le expresó su preocupación por la directa intervención del magnate en los contenidos diarios del periódico, que acababa de adquirir en 1969. Victor Matthews, un constructor sin experiencia en medios que adquirió el Daily Express en 1977, se refería de esta manera a la independencia de los periodistas: "Los redactores tendrán completa libertad en la medida en que se ajusten a lo que yo diga". Y Robert Maxwell, que se hizo con la propiedad del Daily Mirror en 1984 bajo la promesa de respetar la independencia de sus profesionales, se caracterizó hasta su fallecimiento en 1991 por una interferencia tan continua en la labor de los periodistas que trabajaban en este medio, que llegaba a suplantar las funciones del redactor jefe. Todo ello para moldear un periódico a la medida de sus intereses particulares, de los que, en expresión propia, el diario solo era "megáfono" (citados por Hamlin, 1998, pp. 33-48). Esta situación, como ha puesto de manifiesto el informe Leveson, genera riesgos para la propia libertad de expresión y exige contrapesos, entre ellos la protección de la autonomía del periodista mediante instrumentos como la cláusula de conciencia.

La inclusión de esta cláusula de conciencia podría llegar a ser exigida por la Independent Press Standards Organisation (IPSO), aunque de momento parece que esta opción está todavía en el aire1. Es posible, por tanto, que la cláusula de conciencia quede finalmente en el ámbito de la autorregulación de las propias empresas de medios (Laville, 2013), a pesar de la actividad desplegada desde las organizaciones sindicales y desde algunos foros académicos a favor de que la cláusula de conciencia sea obligatoria en los contratos celebrados entre editores y periodistas (Cohen-Almagor, 2014; Petley, 2012)2.

En España, como en otros países, el Informe Leveson ha suscitado gran interés y ha sido objeto de análisis en los foros periodísticos, que se han centrado más en las cuestiones generales sobre el estatuto, composición y funciones que deberá tener el futuro órgano de vigilancia de la prensa, que en las recomendaciones acerca de la cláusula de conciencia de los periodistas3. Y, sin embargo, se trata de un asunto relevante en la medida en que un alto porcentaje de los periodistas españoles declara que recibe presiones para modificar el contenido de sus informaciones y que dichas presiones proceden, sobre todo, del interior de la propia empresa en la que trabaja (Asociación de la Prensa de Madrid, 2013).

Esto sucede a pesar de que en España la cláusula de conciencia de los periodistas es un derecho protegido por la Constitución Española de 1978 (Art. 20,1.d) y desarrollado por la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, que lo define como "un derecho constitucional de los profesionales de la información que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional" (Art. 1). Es doctrina comúnmente aceptada que la cláusula de conciencia constituye un elemento del contrato de trabajo del periodista, presente siempre en la relación laboral establecida entre este y la empresa informativa, incluso aunque no aparezca explícitamente mencionada en cada contrato (Azurmendi, 2001; Suárez Espino, 2009; Escobar de la Serna, 2003; Carrillo, 1997).

Además de su regulación legal, la cláusula de conciencia está también integrada en los instrumentos de autorregulación con que cuentan los periodistas españoles. En concreto, se incluye desde 1993 en el código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la organización profesional mayoritaria en el sector. También ha sido incluida en los estatutos de redacción adoptados por algunas empresas periodísticas, en los cuales se definen los derechos profesionales y se establecen mecanismos de representación para resolver los posibles conflictos que puedan surgir en las relaciones entre la redacción y la empresa editora. Y, finalmente, aparece recogido en algunos convenios colectivos del sector, dentro de las condiciones pactadas entre sindicatos y empresarios de medios. Se trata, por tanto, de un derecho que goza de un reconocimiento explícito y de una cierta implantación, al menos sobre el papel, en el ámbito periodístico español.

 

Objetivos y metodología

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la evolución del derecho a la cláusula de conciencia en España en los más de treinta años que han transcurrido desde el reconocimiento constitucional de este derecho y, especialmente, desde que dicho derecho fuera desarrollado por ley, hace década y media. El análisis trata de responder a la pregunta de hasta qué punto, y en qué condiciones, la cláusula de conciencia es un mecanismo efectivo para la protección de la integridad de la profesión. Para ello, se ha procedido en primer lugar a una revisión bibliográfica centrada tanto en la fundamentación como en la aplicación jurídica de la cláusula de conciencia en España, a partir de la invocación de la misma ante los tribunales ordinarios y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica 2/1997.

En segundo lugar, se analiza la presencia y uso de la cláusula de conciencia a través de los mecanismos de autorregulación existentes en España. Se han revisado, en este sentido, todas las reclamaciones consideradas por la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE, para comprobar en qué medida los periodistas recurren al amparo de esta organización profesional, cuyo código deontológico recoge de manera expresa el derecho a la cláusula de conciencia. Este estudio se completa con información sobre la visibilidad de la cláusula de conciencia en las empresas periodísticas que cuentan con estatutos de redacción -todos los cuales incluyen la cláusula de conciencia como un derecho profesional- y comités de representación profesional para velar por la protección de este y otros derechos profesionales.

En tercer lugar, se ha realizado un análisis de los principales convenios colectivos vigentes en las empresas periodísticas españolas, para tratar de determinar si la cláusula de conciencia forma parte de la agenda sindical en las negociaciones laborales. Para la localización y ordenación de los convenios colectivos se ha acudido a la base de datos del Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (RECGON), del Ministerio de Empleo y Seguridad Social4. El periodo abarcado comprende principalmente los convenios suscritos entre 1996 y 2012, cerrándose la actualización de documentos en el primer semestre de 20135.

