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Estudios internacionales (Santiago)

versión On-line ISSN 0719-3769

Estud. int. (Santiago, en línea) vol.48 no.183 Santiago ene. 2016

http://dx.doi.org/10.5354/0719-3769.2016.39882 

ARTICULOS

 

Defensa interna de los países de América Central: "El empleo coercitivo de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia"

 

Internal defense in the countries of Central America: "The coercive employment of armed forces against delinquency"

 

Pablo A. Rivas Pardo*

* Cientista Político y Licenciado en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Diplomado en Operaciones de Paz y Seguridad Internacional, Diplomado en Seguridad y Defensa, ambos en la ANEPE; Diplomado Corresponsal de Defensa, Academia de Guerra del Ejército. Actualmente se desempeña como Asesor en el Consejo Académico Consultivo de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército de Chile, Chile. Correo: p.rivas.pardo@gmail.com.


Resumen

Este artículo estudia las políticas de defensa de una selección de países de América Central, específicamente, el concepto de defensa interna en relación al empleo coercitivo de las fuerzas armadas contra la delincuencia. Es así que el análisis se enfoca, por una parte, en el desarrollo político de la seguridad en la región, desde la Guerra Fría hasta el día de hoy. Por otra, en el caso contemporáneo de los países seleccionados. Las conclusiones entran a observar el desarrollo de la defensa interna, tanto por su evolución como por su consolidación.

Palabras clave: América Central - política de defensa - defensa interna - Fuerzas Armadas - delincuencia.


Abstract

This paper studies defense policies of a selected countries of Central America, specifically, the concept of internal defense in relation to the coercive use of armed forces against delinquency. Thus, the analysis is focused, first, on the political development of security in the region since the Cold War to the present day; second, in the contemporary case of the selected countries. The conclusions come to observe the development of the internal defense, both in their evolution and consolidation.

Keywords: Central America - defense policy - internal defense - armed forces - delinquency.


 

I. Planteamiento del tema de estudio

La Defensa Nacional de un país se organiza políticamente a través de un Ministerio de Defensa y se ejecuta por medio de sus Fuerzas Armadas, asignándoles misiones por medio de leyes y reglamentos (Bruneau, 2005). En la actualidad, junto con ser instituciones entrenadas para emplearse coercitivamente contra otras Fuerzas Armadas en un conflicto o en una guerra, son incluidas como herramientas para la proyección internacional de los países, colaborar en casos de catástrofes y aportar al desarrollo nacional, entre otras tareas.

A lo anterior se suma el empleo coercitivo de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia, que en el contexto latinoamericano, y en especial en América Central, se ha convertido en un uso permanente y aceptado como política pública. En otras palabras, es una parte de las políticas de defensa nacional, generando una fuerte discusión el uso coercitivo de las Fuerzas Armadas en contra de la delincuencia (Rial, 2013).

De tal forma, este artículo analiza el empleo coercitivo de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia, en base de una selección de países de América Central, con el objetivo de explicar y comprender el caso centroamericano, observar las cualidades comunes y particulares de cada país seleccionado, y obtener ideas que puedan extrapolarse a otros casos de países y/o regiones.

Los criterios para seleccionar los países fueron los siguientes: ser Estado miembro del Sistema de Integración Centroamericana, poseer Fuerzas Armadas y ser integrante de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas. Si bien esto dejó a cinco países como seleccionables de un universo de ocho, se escogieron cuatro: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (ver Anexo. Recuadro N°1: selección de los países). Se excluyó República Dominica por no haber sido políticamente centroamericano, sino hasta el año 2013, cuando ingresa al SICA.

En consecuencia y para guiar el análisis, se recoge la propuesta teórica de "defensa interna" hecha por John Griffiths (2011). De manera general, es una idea en abstracto de las acciones de empleo de los medios miliares, ya sea coercitivamente o no, en territorio propio. Esto lo hace de manera evolutiva desde la Guerra Fría hasta la actualidad, en el contexto del continente americano.

La utilidad de esta teorización se da por ser explicativa en un espacio de tiempo que demuestra variabilidad y que, a su vez, entra a explicar lo que sucede con el empleo coercitivo contra la delincuencia.

Poniendo esto en contexto, el continente americano vivió, durante la Guerra Fría, mayoritariamente un paradigma de seguridad panamericanista, por lo cual la seguridad fue, desde el interés político, de Estados Unidos (Carriquiry, 2005). Para ese momento, la principal amenaza eran los grupos armados insurgentes pro comunistas. Entonces, junto con prevenir conflictos o guerras contra otros Estados, la defensa debía emplearse en territorio propio contra esta amenaza, lo que se conoció como la Doctrina de Seguridad Nacional.

En palabras de Griffiths, la defensa pasa a ser bidimensional: "una dimensión externa, para lidiar con amenazas militares a la soberanía e integridad territorial de los Estados, y una dimensión interna, cuando se trata, más bien, de problemas de seguridad, relacionados con el orden público o la estabilidad institucional" (2011: 122), implicando que las Fuerzas Armadas no entren a una división de tareas frente a la policía. Al contrario, esto abarcó toda la realidad de seguridad, disolviendo la inhibición del actuar en lo interno durante la Guerra Fría y dándole una cualidad ideológica.

