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Estudios internacionales (Santiago)

versión On-line ISSN 0719-3769

Estud. int. (Santiago, en línea) vol.47 no.182 Santiago set. 2015

http://dx.doi.org/10.5354/0719-3769.2015.37888 

DOCUMENTOS

 

Discurso del profesor Alberto van Klaveren en recepción del Doctorado Honoris Causa por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

 

19 de junio de 2015

La distinción que hoy me otorga la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso constituye para mí un gran honor. Las palabras no son suficientes para expresar mi gratitud hacia esta casa de estudios superiores, representada por su gran canciller, monseñor Gonzalo Duarte; su Rector, profesor Claudio Elórtegui, y su Consejo Superior, que se ha dignado a aceptar la propuesta.

Recibir este Doctorado en presencia de una audiencia tan distinguida acrecienta mi reconocimiento. Gracias a todos ustedes por su asistencia a un acto tan significativo para mí. En especial mi sincero reconocimiento, por su generosa Laudatio, al profesor Manfred Wilhelmy, destacado egresado y académico de esta casa y colega y amigo de tantos años.

Agradezco también la iniciativa del ex Rector de esta Universidad, profesor Raúl Allard, y del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa.

Me vinculé a esta casa de estudios hace cinco años, cuando inició su Programa de Postgrado en Relaciones Internacionales. Pese a las dificultades que me significaban compatibilizar mi presencia en Valparaíso con mis labores en la Cancillería en Santiago, tuve pocas dudas para aceptar la generosa invitación. Ello, por el respeto que me merece esta Universidad; por la calidad de sus académicos y egresados, con varios de los cuales he tenido la oportunidad de trabajar tanto en la academia como en la Cancillería, y por la labor insustituible que cumple en una región de gran importancia para nuestro país y por la que siento sincero afecto.

El profesor Wilhelmy ha recordado que mi biografía es una combinación de actividad académica y diplomática y es por ello que he elegido, como título de mi texto de investidura: «La política del Derecho Internacional».

Pero antes de pasar a exponer mi discurso, quiero dejar constancia de mis múltiples deudas personales, intelectuales y profesionales. En primer lugar, con mis padres, que después de una experiencia traumática durante la guerra que les tocó vivir en su país, Holanda, y ante el temor de una nueva conflagración mundial, decidieron emigrar a Chile, llegando a este mismo puerto a fines de 1950, con la firme convicción de asentar para siempre a su pequeña familia en este país, proyecto que vieron cumplido. Fueron ellos los que me hicieron entender que todo lo que sucedía en el mundo nos tenía que importar. Deuda con mi esposa, fiel exponente de esta región, quien con paciencia y sabiduría me ha acompañado y apoyado en todas mis aventuras profesionales e intelectuales, y con mis hijos, que tuvieron que tolerar muchos días y horas de ausencia mía, no solo física sino que también intelectual. Deuda con mis maestros, entre los cuales destaco especialmente a Gustavo Lagos Matus, quien con gran generosidad me introdujo a la disciplina de las relaciones internacionales; con Luciano Tomassini, gran colega, prematuramente desaparecido; con profesores muy notables que tuve en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y con muchos colegas que me acompañan en esta ocasión. Deuda con los cancilleres de Chile, que me han honrado con su confianza, entre los cuales se encuentra Alejandro Foxley, notable egresado de esta Universidad. Deuda con todos mis colaboradores en las instituciones en las que he podido servir, especialmente el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho de la misma Universidad y la Cancillería.

Quiero dejar constancia de que cada uno de nosotros es el producto de muchos otros que nos antecedieron y a los que debemos rendir un merecido homenaje. Somos tributarios también del trabajo colectivo. Como profesor, no puedo dejar de mencionar mi aprecio y respeto por los estudiantes que he tenido, con los que sigo aprendiendo.

Siempre he creído que las oportunidades asumen un papel crucial para explicar una trayectoria profesional. Yo tuve la oportunidad de combinar la teoría con la práctica, la actividad académica con la diplomacia, la universidad con la Cancillería. Esta experiencia ha sido enormemente enriquecedora, aunque soy consciente de que la función pública a veces limita la visión académica y que esta última puede llevar a deformaciones en el ámbito diplomático.