El análisis de los convenios colectivos comprende tanto los convenios particulares suscritos por empresas individuales, como los convenios sectoriales, que afectan a todas las empresas que no cuentan con convenios particulares. Dentro de los convenios sectoriales, se han estudiado los tres suscritos en el sector de Prensa Diaria; los cuatro del sector de Prensa No Diaria; y el único convenio firmado hasta la fecha para el sector de radiodifusión comercial sonora. No existe un convenio equivalente para el sector de televisión privada. Entre los convenios particulares, se han incluido los de las agencias de noticias de ámbito estatal EFE, Europa Press, Servimedia y Colpisa. Entre las empresas de edición de prensa diaria, se han seleccionado los convenios suscritos por las empresas editoras de los diarios de mayor difusión, El País y El Mundo. En el ámbito de la televisión privada, se han estudiado los convenios aplicables al personal de las cadenas Cuatro -integrada primero en Sogecable y después en Mediaset- y Antena 3. En el de la radiodifusión privada, los de las cadenas de mayor audiencia, Unión Radio (La Ser) y Uniprex (Onda Cero). Finalmente, en el ámbito de la radiodifusión pública se ha analizado el Convenio Colectivo suscrito por la Corporación RTVE.

El trabajo se completa con resultados de una encuesta realizada a periodistas de la Comunidad de Madrid en el marco de una investigación más amplia financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación6, en la que participan los autores y que incluía preguntas relativas a la percepción de los periodistas acerca de los problemas que les afectan en su vida profesional y la eficacia de las herramientas para resolver dichos problemas. La información fue obtenida a partir del procesamiento de 400 cuestionarios completados en distintas oleadas a lo largo de 20127.

 

La aplicación legal de la cláusula de conciencia

La cláusula de conciencia de los periodistas tiene una tradición jurídica en Europa que se remonta a principios del siglo XX. El primer país en el que se reguló mediante una ley específica fue Francia, en 1935. La norma francesa ha servido de modelo a otros países y en ella se inspira parcialmente la legislación adoptada en España, primer país europeo que constitucionalizó este derecho (Segalés, 2000; Navarro & Rodríguez, 2002). Una característica diferencial del modelo francés es que la Ley de 1935 se incorporó al Código de Trabajo, lo que, en opinión de Segalés, indica que su ámbito de ejercicio es el laboral (pp. 42, 43). Actualmente la cláusula de conciencia de los periodistas aparece recogida en el Art. 17.112-5 del Code du travail8.

La aparición de la cláusula de conciencia está vinculada al proceso de profesionalización del periodismo que tuvo lugar en el primer tercio del siglo XX (Aznar, 1998) y en la actualidad se encuentra regulada como derecho propio de los periodistas en algunos países europeos (Italia, Portugal, Austria) y latinoamericanos, entre ellos Bolivia, Paraguay y Ecuador, que la tienen incorporada en su ordenamiento constitucional (Bamba, 2011).

La lenta implantación de la cláusula de conciencia de los periodistas obedece a diferentes tipos de razones. Entre las que se citan habitualmente figura en primer lugar la oposición de editores, propietarios de medios y los propios periodistas, que no han favorecido la legislación sobre la cláusula de conciencia y sobre el derecho a la información, por entender que este tipo de legislación representa una limitación a la libertad de expresión, identificada con la libertad de prensa (Petley, 2012; Carpizo, 2000; Voakes, 2000). En algunos casos, la oposición de medios, editores y periodistas puede estar vinculada a razones de índole política o ideológica, o al temor real de que el poder utilice la legislación para amordazar a los medios. Es la situación vivida en Ecuador durante la tramitación de la Ley de Comunicación aprobada en junio de 2013, que incluye entre sus contenidos el derecho a la cláusula de conciencia de los periodistas y que era calificada por las empresas de medios como una "ley mordaza" (Abad, 2010). Una polémica similar se suscitó en Chile con la Ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, aprobada en mayo de 2001 (Contardo, 1993). Hay también razones de tipo cultural e histórico, que tienen que ver con la innovación que representa el derecho a la cláusula de conciencia, propio de una etapa universalista de la información en la que esta no es objeto de la potestad del Estado ni propiedad de las empresas informativas o los profesionales, sino que pertenece al público (Soria, 1978, 1987). Finalmente, la propia trayectoria de la cláusula de conciencia, de nombre grandilocuente que genera expectativas elevadas (Aznar, 1998), puede haber despertado cierto escepticismo que no favorece su mayor desarrollo (Carpizo, 2000: 491).

Desde sus inicios hasta la actualidad, los planteamientos originales de la cláusula de conciencia como mecanismo de protección de la vinculación ideológica del periodista con su medio han quedado superados por su concepción como herramienta de protección de la ética profesional (Aznar, 1998; Suárez Villegas, 2009). En la actualidad, es común la doctrina que considera la cláusula de conciencia como una garantía del derecho del público a recibir información (Carrillo, 2000; Carpizo, 2000) y la vincula con la virtud de la Justicia, en la medida en que permite remover obstáculos para que el informador pueda cumplir con su deber de informar (Desantes, 1978). Es también condición de la participación del periodista en la empresa informativa y facilita una "configuración integradora" de esta (Nieto, 1978).

Desde el punto de vista de la relación laboral, algunos autores ven la cláusula de conciencia como una especificación de la objeción de conciencia laboral, mediante la cual se puede ofrecer al individuo mayor intensidad protectora debido precisamente a su carácter más específico (Segalés, 2000; Díaz Arias, 2003). Otros autores, sin embargo, insisten en que cláusula de conciencia y objeción de conciencia deben ser tratadas como derechos separados, en la medida en que la primera tiene un doble componente -privado, como derecho subjetivo del profesional, y público, como garantía de una opinión pública libre y fundamento del derecho a la información-, mientras que la objeción de conciencia, por el contrario, solamente participa de la dimensión individual, personal y subjetiva de quien la invoca (Borgarello, 2008; Blasco Jover, 2009; Soria, 1989).

De hecho, suele ser común la confusión entre tres conceptos jurídicos que se refieren a realidades diferentes (Soria, 1997): el derecho a la cláusula de conciencia en sentido estricto por desviación de la línea editorial del medio; el derecho a la objeción de conciencia, que es un derecho subjetivo, individual y personal, aunque algunos autores utilicen ambos términos como sinónimos (Barroso & López, 2009, p. 125); y los derechos del periodista sobre su firma basados en el respeto que este puede exigir por su obra, retirando su firma de la misma en caso de que aquella sea deformada o alterada. En este último caso, el derecho de resistencia es confundido con las facultades derivadas de los derechos de autor (Blasco Jover, 2009). Soria (1989) propone que, en lugar de ensanchar y "desvirtuar" la cláusula de conciencia, debería avanzarse en el reconocimiento de todas las facultades inherentes al derecho de autor (p. 93). Por su parte, Díaz Arias (2000) entiende que "muchas manipulaciones informativas podrían ser resistidas invocando el derecho irrenunciable e inalienable del periodista (...) a exigir el respeto a la obra" (p. 143)9.

