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Estudios internacionales (Santiago)

versión On-line ISSN 0719-3769

Estud. int. (Santiago, en línea) vol.46 no.177 Santiago ene. 2014

http://dx.doi.org/10.5354/0719-3769.2014.30870 

ARTICULOS

 

Reflexiones sobre el cumplimiento de la tregua entre maras en El Salvador

 

Comments on the implementation of the truce between gangs in El Salvador

 

Carolina Sampó* y Mariano Bartolomé**

* Profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTref), Argentina. E-mail: carosampo@gmail.com

** Profesor de la Universidad del Salvador (USAL), Argentina y de la Universidad Nacional de Lanas (UNLa), Argentina. E-mail: marianobartolome@yahoo.com.ar


Resumen

En marzo del año 2012, las dos maras más poderosas y numerosas de El Salvador, la mara Salvatrucha y la mara Dieciocho establecieron una tregua entre ellas y decidieron calmarse. Con el fin de reducir los niveles de violencia que afectaba a la sociedad en general, sus más altas cúpulas se comprometieron a parar los asesinatos, secuestros y extorsiones que tenían lugar en casi todos los rincones del país desde hacía más de dos décadas. Sin embargo, en los últimos meses han aparecido algunos elementos que parecen indicar que los objetivos de la implentaciópn de la tregua eran otros, íntimamente vinculados a los negocios del narcotráfico en territorio salvadoreño. A pesar del beneplácito de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de su rol como garante del proceso de pacificación, la tregua está en manos de las maras más que de la socidedad civil, que desconfía de ella. En este contexto, correspondería a la clase política modificar el statu quo, en especial considerando la proximidad de las elecciones presidenciales.

Palabras clave: maras - El Salvador - tregua - narcotráfico - crimen organizado.


Abstract

In March 2012, the biggest and most powerful gangs in El Salvador, «maras» Salvatrucha and Dieciocho, called a truce and decided to «calm down» (calmarse). In order to reduce the high levels of violence that affect society as a whole, the heads of both maras committed themselves to stop the killings, kidnappings and blackmail that had been occurring in almost every corner of El Salvador for more than two decades. However, over the last few months there is some evidence that seems to indicate that the purposes of implementing the truce were not those that han been expressed by the maras, and were closely linked with drug trafficking in the country. In spite of the Organization of American States' (OAS) approval and its role of guarantor of the peacebulding process, the truce is in the maras' hands and not in those of the civil society, wich is still reluctant to trust these organizations. In this scenario, policymakers should change the status quo, particularly in view of the coming presidential elections.

Keywords: maras - El Salvador - truce - drug traffiking - organized crime.


 

Introducción

Tras el inicio de la transición democrática ya a principios del presente siglo, los Estados centroamericanos se encontraron con un problema difícil de resolver que, de hecho, era capaz de poner en jaque su propia vigencia. Las «maras», entendidas como pandillas juveniles urbanas sumamente violentas y gregarias habían llegado del exterior para asentase y expandirse, como resultado del débil tejido social y de la falta de contención institucional producto de la dificultosa reconstrucción post conflicto. En ese contexto, es necesario distinguir dos fuentes de las cuales se nutrieron estas organizaciones: por un lado, los jóvenes provenientes de las deportaciones realizadas por Estados Unidos a fines de los años noventa que daban cuenta de esa problemática en terreno norteamericano pero que no alertaban a los gobiernos del istmo sobre su complejidad; por otro, pandillas tradicionales, denominadas por Sullivan (2008) «de primera generación» -es decir grupos de jóvenes que se dedicaban a la escritura de grafitis y a perpetrar robos menores-, transformadas en organizaciones que buscan ganar poder e incrementar sus ganancias basándose en su control territorial pero operando también a nivel regional.

El accionar de las maras se vio inmediatamente reflejado en el devenir cotidiano de las sociedades centroamericanas. El reclutamiento de niños y jóvenes provenientes especialmente de barrios o estratos marginales y excluidos se constituyó en el principal insumo para el crecimiento de estos grupos, permitiendo la organización de barrios o clicas, como están dispuestos actualmente. Pese a que existen diferencias entre las dos maras más poderosas y numerosas, la Mara Dieciocho (M-18) y la Mara Salvatrucha (MS-13), ambas respetan una estructura más o menos jerárquica, siendo la MS-13 más estricta en términos piramidales. En ella los jefes nacionales se vinculan con los ranfleros que se encargan de impartir órdenes, aun cuando muchos se encuentran encarcelados cumpliendo condenas. Ellos se relacionan con líderes medios, que tienen a cargo un importante número de clicas. Aunque estas tienen un alto grado de autonomía en cuanto a los negocios que desarrollan, deben cumplir las órdenes que vienen desde la cúpula. En el caso de la M-18, la estructura es más laxa pero se sabe que son los jefes los que desde la cárcel toman las decisiones que deben cumplirse en la base de la pirámide (Sampó, 2013).

Pese a que la profundización del problema de las maras afectó a varios países de la región, especialmente al denominado Triángulo Norte (compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala), el presente trabajo se centrará exclusivamente en su devenir en territorio salvadoreño, ya que se trata del único país en el que se ha implementado de forma sostenida una tregua entre la MS-13 y la M-18. Esta tregua, lanzada por los líderes nacionales desde los dos lugares de reclusión forzada que reúnen más mareros, se institucionalizó a partir de un documento escrito de forma conjunta, producto de las negociaciones entre las dos maras dominantes, facilitadas por quienes fueron elegidos como mediadores, como ya veremos.

