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Estudios internacionales (Santiago)

versión On-line ISSN 0719-3769

Estud. int. (Santiago, en línea) vol.47 no.182 Santiago set. 2015

http://dx.doi.org/10.5354/0719-3769.2015.37882 

ARTICULOS

 

Tratamiento político de la emigración exterior española en el tardofranquismo (1974-1977)

 

Spanish political treatment of foreign emigration in the latest Franco period (1974-1977)

 

José Manuel Azcona*

* Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), donde ejerce como docente desde 1999. España. E-mail: josemanuel.azcona@urjc.es.


Resumen

En este artículo se analizan las políticas llevadas a cabo por el tardofranquismo y durante los dos primeros años de la España democrática. Se estudian los procedimientos administrativos y las fórmulas asistenciales llevadas a cabo desde, especialmente, el Instituto Español de Emigración, pero también desde el Ministerio del Trabajo, con el fin de organizar y atender la diáspora de españoles tanto en Europa como en América. Todo ello con el fin de obtener importantes remesas de capitales para la economía nacional.

Palabras clave: emigración, asistencia, Instituto Español de Emigración, CEE, América, remesas españolas.


Abstract

In this research there is an analyses on the policies performed in the latest Franco period and the first two years of the democratic Spain. There is a study on the administrative procedures and the assistance formulas carried by, especially, the Spanish Institute of Emigration and as well as the Ministry of Labour with the aim of organising and assisting the Spanish Diaspora both in Europe as well as in America. All of this with the finality of obtaining remittances of money for the national economy.

Keywords: emigration, assistance, Spanish Institute of Emigration, EEC, America, spanish remittance.


 

El arranque de la política migratoria oficial

Es evidente que la propia Guerra Civil española (1936-1939) generó una amplísima emigración forzosa o exilio que ha sido estudiada con profusión2; también es evidente que desde 1945 empiezan a observarse movimientos migratorios en España, cuya razón de ser no se ubica necesariamente solo en las razones políticas del nuevo Estado franquista y su obsesión represora, sino en la calamitosa situación económica por la que atravesaba la España de aquellos oscuros años noventa. La magnitud del fenómeno descrito fue creciendo de forma considerable y voluminosa. Por su parte, las autoridades franquistas optaron por su control (como el del resto de las circunstancias sociales de la época), su canalización y su beneficio a través de las remesas y transferencias de capitales de los emigrantes. Había también otro elemento positivo, cual era que la diáspora podía ser una buena oportunidad para la salida de los opositores al régimen ya depurados o para aquellos que mostraban tibieza con las nuevas circunstancias de la gobernación española.

Por ello se creó el Instituto Español de Emigración (IEE), que nació por ley del 17 de julio de 1956 y fue adscrito al Ministerio del Trabajo por decreto del 9 de mayo de 1958. La finalidad esencial de esta institución consistía en la organización de la política migratoria del gobierno y en la realización de una «acción tutelar en beneficio de los españoles que se decidan a ganarse la vida más allá de las fronteras de la Patria»3. Se proponía estudiar todos los problemas relacionados con la emigración española, tanto dentro de nuestro país como en lo que respecta a las posibilidades de su recepción en el extranjero. Debía, asimismo, asesorar al gobierno en orden a las disposiciones a adoptar en materia migratoria. No se olvidaba, este organismo, de someter a consideración gubernamental los principios generales de carácter técnico para el establecimiento de acuerdos internacionales sobre salidas de españoles de su nación. El modelo tutelador del Instituto Español de Emigración aparece claro en el Preámbulo de la ley de su acta de nacimiento:

El Instituto Español de Emigración ha de organizar y ejecutar las emigraciones colectivas y las repatriaciones extraordinarias; facilitar a los emigrantes la obtención de medios económicos, enseres e instrumentos de trabajo; intervenir en la contratación de los pasajes; proporcionar gratuitamente a los emigrantes la documentación necesaria para expatriarse y asistirlos hasta su asentamiento en el lugar de destino, y, aún después de su asentamiento, velando por el cumplimiento de sus contratos de trabajo y, en fin, intervenir en todo cuanto se refiere a la emigración, tanto desde el punto de vista objetivo de su estudio, ordenación y resolución, como desde el punto de vista subjetivo de la tutela más amplia del emigrante y de sus familiares4.

Dicho organismo tenía una secretaría general y otra técnica, un gabinete de estudios, un registro central de ofertas y demandas de emigración, y las siguientes secciones: ayuda central, colocación, información y gestión; relaciones y transportes; e intervención delegada y administración. Para el desarrollo y ejecución de planes y programas migratorios, el IEE contaba con la colaboración de la Organización Sindical del Franquismo para Apoyo de las Migraciones Temporales y de la Comisión Católica Española de Migración, en lo que atañe a la reagrupación familiar. Queda clara ahora la implicación espiritual de la Iglesia Católica, que tan buenos frutos venía dando en otros órdenes políticos, a la dictadura del general Franco.

El hecho de que en fecha tan relativamente temprana, 1956, el régimen franquista intentase reorganizar y, en algunos casos, organizar en primera instancia los flujos migratorios españoles, tiene que ver con la configuración, en Europa Occidental, de un amplio y poderoso mercado laboral que reconstruía el Viejo Continente tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en un claro ciclo expansivo de la economía capitalista europea. Bajo esta perspectiva, hay que encuadrar las grandes migraciones internas campo-ciudad a grandes metrópolis como Madrid, Barcelona o Bilbao, y las abultadas salidas de los países mediterráneos ribereños (Portugal, España, Grecia, Italia, además de Turquía y las naciones que componen el Magreb) hacia destinos apetecidos por su expansión comercial, como Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica y Suecia. Sin olvidarnos, en el caso español y portugués específicamente, de los destinos transoceánicos hacia América Latina.

Como sustentan, con notable acierto, José Babiano y Ana Fernández Asperilla, la emigración a Europa forma parte de un circuito de intercambios en la economía internacional, mediante el cual España va a exportar mano de obra y recibir inversión extranjera. No es de extrañar que durante el desa-rrollismo franquista, coincidiendo con el momento más álgido de la emigración exterior, entre 1961 y 1972, los principales países inversores, al margen de Estados Unidos, fuesen aquellos tres que más volumen de mano de obra española recibieron: Alemania, Suiza y Francia5. Todo ello tuvo lugar a partir de los años cincuenta, cuando la dictadura franquista concluye con la política de sustitución de importaciones, la llamada autarquía, y comienza, como es sabido, a integrar al país en el plano internacional. Integración que va a verificarse a través del ingreso en diversos organismos internacionales y mediante la puesta en marcha de un ramillete de acuerdos comerciales de carácter bilateral.

Además, en 1955 tiene lugar el ingreso de España en la ONU y en 1959 en la OCDE. Este mismo año ve la luz el Plan de Estabilización de los ministros Ullastres y Navarro Rubio. Poco tiempo atrás, en 1953, se firmaron el concordato con El Vaticano y los pactos militares con Estados Unidos, que disipaban cualquier duda acerca de la posición española en la escena internacional y que sacaban a la España de Franco del ostracismo y el aislacionismo anterior. A escala más concreta, en 1954 los gobiernos de Madrid y París suscribieron un acuerdo comercial. Un convenio de la misma naturaleza firmó Bélgica y España dos años después, en agosto de 1956. Por último, el régimen estableció pactos comerciales con la Confederación Helvética, en 1949 y 1960. Los protocolos de emigración con Francia y Suiza se materializaron en 1961 y el documento oficial sobre diáspora española hacia Bélgica se rubricó en 1956, meses después de que el Convenio de Comercio suscrito entre Madrid y Bruselas viese la luz6. Además, en Ginebra existía la sede del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), al cual se había adscrito el gobierno español en 1956. En 1959 se dotó a nuestro país con quince mil dólares para la formación profesional de los emigrantes y para el otorgamiento de préstamos para colonizaciones y asentamientos de españoles en países de ultramar.

 

La emigración oficial y asistida

La emigración asistida se caracterizó por la intensificación de la atención al emigrante por parte de la administración española, que se generaliza a partir de los años sesenta7. Las estadísticas publicadas por el Instituto Español de Emigración se refieren solamente a la emigración «asistida», es decir, la oficialmente protegida con asesoramiento y subvenciones gubernamentales y en el marco de acuerdos interestatales, sin perjuicio de la llamada tercera vía o entrada al país en calidad de turistas, considerada «irregular»8. Junto a las políticas de control y de contratación de emigrantes se desarrollaron «programas asistenciales»9 que financiaban prestaciones sociales o información (prensa, radio y televisión generalista y franquista, nuevos productos para emigrantes como «Carta de España» o NO-DO), a la par de políticas educativas (clases de lengua y cultura española para los niños, pero también para los adultos) y de reagrupación familiar que potenciaban la función social del gobierno10.