Complementando aquello, la presencia de Estados Unidos iba más allá de lo diplomático y económico: "al sesgo estadounidense de instrumentalización e ideologización de la seguridad regional, se le sumó el de la politización de las relaciones militares bilaterales, al implementar una subrogación de su papel militar por fuerzas militares aliadas" (Varas, 1987: 02). Como consecuencia, las relaciones y la asistencia militar eran parte de la estrategia de presencia, fijando una posición política para los militares, llevando a que estos estuvieran en la contingencia política y que el enemigo interno fuera considerado un rival ideológico armado.

Lo anterior se acrecentó en el contexto latinoamericano, en razón de las dictaduras y las guerras civiles que daban espacio para tal uso. Además, en algunos países la presencia de grupos armados insurgentes, que tenían un alto poder de fuego militar, justificó tal denominación doctrinal. Profundizando esto y en relación a la seguridad nacional:

Una de sus principales innovaciones (de la doctrina de seguridad nacional) fue considerar que para lograr este objetivo era menester el control militar del Estado. El otro cambio importante fue la sustitución del enemigo externo por el enemigo interno. Si bien la doctrina de seguridad nacional ubicó como principal enemigo al comunismo internacional, con epicentro en la Unión Soviética y representación regional en Cuba, entendía que era a Estados Unidos a quien correspondía combatir a esos países. (Leal, 2003: 74).

En este caso, la defensa interna, como expresión en el contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional, obedeció a un sistema político internacional bipolar, que al finalizar no terminó con su existencia, sino que mutó.

Tras la caída del Muro de Berlín, América del Sur vivía mayoritariamente el proceso de consolidación democrática post dictatorial, donde países como Chile y Argentina terminaron con la conceptualización del enemigo insurgente, sacando la defensa de lo interno (Bartolomé, 2009). Así también, y como contraparte, el Perú y Colombia usaron a sus Fuerzas Armadas en lo interno, debido a la existencia de un grupo armado insurgente dentro del territorio, Sendero Luminoso y las FARC-EP, respectivamente (Pease, 2003; Vargas, 2010).

Para América Central, la realidad a inicios de los años 90s era el consolidar los procesos de paz post guerras civiles, a excepción de Guatemala, que terminó su guerra civil en 1996. De esta forma, la defensa y en especial las Fuerzas Armadas, eran un actor clave en estos procesos. En este contexto, se entendió por defensa interna:

(...) la participación en labores de orden público o de desarrollo. Consecuentemente, la defensa nacional en su dimensión interna desarrolla funciones policiales o, por sus capacidades, ejecuta funciones que favorecen plenamente el desarrollo nacional, ante la inexistencia o escasa capacidad del organismo estatal adecuado para realizarla. Se estima que la dimensión de defensa nacional interna se da normalmente en los Estados con un proceso de consolidación de Estado incipiente o incompleto, al no contar el Estado con las instituciones adecuadas para enfrentar dichas misiones. (Griffiths, 2011: 219).

Lo anterior refleja un cambio en la percepción de seguridad y amenazas, lo que no implicó el fin de la defensa interna, sino que una actualización. Si bien las Fuerzas Armadas ya no están luchando contra el enemigo insurgente, si están como agencias de asistencia de los gobiernos y en contra del delito, modificando su agenda de seguridad, siendo esto último la esfera del empleo coercitivo. Además, el contexto de post guerras civiles de América Central daba, como señala la cita, estados incompletos que necesitaban utilizar todos sus recursos disponibles para enfrentar sus problemas y carencias.

En esta línea, el cuadro de seguridad del continente y en especial de Centroamérica, implicaron cambios en el escenario que inciden en las políticas de defensa:

El debate acerca de los límites y de las misiones apropiadas para los militares latinoamericanos es intenso (...) En los Estados Unidos hay reclamos desde los estamentos superiores, tales como el Senador Sam Numm, para hacer que los militares prueben su utilidad social, asistiendo en la reconstrucción de la infraestructura nacional. Su propuesta, el programa de Acción de Cooperación Civil-Militar, involucraría a los militares en resolver problemas comunitarios: educación deficiente, falta de entrenamiento laboral, facilidades de recreación inadecuadas y pobre sistema de salud. (Marcella, 1994: 50).

Esta propuesta marca claramente la visión de Fuerzas Armadas como agencias de asistencia y, además, que la mirada desde un sector de Estados Unidos, en este caso el Congreso, promovía a las Fuerzas Armadas como herramientas prácticas para solucionar problemas de subdesarrollo, reflejando una capacidad social. Entonces, la defensa interna está en un escenario que necesita consolidar la gobernabilidad, pasando a ser una herramienta más para lograr tal objetivo, sumando el que sean actores del proceso de paz.

Con lo anterior se ve un tránsito de unas Fuerzas Armadas omnipresentes, a tener espacios de trabajos de empleo de la fuerza, como agentes sociales y/o como empleo coercitivo contra la delincuencia (Leal, 2003).