Aunque a primera vista la suspensión de hostilidades parece haber alcanzado buenos resultados, en los últimos meses han aparecido indicadores que hacen pensar que el impasse puede ser dejado de lado de un momento a otro. Incluso se sospecha que la tregua no obedeció a las «buenas intenciones» de los mareros y su necesidad de reconciliarse con la sociedad. Por el contrario, se habría pactado con el objetivo de generar un escenario que les permitiera estrechar vínculos con las organizaciones criminales transnacionales -sobre todo las relacionadas al tráfico de drogas- que han penetrado el territorio salvadoreño.

En este contexto, el presente trabajo buscará demostrar que las maras implementaron la tregua en el momento en que necesitaban redireccionar la atención tanto del Estado como de la sociedad civil hacia otras problemáticas, a fin de obtener réditos que fueran más allá de los límites del acuerdo. En consecuencia, este documento se dividirá en cuatro secciones: la presente introducción, donde quedan planteadas las cuestiones centrales en torno a la composición y organización de las maras. Una segunda sección en la que se analizan las políticas implementadas por los gobiernos democráticos para combatir a las maras y la razón de sus fracasos. Tercero, un apartado en el que se centraría la atención en el origen y la implementación de la tregua, así como en los objetivos implícitos y explícitos perseguidos por sus protagonistas a partir de ella. En esa misma sección buscaremos demostrar que tanto los objetivos no declarados de estas organizaciones, como los réditos que pretenden obtener de la implementación de la tregua son mucho más ambiciosos de lo que se presenta abiertamente y se relacionan con un mejor desarrollo de los negocios ilícitos en que están involucrados. Finalmente, en las conclusiones pondremos de manifiesto que las intenciones de las maras distan mucho de la idea de pacificación y reconciliación que expusieron en el lanzamiento de la tregua; relacionaremos directamente al gobierno con el desarrollo de un proceso que siempre se presentó como autónomo; y plantearemos el rol clave que juega la cooperación internacional, tanto de instituciones multilaterales como de Estados Unidos, en la superación de este pernicioso estado de cosas.

 

El combate a las maras en El Salvador

Como pasó en el resto de los países centroamericanos, El Salvador tomó conciencia demasiado tarde de las modificaciones de la estructura social que se habían producido en la etapa posterior a la firma de los acuerdos de paz. Una de esas alteraciones tuvo que ver con la incapacidad del Estado de absorber e incluir socialmente a dos sectores clave de la población, constituido el primero de ellos por quienes habían sido deportados desde Estados Unidos sin que se especificara el motivo al gobierno receptor. La mayoría de estos jóvenes habían dejado El Salvador siendo niños y en muchos casos no solo no tenían parientes en el país del istmo sino que ni siquiera hablaban español (Arana, 2005). El otro sector estaba formado por los estratos más pobres, excluidos y marginados en el marco de un Estado carente de recursos no solo económicos. En consecuencia, las maras contaban con la base necesaria para multiplicarse y expandir sus dominios.

Aunque comenzaron a incrementar su dominio territorial tímidamente, ya para principios del siglo XXI la MS-13 y la M-18 contaban con una fuerte presencia en todo El Salvador, siendo la Salvatrucha la mara más numerosa hasta el día de hoy. Los distintos gobiernos de esa pequeña nación nunca tuvieron muy en claro cómo hacerle frente a un fenómeno que dejaba de ser el de una mera organización juvenil para vincularse con el crimen organizado a través de tareas tales como el narcomenudeo y el sicariato. La primera respuesta fueron políticas represivas y punitivas, que apuntaron a desarticular los lazos establecidos entre estos jóvenes excluidos que encontraban en la mara su lugar de refugio, reconocimiento e identificación. De allí la implementación de diversos planes de «mano dura» que tuvieron como meta inmediata el encarcelamiento del mayor número posible de mareros, para reducir así los niveles de violencia que se incrementaban día tras día en la sociedad.

Sin embargo, las políticas de mano dura dejaron entrever la debilidad del Estado e incluso su incapacidad de hacer frente a un fenómeno extremadamente complejo que requiere de soluciones integrales que no solo actúen sobre una de las expresiones de la marginalidad y la exclusión, sino especialmente sobre sus causas estructurales. De allí que, si bien en un primer momento los crímenes violentos se vieron reducidos sensiblemente, en realidad se trató de un espejismo. Esto es, pues aunque un número importante de mareros fue sustraído de las calles como detenido, pocas veces esas detenciones se mantuvieron en el tiempo y mucho menos se convirtieron en condenas a ser cumplidas (Reisman, 2008).

En El Salvador durante el año 2003 se estableció el «plan mano dura» que incluyó la promulgación de un decreto presidencial que penalizó la participación en pandillas autorizando a la policía y las Fuerzas Armadas a detener sospechosos presentando como cargos suficientes la vestimenta, los tatuajes y hasta reuniones en la vía pública (Thale, 2007). Como consecuencia de la flexibilización de los criterios que permitían el arresto casi indiscriminado de jóvenes con las características antes mencionadas, que usaban el Espanglish como forma de comunicación o solo se reunían en la calle, se produjo un hacinamiento carcelario que transformó a esas instituciones en verdaderas escuelas del crimen. Quien había sido detenido fortuitamente y nada tenía que ver con el mundo de las maras terminaba involucrándose en él e incluso era forzado a unirse a alguna de las dos pandillas dominantes. De lo contrario carecía de la estructura de protección necesaria para subsistir durante su reclusión (Sampó, 2007). En resumen, las políticas de mano dura no solo profundizaron el problema sino que suscitaron reclamos por parte de un gran número de organizaciones no gubernamentales que denunciaban la violación sistemática de los derechos humanos.