En sus partidas de Interior, la asistencia incluía reconocimientos médicos, formación profesional en España, vacaciones para hijos de emigrantes, seguridad social y la financiación de entidades como la Casa de América y la Escuela Orense de formación para la diáspora, entre otros organismos. En el grupo más amplio de la asistencia exterior se hallaban actividades de difusión cultural, abastecimiento de artículos alimenticios típicamente españoles, la Cuenta de Ahorro Emigrante —encargada de rentabilizar el flujo de mano de obra—, la publicación de «Carta de España», la Comisión Católica Española de Migración (CCEM), los Voluntarios de Cooperación Social, subvenciones, cursos y becas en el extranjero, centros españoles, capellanes, agregados laborales11, maestros, oficinas culturales y asesoramiento laboral. Los «Hogares Españoles» fueron reconvertidos en 1960 en «Hogares de Emigración», punto de partida de las Casas de España12. Estos centros de referencia jurídica, cultural y lúdica para los emigrados, eran tutelados por la administración española. Instituciones oficiales, por tanto, que poco o nada tenían que ver con las casas regionales españolas de Iberoamérica, sostenidas por colectivos a título particular y con fines culturales pero, sobre todo, benéficos y asistenciales13.

Los principales destinos en el Viejo Continente serán los países de mayor desarrollo posbélico. En Francia, el dominio hispano en la emigración de temporada empieza a destacar tras la apertura de la frontera pirenaica al comercio, a mediados de los cincuenta, para ser absoluto entre 1960 y 1970. A diferencia de lo ocurrido en Alemania o Suiza, un tercio de los inmigrantes españoles entraron en Francia por la vía de la reagrupación familiar14, hasta el punto de que desde los años setenta la población adulta española en el país galo incluye, de un modo no habitual en la CEE, casi tantas mujeres como hombres.

Ante la complejidad de los trámites burocráticos, la emigración espontánea (con pasaporte de turista) triunfó, constituyendo el 70-80% de los movimientos migratorios15. Los colonos españoles en Francia se mantienen desde 1968 en torno a las 607.000 personas, sobrepasando para 1972 el número existente en los restantes Estados europeos16. No obstante, el interés de los emigrantes procedentes de España por otros países, el incremento de la inmigración lusa y magrebí, y el volumen de nacionalizaciones, motivaron el declive de la corriente migratoria hacia Francia.

La República Federal de Alemania17 y la Confederación Helvética son los principales países europeos de asentamiento de la inmigración española que suceden al Estado francés. En Alemania, la administración potenció la protección de los obreros emigrantes y buscó su especialización profesional en empresas germanas (fundamentalmente ocupadas en las industrias metalúrgicas y de transformación, bajo el principio de rotación).

Su techo llega en 1965 con 65.146 salidas desde España (339.837 inmigrados en ese año cohabitaban en este país). El aparente retroceso del lustro siguiente obedece, como subraya Rubio, a que las estadísticas del IEE computan solamente a los emigrantes «asistidos»18. De hecho, Sanz Díaz estima que un 30% de los españoles que emigraron a Alemania, lo hicieron sin la intermediación del Instituto pero con el beneplácito de la Oficina Federal de Empleo (BAA).

No obstante, la labor asistencial del IEE fue significativa sobre unos emigrantes políticamente desinteresados —sin la influencia de republicanos exiliados, como ocurría en Francia—, pero que conectaron con las organizaciones sindicales alemanas y grupos democráticos. Con todo, la emigración siguió latente hasta 1973.

En noviembre de ese año, el gobierno alemán canceló las contrataciones en origen tanto en España como en los restantes países de recluta19. A diferencia de Francia, donde se dieron reactivaciones inmigratorias españolas en los ochenta, y en donde ha persistido, hasta el momento presente, una corriente migratoria estacional de importancia, en Alemania el cambio de política (atracción de turcos y yugoslavos) imposibilitó tal reactivación.

El caso suizo recuerda bastante al alemán en lo que a inmigración española concierne, con tardía incorporación, atracción de grandes masas laborales, primacía de la migración libre sobre la asistida y obstrucción sistemática al asentamiento definitivo del trabajador extranjero en el país. El año 1965 parece haber sido también el de mayor inmigración española: 79.419 entradas, en un total de 264.990 españoles allí instalados, ocupando el segundo lugar tras la diáspora italiana.

El campo profesional que prima entre los emigrantes españoles es el hostelero (uno de cada cuatro expatriados), seguido del industrial. Con sus peculiaridades, Suiza ha sido el único país europeo de fuerte inmigración española, en el que la colonia hispana, lejos de decrecer, aumentó desde 1973 hasta 198020.

El panorama de relaciones exteriores desplegado por el IEE se completa con la actividad migratoria de los españoles en Bélgica, Países Bajos y Reino Unido. En el primer país, el reclutamiento oficial se centra en las minas, la industria y en el servicio doméstico, adquiriendo su cenit en 1970 con 67.585 emigrantes (sin perjuicio de la emigración irregular, que Fernández Asperilla cifra en un 80%).

El movimiento migratorio se desarrolló entre 1956 (tras la firma del acuerdo bilateral hispano-belga, el primer convenio firmado por España en la posguerra mundial) y 1973, año en que el gobierno belga deniega más permisos de trabajo a los extranjeros.

Respecto del segundo destino, la cota máxima de españoles emigrados a los Países Bajos se alcanzó en 1974, con una colonia de 31.790 residentes, atraídos por los empleos vacantes en la industria textil, naviera o en la minería del carbón. Para el IEE, la firma del acuerdo con esta nación incorporó novedades positivas que no había conseguido en ningún convenio anterior, tales como cobertura —por parte de empresarios holandeses— de los gastos de viaje hasta el lugar de trabajo, gastos de retorno y los desplazamientos de vacaciones a España, y la mayor garantía de control sobre el flujo migratorio, obligando a los empresarios a presentar sus ofertas de trabajo a la administración holandesa. No obstante, el Instituto tuvo que luchar contra las restricciones en materia de reagrupación familiar y la emigración irregular del panorama neerlandés.

En tercer lugar, acontece en Reino Unido un movimiento migratorio económico, poco estudiado por situarse mayoritariamente al margen de los cauces del sistema de emigración asistida. Además, la inexistencia de un acuerdo bilateral hispano-británico limitó la actividad del IEE y, en la práctica, su función quedó reducida a la de una agencia de colocación alternativa. Los años 1963-1966 fueron los de mayor salida de españoles hacia este país, con viajes irregulares. En los años ochenta acontece la paralización casi total del flujo tradicional al Reino Unido, sustituido por procesos migratorios profesionales, de estudiantes, de au-pairs, etcétera, que poco tenían que ver ya con el tipo de emigración laboral surgida a finales de los cincuenta. Además, a diferencia del resto de países europeos, la recluta oficial operó en muy pocas regiones de España; dominó el sector terciario —con especial relevancia en la hostelería y en el servicio hospitalario y doméstico— y la emigración asistida por el IEE al Reino Unido fue la más feminizada de las continentales, donde dos de cada tres emigrantes asistidos eran mujeres en 196221. En 1970, el 73,5% de los españoles que trabajaban en Alemania lo hacían en la metalurgia; en el caso de las mujeres la proporción de empleo industrial era aún más alta, el 75,5%22. Sin embargo, en Francia el sector de actividad laboral que más atrajo a los españoles fue la construcción y la obra pública donde, por ejemplo, en 1968 se desempeñaba el 34,8% de los españoles. Por su parte, un 14,5% se dedicaba a la agricultura de forma permanente, a los que hay que añadir los que lo hacían en calidad de temporeros23. En cuanto a las mujeres, fue el servicio doméstico (47%) el sector más apetecido. También se asentaron en otros empleos del sector servicios (10%) y especialmente en el ámbito de la limpieza y en las porterías o en el cuidado de personas dependientes. En la agricultura se empleaba el 4,5% y en el sector manufacturero el 22%24.

En Suiza, en 1968, el 20% de los hombres trabajaba en la industria y en una proporción similar en la hostelería. En la construcción se incluía alrededor del 25%. Las mujeres tenían, igualmente, una fuerte presencia en hostelería (37,4%) así como en el servicio doméstico, donde se ocupaba el 14,5%25.