Tal como aparece formulada en el texto de la LO 2/1997, la cláusula de conciencia de los periodistas se traduce en su derecho a la rescisión de su contrato percibiendo una indemnización similar a la que obtendrían en caso de despido improcedente. Este derecho de rescisión se puede plantear en dos supuestos: en el de cambio "sustancial" en la orientación informativa o línea ideológica del medio (Art. 2.1.a), y en caso de traslado del profesional a otro medio del mismo grupo, siempre que dicho traslado implique ruptura "patente" con la orientación profesional del informador (Art. 2.1.b).

Por otra parte, la ley recoge el derecho de los profesionales a negarse "motivadamente" a participar en informaciones contrarias a la ética periodística, sin que puedan ser sancionados o se les cause perjuicio por ello (Art. 3).

En la formulación adoptada por el legislador español, la cláusula de conciencia adopta una doble modalidad: extintiva -por cuanto, siguiendo el modelo francés, implica la extinción del contrato en los supuestos que se establecen-, y resistente, al facilitar la posibilidad de que el redactor pueda rechazar órdenes que vayan contra su integridad profesional. El referente en este caso son las normas deontológicas, que delimitan las obligaciones del periodista frente al editor y constituyen su ámbito de autonomía (Segalés, 2000; Díaz Arias, 2003; Blanco Jover, 2009).

Blasco Jover apunta que el carácter extintivo de la cláusula de conciencia tal como aparece formulada en la legislación francesa -esto es, como un "derecho al paro" al que se añade el riesgo de que el periodista que la invoca sea percibido como problemático por otros posibles empleadores- ha llevado a que las legislaciones adoptadas posteriormente en otros países añadieran, junto con la facultad extintiva, otros derechos que permitieran al profesional la posibilidad de negarse a obedecer determinadas órdenes empresariales, sin que de ello se derivara necesariamente la pérdida de su puesto de trabajo. Es así como se ha recogido en las regulaciones italiana y española (p. 45).

A pesar de la aparente cobertura que parece brindar, la cláusula de conciencia es un mecanismo apenas utilizado por los periodistas españoles, como pone de manifiesto la escasa jurisprudencia generada (solamente dos sentencias del Tribunal Constitucional en los últimos 15 años), hasta el punto de que, siete años después de la aprobación de la ley, un estudio sobre la misma arrancaba preguntándose si estaba efectivamente en vigor (Navarro & Rodríguez, 2004). La pregunta adquiere todavía más sentido una década más tarde, vista la exigua invocación de la misma por los profesionales españoles.

 

La cláusula de conciencia en el código deontológico de la FAPE

Con algunas salvedades significativas, son mayoría los países que cuentan con códigos deontológicos de la profesión periodística y, en ellos, la cláusula de conciencia tiene una presencia relevante (González-Esteban, García-Avilés, Karmasin & Kaltenbrunner, 2011). En su trabajo, publicado hace ya casi dos décadas, Tiina Laitila (1995) observaba que la cláusula de conciencia era citada por 18 de los 31 códigos europeos analizados. A partir de este análisis, la autora concluía que un posible código deontológico común a todos los periodistas europeos debería incluir principios compartidos por todos y, entre ellos, el de independencia garantizada mediante la cláusula de conciencia. Este derecho está incluido también en muchos códigos periodísticos de Latinoamérica. Entre otros, Barroso y López (2009, p. 132-134) citan los códigos éticos del Círculo de Periodistas de Colombia, de 1990 (actualizado en 2006); del Colegio Dominicano de Periodistas, de 1994; de la Federación de Periodistas de Perú, de 2001; de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, de 2007; y del Colegio de Periodistas de Chile, de 2008.

El código deontológico aprobado en 1993 por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la principal organización profesional del sector, incluye la cláusula de conciencia como un derecho estatutario de los periodistas. El código establece que, para garantizar la necesaria independencia en el desempeño de su profesión, el periodista debe reclamar, para sí y para quienes trabajen a sus órdenes, "el derecho a invocar la cláusula de conciencia, cuando el medio del que dependa pretenda una actitud moral que lesione su dignidad profesional o modifique sustancialmente su línea editorial" (Art. 8,d).

La FAPE cuenta con un órgano de vigilancia de las buenas prácticas profesionales denominado Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología, puesto en marcha en 1993. En los 20 años de funcionamiento de esta Comisión, no se ha producido ni una sola demanda de amparo por violación de la cláusula de conciencia. Como refleja una investigación reciente, las reclamaciones presentadas ante este órgano deontológico suelen tener como objeto situaciones relacionadas con la protección de derechos de terceros (al honor, a la intimidad, etc.) o con la propia información (veracidad, comprobación de fuentes, etc.), pero en ningún caso los propios periodistas han considerado que podían recurrir para reclamar la protección de los derechos que les son reconocidos por el mismo código deontológico que define y precisa sus deberes profesionales (Mora de Saavedra, 2010).

 

La cláusula de conciencia en los estatutos de redacción

Los estatutos de redacción son expresamente recomendados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución 1003 sobre Ética del Periodismo, aprobado el 1 de julio de 1993, como instrumento de ordenación de las relaciones profesionales de los periodistas con los propietarios y editores, con independencia de las obligaciones laborales10. Los estatutos de redacción reconocen una serie de derechos profesionales e incorporan mecanismos de participación que adoptan la forma de comités o consejos elegidos por los miembros de la redacción. Carrillo (2000, p. 410) señala que los estatutos de redacción permiten cubrir las lagunas que pueda presentar la regulación en materia de cláusula de conciencia de los periodistas, en la medida en que en los estatutos se delimita quiénes son los titulares de este derecho.

Las iniciativas para introducir estatutos de redacción en el seno de los medios españoles han sido escasas hasta la fecha, aunque, sin duda, notables (tabla 1)11. Todos los estatutos prevén la puesta en marcha de órganos de representación profesional, entre cuyos cometidos se incluye el de mediar entre el profesional y la empresa en casos de invocación de la cláusula de conciencia (Fuente-Cobo, 2009).