Cabe destacar que en respuesta a estas políticas las maras lanzaron una oleada indiscriminada de violencia que en lugar de contener el problema e incluso reducirlo, incrementó el espiral de violencia en que se encontraba inmersa la sociedad. A partir de ese momento se borraron los límites del conflicto, que dejó de circunscribirse a los mareros, las Fuerzas Armadas y de seguridad y el gobierno, para alcanzar a la sociedad en su conjunto. Huelga aclarar que esa escalada generó una sensación permanente de inseguridad y conflicto.

Aunque era claro que las políticas meramente represivas y punitivas no habían generado los resultados esperados, la clase política no parecía encontrar otro rumbo. De allí que en el año 2004 se implementó la controvertida «ley anti-mara» que profundizaba ese enfoque. Además, ese mismo año se puso en marcha el plan «súper mano dura», que entre otras cosas contemplaba sanciones más severas para quienes formaban parte de esas organizaciones (Manwaring, 2008).

Tras un tiempo de implementación de políticas que atacaban coyunturalmente al problema, apuntando más a sumar votos de cara a distintas elecciones -principalmente las presidenciales- que a combatir la problemática de raíz, el gobierno incluyó políticas de mediano plazo orientadas a la prevención y la rehabilitación1. Esas iniciativas buscaron el debilitamiento e incluso la desaparición de las maras como grupos con vínculos criminales, aunque no necesariamente como representaciones sociales. En ese escenario, la inclusión social de los mareros demandaba la resocialización de quienes habían adquirido las normas y los valores que se manejan en las calles y no aquellas que sostienen a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la pregunta que se mantiene vigente es si los miembros de las maras quieren ser incluidos en una sociedad que cuenta con reglas y normas que condenan su forma de vida.

Es decir, si bien puede decirse que en un principio los nuevos miembros de las maras llegaron a ellas en busca de un lugar que les proporcionara reconocimiento y pertenencia, en una segunda etapa su ingreso estuvo mucho más vinculado a dos fenómenos: por un lado, la necesidad de subsistir en un escenario donde la guerra entre las dos maras dominantes divide a los barrios, especialmente -aunque no exclusivamente- aquellos de menores recursos; por otra parte, la tentación generada por la «vida loca» propuesta desde la mara. Es decir, el acceso irrestricto a drogas, sexo y un mundo de reglas propias que puede ser muy atractivo para jóvenes adolescentes. Aunque es necesario no perder de vista que la muerte aparece siempre a la vuelta de la esquina, porque la violencia es inherente a estas organizaciones.

En el contexto descripto, la necesidad de generar políticas de prevención se hizo cada vez más clara. Sin embargo, el devenir cotidiano demostró la imposibilidad de abandonar las políticas represivas ya que las maras se volvían cada vez más violentas, a punto tal que, como reclamo por un soborno que una compañía de transportes no había pagado, a mediados del año 2010 una clica quemó un bus repleto de pasajeros. El gobierno decidió entonces reforzar el brazo represivo criminalizando la pertenencia a las maras2. Se sancionó la «Ley de proscripción de pandillas o maras y grupos de exterminio», conocida como ley anti-pandillas y se dispuso el despliegue del Ejército en los penales de máxima peligrosidad3.

La salida al problema parecía esquiva y el Poder Ejecutivo no lograba encontrar el camino. De allí que la irrupción de la tregua, propuesta por las propias maras, parece tan curiosa.

 

La tregua propuesta por las maras en El Salvador

Una esperanza de solución del escenario descripto, signado por los altos niveles de violencia alcanzados no solo en la interacción entre maras sino entre estos grupos y la sociedad civil en su conjunto, surgió en marzo del año 2012 de la mano de las propias pandillas. Tras meses de negociaciones, primero al interior de cada mara, particularmente en los niveles más altos, y luego entre las dos organizaciones más importantes, con la asistencia de mediadores, se declaró la tregua. El acuerdo incluía el cese de hostilidades entre miembros de ambas maras e incluso la suspensión de los homicidios violentos.

Es necesario recordar que antes de la tregua El Salvador se ubicaba entre los países con más homicidios del mundo, de acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2012). Después de Honduras y con 66 homicidios cada cien mil habitantes, este pequeño país era considerado el segundo más violento del mundo. Gracias a la tregua, el 14 de abril de 2012 fue el primer día sin homicidios registrados en tres años.

Al menos en lo que hace a la violencia objetiva, entendiendo como tal a aquella que puede medirse sin que medien percepciones, los datos confirman una sustantiva mejora de la seguridad a partir de la implementación de la tregua. Sin embargo, cabe destacar que en términos subjetivos (y no tan subjetivos, pero no relacionados con homicidios) la violencia no se ha reducido tanto como los números oficiales buscan mostrar.