En Bélgica, a partir del Acuerdo para el Reclutamiento de Mineros, suscrito al mismo tiempo que el Convenio Bilateral de Emigración, en 1956, las minas de carbón acapararon la mayor parte de la mano de obra española inmigrada. En las minas de este país, los españoles sustituyeron a los italianos, después de que se produjese una serie de accidentes mortales, a consecuencia de los cuales el gobierno de Roma detuvo el envío de mineros. Es decir, en este caso también se produce esa especie de circuito de sustitución, en el que está implicada la mano de obra de la Europa latina y que hemos visto que tenía lugar en la agricultura y, sobre todo, en la construcción en el país galo. Sin embargo, en Bélgica, a pesar de que el acuerdo obligaba a los españoles a trabajar durante cinco años en las minas antes de cambiar de profesión, su estancia media de presencia en los pozos no fue más allá de un año. Una década después de los acuerdos y tras una grave crisis del sector carbonífero, que llevó al cierre de muchos pozos, la mano de obra española ya se había diversificado. Las minas ya no ocupaban a la mayoría de los españoles, ahora ocupados en sectores como la construcción y diversas industrias, como la metalúrgica, la química o el sector textil26.

Todo ello generaría problemas de convivencia sociolaboral y, en ocasiones, la intervención de la autoridad española a través del servicio diplomático27.

 

Cifras reglamentadas en el tardofranquismo

Como ya hemos indicado en el arranque de este artículo, hemos tomado como fechas extremas de nuestro estudio el período comprendido entre los años 1974 y 1977, es decir, desde la agonía del franquismo a la víspera de la promulgación de la Constitución de 1978 que, adelante, iba a regular la convivencia democrática de los españoles. Así, en el primer informe de carácter institucional por nosotros consultado28, se sustenta que el número de ofertas de trabajo que se ofrecieron para trabajadores españoles fuera de nuestro país fue de 100.985, cifra inferior, sin duda, a la del año anterior (1973), que estuvo en 161.295. La baja fue casi en un 60%. Los países que reclamaron con más incidencia la mano de obra española fueron Suiza (54.309) y Francia (41.449), con lo que recogen casi la totalidad de lo demandado. Las razones de esta bajada las ve claras el director del IEE:

La emigración española durante 1974, particularmente la dirigida a Europa, ha sido afectada por un dato básico y particularmente grave: la decisión de varios países industrializados del área europea de frenar, por lo menos por un determinado período de tiempo, la contratación de mano de obra extranjera, como solución a sus problemas de paro motivados por la crisis energética y económica que les ha afectado particularmente29.

La distribución por sexos muestra una diáspora masculina que sobrepasa el 90% de los efectivos. Los sectores a los que se dirigían fueron, por este orden: construcción, agricultura, hostelería y servicios. Se insiste en los excedentes de mano de obra en el sector primario de la economía nacional y en cómo las provincias que enviaron mayor volumen de emigración, en 1974, fueron: Jaén, Granada, Orense, Cádiz, Sevilla, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Murcia y Madrid. Los destinos más apetecidos por los españoles que iniciaron la aventura migratoria eran Alemania, Suiza y Francia, por este orden.

El analista oficial avala que la «emigración permanente» (se diferencia así de la estacional o «golondrina») hacia Europa había sido declinante. Se daba como pauta de comportamiento clave de este hecho los estragos de la crisis energética de 1973, pese a que, por ejemplo en Suiza, el sector de la construcción, en el que se alojaban nuestros emigrantes en número considerable, había registrado un buen comportamiento. Este declive también se hacía notar en el número de emigrantes asistidos en el Viejo Continente, que había sido de 50.803 en 1974, frente a los 96.088 de un año antes30, siendo los originarios de las provincias de A Coruña, Orense, Pontevedra y Granada los más asistidos, por utilizar la terminología de la época. Por su parte, la emigración de temporada, que producía los desplazamientos hacia Francia de trabajadores españoles que se dirigían a las campañas de la recogida de uva y remolacha, no se vio prácticamente afectada en 1974, por el fenómeno general de depresión económica, por lo que casi cien mil personas se trasladaron al país vecino.

El informe oficial del IEE de la Memoria de 1975, insiste en que el número exacto de españoles que vivía fuera de España era de 3.275.233, distribuidos así:

Cuadro 1

Fuente: Memoria del ICEE, 1975, elaboración propia.

El informe oficial del IEE que estamos siguiendo, de 1975, insiste en la resultante en función de la cual se predica la productividad mayor del obrero español cuando traspasa su propia nación. Así que, en términos generales, la laboriosidad del emigrado, tanto en Europa como en América31, era más elevada que la que había desarrollado en España32. Por otro lado, al final del franquismo aparece en escena un nuevo tipo de emigrante:

En nuestros días se está moldeando en España un nuevo tipo de emigrante, el emigrante científico, delineado por los profesores, médicos, arquitectos o cultivadores de las diversas ramas de la ciencia que, cada vez con mayor intensidad, se trasladan a las universidades americanas para explicar las materias de su especialidad, para profesar cursos de lengua y literatura española o para seguir un ciclo de formación en un determinado campo del saber y así una estadística reciente y realmente sugestiva publicada en Méjico, señala que el número de intelectuales nacidos en España y en la actualidad residenciados en tierras de América, es de cuatro mil ocho, sin contar los pintores, escultores, artistas de radio, televisión y otras artes liberales33.

La Memoria de 1976 del IEE, la primera tras la muerte del general Franco, sustenta firmemente cómo, desde 1973 y a largo plazo, los países de la Comunidad Económica Europea (CEE) «se han decidido a poner en marcha una política de restricción y selección de los flujos migratorios, apuntando sus estructuras de producción y empleo a este hecho»34. Además:

Toda una serie de razones económico-sociales [...] han llevado a los países de acogida a poner en marcha su actual política de limitación y control de la mano de obra inmigrada. Entre ellas se destacan las siguientes: 1) La mano de obra extranjera ha acelerado la aglomeración regional y la concentración industrial, intensificando las deficiencias de infraestructura social; 2) El aumento de los costos sociales de la inmigración (recluta, transportes, infraestructuras); 3) Finalmente, las evidentes dificultades de adaptación de la mano de obra extranjera, sometida a rotación y de carácter «temporal», ha motivado que los países de inmigración europeos hayan tomado conciencia de estas dificultades y de los problemas sociales de toda índole que se les pueden derivar, con un aumento de los contingentes de población inmigrada, cuyas esperanzas de retorno les impide integrarse en las estructuras sociales de los países de residencia35.

Esta restricción oficial de los tradicionales países de acogida europeos venía acompañada de otras medidas como los programas de integración que realizaban en destino, por un lado, pero por otro con las iniciativas encaminadas a promover el retorno de los colectivos de inmigrantes, entre ellos de españoles, claro. También se buscaba evitar problemas de agitación política sociolaboral36. Pese a que las autoridades franquistas insistían en:

La necesidad de seguir acudiendo a la emigración, en un cierto número de años, por haberse convertido esta en factor estructural de nuestro modelo de desarrollo37.

En 1976, el volumen de oferta laboral procedente del extranjero que llegó a España ascendió a 43.621, cifra que resultó inferior en 11.603 puestos de trabajos del año anterior, un 21% menos, lo que mostraba la tendencia descendente. El número de ofertas más elevado, al igual que en 1975, correspondió a Francia y Suiza, por este orden, con 26.602 y 15.685 contratos de trabajos, respectivamente, reuniendo en la práctica totalidad de los empleos ofertados. Reino Unido, al otro lado, aceptó solo a 31 trabajadores de nuestro país, y Holanda envió un solo contrato en 1976. Alemania, ninguno.

Por otra parte, los hombres seguían protagonizando las salidas con un 94,2% y las provincias con mayores salidas eran Madrid, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Pontevedra, Lugo, Sevilla, Orense y Badajoz. Por sectores de ocupación, aquel año predominó también la construcción, después venían los trabajos del sector primario, la hostelería y los servicios.

En lo que a emigración de temporada se refiere, en 1976 las salidas fueron de 97.993 españoles con destino, fundamentalmente, a Francia38.

En 1977 ya se hablaba de regulación de las migraciones por parte de las naciones europeas receptoras y los incentivos formativos que estas realizaban para provocar el retorno. Por ello se preveía que, en el futuro, países como Suiza, Alemania o Francia buscarían una inmigración de carácter rotativo y fuertemente controlada, a la vez que más selectiva. Sin embargo:

La aplicación a fondo de esta política restrictiva y selectiva a la importación de mano de obra por parte de los países industrializados de Europa, ha incidido de manera fundamental sobre los niveles de nuestra emigración a Europa en 1976. En términos concretos, esta restricción ha oscilado, según los países, entre una sensible reducción de los cupos anuales de permisos de entrada hasta la suspensión total de la contratación de mano de obra extranjera39.

