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Estudios internacionales (Santiago)

versión On-line ISSN 0719-3769

Estud. int. (Santiago, en línea) vol.48 no.183 Santiago ene. 2016

http://dx.doi.org/10.5354/0719-3769.2016.39883 

ARTICULOS

 

La crisis económica española: Una gran operación especulativa con graves consecuencias

 

The Spanish economic crisis: A huge speculative operation with serious consequences

 

Donato Fernández Navarrete*

* Catedrático de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid, España. Correo: dofena01@gmail.com.


Resumen

Este artículo analiza la crisis económica española que se desencadenó en 2008. Para comprenderla correctamente, es necesario conocer sus antecedentes, que se remontan a una década anterior en que comenzaron a gestarse inversiones especulativas que desembocaron en una descomunal burbuja inmobiliaria y un fuerte endeudamiento de la economía española. Se estudian los orígenes de la crisis, las medidas que se han tomado para hacerle frente y las principales consecuencias que se han derivado de la misma: incremento del paro, precarización en el empleo y desigualdad en la distribución de la renta.

Palabras clave: Crisis - desigualdad - economía - paro - precarización.


Abstract

This article analyzes the Spanish economic crisis that erupted in 2008. To understand it correctly, it is necessary to know its history, dating back to an earlier decade that began to take shape speculative investments that led to a massive housing bubble and a strong indebtedness of the Spanish economy. The origins of the crisis are studied, as well as measures taken to cope with it and it's main consequences: rising unemployment, precarious employment and inequality in income distribution.

Keywords: Crisis - inequality - economic - unemployment - insecurity.


 

I.- Antecedentes necesarios: La etapa dorada (1984-2007)

Las transformaciones que se han producido en la estructura económica y social de España desde 1960 en adelante y, sobre todo, desde su ingreso en la Unión Europea en 1986, han sido muy profundas. De ser un país atrasado, hasta mediados del siglo XX, se ha situado actualmente entre los 20 países con mayor renta per cápita del mundo, ocupando el décimo lugar mundial y quinto europeo por PIB absoluto: de un PIB de 188,2 mil millones de euros a precios corrientes en 1985, se ha pasado a 1.053,2 mil millones en 2007. Es decir, el PIB se ha multiplicado por 5,6 en 22 años. En buena medida ello se ha debido al ingreso en la UE que, través de los retornos vía presupuesto, añadió de media anual en dicho período cerca de un punto al crecimiento del PIB. Como una buena parte de estos recursos eran para inversiones, España pudo construir una moderna infraestructura que ha contribuido de forma decisiva a su dinamización y modernización.

Entre 1984 y 2007, la estructura productiva de la economía española ha cambiado radicalmente: ha pasado a convertirse en proveedora de servicios (públicos y privados), en detrimento del sector agrario e industrial, que no han cesado de perder peso en el PIB. Al estallar la crisis de 2008, el aporte de los sectores al PIB, en porcentaje, era el siguiente: Agricultura y Pesca, 2,4%; Industria y Energía, 15,5%; Construcción, 10,4%, y Servicios, 63,2%.

Sin embargo, el período 1984 a 2007 no puede considerarse homogéneo, al menos desde el punto de vista de la orientación de las inversiones, tanto públicas como privadas. Hasta la incorporación de España en la unión económica y monetaria (el euro), en 1999, -que coincide prácticamente con la larga etapa de los gobiernos socialistas de Felipe González (1982 a 1996)- dichas inversiones fueron, en general, muy productivas. Asimismo, fueron complementadas con una serie de reformas de hondo calado, con el fin de superar muchas de las rigideces que aún subsistían del franquismo y las sobrevenidas de la crisis económica de los setenta. De tales reformas fueron un buen ejemplo las reconversiones industrial y bancaria (ambas muy costosas pero necesarias), la liberalización de los alquileres en el sector inmobiliario, la del mercado del trabajo, la fiscal (en particular en la imposición indirecta), de la seguridad social (que introdujo la asistencia universal), la del sistema educativo (que hizo obligatoria no solo la educación primaria sino también la secundaria, elevando la edad de escolarización obligatoria de los 14 a los 16 años), la gestión de las empresas públicas (iniciando la internacionalización y privatización de algunas de ellas), etc.