Tabla 1. Empresas informativas que cuentan con estatuto de redacción en España

Fuente: Sánchez de la Nieta, Monforty Fuente-Cobo (2013).

El derecho a la cláusula de conciencia en los estatutos de redacción se refleja de diferentes maneras. Blanco Jover distingue entre los estatutos "de primera generación", aprobados antes de la LO 2/1997 y los de "segunda generación", que reproducen de manera más o menos ampliada el contenido de la norma legal de referencia (p. 136).

En síntesis, los derechos habitualmente reflejados en los estatutos de redacción son los siguientes:

• Derecho de un redactor a solicitar la rescisión de su contrato obteniendo una indemnización, si se produce un desvío constatable y permanente en la línea ideológica del medio.

• Derecho de un redactor a negarse a la realización de un trabajo que suponga vulnerar los principios fundacionales del medio.

• Derecho de un redactor a negarse a la realización de un trabajo que implique la vulneración de principios de ética profesional.

• Derecho de un redactor a negarse a la realización de un trabajo si considera que se violenta su conciencia o convicciones personales.

• Derecho de un redactor a retirar su firma (o a no aparecer en pantalla) de informaciones que considere que han sido alteradas sustancialmente sin su consentimiento.

• Derecho de la redacción a exponer su discrepancia a través del propio medio, si por mayoría de la misma (habitualmente de dos tercios) considera que dicho medio ha violado sus principios fundacionales o los principios de la ética periodística.

No es fácil determinar la eficacia que cabe atribuir a los estatutos de redacción y, de manera más concreta, a los comités de redacción12, contemplados en los mismos, a la hora de defender la autonomía de los periodistas frente a las imposiciones de la empresa, ya que la única información disponible es la procedente del interior de las redacciones y esta es muy escasa.

De hecho, la mayoría de los medios informativos que han adoptado estatutos de redacción ni siquiera facilitan información sobre los mismos en sus páginas web corporativas (tabla 2), lo que podría ser un indicador del escaso valor que se atribuye a estos instrumentos de ordenación de las relaciones profesionales. Tampoco resulta fácil acceder a información sobre la actividad de los órganos de representación profesional, ya que no todos cuentan con web propia o espacio en la web del medio. En algunos casos han ido perdiendo fuerza y capacidad de liderazgo en las redacciones o incluso han llegado a desaparecer. Así se pone de manifiesto en la tabla 3, que recoge un reciente análisis sobre la visibilidad de los comités profesionales y los estatutos de redacción en las empresas que cuentan con ellos.

Tabla 2. Información sobre el estatuto de redacción ofrecida por el propio medio o la empresa propietaria

Fuente: Sánchez de la Nieta, Monfort y Fuente-Cobo (2013).

Tabla 3. Información sobre la actividad del comité de redacción ofrecida por el propio medio o por la empresa propietaria del mismo

Fuente: Sánchez de la Nieta, Monfort y Fuente-Cobo (2013).

A la luz de estos datos, parece obvio que la actividad de los comités de redacción, en caso de existir, apenas ha trascendido, salvo excepciones muy señaladas. Resulta sintomático a este respecto, que solo la circunstancia extraordinaria del apagón y cierre de la Radiotelevisión Valenciana haya permitido conocer las desventuras y desaparición del comité de redacción debido en buena parte, según algunas fuentes, al hostigamiento de la propia dirección del medio13, así como los intentos de volver a reactivarlo cuando el cierre de los canales de televisión y radio dependientes de ese ente público autonómico era ya una realidad inmediata14.

En cambio ha tenido cierta trascendencia la actividad de los Consejos de Informativos de la Corporación RTVE en relación con casos especialmente notables de cambio de línea informativa y de supuesta manipulación de los contenidos informativos del medio15. En alguno de estos casos, el Consejo de Informativos de la televisión pública adoptó una posición respecto a situaciones concretas de vulneración de la conciencia profesional de los periodistas, como cuando denunció públicamente un supuesto caso de sanción a unos redactores del programa Informe Semanal por negarse a firmar reportajes que consideraron manipulados por la dirección del medio16.

En cualquier caso, como hemos visto, la actividad más o menos intensa del Consejo de Informativos de TVE no deja de tener un valor casi testimonial en un escenario caracterizado por la crisis económica que sacude las redacciones, dejando poco espacio para otra defensa que no sea la de los propios puestos de trabajo y las condiciones laborales.

 

La cláusula de conciencia en los convenios colectivos

En este escenario de desactivación profesional cobra, si cabe, mayor importancia aún el papel de los sindicatos como únicas organizaciones con capacidad legal de representación y negociación en el ámbito laboral. Sin embargo, del análisis realizado por los autores sobre cerca de 30 convenios colectivos en el sector de empresas de medios informativos suscritos entre 1996 y 2013 y que afectan a empresas informativas de ámbito estatal o cuya actividad afecta a más de una comunidad autonómica, se desprende que son muy escasos los textos que recogen el derecho a la cláusula de conciencia de los periodistas.

El primer convenio estatal de prensa diaria, aprobado en el año 2000, instaba a las empresas del sector a poner en marcha estatutos de redacción. Esta reclamación se ha mantenido en los dos convenios posteriores, incluido el actualmente en vigor. En el sector de prensa no diaria (revistas), en 2008 se suprimió el artículo dedicado a la cláusula de conciencia, que había sido incluido en el primer convenio del sector, suscrito en 1996.

Los únicos textos en los que se encuentra expresamente recogida la cláusula de conciencia son los convenios colectivos de las agencias de noticias Europa Press y Servimedia, así como en los de la Agencia estatal EFE y de la privada Colpisa, si bien en estos dos últimos casos se encuentra formulado en relación con los derechos de los periodistas sobre su firma.

Así pues, vemos que la cláusula de conciencia no aparece como una reivindicación significativa en la agenda de las negociaciones colectivas salvo en el notable caso de las agencias de noticias, todas las cuales cuentan con convenios particulares que abordan, de una u otra manera, el derecho de los redactores a negarse a realizar -o a firmar-, informaciones que vayan contra sus principios morales o ideológicos.