Ya en el siglo XXI, la conceptualización de defensa interna se consolidó, tanto teóricamente como en la práctica, al profundizarse respecto de la década anterior:

Hoy, en el hemisferio, la defensa nacional presenta diversas nociones de acuerdo con las propias concepciones de los diversos Estados, que reflejan diferentes percepciones respecto de su rol principal. Existen países en que la defensa posee un rol interno referido -en algunos casos- a misiones de orden y seguridad pública y, en otro, a funciones netamente en el ámbito del desarrollo. (Griffiths, 2011: 573-574).

Esta cita demuestra que todo lo hecho, en términos de defensa interna en los años 90, contra el delito se consolidó, y junto con eso, la idea de agencias para enfrentar el subdesarrollo. Además, el autor destaca que la concepción sobre política de defensa no es unívoca, en cambio, la presenta como variable en cada Estado, dando importancia al estudio particular de los países de América Central.

Profundizando la idea, a lo que el autor se refiere como a misiones de orden y seguridad pública, es al uso de las Fuerzas Armadas en contra del delito. Entonces, por empleo coercitivo de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia, se entiende: el uso de recursos humanos y sistemas de armas de las Fuerzas Armadas, de manera agresiva contra un adversario, en este caso, contra personas que cometen actos considerados infracciones a la ley, es decir, delitos, siendo esto una vertiente de defensa interna.

En síntesis, los problemas actuales de seguridad que enfrentan los gobiernos y que involucran a la defensa como parte de la solución, se podrían resumir en tres: seguridad, desarrollo y gobernabilidad (Pion-Berlin, 2003). En el primero de ellos, los militares son usados indistintamente contra una amenaza militar de otro Estado, delincuencia común o crimen organizado, como así también, cuando la policía es superada por estas amenazas, las apoyan o de plano la reemplazan por la defensa nacional, siendo otra variabilidad de cómo se presenta la defensa interna contra el delito. El segundo se da por el uso de los militares como agencias de asistencia gubernamental en temas de desarrollo. Por último, la relación gobernabilidad y militares se interpreta como que estos sean parte del aparato gubernamental, no guardando distancia de no ser sujetos de actividades políticas.

Frente al uso de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia, una interpretación es que es un error y una muestra de debilidad de gobernabilidad (Martínez, 2013). Lo anterior en razón de que no se soluciona el problema de fondo con las agencias y policías, usando por defecto a las Fuerzas Armadas. En contraparte, existen ideas de que las Fuerzas Armadas centroamericanas asuman, definitivamente, las labores de policías (Montes, 2001), reafirmando la idea de que los Estados incipientes o incompletos usan la defensa como agencias y policías.

Cerrando esta parte y especificando el valor de uso de la defensa interna como base teórica, vemos que durante la Guerra Fría, la defensa interna se concentró principalmente en combatir a grupos subversivos, que tenían un alto poder de fuego, en un contexto mayoritariamente de dictaduras proclives a adquirirla. En la post Guerra Fría, la mutación derivó a dos áreas: asistencia para el desarrollo y misiones de empleo contra la delincuencia. Así también, vale recordar que durante los años '90 aún quedaron grupos insurgentes combatiendo. El siglo XXI implicó más problemas para los Estados y, con eso, el uso de las Fuerzas Armadas para cubrir sus necesidades a causa del subdesarrollo y afrontar la delincuencia, que creció en el tiempo.

Visto lo anterior, la defensa interna da espacio para estudiar, primero, el contexto de seguridad de América Central, dado desde los años '80 a la actualidad, en razón que esto permitirá analizar la variabilidad de la defensa interna. Segundo, estudiar el caso particular de cada país seleccionado de manera contemporánea, analizando así la variabilidad de la expresión particular de la defensa interna. Todo lo anterior, en relación al trabajo de las Fuerzas Armadas contra el delito.

 

II. Contexto de seguridad de américa Central: Desde los años '80 al Siglo XXI

América Central mostró una conflictividad muy fuerte durante la Guerra Fría, en razón de sus guerras civiles, implicando que la defensa adquiriera un uso coercitivo interno. En este contexto, la defensa interna tenía una orientación especial:

La idea central es que existía una amenaza latente proveniente del bloque soviético y, después de la revolución cubana, se suponía que esa amenaza se manifestaría en la acción de guerrillas comunistas, por lo que la preparación militar, en lugar de ser para la guerra convencional, como demandaba el hecho de seguridad mencionado, fue desde el inicio de los años sesenta para la guerra contrainsurgente. (Aguilera, 1991: 25).

Tomando lo último de la cita, es la guerra insurgente la manifestación en los años '80 de la defensa interna, en relación a su empleo coercitivo. De manera detallada, Guatemala vivió una guerra civil de 36 años (1960 y 1996); en El Salvador, la guerrilla Farabundo Martí para la Liberación Nacional (creada en 1969) combatió contra el gobierno entre 1980-1992; en Nicaragua la guerrilla sandinista (instituida en 1961) inició la guerra civil revolucionaria en 1963, derrocando a Somoza en 1979, iniciándose un segundo período de guerra civil contrarrevolucionaria que duró hasta 1990 (Córdoba, 2002; Ortega, 2003).