Pero junto con estos aspectos positivos, durante los gobiernos de Felipe González también se tomaron medidas que han influido decisivamente en la corrupción que ha aflorado con la crisis económica. La principal de ellas, y una de las menos conocidas y aireadas, fue sin duda el cambio de legislación para la selección de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local1, que de ser un cuerpo nacional independiente y prestigiado, que velaba por los intereses generales de los ciudadanos, se ha convertido, por su arbitrariedad, en un sistema complejo y corrupto.

Con la llegada de José María Aznar, que presidió el gobierno del PP entre 1996 y 2004, se inició un proceso de cambios que contribuyó decisivamente a orientar las inversiones hacia una economía muy especulativa, que acabaría generando un creciente endeudamiento y que también favoreció la corrupción. Son destacables las tres medidas siguientes:

• La Ley 54/1997, del 27 de noviembre, sobre la regulación del sector eléctrico, que favoreció a este poderoso grupo de presión y que ha acabado generando un descomunal déficit tarifario -30 mil millones de euros en 2013- al que aún no se ha encontrado solución (Fabra y Fabra, 2012: 88-100)2.

• La Ley 6/1998, del 13 de abril, sobre régimen del suelo que, con el fin de facilitar su oferta, declaraba urbanizable todo aquel suelo en el que no concurriesen razones para su preservación, lo que abrió un mundo inimaginado a los políticos autonómicos y locales y a los especuladores del ladrillo.

• La tercera de las medidas (pactada con el partido regionalista catalán Convergencia y Unión -CiU-, que le prestaba apoyo parlamentario), fue la cesión de una serie de competencias a las comunidades autónomas, que estas no han sabido gestionar, pero que sí han originado un considerable caos en el sector público y en el mercado interior. Por el lado del gasto, el Estado transfirió a las comunidades autónomas las competencias en educación y sanidad, cuyo coste se ha encarecido considerablemente respecto de su gestión por el Estado. Y por el de los ingresos, se cedía a dichas comunidades capacidad normativa en impuestos tales como el patrimonio, sucesiones y donaciones, etc., que aquellas han vaciado de contenido; a lo que también hay que añadir la cesión de capacidad normativa en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

En fin, la política económica liberal del gobierno de Aznar -y de su ministro de Economía, Rodrigo Rato, hoy acusado de graves casos de corrupción- es un factor clave para explicar el origen de la actual crisis económica. Dicha política no fue corregida, sino ampliada por el PSOE en los dos gobiernos que le siguieron, presididos por José M. Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Otro hecho muy destacable, que también contribuyó decisivamente, en este caso al endeudamiento -tanto de España como de otros países de la Eurozona-, se relaciona con los bajos tipos de interés que posibilitó la entrada en vigor, en 1999, de la unión económica y monetaria, es decir, de la moneda única (el euro). En esa coyuntura de crédito barato, las entidades financieras comenzaron a conceder créditos hipotecarios a tipos de interés más reducidos que la media de la UE. Y los concedían de forma descontrolada, bien a personas poco solventes y/o bien sobretasando el valor de los inmuebles. Se calcula que el valor de tasación que realizaban las empresas del ramo -que eran de los propios bancos- se situó, como media, en los años precedentes a la crisis económica, en un 110% del de mercado. Esto permitía a las entidades financieras saltarse la recomendación del Banco de España de que los créditos hipotecarios no deberían superar el 80% del valor del inmueble.

En esta coyuntura tan favorable, es comprensible que se incrementase la inversión y, por consiguiente, el crecimiento del PIB. Como muestra la Tabla 1, a partir de 1999, la inversión comenzó a superar ampliamente la capacidad de ahorro interno para financiarla3. Por ejemplo, entre 2005 y 2007 la inversión superó el 30% del PIB, en tanto que el ahorro nacional se situó alrededor del 23%. La diferencia entre ambas magnitudes, que expresa la necesidad de financiación nacional, se saldó con ahorro externo. En la historia de España nunca ha existido tanta necesidad de financiación externa como la registrada entre 1999 y 2007, año este último en que alcanzó su máxima cota: 101,4 mil millones de euros, equivalente al 9,4 % del PIB.