Tabla 4. La cláusula de conciencia en los convenios colectivos de agencias de noticias, (art.13)17; (art.12)18; (art.32,2)19; (art.26)20.

Fuente: Elaboración propia.

 

Percepción de los periodistas españoles sobre su independencia

La limitada invocación de la cláusula de conciencia podría conducir a la conclusión de que los periodistas españoles mantienen un elevado nivel de autonomía profesional en los medios en los que prestan sus servicios, que justificaría este escaso uso de un derecho formulado y desarrollado precisamente para proteger dicha independencia.

En el caso español, las encuestas que realiza anualmente la Asociación de la Prensa de Madrid21 revelan que las presiones a las que se ven sometidos los periodistas en el ejercicio de su trabajo no solamente aumentan cada año, sino que, además, proceden cada vez con mayor fuerza del ámbito interno de las propias empresas informativas.

Así, en la última encuesta publicada, casi el 80% de los periodistas encuestados22 señalan que han recibido presiones para modificar el contenido u orientación de alguna información (tabla 5) y el 76% indican que estas presiones precedían de su empresa o jefe (tabla 6). En una escala de 1 a 10, los periodistas españoles sitúan el grado de independencia que tienen a la hora de desempeñar su trabajo en un 4,0.

Tabla 5. ¿Ha recibido en alguna ocasión algún tipo de presión para modificar el contenido o la orientación de alguna información?

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid. Informe Anual de la Profesión Periodística, 2013. Encuesta profesional.

Tabla 6. ¿De quién o quiénes llegaron estas presiones?

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid. Informe Anual de la Profesión Periodística, 2013. Encuesta profesional.

No es de extrañar, en este contexto, que los periodistas españoles señalen la falta de independencia política o económica de los medios en los que trabajan como el segundo problema más importante que tiene hoy en día la profesión periodística, aunque a gran distancia del problema número uno: el impacto de la crisis económica sobre el empleo (tabla 7).

Tabla 7. Desde su punto de vista, ¿cuál es el problema más importante que tiene hoy en día la profesión periodística?

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid. Informe Anual de la Profesión Periodística, 2013. Encuesta profesional.

Estos resultados coinciden con los obtenidos en la encuesta realizada por los autores entre periodistas de Madrid (tabla 8), de acuerdo con los cuales la precariedad e inseguridad laboral es el problema más importante de la profesión en la actualidad (97,9% lo señalan como muy importante o bastante importante), seguido de cerca por el predominio de los intereses económicos y políticos sobre los intereses periodísticos (91,4% indican que es muy/bastante importante).

Tabla 8. ¿Cuál es su percepción sobre los siguientes problemas que supuestamente afectan a la profesión?

Fuente: Elaboración propia.

El impacto de la crisis económica está añadiendo un nuevo foco de presión sobre los periodistas, producto de la reducción de los recursos y especialmente del empleo, que afecta a la calidad de los procesos de producción informativa y, en definitiva, a la propia calidad de la información periodística. La APM calcula que entre 2008 y 2013 se han destruido en torno al 20% de los puestos de trabajo que existían en el sector de medios de comunicación sin que se haya reducido en la misma proporción el número de medios existentes, lo que significa que la carga de trabajo recae ahora sobre menos profesionales, que cuentan además con menos recursos (APM, Informe Anual, 2013). Según resultados de la misma encuesta citada, el 89,7% de los periodistas perciben que la crisis económica está afectando al normal desarrollo de su trabaj o como periodistas. A la hora de concretar cómo les está afectando la crisis, el 69,1% señala que se ve obligado a realizar más funciones que antes, el 68% afirma que cuenta con menos medios económicos en su trabajo, el 48% apunta que dispone de menos tiempo para llevar a cabo su trabajo y el 28,7% siente que tiene menos libertad como profesional.

Por otra parte, los periodistas perciben que los problemas y carencias que observan en las empresas de medios y que actúan como impedimentos para un comportamiento ético, difícilmente se resolverán por la vía exclusiva de la autorregulación. Es significativo, a este respecto, que solo un 16% de los periodistas madrileños encuestados en el marco de este trabajo consideran que la autorregulación sea suficiente, mientras que un 27% es partidario de una nueva normativa legal, un 21% considera que la normativa existente debería desarrollarse de manera constante y un 29% confiaría en la autorregulación pero vinculada a mayor supervisión a través de un órgano de control externo (tabla 9).

Tabla 9. ¿Cree que la autorregulación es suficiente para garantizar que las empresas periodísticas se comporten de manera ética? [multirespuesta]

Fuente: Elaboración propia.

Puestos a identificar qué mecanismos, de entre los implantados por las empresas periodísticas, son más eficaces para promover una actuación más ética (tabla 10), los profesionales sitúan en primer lugar la existencia de órganos de representación profesional, a pesar de que estos consejos o comités de redacción tienen una implantación reducida y, hasta el momento, han fracasado los intentos por generalizarlos mediante su exigencia legal, tal como se planteaba en el fallido Estatuto del Periodista Profesional presentado en el Parlamento para su tramitación legal en 200423.

Tabla 10. ¿Cómo valora la eficacia de los siguientes mecanismos para promover una actuación periodística más ética?

Fuente: Elaboración propia.

 

Algunas explicaciones

A la luz de lo expuesto hasta aquí puede concluirse que la cláusula de conciencia es un derecho reconocido sobre el papel pero muy limitadamente invocado por los periodistas españoles. Aznar (2010) atribuye al contexto social y cultural, es decir, a carencias democráticas y cívicas, la escasa aplicación de la cláusula de conciencia en España. Sin embargo, pueden apuntarse también razones de carácter estructural para explicar esta escasa operatividad. La primera de ellas es la ausencia de un estatuto jurídico de la profesión de periodista en España que identifique y delimite derechos y deberes y sirva de referente legal no solo para el ámbito profesional sino también para el laboral, como sucede en Francia. A pesar de las iniciativas e intentos realizados especialmente desde el año 2000, las diferentes organizaciones que representan a los periodistas no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre los contenidos de una posible delimitación legal de la figura del periodista y, en consecuencia, de los derechos y deberes de los que le hacen titular leyes ya vigentes, como la relativa a la cláusula de conciencia. En este contexto, al no existir normativa laboral específica sobre el periodista-trabajador, se aplica la legislación laboral común. Lo anterior facilita el control empresarial casi total sobre la información por parte del director del medio en el que prestan sus servicios estos periodistas-trabajadores.