Durante 1977, el volumen de ofertas de empleo procedentes del extranjero se elevó a 140.991 contratos, lo que supuso un decrecimiento del 8% respecto de 1976. De esta cifra, 124.313 correspondieron a contratos procedentes del continente europeo; 3.143 para países de Ultramar; 13.371 para barcos de bandera extranjera, y 164 para trabajar en plataformas petrolíferas situadas en el Mar del Norte y en la costa occidental africana.

Francia suministraba el 77,8% del total de las ofertas recibidas, aunque la mayoría eran trabajos de temporada, siguiéndole a gran distancia Suiza con el 10,3%. Por su parte:

La contratación procedente de Suiza se caracteriza por estar constituida por contratos cuya duración oscila entre un mínimo de 3 a 4 meses y un máximo de 9 meses. Dado que, estando en posesión de un contrato de trabajo anual y el subsiguiente permiso de residencia, se puede acceder, después de cinco años de trabajo ininterrumpido, al permiso de residencia definitivo, la explicación de esta escasa duración de los contratos -siempre inferiores a los 12 meses- habría de encuadrarla dentro del marco de la política xenófoba seguida por el Gobierno suizo que trata de evitar el asentamiento de la población extranjera en el país40.

El 94% de las salidas lo protagonizaron los hombres y los países por los que habían mostrado preferencia eran Suiza, Francia, Holanda, Alemania y Gran Bretaña. Asimismo, construcción, agricultura, hostelería y servicios, acogían los sectores ocupa-cionales de nuestra diáspora en 1977.

El volumen total de solicitudes de empleo por provincias trajo la siguiente jerarquía: Cádiz, Orense, Granada, Jaén, Pontevedra, A Coruña, Madrid y Sevilla41.

La emigración de temporada a Francia, especialmente para la vendimia y la recolección de remolacha, agrupó 83.714 salidas, un 13,9% menor que en el ejercicio anterior.

 

Ultramar

A partir de la década de los cuarenta los flujos migratorios españoles hacia América se minimizan, salvo para aquellos que se ven forzados al exilio. La emigración se configura en la retórica franquista como un vehículo de la Hispanidad, hasta finales de los años sesenta, cuando el compromiso histórico y el espíritu de la cooperación al progreso de América Latina serán los argumentos que legitimen la emigración ultramarina de personal cualificado. Emigración que, en realidad, tenía la función de contribuir a fortalecer el comercio exterior español, no obstante, siempre acatando las condiciones de los países iberoamericanos que orientaron el tratamiento de la emigración asistida42.

Si entre 1950 y 1959 las salidas de españoles hacía América se doblan respecto de la década anterior (560.000 por año), las cifras comienzan a descender significativamente entre los años sesenta (190.000 entre 1960 y 1969 y 50.000 entre 1970 y 1979), en los que la emigración transatlántica apenas superaba los 5.000 españoles por año43. Serán las dificultades económicas, sociales y políticas de esas tierras las que modifiquen la corriente migratoria intercontinental por la europea. Con todo, entre 1950 y 1979 emigraron a América Latina en torno a 830.000 personas, principalmente hacia Venezuela, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay44. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial la emigración hacia América dejó de ser libre: los gobiernos iberoamericanos optaron por hacer selectivo el proceso de entrada para no acentuar el desequilibrio social entonces existente, articulando medidas de protección del nivel de vida de los trabajadores nativos. La inestabilidad política, el creciente militarismo, la explosión demográfica de los Estados latinoamericanos, la crisis económica que afectaba a estos países como consecuencia de la caída de las exportaciones o las limitaciones a la urbanización de regiones despobladas, son factores que explican el rechazo.

En España, desde la contienda civil de 1936, existía una gran desorientación y parálisis de las posibilidades del emigrante patrio (salvo para el exiliado). El panorama económico nacional, la escasez de barcos transoceánicos y las trabas burocráticas para autorizar los viajes, restringían forzosamente el número de salidas. Así, la Dirección General de Seguridad tan solo concedía pasaporte con cartas de llamada de algún pariente americano o contrato de trabajo regularizado por un consulado español. Pese a todo, aún quedaban numerosas tierras marginales que poblar en Iberoamérica, nuevos mercados por descubrir y se necesitaba mano de obra técnicamente cualificada que impulsase el proceso de desarrollo industrial. Precisamente, las comisiones de reclutamiento estatales se encargaron de esta tarea.

El emigrante-tipo era un hombre en edad joven, entre los 20 y 40 años, que se trasladaba solo, al menos en el primer viaje, y que llegaba soltero45. Normalmente era un obrero industrial cualificado o un campesino. Este último buscaba conseguir una o varias propiedades de explotación mayores a las que poseía en España, pero el difícil acceso a la propiedad, los elevados costes de producción y el carácter inhóspito del terreno, no facilitaron su objetivo. El emigrante provenía en su mayor parte del norte peninsular y de las Islas Canarias. En efecto, Orense, A Coruña, Pontevedra, Oviedo y Santa Cruz de Tenerife, aportaron la mitad de los efectivos globales de la emigración española hacia América.

Por lo que respecta a la emigración asistida, la planificación y regulación de flujos aconteció en menor medida que en el caso continental, dado el carácter espontáneo e indefinido de la emigración ultramarina.

Los programas de migración asistida eran de dos tipos46: por un lado, los destinados a enviar a personas que por su saber liberal o profesional pueden contribuir al desarrollo del país de inmigración y, por otro lado, los centrados en la reagrupación familiar. El IEE recurrió a los servicios propuestos por el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) para poner en marcha ambos modelos, conservando las competencias en materia de envío de trabajadores, mientras cedía a la Comisión Católica Española de Migración (CCEM) la gestión de las reagrupaciones. La CIME, creada en 1951 fuera del marco de Naciones Unidas, gestionaba el transporte de emigrantes a ultramar, garantizándoles a su vez residencia y colocación. Con su ingreso, en 1956, en esta institución, como hemos visto, España acordaba el traslado de 10.000 nacionales por año, en su mayor parte vinculados a los programas de reagrupación familiar. Así, de la colaboración entre el IEE y el CIME salieron grupos de emigración con destino a Australia, operaciones de envío de mano de obra precolocada (MOP) y cursos de formación profesional en Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica.

Sin embargo, la escasa efectividad de estos programas fue percibida por las autoridades franquistas como una amenaza para la influencia española en estos territorios. El Programa de «Voluntarios para América», o la Ley de Emigración del 21 de julio de 197147, desarrollaron la idea de una «formación en el exterior» de los trabajadores, a través de los grupos —escasos— de emigración selectiva y cualificada. Los acuerdos de emigración entre España y los países de acogida fueron otro componente de la política migratoria de estos años48.

Desde 1958, la «repatriación» de los beneficios comenzó a fluir. Unos provenientes de Cuba, pertenecientes a familias con negocios ya asentados en la isla, que retornaban debido a la situación política. Otros llegaron desde diferentes países, bajo las medidas económicas y monetarias del gobierno español tras el Plan de Estabilización de 1959. Así, se incrementaron las entradas de divisas americanas en concepto de «auxilios familiares» y en 1970 nacía la cuenta «ahorro emigrante», que dispensaba un trato preferente a los españoles residentes en el extranjero49.

Tras los años de la llamada «emigración masiva» (1880-1930), Argentina siguió siendo el país privilegiado por el flujo migratorio español: 219.868 personas se instalaron en esta república en los años cincuenta. Sin embargo, esta corriente no consiguió evitar el declive y el envejecimiento de la colonia española. Entre 1959 y 1967, el saldo resultante de la emigración golondrina dio lugar a un escaso volumen neto favorable a España en el país latinoamericano, pese a que, durante los años sesenta, las autoridades españolas y argentinas multiplicaron el envío de trabajadores cualificados y la reagrupación familiar. Brasil, que se había convertido en los años de la posguerra mundial en el tercer destino por orden de importancia de la emigración española, alcanzó su punto álgido en 1953, cuando 17.000 españoles se instalaron en el país. Desde 1957 los gobiernos español y brasileño acordaron recurrir al CIME, considerando dos modalidades de éxodo: de un lado, los trabajadores que pertenecían a profesiones de las listas oficiales, y de otro lado, la mano de obra por petición individual. En los años sesenta y setenta se sucedieron convenios de cooperación social, seguridad social y cooperación técnica (si bien los tiempos de una inmigración española fuerte tuvieron lugar antes de la creación del IEE). Del mismo modo aconteció en Venezuela, destino prioritario tras la Segunda Guerra Mundial en pro de las exportaciones petrolíferas.