Tabla 1. Consumo, ahorro, inversión y capacidad de financiación de la economía española: 1999-2013 (miles de millones de euros y %).

Fuente: elaboración propia con datos de la Contabilidad Nacional de España (base 2010). INE.

Una vez desencadenada la crisis, se produjo una caída drástica tanto de las inversiones como del ahorro -más acentuada en la primera que en el segundo-, por lo que las necesidades de financiación externa comenzaron a disminuir hasta lograr que en 2013 se produjera nuevamente capacidad de financiación nacional (excedente de ahorro sobre inversión) de 6,5 mil millones de euros, equivalentes al 0,6 % del PIB.

Endeudarse con el exterior puede -y suele- ser necesario para crecer y consolidar la economía, siempre, claro está, que los recursos se empleen en inversiones productivas, cuya rentabilidad permita hacer frente a los compromisos contraídos. Pero si tales recursos -en más de un 60% de la inversión total- se invierten en construcción de vivienda sin demanda y en obras públicas faraónicas o innecesarias, se acaba generando una burbuja inmobiliaria que, inevitablemente, ha de desembocar en crisis. Es lo que ocurrió a partir de 2008.

La inversión no solo determina la tasa de crecimiento del PIB, sino también la del empleo. Históricamente la economía española se ha caracterizado por requerir elevadas tasas de inversión y de crecimiento del PIB para crear empleo.

Como se desprende de la Tabla 2, en 2008 la población activa y la ocupada se habían incrementado en relación con la existente en 1984, en un 72,6% y 93,3%, respectivamente, y el paro lo había hecho en un 5%.

Tabla 2. Comportamiento del empleo entre 1984 y 2013.

Fuente: elaboración propia con datos del INE

En 2008, con 23.253,8 mil personas en el mercado del trabajo, España alcanzó prácticamente el máximo de población activa que ha tenido en su historia (dicho máximo se produjo en el segundo semestre de 2012, con 23.489,5 mil activos); la población ocupada alcanzó los 20.663,2 mil empleados, cota que nunca se ha superado (en 2008 había 9.920,0 mil empleos más que en 1984), y el desempleo, aunque alto (2.590,6 mil), redujo su tasa hasta el 11,1% de la población activa, también una de las más bajas de todo este período. El efecto global del período sobre el mercado del trabajo (empleos creados y reducción del paro) fue de un incremento de 10.057,6 mil personas.

El importante incremento de la población activa y ocupada que se produjo entre 1984 y 2007 fue cubierto por la creciente incorporación de la mujer española al mercado del trabajo y por la inmigración masiva que se produjo, sobre todo a partir de 1995.

España, país de tradición emigrante, durante el primer decenio del siglo XXI pasó a convertirse en El Dorado para muchos latinoamericanos, africanos y europeos del Este. En la primera década del siglo XXI, el saldo migratorio alcanzó los 4.275 personas, una intensidad nunca conocida en la historia de España.

En suma, el elevado crecimiento medio del período 1984-2007, que fue del 3,4% del PIB, no logró consolidar un modelo sostenible de desarrollo debido a que en su última fase -la de 1999 a 2007- las inversiones, en su inmensa mayoría, fueron de carácter especulativo y una buena parte financiadas a crédito.

 

2. El final del sueño: La crisis inevitable (2008 en adelante)

Es obvio que, a escala internacional, la crisis económica de 2008 fue el resultado de la liberalización financiera sin límites que se fue produciendo desde la ruptura del mecanismo de cambios de Bretton Woods por parte de Estados Unidos, cuando el presidente Nixon decidió, en 1971, la no conversión del dólar en oro.

Desde finales del siglo XX, debido a los bajos tipos de interés, los bancos estadounidenses comenzaron a conceder hipotecas sin control -sin valorar el riesgo de los tomadores- cuyo valor superaba con creces el de los bienes hipotecados. Dichos créditos, debidamente empaquetados (por grupos y con distinto grado de riesgo), los bancos concesionarios los titularizaron y los vendieron a los hedge funds (fondos de cobertura de riesgos o también fondos de inversión libre). Tales fondos, administrados por bancos de inversión, se han caracterizado por la ausencia de regulación y de supervisión por parte de la autoridad monetaria. Su objetivo básico es la especulación en el mercado bursátil, utilizando prácticas inimaginables. Mediante estas técnicas, los bancos de Estados Unidos llenaron de basura financiera al mundo, comenzando por su propio mercado y extendiéndolo al exterior, principalmente al de la Unión Europea.