Paralelo a ello, Costa Rica y Honduras vivieron la influencia de Estados Unidos por el temor a que el triunfo de la revolución nicaragüense fuese multiplicado, es decir, estos países, que no tenían una guerra interna, también se involucraron con esta visión de seguridad (Aguilera, 1991).

En medio del desgaste propio de una región que llevaba décadas de guerras civiles, se firmaron varios documentos entre Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, destacándose tres de ellos. De manera general, todos tenían en común el principio de la democracia y de reformar al sector militar, con el objetivo de dar paz a la región (ver Anexo. Recuadro N°2: países firmantes).

El primer documento fue la Declaración de Esquipulas, en mayo de 1986, en la que las partes se comprometieron a tener un mayor compromiso con la paz regional, cumplir con los estándares mínimos de democracia y controlar el conflicto regional. Ejemplo de ello es el primer punto de la declaración: "que han decidido formalizar las reuniones de presidentes como una instancia necesaria y conveniente para analizar los problemas más urgentes que se presentan en el área, en relación a la paz y al desarrollo regional, y buscarles soluciones apropiadas". (SICA, 1986: 01). Si bien no entró en detalles ni obligaciones específicas sobre las ideas aquí enunciadas, si existió la intención de forjar una zona de paz y desarrollo, limitando lo militar para así detener la manifestación armada del conflicto social. Todo lo anterior de manera declarativa.

Posteriormente, en junio de 1986, se firmó el Acta de Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica, siendo la parte ejecutiva de Esquipulas. En resumen, esta firma buscaba paz, desarrollo, la restricción de maniobras militares, fin a la carrera armamentista, salida de la presencia militar extranjera, fin al tráfico de armas, no apoyo de grupos armados irregulares, no apoyo de actos de terrorismo, subversión o sabotaje, y fomentar la comunicación directa entre los países (SICA, 1986b).

El último fue Esquipulas II, de agosto de 1987. Este, más específico que los otros y con un carácter más ejecutivo que declarativo, propuso como acciones concretas la reconciliación nacional; fin a las hostilidades; democratización y elecciones libres; cese a la ayuda a las fuerzas irregulares o movimientos insurreccionales; no uso del territorio para agredir a otros Estados; negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamento; refugiados y desplazados; cooperación, democracia y libertad para la paz y desarrollo; verificación y seguimiento internacional, y calendario de ejecución de compromisos (SICA, 1987). Relacionándola con el acta de Contadora, los temas se repiten, solo que ahora son ejecutorios.

Como consecuencia inmediata de este período de firmas, Naciones Unidas participó, entre noviembre de 1989 y enero de 1992, en la misión del Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica-ONUCA, teniendo como función, verificar el cumplimiento de los compromisos adoptados en Esquipulas II. Situación parecida fue la Misión de observadores de las Naciones Unidas en El Salvador-ONUSAL, que tuvo vida entre 1991 y 1995, y la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala-MINUGA, entre enero y julio de 1997. Estas tenían como objetivo lograr la paz entre las partes involucradas y ejecutar una comisión de derechos humanos, respectivamente (ONU, 2003).

Haciendo la conexión entre los documentos, es la guerra, la paz y la democracia, lo que marca la agenda política común de la región, viendo en ellos una progresión desde lo declarativo a lo ejecutivo. Se ve también que la agenda de seguridad se ligó a lo militar desde un comienzo, en razón de que era la expresión armada del conflicto lo que se quería controlar. Desde la defensa interna, existe claridad que entre los cinco Estados firmantes lo medular no era una guerra vecinal o interior, sino que terminar con el conflicto entre los gobiernos y los grupos insurgentes.

En consecuencia, los años '80 legaron preceptos que estructuraron los espacios para la política de seguridad creada en los '90. En medio de esto, se proponía una agenda enfocada al desarrollo de los países y en poner una agenda alternativa de seguridad, en medio de un alto deterioro económico, bajas condiciones de alimentación, vivienda, salud, educación, fuertes problemas ecológicos, producción y tráfico de drogas (Aguilera, 1991).

El inicio de la post Guerra Fría era complejo, además, solo Nicaragua había terminado su guerra civil; El Salvador lo hizo en 1992, y Guatemala en 1996. En referencia a la nueva coyuntura post guerra civil, "la transición política de la acción política del plano de la lucha de carácter político-militar, al de la lucha político-institucional, no ha dotado a las sociedades centroamericanas de medios para encarar las consecuencias del proceso de diferenciación y exclusión socioeconómica sobre las esferas de la seguridad" (Morales, 1995: 39). Como consecuencia, el foco de seguridad era, en una región donde se procuraba terminar con los conflictos civiles, esencialmente un problema de subdesarrollo de los países.

En este nuevo contexto, las Fuerzas Armadas dejan su rol político de Guerra Fría, pero siguieron siendo importantes, dada la debilidad estructural de los países que viven los problemas propios de años de guerras civiles, implicando que "tras el fin de los conflictos civiles, algunos militares están reorientando sus misiones hacia la lucha contra la emigración ilegal, el tráfico de drogas o la vigilancia del medioambiente" (Ortiz, 1995), demostrándose, tempranamente, la relación de seguridad y desarrollo, la desmilitarización de la agenda política ideológica para militarizar la asistencia gubernamental y la seguridad, o más precisamente, el trabajo contra la delincuencia, siendo esto una expresión de la defensa interna.