Escobar Roca (2003), que ha estudiado de manera particular esta situación, sostiene que, a pesar de los derechos que en teoría les protegen, la autonomía de los periodistas es muy limitada en el seno de las redacciones. El autor llega a esta conclusión tras analizar los tres escenarios de conflicto más típicos en el seno de la empresa informativa. En primer lugar, la obligación de tratar un tema en un determinado sentido, imposición frente a la que el periodista se encuentra protegido por una cláusula de conciencia que, como hemos visto, apenas se utiliza. En segundo lugar, el derecho de veto del director sobre el trabajo del periodista, frente al cual este carece de recurso jurídico alguno. Y en tercero, la alteración de la obra periodística por parte de la empresa, situación en la que el poder de la empresa sigue siendo omnímodo y el periodista únicamente está protegido en caso de alteraciones de una cierta trascendencia. Otro autor lo expresa de manera gráfica al señalar que "hoy todavía hace falta mucho valor para invocar la cláusula" (Díaz Arias, 2003, p. 328).

Una segunda razón que podría explicar por qué los periodistas españoles no reclaman con mayor insistencia el respeto por sus derechos profesionales apunta a una cierta incapacidad por parte de las organizaciones que les representan, de asumir la tutela efectiva de estos derechos. A este respecto, Segalés (2000) apunta que la baja presencia de la cláusula de conciencia en los convenios colectivos puede derivarse, por una parte, de la naturaleza "profesional" de la que se ha querido dotar a este mecanismo -distinguiendo su ámbito del laboral propio de la negociación colectiva- y, por otra, de la peculiar configuración del asociacionismo profesional en España, desarrollada al margen de los sindicatos. Para este autor, la incorporación de la cláusula de conciencia al ámbito de la negociación colectiva permitiría mejorar el marco legal general (por ejemplo, evitando en lo posible la extinción del contrato entre el periodista y la empresa), pero ello exigiría unidad de esfuerzos ya que la capacidad negociadora disminuye en la medida en que se atomiza el ámbito territorial y personal sobre el que operan los convenios (pp. 177-179).

El modelo asociativo español está configurado por organizaciones que únicamente defienden derechos profesionales y no tienen capacidad de actuación en el ámbito laboral y, a la vez, por organizaciones sindicales que, en el actual marco regulatorio, son las únicas con capacidad de negociación en el ámbito laboral. Pertenecen al primer grupo las asociaciones de la prensa, de ámbito local y coordinadas a través de la Federación Española de Asociaciones de Periodistas (FAPE), mayoritaria entre los periodistas españoles y los colegios profesionales existentes en algunas comunidades autónomas24. Por lo que se refiere a la representación sindical, las organizaciones con mayor peso son las centrales sindicales Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Existen también sindicatos de periodistas, de ámbito local y minoritarios, que actúan coordinados a través de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FESP).

A este respecto, los datos sobre movilización y asociacionismo de los periodistas españoles son escasos y parcialmente contradictorios. De acuerdo con la encuesta realizada por los autores en 2012, el 65% de los periodistas de Madrid pertenece a alguna organización profesional o sindical y el 21% pertenece incluso a más de una (por ejemplo, a una asociación profesional y a un sindicato). El 62,3% de los periodistas afiliados forma parte de asociaciones u organizaciones de perfil profesional, como las asociaciones de la prensa y los colegios de periodistas, y el 17,7% a centrales sindicales o sindicatos de periodistas.

El problema de la representación profesional y laboral de los periodistas en España, en definitiva, no es tanto una cuestión de número de afiliados sino, más bien, de capacidad operativa de estas organizaciones para representar adecuadamente los derechos profesionales y laborales de aquellos a quienes representan. Sigue siendo válido el diagnóstico de Aznar (2005), para quien "el problema de España no es un índice de asociacionismo especialmente bajo, sino más bien que las organizaciones existentes no parecen capaces de unir al conjunto de la profesión ni de promover la unidad de acción deseable. El resultado es un fuerte desequilibrio entre el poder de las empresas y el de los periodistas" (p. 159).

A esta falta de unidad de acción entre organizaciones de diferentes origen, composición y objetivos, se une una cierta incapacidad específica de las propias organizaciones sindicales mayoritarias en las negociaciones colectivas para asumir demandas de un colectivo, el de periodistas, que aparece diluido en el conjunto de las fuerzas laborales que integran las plantillas de las empresas de comunicación.

Esta falta de enfoque específico puede observarse dentro de la propia estructura de las grandes centrales sindicales, CC.OO. y UGT, que aglutinan al 73,7% de los delegados en España25 y que tienden a integrar a los periodistas dentro de epígrafes muy amplios y diversos como la cultura, el deporte o el arte, en los que se incluyen desde deportistas profesionales hasta actividades taurinas, parques zoológicos y de atracciones. Este es el caso de CC.OO., donde los periodistas se encuentran integrados dentro del sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura y Deporte, mayoritario en su ámbito de actuación (44% del total de delegados sindicales, según información del propio sindicato)26. Es también el caso de la Federación de Servicios de UGT, en la que se incluye la Secretaría de Comunicación Social, Cultura y Deportes, en la que se integran los profesionales de todos esos sectores27 y, dentro de ellos, también los periodistas. En este contexto, cabe entender que los propios periodistas que votan y eligen delegados sindicales pertenecientes a estas centrales o que incluso forman parte de las mismas como afiliados, tengan la sensación de que carecen de peso específico dentro de los sindicatos mayoritarios, como apunta la publicación oficial del Colegio de Periodistas de Cataluña (Sánchez, 2010).