En España, la crisis financiera internacional hizo saltar por los aires la burbuja inmobiliaria que se había ido generando desde mediados de la última década del siglo precedente. Por lo tanto, con o sin crisis internacional, España la hubiera padecido de todas formas, debido a las inversiones irrecuperables que se venían realizando. En otras palabras, la crisis internacional pinchó la burbuja inmobiliaria española, a la que, conociéndola, los gobiernos se habían negado a poner coto. En 2010, dos años después de declarada la crisis, se generó otro proceso especulativo, en este caso contra la deuda pública española (y de otros países del sur de la Eurozona). En ambos procesos especulativos -el privado y el público- participó muy activamente el sistema financiero español e internacional.

2.1. Los brotes verdes de Zapatero se marchitaron

En este nuevo paraíso económico, al que supuestamente había accedido España con el euro, se incrementó la demanda interna (el consumo y la inversión), que superó con creces el incremento del PIB (véase Tabla 1). El crecimiento de la demanda interna se hizo, en buena parte, a costa de un incremento del déficit exterior (el saldo de la balanza de bienes y servicios), con el consiguiente aumento de las necesidades de financiación externa que alcanzó, en 2006, los 82,3 mil millones de euros (8,2% del PIB). Pero las agencias de calificación seguían teniendo la máxima confianza en España, concediéndole la triple A (el mayor grado de solvencia). Ello obedecía al bajo porcentaje que representaba la deuda pública sobre el PIB. Entre 1999 y 2007, la deuda a largo plazo se pagaba al mismo tipo de interés que la alemana y en algún año, como en 2004, incluso algo menos4.

Según las Cuentas Financieras del Banco de España, en 2008 el endeudamiento total con el resto del mundo ascendía a 2.887 mil millones de euros (263,7% del PIB), distribuyéndose así: administraciones públicas 506,4 (46,2% del PIB); empresas 1.467,4 (134% del PIB), y familias e instituciones privadas sin fines de lucro 914,1 (83,5% del PIB). En dicho año, España alcanzó uno de los mayores endeudamientos del mundo en términos de PIB; si bien era básicamente privado (de empresas y familias), el endeudamiento público, que no cesaba de crecer, se situaba todavía bastante por debajo de los principales países de la Eurozona.

Un año después, en 2009, el déficit del presupuesto de la administración pública alcanzó el 11,2% del PIB, el saldo exterior en bienes y servicios se situó en el 9% del PIB y la tasa de paro cerró el año con un 18% de la población activa. No obstante estos desequilibrios, el gobierno del PSOE, presidido por Rodríguez Zapatero, continuaba negando la existencia de crisis y hasta se embarcaba en absurdos y despilfarradores planes de inversiones públicas (que formaban parte del denominado Plan E), que no hacían más que alimentar el déficit del sector público. En este contexto, el 12 de octubre de 2009, se hizo público que el gobierno griego había falsificado sus estadísticas presupuestarias para entrar en el euro y que lo había continuado haciendo hasta la fecha indicada. Este proceder ponía en duda la credibilidad de la Comisión Europea en el control de las finanzas de los Estados, lo que alarmó a los mercados financieros internacionales. Como consecuencia de la crisis griega, comenzó a hacerse muy popular un concepto hasta esos momentos prácticamente desconocido: la prima de riesgo, esto es, la diferencia entre el tipo de interés que paga cualquier país de la Eurozona por su deuda pública a largo plazo (bono a 10 años) y el que paga Alemania (que es el que se toma como referencia). La prima de riesgo es un indicador de la confianza que tienen los inversores extranjeros en el país que la emite. Cuanto menor sea la misma, más bajos serán los tipos de interés de su deuda.