A nivel regional, el primer acto relevante fue la Declaración de Punta Arenas, en 1990, en que las partes se "comprometen a la creación de un nuevo modelo de seguridad regional" (SICA, 1990: 01). Al año siguiente y en reforma a la carta de la ODECA de 1962, se crea el Sistema de Integración Centroamericana, firmándose el Protocolo de Tegucigalpa, que tiene entre sus propósitos "concretar un nuevo modelo de seguridad regional" (SICA, 1990: 02), el cual se sustentaba en tener fuerzas razonables en el contexto regional, en el poder civil sobre el militar, superar la pobreza extrema, promover el desarrollo, proteger el medioambiente, erradicar la violencia, corrupción, terrorismo, narcotráfico y el tráfico de armas.

Años después, se firmó el Tratado Marco de Seguridad Democrática de 1995, enfocado a temas de seguridad de la región. Entre sus principios destacaba la gober-nabilidad civil, el desarrollo social y el control sobre las Fuerzas Armadas. En cita del tratado vemos que:

Artículo 10 (...) a) la seguridad democrática es integral e indivisible. La solución de los problemas de seguridad humana en la región responderá, por tanto, a una visión comprensiva e interrelacionada de todos los aspectos del desarrollo sostenible de Centroamérica, en sus manifestaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ecológicas; (...) d) la consideración de la pobreza y de la extrema pobreza, como amenazas a la seguridad de los habitantes y la estabilidad democrática de las sociedades centroamericanas. (SICA, 1995: 06).

De los extractos del artículo citado podemos sacar dos ideas que entran a determinar la defensa. Una, el concepto de seguridad humana -expuesto un año antes por Naciones Unidas- incidió en este, lo que implicó que los países firmantes se comprometieran a proteger a la persona humana en sus dimensiones políticas, sociales y económicas1. Dos, la alta exigencia con este estándar de seguridad para los países centroamericanos, involucró el uso de las Fuerzas Armadas como agencias de asistencia gubernamental.

Como continuación de este nuevo contexto, se creó, en 1997, la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas. En su acuerdo de creación, se estableció la labor de agencia de desarrollo de las Fuerzas Armadas y su relación directa con la seguridad:

"la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, es un organismo internacional especializado, de carácter militar, en el desempeño de sus funciones y está instituida para contribuir a la seguridad, al desarrollo e integración militar de la región" (CFAC, 1997).

Por lo cual, se demuestra que en los años '90 la defensa era importante para la seguridad y el desarrollo, legada de la Guerra Fría, pero distinta a esta, ya que se pasó de la ideología al utilitarismo.

En el siglo XXI, la salida del protagonismo militar dado en los años '90 fue real, pero terminó en un aumento de las tareas para las Fuerzas Armadas en cuanto a la delincuencia y al subdesarrollo. "A nivel centroamericano se ha estado discutiendo sobre la participación de la Fuerza Armada en el tema del medio ambiente, el combate al narcotráfico, el combate a la delincuencia, la prevención de desastres, la promoción del desarrollo económico y social de la nación, y en la participación de misiones de paz a nivel internacional" (Córdoba, 2002: 70), repitiéndose la discusión de la década predecesora. Todo lo anterior, en un contexto donde varios países del continente americano habían ya aceptado diluir, o por lo menos difuminar, lo militar en el trabajo contra la delincuencia.

Por su parte, el continente americano, a través de la OEA, amplió su agenda de seguridad con la Declaración sobre Seguridad en las Américas, del año 2003, la cual estuvo muy marcada por los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. Dicha declaración, corresponde a una visión común de los Estados miembros de hacer más grande la agenda de seguridad, afirmando que el hemisferio se ve afectado por amenazas tradicionales: guerra o conflicto interestatal, a lo que agrega una lista de nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de diversa índole: terrorismo, delincuencia organizada transnacional, pobreza extrema, temas de salud y medio ambiente (OEA, 2003).

Vale precisar que estas nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos no son nuevos; su incorporación a la agenda de seguridad es lo nuevo. Esta ampliación significó que en el contexto donde la defensa interna tenía una activa participación en temas que le eran asignados a la policía, sumaron más quehaceres a su labor, similar a lo ocurrido en 1994 con la idea de seguridad humana. Como análisis a este fenómeno: "(la) separación de las funciones e institucionalidad de la defensa y la seguridad pública, se ha visto afectado por la decisión de los presidentes civiles de utilizar a la Fuerza Armada en operativos de combate contra la delincuencia, en apoyo y bajo la dirección de la nueva Policía Nacional" (Córdoba, 2002: 71). La idea es que "los problemas domésticos de seguridad que en el área, en un momento, debido a los conflictos internos, se convirtieron en problemas de defensa" (Ortega, 2003: 41), siendo esta afirmación explicativa de la realidad centroamericana.