A esta escasa visibilidad y aparente poco peso específico de los periodistas dentro de los sindicatos que los representan, se añade una percepción negativa por parte de los periodistas acerca de la actuación de estas organizaciones sindicales, cristalizada sobre todo a partir de la crisis económica que atraviesa el sector. Como recoge la encuesta de la Asociación de la Prensa de 2012, la valoración que hacen los periodistas de la actuación de los sindicatos en las negociaciones (convenios, expedientes de regulación de empleo, etc.) que afectan a los periodistas es significativamente negativa (tabla 11). Puestos a buscar una alternativa, los periodistas se vuelven hacia las organizaciones profesionales, a las que demandan una participación más activa en los procesos de negociación colectiva (tabla 12), lo cual representa un reto importante por cuanto algunas de las organizaciones mayoritarias tienen el carácter de asociaciones, sin capacidad de actuación en el ámbito laboral y su desembarco en este ámbito exigirá procesos de transformación que todavía están por materializarse.

Tabla 11. Percepción de los periodistas españoles sobre la actuación de los sindicatos y organizaciones profesionales

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid. Informe Anual de la Profesión Periodística 2012.

Tabla 12. Opinión de los periodistas españoles sobre el papel de las organizaciones profesionales en las negociaciones de sus condiciones laborales

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid. Informe Anual de la Profesión Periodística 2012.

Finalmente, en la búsqueda de razones que ayuden a explicar la paradoja de una cláusula de conciencia constitucionalmente protegida y jurídicamente desarrollada pero escasamente aplicada, resulta imprescindible el análisis sociológico de las redacciones, sus procesos de producción y rutinas, la manera real que tienen los periodistas de plantear la existencia de situaciones dilemáticas y de enfrentarse a ellas. Este tipo de enfoques, que se han revelado extremadamente útiles para determinar la distancia entre conceptos y práctica28, han sido utilizados para identificar de modelos de socialización ética y de influencia en las redacciones (Borden, 2000, Pritchard, 2014; Harcup, 2014; Wilkins, 2014).

 

Un reto de futuro

Vista la evolución de la cláusula de conciencia en España, podemos concluir que no es suficiente con su reconocimiento legal, incluso aunque tenga nivel de mandato constitucional. Tampoco su inclusión en códigos deontológicos como un derecho que permite al periodista afrontar adecuadamente sus deberes profesionales basta para que este derecho se convierta en una realidad operativa. Como pone de manifiesto el caso español, además de la exigibilidad legal y moral, es importante que el derecho a la cláusula de conciencia sea asumido y defendido tanto en el seno de las redacciones como fuera de ellas por el conjunto de la profesión periodística. Y esto pasa por una adecuada representación y defensa de los intereses de los periodistas, tanto los laborales como los estrictamente profesionales, y tanto en el ámbito general de la negociación colectiva como en el más específico de la actividad cotidiana en el seno de las redacciones29.

El caso español pone también de manifiesto la existencia de un conjunto de factores de índole regulatoria que contribuyen a la escasa eficacia de la cláusula de conciencia, tanto en su dimensión extintiva como, sobre todo, en la resistente:

- Inexistencia de un marco legal general (estatuto de la profesión) que permita delimitar el ámbito profesional periodístico.

- Desvinculación entre la norma legal que regula la cláusula de conciencia (LO 2/1997) y la legislación laboral.

- Ausencia de las organizaciones profesionales mayoritarias (asociaciones y colegios profesionales) en los procesos de negociación colectiva, liderados por sindicatos generalistas.

- Implantación escasa de órganos de representación profesional (consejos o comités de redacción) en el seno de las empresas periodísticas.

- Desarrollo insuficiente de la regulación sobre derechos de autor en relación con los derechos del periodista sobre su obra.

Podría concluirse, por tanto, que el modelo español es un modelo incompleto, que precisa de la puesta en marcha de mecanismos adicionales como los indicados, para poder desplegar plenamente su eficacia.

 

Notas

1 El 10 de octubre de 2013 la National Union of Journalists reclamaba que la cláusula de conciencia fuera exigida por ley e incluida en el texto de la Royal Chart, por la que se creará el nuevo organismo regulador de la Prensa, ya que en las versiones circuladas hasta el momento dicha cláusula no aparecía incluida. Comunicado de la NUJ. En http://www.nuj.org.uk/news/conscience-clause-remains-essential-for-journalists/.

2 La cláusula de conciencia tampoco ha llegado a ser incorporada al código deontológico de la Press Complaints Commission (PCC). Según algunos observadores, la razón es que la PCC no ha estimado que hubiera evidencias suficientes de presiones sobre los periodistas por parte de sus empresas como para justificar la adopción de este mecanismo de protección. En consecuencia, se ha entendido que los posibles conflictos debían resolverse directamente de manera particular entre empleados y empleadores [Harcup, 2008].

3 Véase, a este respecto, "Los riesgos de regular por ley la prensa", número 26 de la revista Cuadernos de Periodistas (2012), dedicado a este tema que edita la Asociación de la Prensa de Madrid. En http://www.cuadernosdeperiodistas.com/pdf/Cuadernos_de_Periodistas_26.pdf.

4 http://explotacion.mtin.gob.es/wregcon/.

5 La inscripción registral electrónica de los convenios colectivos suscritos en España es obligatoria desde la entrada en vigor del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo. Esta obligación de inscripción se extiende a los convenios suscritos al amparo del texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En el caso de los convenios de ámbito estatal o que afectan a más de una comunidad autónoma, la gestión del registro de convenios colectivos (REGCON) está encomendada al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los convenios estudiados en el marco del presente trabajo corresponden por tanto a los registrados en la base de datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y suscritos desde la entrada en vigor del texto refundido de Ley de Estatuto de los Trabajadores.

6 Proyecto Nacional de I+D+i, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Deontologia y excelencia informativa: implantación y consolidación de prácticas éticas en la empresa periodística [Ref. CSO2010-15575/COMU], 2011-2014. Investigador principal: Carlos Maciá-Barber [Universidad Carlos III de Madrid].

7 El trabajo de campo se completó en tres fases. En la primera, se generó un censo de 1.383 registros de periodistas que fueron contactados y de los cuales se obtuvo un total de 229 cuestionarios completados [tasa de respuesta: 16,5%]. En la segunda fase se incluyeron registros a través de la prospección de páginas web y blogs de comunicadores y se contactó con todas las asociaciones de profesionales y de empresas de la comunicación de Madrid [un total de 53]. En una tercera fase, la captación se amplió a través de teléfono [565 llamadas válidas] y de las redes sociales Linkedin y Twitter [2.146 tweets enviados].