Sea como fuere, en todas esas funciones he tratado de evitar adscribirme a una escuela de pensamiento o a una ideología política, bajo la convicción de que nadie está en posesión de la verdad y que, en casi todas las escuelas y doctrinas, se pueden encontrar porciones de verdad.

 

La política del Derecho Internacional

La imagen de un sistema internacional marcado por la anarquía y el desorden como elementos permanentes siempre ha sido poderosa y, qué duda cabe, parece hoy más vigente que nunca. Durante el siglo XX se registró la «era de las catástrofes», siguiendo la conceptualización de Eric Hobsbawm. El poder se expresó en su forma más cruda a través del colonialismo, la expansión territorial, los proyectos totalitarios y las hegemonías. Tomás Hobbes, al menos en su interpretación convencional, parecía imponerse sobre Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Hugo Grocio o Emanuel Kant. Y si bien el período de la posguerra trajo consigo un orden internacional más presentable, que logró derrotar el totalitarismo y gran parte del colonialismo, la realidad internacional sigue siendo inquietante. Algunos focos tradicionales de conflicto se han agravado, hay Estados que están en proceso de franca desintegración, se han vuelto a producir anexiones territoriales que parecían propias de otra época y han surgido fenómenos extraordinariamente complejos, como los fundamentalismos religiosos y el terrorismo transnacional.

Hace unas décadas, muchos estábamos preocupados por la concentración del poder en unos pocos actores en el mundo, por la dominación que algunas potencias ejercían sobre el resto. Hoy la preocupación es otra. Se habla del mundo de nadie, un mundo sin un centro de gravedad y sin valores universalmente compartidos y donde ninguna potencia o grupo de potencias logra imponerse sobre el resto. Se habla incluso del fin del poder, en que los poderes de antaño se ven desafiados por un conjunto crecientemente heterogéneo de actores, muchos de ellos informales y algunos de ellos incontrolables.

Seguimos viviendo en la sociedad anárquica de la que nos hablaba Hedley Bull, uno de los pioneros modernos de la teoría de las relaciones internacionales. Una sociedad en que no hay una autoridad superior. Pero una sociedad anárquica o, si se prefiere, descentralizada, no equivale al caos. Existen límites para el comportamiento de los Estados. Hay reglas que los contienen. Los Estados son libres, pero esa libertad no es total. En 1927, la Corte Permanente de Justicia Internacional, predecesora de la Corte Internacional de Justicia, afirmaba en un caso paradigmático —el caso Lotus—, que las restricciones a la independencia de los Estados debían ser expresas. Es decir, que no se podían presumir. Hoy probablemente esa afirmación ya no se haría, no al menos en términos tan tajantes, porque la libertad de los Estados está mucho más restringida que por entonces.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, la evolución del sistema internacional y las crecientes necesidades de regular la globalización, han conducido a un visible aumento de la legislación internacional, de nuevas instituciones globales y regionales y de órganos de solución de controversias, tanto entre los Estados como entre estos y entes privados. Esta nueva realidad ha disminuido la división tradicional de los internacionalistas entre aquellos que veían al derecho internacional como un mero epifenómeno de las realidades del poder internacional y aquellos que sostenían que las relaciones entre los Estados estaban reguladas por el derecho internacional y que, cuando ello no sucedía, se estaba frente a una conducta patológica. Hoy los debates son mucho más matizados. Los teóricos de las relaciones internacionales prestan más atención a la evolución de las normas legales en su ámbito, mientras que los especialistas en derecho internacional comienzan a analizar la conducta de los Estados, los fenómenos de legalización de las normas y la existencia de normas embrionarias caracterizadas como soft law.

Hay quienes, como la profesora y antigua directora de Planificación del Departamento de Estado, Anne-Marie Slaughter, que sostienen que esa realidad regulatoria se debe precisamente a la descentralización que caracteriza al sistema internacional y al surgimiento de verdaderas redes informales de expertos públicos y privados, que comparten visiones y valores comunes y que, sobre todo en materia económica y financiera, tienden a sustituir a actores centrales como los Estados y a instrumentos tradicionales como los tratados o acuerdos solemnes.

Cada vez hay más regulación internacional. El derecho internacional dejó de ser un derecho de coexistencia y, con todas sus limitaciones, está avanzando hacia un derecho de cooperación, como lo sostenía Wolfgang Friedman.