Los datos oficiales destacan una reducción de más del 40% de los homicidios cada cien mil habitantes. Según afirmó el ex ministro de Seguridad Munguía Payes, mientras que en el año 2011 hubo 4.371 homicidios vinculados a la criminalidad, en el año 2012 ese número se redujo a 23764.

¿Cómo se pactó la tregua? A pesar del visceral antagonismo entre las maras, influyeron en este desenlace tanto el encarcelamiento de sus líderes más importantes como las condiciones de hacinamiento en que viven recluidos muchos de sus integrantes, sumadas a la gran cantidad de muertos que entierran anualmente. Como resultado, el 9 de marzo de 2012 los máximos jerarcas de la MS-13 y la M-18 anunciaron el inicio de la tregua desde los penales donde están recluidos. En el documento conjunto presentado en esa oportunidad indicaron que habían tomado esa decisión «porque nadie desconoce que una buena parte de los muertos los ponemos nosotros mismos»5.

Esas intenciones no solo quedaron plasmadas en el documento mencionado sino que también contaron con el respaldo de mediadores externos, el más importante de los cuales fue Monseñor Colindres, representante de la Iglesia Católica. Este sacerdote fue el principal mediador del proceso. Fuentes periodísticas afirman que no solo fue el primero en darse cuenta de que ambas maras estaban en la misma sintonía, que buscaban calmarse y dialogaban al interior de cada clica sobre cómo llevar esa idea adelante, sino que fue quien propuso la negociación entre ambos actores.

Además del eclesiástico, las maras pidieron la incorporación del ex guerrillero y actual legislador Raúl Mijango. De acuerdo con algunas fuentes (Dudley, 2013) las declaraciones del representante del Poder Legislativo contra las políticas de mano dura fueron centrales para su inclusión en el proceso. Ambos mediadores aparecían para los mareros como neutrales de cara a la negociación y en más de una oportunidad hicieron saber que los habían elegido por considerarlos desinteresados, en contraste con la clase política que siempre buscaba sacar rédito de lo que fuera que se acordara. Con ayuda de los mediadores entonces, una vez limadas las asperezas al interior de cada mara, se negociaron las condiciones de la tregua que implicaba básicamente detener los homicidios y las actividades de extorsión, por lo general a víctimas seleccionadas (como empresas). De alguna manera, este acuerdo implicaba el mantenimiento de statu quo en términos de dominio territorial y, consecuentemente, de los negocios ya desarrollados por cada clica. En realidad el compromiso parecía tener más que ver con dejar de matar y morir que con dejar de actuar, algo que hoy es claro.

En este contexto, cabe destacar que el gobierno oficialmente siempre se mostró distante de las negociaciones con las maras y estas negaron una y otra vez que se lo hubiera involucrado. Sin embargo el ex ministro Munguía Pagés, una vez alejado de sus funciones afirmó que el presidente Funes también había propiciado el diálogo y la implemen-tación de la tregua, aunque sotto voce considerando los riesgos políticos que implica para el gobierno involucrarse en una iniciativa de este tipo. Sobre todo porque significa reconocer la derrota en el combate a las maras. La prueba más clara del involucramiento del gobierno fueron los traslados de las cárceles de máxima seguridad a unas menos herméticas y la mejora en las condiciones de vida de los mareros en distintos lugares de reclusión (Dudley, 2013).

El planteo de las maras se centraba en que ellos podían y debían ser parte de la solución porque eran parte fundamental del problema6. En el documento presentado, los jefes nacionales destacaban que no querían seguir haciendo la guerra, que aunque no tenían nada para perder ya estaban cansados de contar muertos. Además, decían saber del dolor que generaban en la sociedad y aceptaban pagar por ello en cárceles superpobladas con paupérrimas condiciones de habitabilidad, pero solicitaban que se les permitiera colaborar en la pacificación de El Salvador, a la que reconocen como su tierra pese al fuerte sentido de pertenencia a la mara y la transnacionalidad que las atraviesa.

En sintonía con lo mencionado antes, a pesar de los esfuerzos de ambas maras por separar al gobierno de este proceso, no se puede dejar pasar que poco antes de que entrara en vigor la tregua se trasladó a una treintena de los líderes más importantes de cárceles de máxima seguridad a cárceles comunes. Allí recobraron el contacto con el exterior y reforzaron sus vínculos con miembros de su organización también encarcelados. En este sentido, es necesario aclarar que para evitar masacres ya hace años el gobierno decidió ubicar en instituciones penitenciarias separadas a los miembros de la MS-13 y de la M-18. Según fuentes periodísticas, las autoridades gestionaron los traslados como «gesto humanitario y de buena voluntad» para acceder a los beneficios del pacto entre los líderes de las dos maras7. Sin duda, la tregua le fue presentada al gobierno como la única alternativa y se puso como condición de implementación el traslado a las mencionadas cárceles, además de solicitar mejoras en las condiciones de reclusión de todos los miembros de sus filas. De hecho, un reciente informe del Congreso de los Estados Unidos afirma que el ex ministro Munguía Payés apoyó la labor de mediación de Colindres y Mi-jango (Ribando Seelke, 2013) aunque en paralelo reestructuró la policía y creó una unidad de elite anti maras.