8 Code du travail. Version consolidée du code au 22 janvier 2014. Recuperado de http://codes.droi.org/co/travail.pdf.

9 En su informe, el juez Leveson rechaza la posibilidad de añadir protección adicional para los periodistas mediante el reconocimiento de sus derechos morales sobre la firma, opción a la que se opusieron de forma tajante el Telegraph Media Group [TMG] y News International [NI]. Sin embargo, insta al Gobierno a considerar una posible modificación de la legislación sobre derechos de autor para extender a los periodistas los derechos sobre la integridad de sus obras de que gozan otros autores [Report, 4, Regulatory Models for the Future, pp. 1706-1707].

10 "Within the newspaper business, publishers, proprietors and journalists must live side by side. To that end, rules must be drawn up for editorial staff in order to regulate professional relations between the journalists and the publishers and proprietors within the media, separately from the normal requirements of labour relations. Such rules might provide for the setting up of editorial boards" (clause 32). CE, Parliamentary Assembly, Resolution 1003 (1993) on the Ethics of Journalism. Recuperado de http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta93/ERES1003.htm.

11 De un total de 102 empresas editoras de prensa diaria de información general existentes en España según el Mapa de medios 2014 que publica la consultora Ymedia (www.ymedia.es/mapa-de-medios), solamente cinco cuentan con estatuto de redacción. Y si atendemos a las radiotelevisiones públicas, de los 13 organismos que gestionan canales de televisión y emisoras de radio en España, solamente tres cuentan con estatuto de redacción.

12 También denominados consejos de redacción, comités profesionales, consejos profesionales o consejos de informativos, dependiendo de cada medio.

13 Los protagonistas del fiasco en RTVV. La liquidación y el cierre previsto de Ràdio Televisió Televisión Valenciana tiene nombres y apellidos. El País, 7 noviembre 2013. Recuperado de http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/06/valencia/1383760094_866544.html.

14 Trabajadores de RTVV impulsan la recuperación del Comité de Redacción contra 'cualquier tipo de injerencia'. Europa Press, 15 noviembre 2013. Recuperado de http://www.europapress.es/comunitatvalenciana/noticia-trabajadores-rtvv-impulsan-recuperacion-comite-redaccion-contra-cualquier-tipo-injerencia-20131115121653.html.

15 Los periodistas de TVE instan a corregir las 'malas prácticas' de la corporación. El País, 30 enero 2013. Recuperado de http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/30/actualidad/1359557373_972534.html.

16 Grave ataque a la libertad de información. Comunicado del Consejo de Informativos de TVE, 23 de noviembre de 2012. Recuperado de http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/75-grave-ataque-a-la-libertad-de-informacion.html.

17 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, núm. 62, de 15 de marzo de 2010.

18 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, núm. 139, de 12 de junio de 2010.

19 Boletín Oficial del Estado, núm. 250, de 15 de octubre de 2010.

20 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, núm. 281, de 26 de noviembre de 2011.

21 http://www.apmadrid.es/publicaciones/informe-anual-de-la-profesion-periodistica.

22 De acuerdo con estimaciones realizadas a finales de 2011, se calcula que el número de periodistas en España oscila entre los 20.500 y los 24.600. Hasta 2011, las Facultades de Comunicación han generado un total de 74.923 licenciados en Periodismo, si bien muchos de ellos no trabajan en la profesión [Asociación de la Prensa de Madrid, Informe Anual de la Profesión Periodística, 2012].

23 Proposición de Ley de Estatuto del periodista profesional. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. 23 de abril de 2004, Art. 22.

24 En la actualidad existen colegios oficiales de periodistas en Cataluña, Murcia, Galicia, País Vasco y Andalucía, y se encuentran en proceso de constitución en otras comunidades autónomas como Castilla y León, Extremadura, Rioja y Castilla La Mancha. La regulación de los colegios profesionales es de ámbito autonómico.

25 Fuente: Anuario de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2011.

26 www.fesc.ccoo.es/webfscmedios/.

27 www.fesugt.es.

28 Véase, por ejemplo, el estudio de Claudia Mellado (2014) sobre la distancia entre la concepción de los roles profesionales de los periodistas chilenos y su plasmación en el trabajo diario.

29 En el caso británico la defensa de la cláusula de conciencia ha sido el caballo de batalla de la National Union of Journalists (NUJ), como destaca el propio informe Leveson (p. 1705). También en el caso de Francia, primer país en el que se aprobó una ley reguladora de la cláusula de conciencia, esta vino de la mano del Sindicato Nacional de Periodistas. Dicha regulación se ha manifestado igualmente poco eficaz ya que aunque los periodistas a veces se oponen a los propietarios de los medios, no pueden modificar realmente la situación en el seno de los mismos (Rieffel, 2008). A pesar de ello, los profesionales de la información parecen haber encontrado en los convenios colectivos, en la representación redaccional o en los simples acuerdos entre compañeros, alternativas más habituales que la cláusula de conciencia para defender su integridad profesional (Azurmendi, 2003).

 

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Sobre los autores:

Carmen Fuente-Cobo, Profesora Titular de Periodismo en el Centro Universitario Villanueva (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid) y adjunta a la dirección del Área de Estudios de Comunicación. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus publicaciones destacan The Cultural obligations of Broadcasting. National and transnational legislation concerning cultural duties of television broadcasters in Europe (1990), Infancia y Televisión. Políticas de protección de los menores ante los contenidos audiovisuales (2009), y Ética periodística esencial (2014).

José Alberto García Avilés, Profesor Titular de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche (España). Bachelor en Artes Liberales por la Universidad de Irlanda. Licenciado en Periodismo y Doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra. Participa en un grupo de investigación sobre la convergencia de medios en España (www.infotendencias.com) y en el Proyecto Internacional de convergencia de redacciones en Europa "Konvergenz in Newsrooms". Es autor de Comunicar en la Sociedad Red (en prensa), Globalization and Pluralism. Reshaping Public TV in Europe (2010) El periodismo audiovisual ante la convergencia digital (2006) y El periodismo en la televisión digital (2000).

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