Con inocultable optimismo, las Naciones Unidas proclamaron la última década del siglo XX como la década del Derecho Internacional. Tuvieron motivo para ello. El fin de la Guerra Fría y la nueva ola de democratización que lo acompañó, permitieron superar la paralización de múltiples instancias internacionales y promover el desarrollo de nuevas instituciones globales y regionales en materias tan variadas como los derechos humanos, el desarme, el derecho penal internacional, el medio ambiente o el comercio internacional. El optimismo que marcó ese período ha cedido, pero la actividad legislativa y regulatoria se ha mantenido y se proyecta hasta hoy.

En este contexto, cabe preguntarse una vez más sobre la naturaleza del derecho internacional. ¿Es el Gentle Civilizer of Nations del que habla el jurista finlandés Martti Koskenniemi, en un libro que llevaba el significativo título The Rise and Fall of International Law? ¿O es un derecho que persigue la virtud pero que es marginal, sobre todo cuando se enfrenta con las realidades del poder? ¿Un proyecto en gran medida frustrado para imponer reglas aceptables en la convivencia internacional, que se estrella contra las crudas realidades del poder?.

El derecho internacional es visto por algunos académicos y no pocos legos como la antítesis del derecho. Según esta visión, sus fuentes son demasiado diversas y hasta inciertas; sus normas son vagas, contradictorias y reflejan las relaciones de poder a escala internacional; no posee una jerarquía clara de tribunales y otras instancias judiciales, y los fallos que estos emiten quedan entregados a la voluntad de los países. Sin embargo, esta visión, propia de la mayor parte de la escuela realista de las relaciones internacionales, ignora que el derecho ha servido de marco para la actividad internacional a lo largo de los años y que los principios e ideas que lo informan tienen raíces que se remontan muy atrás en la historia. La misma interdependencia que caracteriza a nuestro sistema internacional sería inexplicable sin la existencia de normas que la regulan, observadas generalmente por Estados y otros actores internacionales. Es cierto que el derecho internacional no siempre se respeta, que algunos de sus principios son violados de manera flagrante y persistente, pero la mayor parte de las normas internacionales se cumple regularmente. Las fronteras de los Estados suelen ser estables. Para bien o a veces para mal, la soberanía de las naciones se suele respetar, el comercio fluye de manera regular y muchas instituciones internacionales cumplen sus objetivos. La contaminación marina se fiscaliza de acuerdo a la normativa de la Organización Marítima Internacional; la caza de ballenas ha disminuido en las últimas décadas gracias a los acuerdos internacionales que la rigen, y las infracciones más flagrantes a sus estatutos han sido denunciadas ante instancias internacionales. Por su parte, el Protocolo de Montreal, para proteger la capa de ozono mediante la producción y el consumo de ciertas sustancias, ha tenido resultados observables.

Pocos podrían discrepar con la famosa conclusión del jurista Louis Henkin, cuando afirmó que «casi todas las naciones observan casi todos los principios de derecho internacional y casi todas sus obligaciones, casi todo el tiempo». La regulación internacional tiene también una importante fuerza disuasiva, inhibiendo ciertas conductas y favoreciendo otras. Ello no obsta a que surjan infracciones, algunas de ellas flagrantes. Pero el mismo hecho de que estas conductas desviadas suelen justificarse mediante interpretaciones muy libres del derecho internacional, como la legítima defensa preventiva, por ejemplo, demuestra que el derecho sí importa.