Esta cualidad general de América Central se ha ido consolidando con el tiempo, ejemplo de ello es la Estrategia de Seguridad de Centroamérica del año 2011, hecha por los países miembros del SICA. Este documento consta de cuatro partes principales: combate al delito, prevención del delito, rehabilitación y fortalecimiento institucional (ver Anexo. Recuadro N°3: Estrategia de Seguridad Centroamericana 2011). Si bien es una estrategia holística, se enfoca a su realidad, la cual está marcada por la delincuencia. En detalle, el trabajo contra el delito se enfoca en: delincuencia organizada, combate al narcotráfico, deportados con antecedentes penales o ex convictos, pandillas, homicidio, combate al tráfico de armas, terrorismo, corrupción, otros temas policiales y aspectos legales (SICA, 2011).

Todo lo anterior apunta a que distintos autores (Berlín, 2008 y Rial, 2013) vean esto como una debilidad de los gobiernos, por no tener desarrollo, mejores cuerpos de policías y agencias especializadas para enfrentar el subdesarrollo. En este sentido, usar la defensa en esto es militarizar la solución del problema; policializar a los militares. En vez de solucionar un problema estructuralmente, usan la defensa contra la delincuencia.

Tomando como referencia la conceptualización de defensa interna, si bien se critica negativamente el uso de la defensa en contra de la delincuencia, en la práctica es una política pública instalada en el siglo XXI y que tuvo su origen actual en los años '90.

A modo de síntesis, la seguridad en la región fue mutando y adaptándose a la realidad, es decir, lo conceptual, lo escrito en los documentos, se construyó desde el entorno regional, o sea, desde las amenazas detectadas. Lo anterior llevó a que se mantuviera la idea de una política de defensa interna, siendo el principal empleo de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia, por lo cual la defensa se policializa y al usar las Fuerzas Armadas, se militariza el trabajo contra la delincuencia.

 

III. Análisis de los países seleccionados

1. República de El Salvador

La actual Constitución Política de El Salvador, que data de 1983, en su artículo 212 señala que las Fuerzas Armadas tienen por misión "la Defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. El Presidente de la República podrá disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna" (1983: 51). Tal excepcionalidad se podría dar, según señala el artículo 168, para "excepcionalmente, si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública" (1983: 37), por lo cual, en este caso, el empleo coercitivo se da si y solo si el Presidente de la República así lo decide.

En su Libro de la Defensa Nacional se señala que: "la Fuerza Armada, y desde 1993, colabora con la Policía Nacional Civil en la realización de operaciones conjuntas antidelincuenciales, dentro del marco de la planificación específica, a fin de combatir y prevenir en el país el accionar de la delincuencia común y crimen organizado" (2006: 49), por lo cual, al año siguiente de terminada la guerra civil, los militares comenzaron su trabajo contra la delincuencia.

Actualmente, en la página de Internet del Ministerio de Defensa salvadoreño, se hace referencia a los servicios de mantenimiento de la paz interna, que consisten en: registro o requisas de personas y vehículos; apoyo al control territorial; detener a personas en casos de delitos infraganti y entregarlos a la Policía; resguardar la frontera en lugares no habilitados, para prevenir el tráfico de bienes y personas; reforzar la seguridad perimetral de las cárceles y otros centros de detención (2009).

También desde el Ministerio de Defensa, se pone como ejemplo de los servicios de mantenimiento de la paz interna, el documento Informe de labores del año 2013, el cual da cuenta que las Fuerzas Armadas se emplearon en: 706.710 registro a personas; 143.488 registro a vehículos; 75.729 patrullajes a pie; 4.797 controles vehiculares, siendo estos los más destacables (2013).

En conclusión, la defensa interna se entiende como algo excepcional, pero tal situación se forjó en los años 80's en medio de una guerra civil. Por su parte, muy temprano e inmediatamente terminada la guerra civil, se comenzó a usar la Defensa contra la delincuencia, la cual ya está totalmente incorporada y con datos estadísticos.

2. República de Guatemala

La República de Guatemala, al igual que El Salvador, vivió una guerra civil -más larga y con mayor número de víctimas- y durante ella escribió su Constitución Política de 1985. En esta fijó funciones para el Ejército de Guatemala, el que cuenta con un componente terrestre, naval y aéreo. En el artículo 244 de la Constitución, dice: "el Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior" (1985: 76), siendo clara la misión constitucional de seguridad interior, por lo cual y, a diferencia de El Salvador, es algo ya incorporado y no excepcional.

Si bien la tarea contra el delito podría inferirse por tener como misión la seguridad interior, la ejecución de misiones contra la delincuencia está regulada por el Decreto N° 40 sobre Ley de Apoyos a las Fuerzas de Seguridad Civil, del año 2000. En este se especifican las acciones del Ejército de Guatemala, citándose los siguientes artículos a modo ilustrativo:

Artículo 1. Las fuerzas de seguridad civil podrán ser apoyadas por el Ejército para el combate al crimen organizado y la delincuencia común (...) Artículo 2. La asistencia y cooperación incluye, de manera especial, el control y combate de la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes, psicotrópicos y demás drogas relacionadas con la narcoactividad; los delitos de plagio o secuestro; el contrabando y la defraudación; la depredación de bosques; la conservación del patrimonio cultural; el tráfico de armas (...) Artículo 5. (...) para prestar vigilancia en el perímetro de los centros de detención preventiva de los establecimientos en que se cumplan condenas penales, centros de rehabilitación y demás lugares de reclusión (2000: 01-02).