Especialmente durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), el país llevó a cabo una política inmigratoria abierta, otorgando facilidades para obtener visados, créditos y asistencia. Con una estrategia de reclutamiento activo en Europa, Venezuela mostró su preferencia por la inmigración de españoles, hasta que el nuevo gobierno cerró el país, permitiendo únicamente la llegada de familiares.

La emigración a otros países de ultramar había tenido un carácter episódico, como en el caso de Australia, hacia donde se dirigieron, hasta 1976, alrededor de 23.000 personas. A partir de 1955 se iniciaron los primeros intentos de llegar a un acuerdo con España, respaldados por la Iglesia Católica y un grupo de industriales de la caña de azúcar de Queensland, satisfechos con la experiencia con unos cortadores procedentes del norte de España. Tras el Acuerdo informal de 1957, ambas partes siguieron organizando expediciones como «Operación Canguro», «Eucalipto», «Emu», «Karri», «Torres» o «Marta» (esta última dirigida a las mujeres solteras para el servicio doméstico). Con un paréntesis entre 1963 y 1968, se reanudaron las relaciones entre el IEE y Australia y se retomó la emigración asistida de trabajadores.

Con Canadá las negociaciones se suscitaron en 1957, generando las operaciones «Bisonte» o «Alce» (siendo las primeras en avión), mediante las cuales jóvenes matrimonios españoles y mujeres solteras se trasladaron a este país. En los años sesenta, la emigración fue un flujo pequeño pero constante. Por último, la emigración asistida a Estados Unidos también se mantuvo constante sobre cifras modestas. Dentro del sistema de cuotas establecido por la ley estadounidense, la cuantía anual para España quedó fijada en doscientas cincuenta personas. La labor del IEE se concentró en la emigración de pastores, sobre todo pastores vascos. Sin embargo, el desarrollo económico español hizo que cada vez menos pastores tuviesen interés en emigrar, con lo que en 1976 quedaban solamente 106 personas.

En el período que nosotros estudiamos (1974-1977), la emigración asistida a países transoceánicos en 1974 alcanzó la cifra de 4.724 personas, frente a las 5.056 de 1973, lo que muestra la estela de la caída en barrena de los destinos ultramarinos50. Los países de mayor atracción fueron Venezuela y Australia, con más de 1.000 emigrantes cada uno; después ubicaremos a Canadá (512), México (448) y Estados Unidos (426)51.

En 1976, la diáspora de nuestros protagonistas hacia países ultramarinos marcó una tendencia decreciente, con un descenso interanual del 8,8%, con 3.519 salidas para ese año. El país de mayor atracción fue Venezuela, que en 1975 acogió al 40% de la diáspora; seguido de México, a donde se dirigieron casi 500 personas; Canadá y Estados Unidos, que agruparon a 325 emigrantes. La corriente hacia el país azteca experimentó un sensible incremento interanual y se mantuvo al mismo nivel que en años anteriores en Australia, bajando la orientada hacia Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina52.

En 1977, la emigración asistida a países transoceánicos acusó de nuevo una tendencia a la baja, con un descenso interanual del 3,4%, al reunir en esta fecha a 3.613 españoles que pasaban a naciones americanas o a Australia. La nación más atractiva volvió a ser Venezuela, que acogió al 45,6% de los emigrados, seguido de México con 364 expatriados, y más tarde Estados Unidos y Canadá, a donde llegaron 364 y 217 españoles, respectivamente. Como se ve, estamos hablando de cifras testimoniales. Después estaban como recepcionistas del éxodo Australia y Brasil.

El grupo más numeroso de la emigración española ultramarina se ubicó entre los 25 y 34 años; a continuación el de los menores de 15 años, lo cual prueba el carácter de reagrupación familiar de esta diáspora, y, finalmente, el de 35 a 44 años. La proporción de mujeres fue bastante elevada, llegando a ocupar el 46,5% de la corriente transoceánica española del año. En lo que al estado civil concernía, los varones solteros alcanzaron el 54% del total, toda vez que en el grupo de las mujeres, las casadas acotaban el 49,9% del total. La distribución según actividades profesionales hace que debamos ubicar al 18,5% del total en el sector entonces denominado de profesionales y técnicos, en el de artesanado e industria al 16,9% y en el primario al 4,6%53. Para aquel año de 1977, hemos de destacar el importante retroceso de la corriente migratoria hacia Estados Unidos, que solía estar constituida, casi en su totalidad, por pastores vascos, cuya salida no se había producido en 1976 y 1977 como consecuencia de las grandes deficiencias que presentaban los contratos de la Western Range Association y que llevaron al Instituto Español de Emigración a redactar una nueva modalidad contractual que frenó en seco las salidas.

Fue entonces cuando se exploraron nuevas vías para la diáspora ultramarina, como la firma de convenios con países productores de petróleo en Oriente Medio (Irán, Arabia Saudita o Irak) y se buscó aumentar el contingente emigratorio en naciones de renta elevada como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, especialmente en Quebec y en Estados Unidos, para trabajar en hostelería. Asimismo, se quería exportar mano de obra de nuestro país a través de empresas nacionales e internacionales, ubicadas en África, especialmente en Argelia, Libia, Marruecos y Nigeria.

Cuadro 2: Emigración española hacia Iberoamerica

Fuente: Germán Rueda, Españoles emigrantes en América, Madrid, Arco Libros, 2000, p. 16, y elaboración propia.

 

El retorno

Uno de los aspectos menos conocido en el análisis de los fenómenos migratorios tiene que ver, sin duda, con el retorno de los emigrantes a su país de origen, que ha sido desasistido por la historia profesional y del que sabemos realmente poco. Sirva como ejemplo ilustrativo el dato que aporta Germán Rueda y que incluimos a continuación:

De esta forma, para el período 1825-1988 el porcentaje de retorno es del 51,05% y para 1942-1988 del 49,38%, cifras a todas luces extraordinarias y que, como decimos, merecerían determinados análisis con carga de profundidad.

Para saber cuántos españoles regresaban de la diáspora, el IEE utilizaba las fuentes consulares, aunque se hacía cargo de su propia inexactitud, pues determinados consulados no disponían de estadísticas precisas y, además, había quienes optaban por volver a nuestro país sin realizar notificación oficial alguna. Así que para 1974 las bajas consulares alcanzaron la cifra de 19.485 personas, pero el propio Instituto Español de Emigración estima que hay que elevar esa cifra hasta 45.000 o 50.000 emigrantes54. Para 1975 la cifra de retornados fue de 89.600; en 1976 de 61.800, y en 1977 de 63.586. Pese a todo, las autoridades franquistas se ubicaban en el consuelo general de otras circunstancias:

La tasa de retorno entre los trabajadores turcos y portugueses, residentes en Europa, ha sido más débil que la de los italianos, españoles y griegos, dado que el deterioro de la coyuntura del empleo en Turquía y Portugal es mucho más acusado, a la vez que el grado de desarrollo de su economía resulta bastante inferior a la de otros países de emigración55.

Y el reflujo aún hubiese sido mayor si las autoridades de la CEE no hubiesen puesto en marcha políticas y programas de reagrupación familiar, que frenaban el deseo de retorno de determinados colectivos de emigrantes, al posibilitarse su mayor integración en las sociedades receptoras. Incluso así, los Informes del Instituto Español de Emigración insisten en que la cifra de los retornados hacia nuestro país (desde 1973) no era muy elevada, como consecuencia de la «antigüedad de nuestra diáspora». Esto favorecía que los españoles ubicados desde tiempo atrás en naciones desarrolladas de la CEE, gozasen de permiso de residencia y se hallasen notablemente emplazados en los territorios de acogida. Pero había otro factor de explicación:

También es consecuencia del deterioro de nuestro mercado de empleo que, con unas cifras de paro crecientes y cercanas a los 800.000 parados, según fuentes oficiales, ofrece escasas posibilidades a la hora de encontrar un empleo y conseguir, por tanto, un medio de subsistencia56.

Sorprende que desde la oficialidad institucional se reconozca la incipiente gravedad del fenómeno del desempleo, mal estructural que desde entonces azota a la economía de nuestro país.

 

Remesas, transferencia de capital y su importe

La llegada de capitales a la economía española, procedentes de la emigración, siempre fue una obsesión de alto interés para las autoridades del franquismo, tal y como hemos visto. La Memoria oficial de 1974 distingue entre las remesas de los emigrantes que «recogen los envíos de dinero habituales, procedentes del trabajo y realizadas durante períodos cortos», y las transferencias de capitales que define como los ahorros acumulados individualmente, remitidos por los emigrantes de forma habitual y cuyo importe superaba las cincuenta mil pesetas y se canalizaba a través de la banca. A las remesas se les otorgaba un carácter social de ayuda familiar. Por ambos conceptos llegaron a España, en 1974, un total de 1.070,73 millones de dólares, una cantidad verdaderamente elevada, aunque inferior a la de 1973, cifrada en 1.114,56 millones de dólares, por las razones conocidas de la adversa coyuntura internacional57.