Frente a la evidencia empírica de un conjunto de normas internacionales que se observan regularmente, hay quienes retrucan que se debe distinguir entre los temas de rutinarios y de baja política, donde efectivamente las normas se cumplen, y aquellas cuestiones de gran importancia política, como la guerra, el equilibrio de poder entre las grandes potencias, la dominación y la hegemonía, donde no se respetarían. Estos críticos no parecen asumir los grandes cambios que se han registrado también en la regulación de estas cuestiones. Los conflictos interestatales se han reducido drásticamente después de la Segunda Guerra Mundial, en una tendencia que se ha acentuado durante las últimas décadas. La inmensa mayoría de las bajas que se siguen registrando por conflictos armados, se debe a guerras internas y no internacionales. Sería poco científico atribuir esta notable tendencia exclusivamente a la proscripción del uso y amenaza de la fuerza adoptada en la Carta de las Naciones Unidas y una serie de instrumentos complementarios, pero no cabe duda que el uso de la fuerza está sujeto a una creciente regulación y que el derecho internacional actúa como un elemento de disuasión, ciertamente junto a otros, para reducirlo. Las relaciones entre las grandes potencias, aun en las áreas más sensibles, también están sujetas a una creciente regulación. Los acuerdos de desarme suelen respetarse y su cumplimiento está sujeto a mecanismos de verificación muy elaborados. La proscripción de las pruebas nucleares es una realidad y los pocos Estados infractores sufren el embate de las sanciones internacionales. La lucha contra el colonialismo dispuso de un marco legal e institucional muy minucioso y los instrumentos internacionales que promueven el desarrollo, si bien distan mucho de ser perfectos, sirven como marco de referencia para la acción internacional en esta materia.

Por otra parte, el desarrollo del derecho internacional ha llevado incluso a la separación o autonomización de algunas áreas, que han adquirido entidad propia. Es lo que ha sucedido con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho comercial y el derecho medioambiental, aunque hay juristas, e incluso tribunales, que se resisten a esta reivindicación de autonomía.

El concepto de régimen internacional, que surgió en la década de 1980, ha permitido un diálogo más activo entre politólogos y juristas. Los regímenes internacionales se basan en reglas e instituciones, pero pueden ir más allá como consecuencia de las exigencias de coordinación, incluyendo, por ejemplo, prácticas y decisiones informales, orientaciones que buscan la realización de objetivos funcionales. En la medida en que avanza la globalización, los regímenes regulatorios se van haciendo menos nacionales y más internacionales, menos domésticos y más universales. El fenómeno es claro en materias comerciales, pero también se hace evidente en muchas otras áreas, como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarme, los derechos de los pueblos indígenas, etcétera. Naturalmente, la globalización se extiende al ámbito jurídico y, cuando se habla de regularla o de domesticarla, se está pensando en la adopción de principios, normas, reglas y procedimientos en las múltiples áreas en que ello se considera necesario. Por otra parte, como lo demuestra la experiencia reciente en temas muy diversos, la participación en la elaboración de regímenes no se restringe solo a Estados, sino que incluye también a organizaciones internacionales, ONG y a actores privados.

La noción de régimen internacional puede extenderse también a intereses territoriales de los Estados. Es, por ejemplo, aplicable al área de derecho del mar, donde ha quedado en evidencia el carácter evolutivo y dinámico del derecho internacional. Chile fue un protagonista activo del cambio de régimen que se fue operando en este ámbito. La Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, junto a la proclamación anterior, que hizo el Presidente González Videla, de la soberanía y jurisdicción de Chile sobre una zona marítima de 200 millas sobre los mares adyacentes y su zócalo continental, nos permitieron afirmar la existencia de límites marítimos frente al Perú en el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Pero también formaron parte, junto a actos similares de otros países, como la Proclamación del Presidente Truman sobre los recursos que se hallan en la plataforma continental, de un verdadero momento grociano en el derecho internacional. Es decir, un punto de inflexión en que se produce un cambio de paradigma que conduce a la adopción de nuevas reglas y doctrinas en la costumbre internacional, que en la época regía al derecho del mar.

Pero el derecho internacional ya no es, como sostenía Hugo Grocio, un derecho sin tribunales.

Más bien, una de las tendencias más marcadas que se observa en esta área es la creciente judicialización. No se trata solo de la multiplicación de órganos e instancias de solución de controversias, sino de la judicialización de las relaciones internacionales. Es decir, temas que históricamente quedaban entregados a la política internacional, a gestiones o negociaciones diplomáticas y a las políticas de defensa, o que permanecían congelados en el escenario internacional, hoy son llevadas a cortes u otras instancias de solución de controversias. En poco más de un siglo, la comunidad internacional avanzó desde una sola institución judicativa, la Corte Permanente de Arbitraje, a cerca de 25 tribunales internacionales permanentes que han emitido miles de sentencias obligatorias. Estos tribunales, bien lo sabemos en Chile, atraen ahora más atención de los Estados, de las comunidades legales, de los periodistas y de la opinión pública. La enorme atención con que se han seguido en nuestro país los dos casos que hemos debido enfrentar ante la Corte Internacional de Justicia y la frecuencia con que se invocan las instancias del sistema interamericano de derechos humanos, son ejemplos ilustrativos de esta tendencia.