Durante todo el año 2012 la iniciativa pareció funcionar a las mil maravillas. En noviembre la Organización de los Estados Americanos (OEA) se incorporó al proceso con el objetivo de garantizar el proceso de pacificación y de monitorear la reducción de la violencia. Una de las funciones centrales que se le adjudicó a los representantes del organismo hemisférico fue la conducción del Comité Técnico de Coordinación de Proceso de Reducción de Crimen y Violencia, conformado además por la Fundación Humanitaria, un enlace del gobierno salvadoreño (del ministerio de Justicia y Seguridad Pública), los mediadores y representantes de medios de comunicación.

A principios de 2013 se inició la segunda fase de la tregua anunciada por el Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, quien explicó que la nueva etapa apuntaría a la suscripción de pactos locales por la paz con el objetivo de recuperar «la paz social perdida por el actuar delictivo de miembros de las pandillas». En un principio se declararon «zonas de paz» solo a 4 municipios (de un total de 262), a mediados del corriente año totalizaban 11 y se esperaba que la cifra continuara en lento pero constante aumento8. En esta segunda etapa, aunque de manera informal el gobierno mantuvo reuniones con líderes de la MS-13, de la M-18 y de la mara Máquina (una mara más pequeña que se incorporó a la tregua) días antes del lanzamiento de un nuevo municipio libre de violencia con el fin de garantizar el respaldo de las pandillas a la llegada del Estado. En palabras de Mijango, las reuniones eran «para solicitar que el liderazgo (marero) nacional acompañara los procesos locales y contribuyera a administrar ansiedades» (Sanz y Martínez, 2013).

Ahora, ¿son los datos expuestos sobre las reducciones de homicidios y la implementación de zonas de paz, un fiel reflejo de la realidad? Definitivamente no. Existe más de una lectura para estos indicadores, como veremos a continuación.

¿Resultados deseados? La profundización de los negocios ilegales y la desconfianza de la sociedad civil

En primer lugar, es importante destacar que la sociedad civil en su mayoría no está a favor de la tregua. De hecho, a más de un año del comienzo de la iniciativa el 55,2% de los ciudadanos tiene una imagen negativa del proceso y apenas el 29,7% emite una opinión positiva. Sin embargo, lo más llamativo es que el 53,6% de los encuestados dice que el pacto no se cumple, que la violencia continúa y que la tregua le da más poder a los pandilleros. Solo el 32% afirma que algunos aspectos sí mejoraron y destacan principalmente la reducción de los homicidios (Segura, 2013). En este sentido, un informe independiente destaca que 5 de cada 10 personas encuestadas no observa ningún resultado que sea producto de la tregua (CIOPS, 2013).

En una encuesta de fines de agosto de 2013, el 47% de los encuestados afirmó que quienes se benefician con la tregua son los miembros de las maras, mientras un 68,1% considera que la iniciativa tiene fines políticos (CIOPS, 2013). Un escaso 6,5% de los consultados considera que el tema de las pandillas es prioritario para el gobierno, a pesar de los constantes reclamos en pos de mayor seguridad y menor violencia. Una serie de frases publicadas por un diario salvadoreño resume esta idea: «¿En qué me beneficia a mí que los mareros ya no se maten (entre sí)? En mi colonia siguen matando y asaltando gente»9.

De acuerdo con algunos autores como Aguilar (2012), la violencia imperante en El Salvador había llegado a niveles que ponían en riesgo el desarrollo de los negocios vinculados a las organizaciones criminales transnacionales, especialmente en lo que hace a los transportistas (quienes hacen circular la droga desde el sur hacia el norte). De allí que los actores vinculados pretendieran un ambiente estable y seguro para el desarrollo de sus actividades.

En ese contexto, la tregua entre maras pareció establecer las garantías necesarias. A partir de ella, de acuerdo con Farah y Phillips Lum (2013) tres sectores se vieron claramente beneficiados: el gobierno, las maras y las organizaciones criminales transnacionales. En el caso gubernamental, los beneficios vendrían tanto en forma de rédito político por la reducción de homicidios, como en donaciones generadas desde el exterior con el objetivo de generar inclusión y hacer la tregua sustentable. En lo que hace a las maras, significaría romper con el espiral de violencia en que estaban inmersas y mejorar sus posibilidades de generar réditos económicos, además de conseguir algunos beneficios para quienes estaban encarcelados. Finamente, para las organizaciones criminales transnacionales significaría la posibilidad de operar en un ambiente más estable, de bajo riesgo y con altos niveles de impunidad.

Tras la salida de Munguía Payés de la cartera de Seguridad, el nuevo ministro Ricardo Perdomo se diferenció de su antecesor al destacar que la tregua no deja de ser un pacto entre las maras, que no incluye a la sociedad civil. De allí que considera indispensable actuar desde el Estado para combatir y prevenir la persistencia y reproducción de estas organizaciones. Incluso aclaró que el gobierno no solo apoya la tregua, sino que desconoce los diálogos que Mijango mantenía en los penales en su carácter de mediador. De acuerdo con Perdomo, si los mediadores quieren continuar trabajando deben discutir en el seno de la sociedad, no al interior de los penales. Que ellos hayan dejado de matarse no significa que se haya traído paz al resto de la población, aseguró el flamante ministro a días de haber asumido el cargo. Para este funcionario, algunos mareros han dejado los penales con la promesa de rehabilitarse y hoy se encuentran desarrollando planes de expansión territorial y reclutando jóvenes con el objetivo de ampliar la estructura de sus organizaciones10.