La Memoria del IEE de 1975 arroja, asimismo, alguna luz a este respecto:

Para enjuiciar certeramente lo que han podido representar en la estructura económica española los ingresos procedentes de la emigración, hay que tener muy presente que la incidencia de las remesas de emigrantes en la balanza de pagos públicos -compuesta por la cuenta de bienes y servicios, la de transferencias y la de capital a largo plazo- ha oscilado a lo largo del período 1966 a 1972, entre un valor mínimo del 5,6% alcanzado en 1972 y un valor máximo del 9,1% en 1965, y la incidencia de los ingresos por transferencia de capital de emigrantes en la balanza de pagos, tanto por cuenta corriente como básica, ha ido en aumento a lo largo del período citado, aunque dentro de modestas participaciones que van desde 0,6 en 1966 hasta 2,9 en 197258.

En 1976 entraron en nuestro país 789,41 millones de dólares, fruto de la inmigración, consiguiéndose un 11% menos que el año anterior. Se aduce a la reiterada crisis energética pero también:

Otra causa se agrega a la anterior, y es la acción captadora del ahorro inmigrante desarrollada en estos países [de acogida en la Europa de la CEE e Iberoamérica] por sus entidades de crédito. Estas ofrecen a nuestros emigrantes unos tipos de intereses más elevados que los concedidos en España, más el incentivo que supone realizar este ahorro en monedas que se deterioran en menor grado que la peseta59.

Para evitar esta circunstancia, el IEE se proponía estudiar una nueva regulación de la «Cuenta del ahorro del emigrante», que estimulase, con mejores intereses, la captación de esos capitales procedentes de la emigración española. En realidad, las medidas arbitradas (hasta 1972) para captar el ahorro de los emigrantes, favoreciendo su canalización hacia España, se centraron casi en exclusiva en la creación, en 1970, de la ya citada cuenta. Estaban autorizados para abrir estas cuentas corrientes especiales las Cajas de Ahorro, la banca privada, el Banco Exterior de España y la Caja Postal de Ahorros. Sus características fundamentales, reordenadas en el Real Decreto del Ministerio de Hacienda de 13 de mayo de 1977, eran:

1. La cuenta se abría en pesetas convertibles, siempre que el trabajador residiese en el extranjero. Después de un año de su regreso a España se modificaba de oficio a pesetas ordinarias y después de dos años se transformaba en una libreta de ahorro ordinaria.

2. A los saldos de la cuenta especial de ahorro-emigrante se les concedía un interés superior en dos tipos por encima de la media nacional, situándose, por tanto, en el 10%.

3. Al año de iniciado el sistema de ahorro, el titular emigrante podía solicitar un crédito en pesetas para compra o mejora de vivienda, acceso a la pequeña propiedad comercial, industrial o agrícola, y a la compra de Títulos del Estado o de acciones y obligaciones que cotizaban en Bolsa. También podía solicitar la financiación de la formación profesional del propio emigrante o de sus hijos. La cantidad máxima de crédito concedida equivalía a cuatro veces el saldo de la cuantía correspondiente y su amortización debía efectuarse en 15 años, para el caso de las casas, y en 10 para los supuestos restantes. El interés era de tres unidades superior a la media, aunque esta cuenta estaba exenta del impuesto sobre los intereses bancarios.

Las propias autoridades reconocieron que el resultado de este tipo de medidas no fue el esperado, pues no protegía frente a eventuales devaluaciones de la moneda ni de las arbitrariedades que cometían las entidades de crédito a la hora de otorgar los préstamos. Pese a todo, a mitad de 1978 el número de cuentas de ahorro-emigrante se situaba en 475.493 y su saldo global ascendía a 123.046 millones de pesetas60.

Los ingresos en la balanza de pagos española, en concepto de remesas de emigrantes y de transferencias de capital, ascendió en 1977 a 812,73 millones de dólares, con un retroceso de casi 40 con relación al ejercicio anterior:

Este descenso, que paulatinamente viene observando, desde 1974, los envíos de ahorro por parte de nuestros emigrantes, obedece no solo a la crisis económica de los países de acogida, que ha supuesto reducciones en los ingresos de los trabajadores emigrados y en el volumen de la población española asentada en ellos, sino que también es consecuencia de la crisis por la que atraviesa nuestro país, que crea una gran incertidumbre a la hora de realizar inversiones rentables y que, al mismo tiempo, conlleva el fantasma de posibles devaluaciones, como en efecto se ha producido en este último año, con la consiguiente pérdida de valor de las divisas enviadas61.

Una vez más se pone de manifiesto la importancia significativa que para nuestra sociedad tenía la llegada de caudales procedentes de la diáspora. Máxime cuando se hace incidencia en el escaso nivel de renta e industrialización de Galicia, las actuales Comunidades Autónomas de Extremadura y, de lejos, determinadas comarcas levantinas protagonistas de las salidas de temporada62.

Un dato que aparece consignado para 1977, que no se había incluido en otra documentación oficial, es el estado civil de los protagonistas de la diáspora. Así, en 1977, del total de los emigrantes, el 63,5% eran casados y el 36,1% solteros. En 1976 estamos ante unas cifras del 62,5% y del 37,1%. La franja de edad más numerosa para ambos años, entre los protagonistas del éxodo, está entre los 20 y 29 años, y entre los 30 y 40 años63. La proporción de mujeres casadas era superior en más de cinco puntos a la de hombres en el mismo estado (68,4% frente a 63%). Para 1977, en el caso de las féminas que se ubicaron en el Viejo Continente, el grupo más numeroso correspondió a las que declararon no ejercer profesión alguna antes de su salida, junto con las niñas menores de 15 años, ascendiendo esta circunstancia hasta el 65,5% del total. Por sectores económicos, indicaron pertenecer al secundario el 15,4%, mientras que un 12,6% decía estar ubicada en el terciario. Únicamente el 3,6% de las españolas se dirigió hacia la emigración europea en 197764.

En este mismo año se deja ver de forma radical, como ya hemos comentado antes, la caída drástica de salidas hacia el ámbito global americano. La escena coincide con la adopción, por parte de los países del área, de políticas inmigratorias tendientes a valorar más positivamente su propio potencial demográfico y a favorecer una inmigración selectiva de personal técnico y especializado, que contribuyese de manera más eficaz a su desarrollo socioeconómico.

La emigración transoceánica española de finales de los años setenta del pasado siglo XX, estaba orientada hacia tres tipos de vectores: uno muy significativo y que se identificaba con un simple tráfico de reagrupación familiar, cuyo destino principal eran los países iberoamericanos por la tradición migratoria zonal; otro de carácter selectivo y con finalidad pobladora en origen y direccionado hacia Australia, Canadá y África del Sur, y un tercero constituido por profesionales y cuadros especializados que buscan proyección y auge sociolaboral, cuyos protagonistas no presentan dificultades de integración y donde su colaboración al proceso de desarrollo social en destino gozaba de una más alta productividad y de una superior valoración. El 95,9% de los emigrantes a ultramar utilizaron la vía aérea entre 1974 y 1977. Las principales áreas emisoras hacia ultramar fueron, para el mismo período, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, A Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y, más tarde, Barcelona.

Este fenómeno se debía, por un lado, a la existencia entonces de una sensible atracción de emigrantes gallegos por parte de las colonias regionales de Iberoamérica y que mantenían fuertes lazos familiares con sus lugares de origen. Por otro lado, a la previsión demográfica en las Islas Canarias y a la presión demográfica local, además de la tradición de salidas desde esta parte de España. En el caso de Madrid y Barcelona, hemos de consignar que se trataba de provincias de inmigración transitoria o de punto de partida para otros destinos, incluidos los internacionales.

Otra preocupación que subyace en 1977 y que nucleará la diáspora posterior (que venía siendo preocupación antigua desde 1956, año en que se funda el IEE), fue la de proteger a los casi tres millones de españoles que se hallaban trabajando fuera del país. Así:

[...] Es preocupación constante del Gobierno español, preocupación que ha sido llevada incluso al texto constitucional. En base a esta preocupación, el Estado español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, estableció para sus bases para una política emigratoria, en 1977, poner en práctica una acción internacional lo más enérgica posible, dirigida de manera clara a la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores españoles en el exterior65.