Por cierto, no todos la aprueban, pero las mismas protestas frente a la pérdida de autonomía nacional que ella significa comprueba su existencia. No está de más recordar que países tradicionalmente muy reticentes a aceptar estas instancias, tampoco han podido evitarla. Estados Unidos, la Federación Rusa y la República Popular China litigan frecuentemente en el sistema de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por su parte, Rusia y Estados Unidos han participado en casos ante la Corte de La Haya.

La tendencia hacia la judicialización está presente con fuerza en América Latina. Nuestra región ha sido fuente de una cantidad considerable de casos presentados ante la Corte Internacional de Justicia. El sistema interamericano de derechos humanos es el segundo más activo y eficaz después del europeo. Nuestros países recurren con frecuencia al sistema de solución de controversias de la OMC y disponen además de mecanismos regionales, por ahora menos eficaces, en las instancias de integración regional y subregional. Casi todos los países latinoamericanos han adherido al Estatuto de Roma que dio origen al Tribunal Penal Internacional. Y los casos de arbitraje internacional se han multiplicado hasta niveles insospechados, involucrando Estados e inversionistas extranjeros y abriendo una interesante veta profesional para nuestros abogados.

La multiplicación de instancias judiciales internacionales tiene también sus problemas, en la medida en que refleja el carácter descentralizado del sistema internacional. Al no existir una jerarquía de tribunales similar a la que existe dentro de los países, se produce una fragmentación institucional. Frente a una disputa, los Estados pueden recurrir a tribunales diversos, generando conflictos de competencia que no pueden dirimirse debido a la ausencia de una instancia superior. Más allá de estos problemas propiamente jurídicos, se plantea un problema más general de legitimidad política. Se supone que en un sistema interno la administración de justicia, que tendrá siempre un fundamento constitucional, se deriva en último término de la soberanía popular. En el sistema internacional, la legitimidad no emana del pueblo sino que de los Estados. Los miembros de estos tribunales internacionales, en general, tampoco están sometidos a una instancia fiscalizadora o correccional y los mecanismos para hacer efectiva su responsabilidad por los fallos que emiten son débiles, cuando no inexistentes.

Pero la fragmentación del derecho internacional no es solo institucional. Ella se plantea también en materia sustantiva, tema que ha sido objeto de tratamiento por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. En su informe, la Comisión alude al surgimiento de interpretaciones diversas y de excepciones institucionalizadas al derecho internacional general, al conflicto entre distintos regímenes legales y a las diferencias en los procesos de adopción de normas internacionales. Aunque existen criterios para la solución de estos problemas, su aplicación tampoco está exenta de dificultades y contradicciones. Con todo, hay un cierto consenso en estimar que pese a esta fragmentación, que refleja en parte la diversidad y el pluralismo de la comunidad internacional, se mantiene una cierta unidad del derecho internacional, a través de la universalización del contenido de sus normas fundamentales y de la búsqueda de uniformidad en las soluciones sustantivas.

Inevitablemente, el derecho internacional es comparado con el derecho interno, más bien con la imagen que proyecta el derecho interno. El derecho aplicable es visto como un cuerpo cierto y casi inamovible y se espera que los tribunales lo apliquen en forma casi automática. Nuestra tradición positivista acentúa esta tendencia, aun cuando los propios tribunales parecen estar apartándose de esta visión un tanto mecanicista del derecho, recogiendo en sus fallos la evolución de la sociedad.

Pero es claro que la indeterminación de las normas y conceptos es más frecuente en el derecho internacional. Así lo demuestran conceptos como seguridad, acción humanitaria, desarrollo, equidad, solución equitativa, desarrollo sostenible, uso equitativo y razonable, principio precautorio, legítima defensa, proporcionalidad, autodeterminación, responsabilidades comunes pero diferenciadas, etcétera. Esta falta de determinación no es casual. Tampoco es un reflejo de la incapacidad de los redactores de los instrumentos que los recogen. Más bien la indeterminación refleja, por una parte, los mínimos comunes denominadores que permitieron su adopción y, por la otra, el carácter de un proceso abierto, que señala ciertas direcciones, sin ofrecer soluciones definitivas que requieren de un mayor consenso. Las convenciones marco de Naciones Unidas en materia medioambiental forman parte de esta tendencia. Ellas suelen abrir caminos, proyectar nuevos temas y enunciar principios generales, pero normalmente requieren ser complementadas por protocolos que establezcan deberes y obligaciones más específicos. El caso del cambio climático, uno de los problemas más serios que enfrenta nuestro planeta, constituye un ejemplo revelador, aunque al mismo tiempo frustrante.