Es por eso que el debate sobre las verdaderas intenciones de la imple-mentación de la tregua está tan vigente. Tanto para la sociedad civil como para el gobierno parece claro que, a pesar de sus dichos, el objetivo central de las maras no ha sido la pacificación de El Salvador. Por el contrario, la sensación generalizada es que la tregua ha sido una estrategia para desviar la atención del gobierno y la clase política de forma tal que se pudieran desarrollar con mayor facilidad algunos de los negocios manejados por las clicas.

Las maras y su vinculación con el tráfico de drogas

Para algunos políticos, las zonas de paz se establecieron como consecuencia de una distribución geográfica de negocios preacordada entre las maras. De allí la desaparición de los enfrentamientos, sin que esto inhiba el ocasional recrudecimiento de la violencia: a principios de julio de 2013, de acuerdo con fuentes oficiales, la M-18 y la MS-13 se enfrentaron a causa de un intento de expansión territorial de la primera, al interior de una zona de paz. Como destacan Farah y Phillips Lum (2013) en realidad esas zonas son espacios territoriales en los que las maras tienen un importante poder político y no hay presencia policial o militar. De allí que se pueda pensar en la modificación de la esencia de estas organizaciones, que comienzan a modificar su rol en torno al poder que detentan dentro de los territorios que gestionan. En particular, considerando que el ingreso principal de estas clicas proviene de sus vinculaciones con el narcotráfico, es necesario hacer hincapié en cómo la tregua ha servido para consolidar los vínculos de las maras con el tráfico de drogas, contribuyendo a la hora de «mover» la droga hacia Guatemala, de acuerdo con lo afirmado por el ministro Perdomo.

Accesoriamente, el ejercicio del poder por parte de las maras en esos espacios vaciados de presencia policial o militar, las acerca a lo que un reciente reporte académico estadounidense tipifica como una nueva forma de «insurgencia criminal». A la hora de justificar esa categorización, se argumenta que el accionar de las organizaciones criminales suele ir más allá de la obtención de lucro, para amenazar el normal desenvolvimiento de los gobiernos y las sociedades civiles (Killebrew y Bernal, 2010). Este enfoque se aparta de los tradicionales abordajes a la insurgencia, que presuponen una postura ideológica y cuyo objetivo es la obtención del poder; empero, la ausencia de una propuesta política con base ideológica deslegitima a la violencia a los ojos de la ciudadanía, constituyendo un punto débil (Bartolomé, 2012).

De acuerdo a Farah y Phillips Lum (2013), los vínculos económicos entre las maras y las organizaciones criminales no parecen tan estrechos como la clase política intenta presentar, ya que el nivel de vida de los mareros está cerca de la línea de subsistencia. En segundo término, estos autores argumentan que los mareros desarrollan relaciones con miembros de jerarquía media -locales o regionales- de las organizaciones transnacionales, como es el caso de los transportistas; es decir, no se relacionan directamente con el cartel sino a través de intermediarios. Tercero, aunque El Salvador continúa siendo una ruta de paso de droga secundaria y la mayor parte del tráfico ocurre desde Honduras, Farah y Phillips Lum (2013) destacan que el reciente desarrollo político así como la creciente articulación de una agenda más coherente por parte de las maras, jerarquiza su rol en el narcotráfico. A ese papel debe sumársele su importancia como distribuidores de crack y cocaína en las esquinas de los barrios (narcomenudeo) ya que es uno de los principales ingresos de las clicas.

Este último punto muestra cómo la conformación de zonas de paz ha fomentado la activación política de las maras, puesto que tienen la capacidad de influir, cuando no determinar, el voto de los habitantes de sus barrios. Dudley (2013) afirma que al negociar la reducción de homicidios, las maras saben que pueden incrementar ese mismo número si desean construir capital político. De esta manera, y de cara a las elecciones presidenciales del año 2014, el control político de los barrios se convierte en moneda de cambio a la hora de negociar. En resumen, los últimos tiempos han fortalecido el poder de las maras ya no solo dentro de su territorio sino también gracias a la proyección que les permite el interactuar con la clase política intercambiando votos por favores.

La vinculación entre el narcotráfico y las maras se ha vuelto más visible en los últimos tiempos. A modo de ejemplo, en noviembre de 2012 la policía secuestró 113 Kgs. de cocaína en la costa del Pacifico, cerca de la frontera con Guatemala11. Lo más llamativo de esa situación fue que si bien se trataba de miembros de la MS-13 la seguridad era provista por la organización de un traficante que controla esa zona de la frontera conocido como Barney. Se sabe además que la Salvatrucha ha negociado con distintos carteles mexicanos, incluidos los Zetas, a fin de garantizar el tráfico de drogas desde los territorios que controlan (Farah & Phillips Lum, 2013).