En este sentido, el 11 de octubre de 1977, la Misión de España cerca de las Comunidades Europeas, presentó a la Comisión Europea, a instancias del Instituto Español de Emigración, una nota verbal en la que se solicitaba un acuerdo transitorio de regulación de la mano de obra española en el área comunitaria, «hasta el momento de adhesión de España a las Comunidades Europeas». Asimismo, la adhesión de España al Consejo de Europa, del 24 de noviembre de 1977, supuso la firma del Convenio Europeo de trabajadores emigrantes.

Respecto de Estados Unidos, nuestro país no aprovechaba la cuota inmigratoria que nos concedía y una parte era utilizada por los refugiados cubanos que emigraban a dicho país y que, tras pasar por España y con documentación aportada por la Comisión Internacional de las Migraciones Exteriores (CIME), se instalaba en Estados Unidos con contrato laboral66. También en 1977 se firmaron convenios mutuos de reconocimiento de la Seguridad Social con la República Federal de Alemania (28 de octubre) y con Italia (14 de octubre) y se ratificaba otro en los mismos términos con el Gran Ducado de Luxemburgo, el 26 de junio de 1977 (el original era del 8 de mayo de 1969). Se procuraba que aquellos que retornasen tuvieran fácil acceso al seguro de desempleo, que por entonces daba sus primeros pasos, toda vez que se ponían en marcha numerosos cursos de formación para contribuir a una mejor reinserción sociolaboral.

Se afirmaba que la emigración seguiría constituyendo un factor estructural de nuestra realidad social y económica, por lo menos hasta finales de la década de los ochenta del siglo pasado. Pero la previsible entrada de España en los primeros años de aquella década, se decía en la CEE, no supondría la confirmación del tema de varios gobiernos comunitarios de una avalancha de obreros españoles hacia el espacio geopolítico comunitario por varias razones. La primera por la adecuación de la economía española a las nuevas circunstancias, que le impedía prescindir de su mano de obra de forma masiva. La segunda porque el sector agrícola estaba alcanzando el nivel de empleo de las economías desarrolladas, y lo mismo acontecía con el desempleo de otros sectores. Eso sí, se daban consejos generales orientados a la modernización del mercado laboral y a la entrada de los más jóvenes y mejor preparados como líderes de su renovación67.

 

Conclusiones

En el tardofranquismo, y mientras la emigración española a los países de la CEE y de América (tanto anglosajona como latina) seguía su trayectoria habitual, aunque en retroceso tras la crisis de 1973, el régimen continuó con la regulación y el control de esa diáspora y con su obsesión por asistir a los protagonistas del éxodo fuera de las fronteras españolas. Lo mismo aconteció en 1976 y 1977, cuando apenas se perciben cambios con el modelo migratorio de la etapa anterior, pues se continúa con la tarea asistencial de Estado posfranquista, como modelo de ordenar la sociedad española también fuera de las fronteras peninsulares. Asimismo, se procuró que las ideologías más a la izquierda no afectasen en alto grado a los emigrantes españoles que vivían fuera de España.

 

Notas

2 Los interesados en esta cuestión, que escapa al objeto de estudio de este trabajo, pueden consultar la Base de Datos Dialnet, la Fundación 1° de Mayo, la revista Migraciones y Exilios y los anales de la revista Migraciones Internacionales y CEMLA, entre otras fuentes.

3 Ministerio de Trabajo, Memoria de la labor realizada en 1958, Libro IV, Instituto Español de Emigración, p. 10.

4 Ley de 17 de julio de 1956, Preámbulo, BOE del 18 de julio de 1956.

5 Véase el artículo que aporta cuantiosos e interesantes datos al respecto, de Babiano, José, y Farré, Sebastián, «La emigración a Europa durante los años sesenta. Francia y Suiza como países de acogida», en Historia Social, N° 42, 2002, p. 82 y ss.

6 Ministerio del Trabajo. Memoria del Instituto Español de Emigración, 1958, p. 29.

7 Vilar, J. y Vilar, M. J., La emigración española a Europa en el siglo XX, Madrid, Arco Libros, 1999, p. 14. Si bien el Convenio Hispano-Argentino de 1946 y la creación de la Dirección General de Emigración en este mismo año marcaron el inicio del final de las restricciones en materia migratoria.

8 En el caso alemán, entre 1960 y 1973 se calcula que, en promedio, la tercera parte (con tendencia ascendente) de los emigrantes laborales salieron sin pasar por el control del IEE. Las estimaciones para el caso francés llegan hasta el 80% de inmigrantes españoles que, entre mediados de los años cincuenta y mediados de los sesenta, recibían un estatus legal solo después de su entrada al país. Véase Sanz, C., Clandestinos, ilegales, espontáneos. La emigración irregular de españoles a Alemania en el contexto de las relaciones hispano-alemanas, 1960-1973, Madrid, CEHRI, 2004, pp. 17-20, y Fernández, A., «La emigración como exportación de mano de obra: el fenómeno migratorio a Europa durante el franquismo», en Historia Social, N° 30, 1998, p. 65.

9 VV. AA., Historia del Instituto Español de Emigración. Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009.

10 Algunos autores (Molinero, Fernández Vicente) consideran la política social como una búsqueda de legitimación de la dictadura, si bien la amplia distancia existente entre la propaganda de actividades y la realidad de su gasto público fue un hecho. Así, los porcentajes de gastos generales del Estado en la renta nacional iban del 9% de 1950, al 23% de 1985. Ante la limitación de recursos, la protección social y la promoción cultural, se canalizaron entonces a través del mundo asociativo y de la Iglesia Católica.

11 Los agregados laborales, procedentes del mundo sindical, realizaban tareas de información, asesoramiento y asistencia en materia jurídica y sociolaboral, además de estrechar lazos con las principales organizaciones socioeconómicas internacionales, propiciando la integración del sindicalismo franquista en la esfera sindical y socioeconómica internacional.

12 La nueva Ley de Emigración de 1971 desplegará la labor asistencial del IEE (vertiente social, en detrimento de la laboral), fomentando la instalación de Casas de España como punto de conservación de la identidad y de la conexión con el país, con vistas al retorno, y evitando la infiltración de ideas «falsas» procedentes de la sociedad de acogida o de la oposición política que actuaba en el extranjero. Si bien las contradicciones internas motivaron que hasta 1974 no instalara una sección para la asistencia de los retornados en el Ministerio de Trabajo.

13 Vilar, J. y Vilar, M. J. La emigración..., p. 30.

14 Para José Babiano y Ana Fernández Asperilla, las políticas de inmigración se situaron entre dos polos. En uno de los extremos, tanto Alemania como Suiza concibieron la inmigración fundamentalmente como un fenómeno rotatorio. En el otro extremo, Francia diseñó una política de asentamiento estable, tanto para los trabajadores extranjeros como para sus familias. Véase Babiano, J. y Fernández Asperilla, A., La patria en la maleta. Historia social de la emigración española a Europa. Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009, p. 14.

15 Tras su éxito, los Estados español y francés decidieron cerrar los ojos, en la medida en que sus sectores económicos se beneficiaban de este auge masivo de trabajadores escasamente cualificados. Véase VV.AA., Historia..., p. 156.

16 Vilar, J. y Vilar, M. J. La emigración... , p. 55 y ss.

17 Es interesante el trabajo de Sanz, Carlos, «La emigración española a Alemania», en Alted, Alicia, De la España que emigra a la España que acoge. Madrid, Fundación Largo Caballero, 2006, p. 295. Y también los de Rubio, Javier, La emigración española a Francia. Barcelona: Ariel, 1974; y Dreyfus-Armand, G., L'Exil des republicans espagnols en France. París: Albin Michel, 1999.

18 Rubio, J., La emigración española a Francia, Barcelona, 1974, p. 30. véase también: Babiano, José, y Fernández Asperilla, Ana, «Emigración y articulación de la clase trabajadora durante la dictadura franquista», en Estudios de la Fundación 1° de Mayo, Madrid, marzo de 2009. Otros estudios que sustentan esta aseveración son: Babiano, José, Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977), Madrid, Siglo XXI, 1995, p. 33. Para un análisis más amplio de estos fenómenos en Madrid, Ibídem, capítulos 1 y 3. Para el caso de Villaverde, una población al sur de la capital que a partir de 1950 se incorporó al municipio de Madrid, nos remitimos a Fernández Gómez, Julio A., Buscando el pan del trabajo. Sobre la industrialización franquista y sus costes sociales, Villaverde (Madrid) 1940-1965, Madrid, Miño y Dávila editores, 2004. Es interesante el trabajo de Molinero, Carme, e Ysás, Pere, «Comissions Obreres», en Gabriel, Pere, Comissions Obreres de Catalunya 1964-1989, Barcelona, Empuries, 1989, pp. 44-48. Más extensamente, Balfour, Sebastián, La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988), Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1994, capítulos II y III.