Cuesta entender y aceptar la naturaleza del derecho internacional. Rosalyn Higgins, una brillante jurista británica que ocupó la presidencia de la Corte Internacional de Justicia en forma reciente, recuerda, en una de sus obras, el debate permanente que se plantea entre quienes ven al proceso judicial internacional como un ejercicio neutral de aplicación de normas objetivas a un caso concreto y quienes, en cambio, lo consideran como un proceso de toma de decisiones que ocurre en un contexto específico y donde entran en juego valores y consideraciones respecto de las consecuencias políticas de un acto de adjudicación. Más allá de las posiciones que podamos tener al respecto, el debate sigue abierto.

Las corrientes positivistas tienden a aislar el derecho internacional de su contexto histórico-cultural y político. Mas, este derecho no es un edificio normativo fijo. Es un cuerpo vivo en constante transformación, que refleja de manera imperfecta y no pocas veces con atraso, la propia evolución del sistema internacional. Pese a sus insuficiencias, constituye el único y generalmente aceptado medio para resolver los problemas globales. Ni la ideología ni la religión otorgan normas compartidas a nivel global; solo el derecho internacional tiene esa cualidad. A través del derecho internacional, culturas muy diversas alcanzan un consenso básico respecto de las normas que deben guiar la conducta de los Estados.

La relación entre política y derecho internacional es compleja y se retroalimenta. El derecho internacional, al igual que el derecho interno, surge a través de la política y se modifica según su evolución. Sin embargo, una vez que las normas se adoptan, su ejecución no depende del poder relativo de los contendientes.

La afirmación de que la política internacional y el derecho internacional están estrechamente vinculados entre sí no equivale a reducir el surgimiento de normas al juego de intereses de los actores políticos. El establecimiento de nuevas normas e instituciones jurídicas no se da en un vacío donde todo es negociable. Por el contrario, las nuevas normas surgen en el contexto de normas e instituciones preexistentes, que limitan el rango de opciones abiertas a los participantes en el proceso. El derecho internacional refleja una realidad, pero al mismo tiempo la condiciona y la moldea.

Estas disquisiciones son relevantes para nuestra política exterior. Chile ha estado histórica y activamente asociado a un sistema internacional fundado en principios, normas y valores compartidos. La vinculación creciente al mundo constituye un imperativo geográfico, político, económico, social y cultural. Nuestra condición de país abierto hace indispensable que utilicemos las ventajas de la globalización y contribuyamos a relativizar sus efectos adversos. Por ello, priorizamos el trabajo colectivo en la elaboración de normas, estándares e instituciones internacionales. Creemos que una globalización más justa y equilibrada requiere necesariamente de una mayor regulación internacional. La autarquía no es una alternativa viable. Si queremos beneficiarnos de un mundo global, tenemos que asumir responsabilidades dentro del sistema multilateral.

De allí que nuestra participación en los sistemas multilaterales, globales y regionales, que debaten y acuerdan nuevas normas internacionales, sea una necesidad. Es allí donde se construyen las normas básicas de la convivencia internacional que contribuyen a proteger nuestros intereses.

Países de diferentes tamaños, regiones, culturas, sistemas políticos y niveles de desarrollo, convergen mayoritariamente en la necesidad de ordenar al mundo dentro de parámetros globales a los cuales se les reconozca legitimidad. Este es el sentido que tuvo nuestra participación en la Sociedad de las Naciones y, posteriormente, en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos y en la red de instancias especializadas del sistema multilateral, que hoy, en la era de la globalización, son indispensables para garantizar la unidad en torno a los valores compartidos en un mundo diverso. Es por ello que entendemos el respeto al derecho internacional y a la acción multilateral como parte de nuestras tradiciones republicanas: un elemento consustancial de nuestra identidad exterior y de nuestro propio interés nacional.


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