Conviene tener presente que El Salvador tiene al menos tres características que lo hacen atractivo para las organizaciones criminales transnacionales. En primer lugar, considerando que no hay un cartel externo que haya establecido sus bases en el país, su territorio septentrional -cerca de la frontera con Guatemala- ha quedado institucionalizado como lugar de reunión para que los líderes de las organizaciones criminales no solo resuelvan allí sus diferencias, sino que gocen de la impunidad necesaria para diseñar estrategias y planes que les permitan llevar adelante sus operaciones. Segundo, el papel de las maras en el movimiento de droga siempre ha sido importante, a punto tal que los transportistas negociaban directamente con ellos el traslado de su mercancía. Sin embargo en los últimos tiempos, especialmente desde la implementación de la tregua, las organizaciones han comenzado a vincularse de manera mucho más directa con las maras a fin de mover sus mercancías. En este sentido es necesario destacar que los niveles de corrupción imperantes y la debilidad estatal son elementos centrales para que las maras se muevan con libertad e impunidad en todo el territorio nacional. Finalmente, la inexistencia de programas que combatan el lavado de dinero así como la dolarización de la economía, posibilitan los movimientos de divisas provenientes del tráfico de drogas y armas, desde allí hacia Europa y Estados Unidos (Farah, 2013).

 

Conclusiones

A más de un año y medio de implementada la tregua, se hace necesario poner blanco sobre negro los resultados de su irrupción en la sociedad salvadoreña. En este sentido, cabe destacar que si bien es verdad que los homicidios se redujeron en más de un 50%, también es cierto que las desapariciones aumentaron considerablemente. Aunque los números no llegan a equipararse, es indispensable tener presente que la tan ansiada paz social está lejos de ser conseguida. No por nada la sociedad civil salvadoreña denuncia que la tregua no siempre se cumple y que la violencia sigue ganando las calles y los ciudadanos comunes siguen denunciando balaceras y extorxiones a pesar de tratarse de «zonas de paz».

En lo que hace a las desapariciones, el periodista Farah (2013) publicó un testimonio que deja de manifiesto la situación real: «¿De qué tregua habla?», le pregunta un marero de alto rango de San Salvador. «Nosotros tenemos órdenes de no dejar los cadáveres en las calles, pero los homicidios continúan», destaca el pandillero confirmando la existencia de cementerios clandestinos. Y agrega: «si quisiéramos algo, amenazamos con poner los cadáveres en la calle de forma tal que conseguimos lo que queremos». En este sentido se hace necesario hablar de la vulnerabilidad del gobierno, de la debilidad del Estado y de la corrupción tanto de la clase política como de las fuerzas de seguridad.

Sin duda, aceptar mansamente la tregua como fue el caso del presidente Funes desnuda las debilidades intrínsecas de un gobierno que no tiene las herramientas necesarias para hacer frente a un fenómeno tan complejo como el de las maras en la actualidad. Como ya se indicó en pasajes anteriores, Funes no contaba ni con un fuerte respaldo ni con una determinante voluntad política, factores necesarios para que el Estado recupere el control territorial de los espacios que hoy «gobiernan» las maras. Claramente, es allí donde los niveles de corrupción -en todos los estratos- juegan un rol fundamental. Sin la anuencia de la policía, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad, pero sobre todo de la clase política, parece imposible pensar en la implementación de zonas de paz donde en realidad las maras despliegan todo su poderío y desarrollan negocios vinculados especialmente con el crimen organizado.

Si de algo ha servido la tregua, más allá del «show off» en especial para el exterior, ha sido para fortalecer las relaciones entre las redes de narcotráfico y las maras gracias al control territorial que estas ejercen en algunos sectores estratégicos de El Salvador. En ese sentido, como planteamos al principio, queda claro que la pacificación contribuyó a generar vínculos más directos entre las maras y los carteles, dejando de lado a quienes siempre habían hecho de intermediarios como es el caso de los transportistas. Además, cabe destacar que el Estado se retiró formalmente de las denominadas zonas de paz y no retornó allí a pesar de las denuncias de los vecinos sobre enfrentamientos; incluso tampoco lo hizo tras comprobar que las armas entregadas a los enviados de la OEA como prueba de buena voluntad, no solo eran una ínfima cantidad sino que en su mayoría no estaban en condiciones de funcionar.

Claramente los motivos altruistas esgrimidos por las maras en el comunicado original donde planteaban la búsqueda de la pacificación de El Salvador, distan muchísimo de ser el motivo que las llevó a buscar la implementación de la tregua. Por el contrario, como hemos puesto de manifiesto, la tregua es un acuerdo entre las dos maras dominantes sobre el territorio que cada una domina y los negocios que pueden desarrollar dentro de los mismos. De esta manera, al menos hasta que Munguía Payés fue retirado del cargo de ministro, los límites territoriales entre maras estaban bien delimitados. Vale decir que desde la asunción de su sucesor Perdomo la situación se ha modificado un poco: los enfrentamientos entre las maras han vuelto a ser abiertos e incluso en el mes de julio se pensó que la tregua llegaba a su fin cuando se supo de una importante cantidad de homicidios en pocos días. Sin embargo, a pesar de la precariedad del acuerdo, las maras parecen seguir calmadas mientras disfrutan de los beneficios obtenidos a partir de la reducción de la violencia objetiva.

En el escenario actual el problema más grave se plantea de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el 2014. La tregua no solo se posiciona como un tema de debate entre los aspirantes presidenciales, sino que el papel del candidato oficial va a estar íntimamente vinculado a cómo el gobierno de Funes mantenga bajos los niveles de violencia hasta los comicios.

Si los problemas continúan multiplicándose, si hay nuevas evidencias sobre la creciente importancia de El Salvador como zona de paso del tráfico de drogas e incluso como lugar de reunión de los jefes de carteles extranjeros, es posible que esta especie de amnistía lanzada desde la tregua tenga un efecto contraproducente en el electorado. En este sentido, es necesario no perder de vista que los reclamos de la sociedad civil hoy siguen siendo prácticamente los mismos que antes de que se implementara la tregua. La delincuencia sigue siendo percibida como el problema principal y las maras siguen siendo tan temidas como antes.