Estas misiones son justamente lo que Griffiths señala en cuanto a la defensa interna, entendida como funciones de seguridad pública que corresponden a la policía.

Profundizando la información, en su Libro de la Defensa del año 2003 y en relación a la defensa interna, refuerza lo expresado casi 20 años antes en su Constitución Política, ya que son objetivos de la Defensa Nacional "asegurar condiciones de seguridad externa e interna para el bien común; mantenimiento y fortalecimiento de la paz y seguridad nacional e internacional" (2003: 25).

En esta misma línea, en su Memorias Laborales 2013, se detallan las tareas de empleo de las unidades militares en operaciones de apoyo a la seguridad civil: patrullajes a pie y motor; seguridad en puntos delictivos; seguridad en el transporte colectivo, mercados y paraderos de buses; vigilancia y control en carreteras; control en pasos fronterizos; asistencia a la policía para apoyarla en el ordenamiento impartido por jueces, y apoyo a la seguridad de perímetros penitenciarios (2013).

Los antecedentes y ejemplos aquí dados, permiten afirmar que en Guatemala -desde que escribió su Constitución de 1985- han transcurrido casi 30 años de continuismo y consolidación de una defensa interna, que actualmente trabaja de manera activa contra el delito, expresada como operaciones de apoyo a la seguridad civil.

3. La República de Honduras

La República de Honduras, único Estado de los seleccionados que no estuvo en guerra civil, en su Constitución Política de 1982, señala (en su Artículo 274) que: "las Fuerzas Armadas (...) prestarán apoyo logístico de asesoramiento técnico, en comunicaciones y transporte; en la lucha contra el narcotráfico (...) Además cooperarán con las instituciones de seguridad pública, a petición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para combatir el terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado" (1982: 51), observándose una dualidad, pues por una parte serán apoyo directo en la asesoría técnica de transporte y comunicaciones contra el narcotráfico, y por otra y tras una consulta colegiada, ayudarán en otras tareas que dicen relación con el delito.

De manera relacionada, su Libro de la Defensa del año 2005 sostiene que los objetivos de la Defensa Nacional en relación a lo interno son: "Contribuir al desarrollo económico y social del país; contribuir a preservar la institucionalidad del Estado de Derecho; garantizar el sistema de gobierno republicano, democrático y representativo" (Honduras, 2005: 50), por lo cual, y al igual que en el caso de El Salvador, son garantes de un orden público al ser incluidos como responsables del Estado de Derecho y, más aún en este caso, de la democracia como régimen político, pero no es categórico en cuanto a la defensa interna contra la delincuencia.

Como datos complementarios, la Defensa Nacional de Honduras es parte de una compaña para la seguridad de transporte urbano, el que incluye la vigilancia de asaltos, homicidios, amenazas de intimidación y extorsión, delincuencia común, crimen organizado. Como cuenta de datos del año 2012, se señala la realización de 8.779 patrullajes a pie; 2.988 operativos motorizados; 139 detenciones por infracción a la ley; 43 por narcotráfico y 576 por otros ilícitos; 210 patrullajes con la policía nacional e incautación de 550 kilos de cocaína (RESDAL, 2013), repitiendo la conducta de empleo coercitivo y preventivo de las Fuerzas Armadas de El Salvador y Guatemala.

Entonces, y relacionado con la teorización presentada anteriormente, Honduras no ha desarrollado visiones tan específicas sobre el uso de las Fuerzas Armadas en contra del delito, pero sí las usa como lo hacen los países ya estudiados.

4. República de Nicaragua

Por último, Nicaragua, país que terminó la guerra civil de los Contra en 1990, al igual que Guatemala, tiene un Ejército con los tres componentes. En su Constitución Política de 1987 propone como misión: "El Artículo 92 (El Ejército de Nicaragua) es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial. Solo en casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá, en apoyo a la Policía Nacional, ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales" (1987: 15). Entonces, como en el caso de El Salvador, una excepcionalidad es lo que lleva al Ejército de Nicaragua a ser usado contra la delincuencia.

En relación con lo anterior, el Libro de la Defensa del año 2005 sostiene que son objetivos de la Defensa Nacional: "Garantizar el orden constitucional, proteger la vida de la población y sus bienes, y preservar el medio ambiente" (2005: 81), por lo cual no existe una claridad o expresión directa sobre el tema que le compete a este artículo.

Entonces, como no existe una relación directa contra la delincuencia, se aprecia que el garantizar el orden constitucional puede implicar ello, junto con la protección de las personas y sus bienes, pero no es suficiente para afirmarlo.

Sin embargo, en el mismo texto señala que entre en las tareas no tradicionales del Ejército se consideran: la lucha contra la piratería y pesca ilegal; narcoactividad y tráfico de personas; crimen organizado y actividades conexas; prevención y combate contra el terrorismo; coadyuvar a la Policía Nacional en el mantenimiento de la paz y orden interno (Nicaragua, 2005).