19 VV. AA., Historia..., p. 173.

20 El control sanitario de la frontera fue, por ejemplo, un asunto de gran controversia, en tanto el Acuerdo bilateral hispano-suizo del 2 de marzo de 1961 contemplaba dos tipos de examen médico: uno en España y otro en Suiza. Tanto es así que el IEE decidió realizar una supresión provisional del envío de emigrantes a este país en junio de 1970, como medida de protesta ante la situación. Véase Vilar, J., La emigración... , p. 70 y ss.; y VV. AA., Historia..., p. 198 y ss.

21 VV. AA., Historia..., p. 211 y ss.

22 Datos aportados por Babiano, José, y Fernández Asperilla, Ana, art. cit., p. 11.

23 Sobre la mano de obra femenina en Alemania, véase Sanz Lafuente, Gloria, «Mujeres españolas emigrantes y mercado laboral en Alemania», en Migraciones & Exilios, N° 7, 2006, pp. 27-59. Lo que decimos ahora sobre Alemania y después sobre Francia y Suiza, tomado de Fernández Asperilla, Ana, «La emigración como exportación de mano de obra...», art. cit. También Fernández Asperilla, Ana, Mineros, sirvientas y militantes... , art. cit.

24 Cfr. Misma fuente, p. 11.

25 Cfr. Misma fuente, p. 12.

26 Art. cit., p. 12.

27 Véase el artículo que aporta cuantiosos e interesantes datos al respecto, de Babiano, José, y Farré, Sebastián, «La emigración a Europa durante los años sesenta. Francia y Suiza como países de acogida», en Historia Social, N° 42, 2002, p. 82 y ss.

28 Archivo de la Dirección General para la Ordenación de las Migraciones, Ministerio de Trabajo, Informe del director general del IEE sobre la emigración española en 1974 y su coyuntura actual, Madrid, 17 de febrero de 1975.

29 Informe del director general del IEE..., 1974, p. 1.

30 Informe del director general del IEE..., 1974, p. 3.

31 Véase Fernández Asperilla, Ana, «De América a Europa. El cambio de ciclo migratorio», ponencia presentada al III Congreso de la Asociación de Historiadores del Presente, Salamanca y León, noviembre 2007. Los datos de los acuerdos bilaterales de emigración con Francia y Suiza en Fernández Asperilla, Ana, «La emigración como exportación de mano de obra. El fenómeno migratorio a Europa durante el franquismo», en Historia Social, N° 30, 1998, p. 75. Sobre el acuerdo de emigración con Bélgica, en Fernández Asperilla, Ana, Mineros, sirvientas y militantes. Medio siglo de emigración española a Bélgica, Madrid, Fundación 1° de mayo, 2006, pp. 7 y 11.

32 Informe del director general del IEE..., 1975, p. 176.

33 Informe del director general del IEE..., 1975, pp. 180-181. La cifra resulta sorprendente por su elevado número.

34 Archivo de la Dirección General para la Ordenación de las Migraciones, Ministerio de Trabajo, Informe del director general del Instituto Español de Emigración sobre la emigración española, 1976, p. 1.

35 Informe del director general del IEE..., 1976, p. 2.

36 A este respecto pueden consultarse los siguientes trabajos: Farré, Sebastian, Spanische Agitation: emigración española y antifranquista en Suiza, Madrid, Fundación 1° de Mayo, Documento de Trabajo 3/1002, 2001. Sanz Díaz, Carlos, «Emigración económica, movilizaciones política y relaciones internacionales. Los trabajadores españoles en Alemania», en Cuadernos de Historia Contemporánea, N° 23, 2001, pp. 5-34. Sobre la crisis de UGT en la emigración, nos remitimos a Muñoz Sánchez, Antonio, Entre dos sindicalismos. La emigración española en la RFA, los sindicatos alemanes y la UGT, 1960-1964, Madrid, Fundación 1° de Mayo, Documento de Trabajo 1/2008. También es interesante el trabajo de Gascón, Emiliano, en Vidas de emigrantes (colección de biografías), CDEE, Fundación 1° de Mayo. Asimismo es imprescindible la consulta de Babiano, José, y Fernández Asperilla, Ana, «Algo más que trabajo, algo más que ahorro: emigración española a Europa, acción colectiva y protesta político-social», en Alted, Alicia, De la España que emigra a la España que acoge, Madrid, Fundación Largo Caballero, 2006, pp. 352-353; Fernández Esperilla, Ana, «La emigración española en Suiza. La Asociación de Trabajadores Emigrantes Españoles en Suiza (ATEES)», en V Encuentro de Investigadores del Franquismo, Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, 2003, (formato Cd-Rom). Puede verse el volumen conmemorativo editado por el PCE, Julián Grimau. El hombre, el crimen, la protesta, París, Editions Sociales, 1963; Alba, Susana, Babiano, José, y Fernández Asperilla, Ana, Miradas de emigrantes. Imágenes de la vida y cultura de la emigración española en Europa en el siglo XX, Madrid, Fundación 1° de Mayo, 2005; Babiano, José, «El vínculo del trabajo. Los emigrantes españoles en la Francia de los treinta gloriosos», en Migraciones & Exilios, N° 2, 2001, pp. 9-37; Lillo, Natacha, «El PCE en Francia: relaciones con el PCF y evolución (1945-1977)», en Papeles de la FIM, N° 22, 2a época, 2004, pp. 127-146; Babiano, José, «Ciudadanía y exclusión», en Pérez Ledesma, M. (Comp.), en Ciudadanía y democracia, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2000, pp. 237-255.

37 Informe del director general del IEE..., 1976, p. 3.

38 Informe del director general del IEE..., 1976, p. 8.

39 Informe del director general del IEE..., 1977, p. 3.

40 Informe del director general del IEE..., 1977, pp. 6-7.

41 Informe del director general del IEE..., 1977, pp. 8-9.

42 VV.AA., Historia..., pp. 18 y 30.

43 Rueda, G., Españoles emigrantes en América (siglos XVI-XX), Madrid, Arco Libros, 2000, p. 25.

44 Ibídem, p. 64.

45 Ibídem, p. 26.

46 VV. AA., Historia..., p. 235 y ss.

47 Esta Ley fomentará la reagrupación familiar y las ayudas de carácter social y se buscará la igualdad de oportunidades en materia educativa. Ansiaba el fomento de centros de asociacionismo en el extranjero y el IEE, una vez más, debía encargarse del reclutamiento, la selección, la contratación y la documentación de los emigrantes, contando con la ayuda de las organizaciones sindicales afines. Definió como emigración temporal la que tenía plazo inferior a un año; de temporada, por actividades cíclicas o estacionales; y fronteriza a la que tenía lugar en áreas próximas de países vecinos.

48 El primero de estos acuerdos fue el firmado con la República Dominicana en 1956, seguido en 1960 de los acuerdos suscritos con Argentina y Brasil, en 1961 con Chile y en 1965 con Paraguay.

49 Rueda, G., Españoles emigrantes hacia América (siglos XVI-XX), Madrid, Arco Libros, 2000.

50 Estas circunstancias y su comparación con la emigración europea han sido muy bien estudiadas por Germán Rueda, en la obra ya citada.

51 Australia y Canadá mostraban incremento al alza.

52 Informe del director general del IEE..., 1976, p. 9.

53 Sopemi, 1978. Informe Anual de España correspondiente a 1977, p. 11.

54 Informe del director general del IEE..., 1974, p. 6.

55 Informe del director general del IEE..., 1976, p. 12.

56 Informe del director general del IEE..., 1977, p. 14.

57 Informe del director general del IEE..., 1974, p. 5.

58 Ministerio de Trabajo, Instituto Español de Emigración, 1975, p. 192.

59 Ministerio de Trabajo, Instituto Español de Emigración, 1976, p. 11.

60 Informe del director..., 1976, p. 12.

61 Informe del director..., 1977, p. 12.

62 Archivo de la Dirección para la Ordenación de las Migraciones, Ministerio de Trabajo, Sopemi 1978, Informe anual correspondiente a 1977, corresponsal: Octavio Cabezas Moro, redactores: Octavio Cabezas Moro, Rosario Martín Jachaque, Esperanza Zufía, Juan Testa Alavez, Madrid, septiembre de 1977, Instituto Español de Emigración.

63 Todos los datos de Sopemi 1978..., pp. 5 y 52.

64 Sopemi 1978..., p. 5.

65 Sopemi 1978..., p. 17.

66 Sopemi 1978..., p. 19.

67 Sopemi 1978..., p. 38 y ss.

 

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Recibido el 2 de marzo de 2015; Aceptado el 28 de mayo de 2015.

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