El desafío entonces es no solo sumar votos en aquellos municipios donde parece haber un acuerdo con las maras -entendimiento que garantiza impunidad y favores políticos a cambio de votos- sino incorporar a sectores que hoy siguen denunciando la situación de inseguridad y violencia que les toca vivir, en especial aquellos de clase media. La suerte aún no está echada y queda mucho camino por recorrer, en especial si se tiene en cuenta que lo que está en juego es la existencia misma del Estado. Sin embargo, las maras están como quieren, obtuvieron de la tregua lo que esperaban: controlan sus territorios e incorporan poder político y beneficios económicos, además de una relación más directa con el narcotráfico. El desafío es poner en jaque su reinado, objetivo frente al cual se percibe como esencial la cooperación interestatal y el accionar en organismos multilaterales.

En este sentido, entidades como la mencionada OEA, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de las Naciones Unidas se encuentran comprometidos con la situación general del istmo, incluyendo El Salvador. La eficacia de este tipo de ayuda se ve complicada por la ausencia de una estrategia regional unificada, frente a problemáticas con ramificaciones transnacionales (Shifter, 2012). Frente a este cuadro, Shifter (2012) indica que Estados Unidos tiene tanto la responsabilidad como la capacidad para adoptar medidas que mejoren la situación de seguridad de países como El Salvador, en gran parte por el negativo efecto que tienen algunas cuestiones domésticas estadounidenses en la situación de los países centroamericanos, entre ellas la demanda de drogas ilegales por parte de los consumidores locales y la política de extradición.

La colaboración de las instituciones multilaterales en general y particularmente de la Casa Blanca puede abordar diferentes aristas del problema, entre ellas el fortalecimiento de las fuerzas policiales y los poderes judiciales; el desarrollo de políticas de prevención con participación de entidades de la sociedad civil; y la financiación de los esfuerzos gubernamentales contra la criminalidad, entre otras (Killebrew y Bernal, 2010; Shifter, 2012).

 

Notas

1 Ver Planes «mano amiga» y «mano extendida», 2005. Sampó (2010).

2 La ley prevé entre 3 y 5 años de prisión para quienes formen parte de las pandillas y entre 6 y 9 para quienes las lideren. Además, si se trata de crimen organizado, la pena se eleva hasta 2/3 del máximo previsto. Los menores no pueden ser juzgados bajo esta ley y quedan fuera de este tipo de penalizaciones. Vale decir que aunque el incidente hizo que los planes de prevención y rehabilitación perfieran fuerza, no se los abandonó, por el contrario se apuntó a trabajar con niños y jóvenes para evitar que fueran reclutados.

3 Toda Noticia «El Salvador endurece su estrategia contra las maras». Disponible en http://www.todanoticia.com/15146/salvador-endurece-estrategia-contra-maras/ entrado 19/09/10.

4 AGENZIA FIDES «La tregua entre las bandas es una iniciativa positiva pero hay que hacer más» 8 de marzo de 2013. Disponible en http://www.fides.org/es/news/35217-AMERICA_EL_SALVA-DOR_La_tregua_entre_las_bandas_es_ una_iniciativa_positiva_pero_hay_que_ hacer_mas#.Ufj_hI1LPQh entrado el 30/07/13.

5 Diario La Prensa «Violentas pandillas en El Salvador pactan tregua» Panamá, 23 de marzo del 2012. Disponible en http:// www.prensa.com/uhora/mundo/violentas-pandillas-de-el-salvador-pactan-tregua/77586 entrado el 26/07/13.

6 Documento presentado por los Voceros Nacionales de la Mara Salvatrucha MSX3 y Pandilla 18, 19 de marzo de 2012. Disponible en http://http.vitalstreamcdn.com/americainteractiva_vitalstream_com/2012/03/pandillas.pdf entrado el 15/06/13.

7 Diario Colatino.com «La tregua entre pandillas» 4 de marzo de 2013, disponible en http://www.diariocolatino.com/es/20130304/editorial/113349/La-tregua-entre-pandillas.htm entrado el 28/07/13.

8 «Insulza respalda trabajo de municipios libres de violencia en El Salvador» 26 de Julio de 2013, disponible en http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2013/07/26/insulza-respalda-trabajo-de-municipios-libres-de-violencia-en-el-salvador/ entrado el 31/07/13.

9 Diario el Mundo «Población se queja por poca efectividad de la tregua» 27 de mayo de 2013. Disponible en http://elmundo.com.sv/poblacion-se-queja-por-poca-efectividad-de-la-tregua entrado el 16/08/13.

10 Diario el Mundo «Ministro Perdomo: Tregua no ha traido paz a la población» 11 de julio de 2013. Disponible en http://elmundo.com.sv/ministro-perdomo-tregua-no-ha-traido-paz-a-la-poblacion entrado el 20/09/13.

11 Diario La Prensa Gráfica «Decomisan 113 kilos de cocaína en Sonsonate», 8 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.laprensagrafica.com/Decomisan-113-kilos-de-cocaina-en-Sonsonate entrado el 30/09/13.

 

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Recibido el 15 de octubre de 2013; Aceptado el 19 de diciembre de 2013.

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