Ahondando en esto último, en 1993 -para ser más exactos- Nicaragua definió sus amenazas emergentes, siendo estas el narcotráfico, crimen organizado, tráfico de armas y terrorismo. Y como riesgos: pobreza, degradación ambiental y desastres naturales. La primera, el narcotráfico, es definida como la principal amenaza al Estado nicaragüense, que trabaja de manera conjunta con Estados Unidos y la CFAC para acabarlo (Ejército de Nicaragua, 2009).

Profundizando la información y dando los datos respectivos, entre 2003 y 2013, el Ejército de Nicaragua capturó a 10.722 personas vinculadas al narcotráfico; incautó 35.298 kilos de cocaína; 45,4 kilos de piedras de crack; 45,4 kilos de heroína; 144,32 kilos de marihuana; 402 lanchas, 2 balsas, 8 avionetas, 263 vehículos, 913 armas de guerra y 1.279 armas cortas relacionadas con el narcotráfico, y destruyó más de 180 mil plantas de marihuana (Ejército de Nicaragua, 2009).

Estos datos y lo temprano que fijó Nicaragua sus amenazas emergentes, en 1993, hacen que la excepcionalidad del uso de las Fuerzas Armadas en esto, pase a ser una práctica constante de más de 20 años, como sucede en El Salvador.

 

IV. Ideas finales y conclusiones

De manera general y en el contexto de seguridad de América Central se observan tres conductas principales en relación al concepto de defensa interna: (1) a nivel regional es clara la evolución de concebir las amenazas por los agentes subversivos a amenazas entendidas más bien por temas, como son el narcotráfico, terrorismo y delincuencia. Entonces, el empleo de la defensa interna se orienta a ellas; (2) a mayor conflicto en seguridad, mayor fue la integración de América Central, por lo cual, la defensa interna adquiere un espacio colectivo en lo conceptual, y (3) Los documentos oficiales citados en este artículo, en su lenguaje, incluyen constantemente la seguridad, el desarrollo y la democracia, graficando que el problema está conectado en estas áreas, ampliando el empleo coercitivo de las Fuerzas Armadas a otras esferas de lo interno.

Para América Central, el paso de la Guerra Fría a los años '90 significó un cambio importante en el empleo de la Defensa Interna, yendo del combate contrainsurgente a preocuparse por la delincuencia. El inicio del siglo XXI no fue cambio, no fue mutación, fue consolidación de este comportamiento de los países seleccionados. En síntesis, la defensa interna se aprecia como una defensa de política partidista e ideologizada, que luego transitó a una defensa interna pragmática y utilitarista, enfocada al desarrollo y orden público.

Sobre las constituciones políticas y en relación a la defensa interna, El Salvador lo contempla, pero de manera excepcional, para la paz interna; Guatemala puede usarla directamente para la paz y seguridad interior; Honduras lo hace en un nivel técnico de apoyo (asesoría y cooperación) a la policía contra el terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, y de modo colegiado para otras tareas; finalmente Nicaragua -tras una consulta colegiada- podrá emplearlas en el caso de grandes desórdenes internos, en apoyo a la Policía Nacional. Entonces, no existe homogeneidad institucional en cuanto al diseño de una política de defensa interna.

Visto desde el comportamiento de los actores, existe una clara homogeneidad, ya que, con independencia de su diseño institucional, la implementación de una defensa interna es muy común. Para Nicaragua son servicios de mantenimiento de la paz interna; para Guatemala es el apoyo a la seguridad civil; Honduras lo tiene por medio de unas campañas de seguridad, y para Nicaragua son tareas no tradicionales.

Se suma, también, que los dos casos de excepcionalidad -El Salvador y Nicaragua- han pasado a ser permanentes, lo que no se condice con la visión original expuesta en sus constituciones políticas.

Los Libros de Defensa expresan ideas sobre el Estado de Derecho de las Repúblicas y así también sobre la dimensión de seguridad interna y exterior, pero de esto último, El Salvador, Honduras y Nicaragua, no hacen una referencia explícita como ocurre con Guatemala, deduciéndose de la misión de mantener el Estado de Derecho.

Así también, los documentos donde se mencionan las tareas relacionadas con la defensa interna contra el delito son bastante explícitos, en cuanto a las tareas que hacen las Fuerzas Armadas y al compendio estadístico que realizan. Aplicando la temporalidad de su publicación, vemos que lo escrito en este siglo es consecuencia directa de los usos de la defensa interna en los años 90.

 

Notas

1 Un antecedente a sumar para explicar el crecimiento de la percepción de seguridad, es el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas de 1994, que estableció a la persona humana como el grupo a proteger, surgiendo así la idea de seguridad humana. El documento parcializó la seguridad en siete categorías: "económica, alimentaria, salud, ambiental, personal, de la comunidad, política" (PNUD, 1994: 28), por lo cual creció mucho la lista de amenazas posibles que interfirieran en la persona, aumentando la responsabilidad de los gobiernos.

 

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V. Anexos

(Fuente: creación del autor. Datos: webs oficiales).

(Fuente: creación del autor. Datos: documentos citados).

Recuadro 3. Estrategia de Seguridad Centroamericana 2011

Recuadro 4. Estrategia de Seguridad Centroamericana 2011


Recibido el 5 de septiembre de 2014; Aceptado el 5 de noviembre de 2015.

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