De manera que la Eurozona dejó de ser un área financiera estable y comenzaron a aparecer considerables diferencias entre las primas de riesgo de sus Estados. Grecia fue intervenida por la Unión Europea el 23 de abril de 2010, tres días después, el 28 de dicho mes, la agencia Standard & Poor's rebajó la calificación de la deuda pública española -el día anterior lo había hecho con la de Grecia y Portugal- de AA+ a AA con perspectiva negativa. La solvencia de España comenzó a ser seriamente cuestionada en el exterior. Con ello se iniciaba un proceso especulativo contra la deuda soberana española de amplio recorrido: los bancos compraban cantidades ingentes de deuda pública bien remunerada y, paralelamente, cerraban el grifo crediticio al sector privado. El incremento de la prima de riesgo se había convertido en un excelente negocio para el sistema financiero.

Pero la sospecha sobre la salud del sistema financiero español, que hasta entonces se había considerado sólido, también comenzó a cuestionarse, en particular la de las cajas de ahorro, instituciones que, por su proximidad a los ciudadanos, habían gozado de gran confianza entre los impositores. Su considerable exposición al crédito inmobiliario en la etapa dorada y el consiguiente incremento de la morosidad tras la crisis, unidos a la politización de sus consejos de administración y la escasa profesionalidad de muchos de sus directivos, llevó al gobierno del PSOE a propiciar procesos de fusión y de absorción entre aquellas.

En fin, el gobierno de Zapatero pretendía incrementar la dimensión de las cajas de ahorro y que las más sanas pudieran tapar los agujeros de las más débiles, proceso para el que se previó considerables incentivos financieros. El objetivo final era reconvertir las cajas en bancos para que pudieran competir en una economía globalizada y para ello se procedió a su reorganización jurídica5.

Los acontecimientos se fueron precipitando. Así, el 7 de mayo de 2010, la prima de riesgo española alcanzó los 164 puntos básicos y con tendencia creciente. Es obvio que ante la desconfianza de los inversores internacionales, no hay más remedio que claudicar, con independencia del color que tenga el gobierno. El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) de la Unión Europea, reunido con carácter extraordinario ese fin de semana (8 y 9 de mayo) para tratar sobre la crisis del euro, obligó a España a recortar en su gasto público 15.000 millones de euros entre 2010 y 20116. Fue una medida que en España sorprendió, ya que había sido ensalzada internacionalmente por sus éxitos económicos: entre ellos el superávit presupuestario de los ejercicios 2005 a 2007 y su bajo nivel de endeudamiento público.

Para afrontar las exigencias de la Unión, el gobierno de Rodríguez Zapatero se vio obligado a tomar de manera inmediata un amplio plan de recortes en el gasto público7. En fin, puede afirmarse que tales ajustes significaron el inicio de la austeridad presupuestaria y, paralelamente, un paulatino pero incesante desmantelamiento del incipiente estado de bienestar español. El broche final, con ajustes mucho más duros, lo pondría el PP tras su nuevo acceso al gobierno a finales de 2011.

2.2. Y con Rajoy llegó la tristeza

En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el PP obtuvo, como era previsible, mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados -y también en el Senado-: 186 escaños, frente a 110 del PSOE, que cosechó los peores resultados desde las primeras elecciones democráticas en 1977.

En su programa electoral, muy crítico con el PSOE, el PP prometía: "Gobernar con honradez, responsabilidad y buen criterio. Gobernar de forma austera, eficaz y transparente. Gobernar con verdad y credibilidad", un programa que preveía una serie de reformas "...para crecer y generar empleo, para apoyar a nuestros emprendedores, y para garantizar la educación, la sanidad y el bienestar de todos, sin excepción" (Partido Popular, 2011:14).

Tras la toma de posesión, el 21 de diciembre de 2011, el nuevo gobierno del PP, presidido por Mariano Rojoy, hizo todo lo contrario de lo prometido. A los muchos problemas que heredaba, se añadieron -o más propiamente se activaron- otros dos que afectaban la solvencia internacional de España: el primero de ellos incidía directamente en el sector público y el segundo, en el privado (más concretamente, en el sistema financiero).

En relación con el primero, el 13 de febrero de 2012, la agencia Moody's, siguiendo los pasos de Standard and Poor's y Fitch del mes anterior, rebajó la calificación de la deuda pública española -junto con la de Italia y Portugal- en dos escalones: de Aa3 (calificación alta) a A (calificación buena).

Pero la principal novedad se produjo dos días después -el 15 de febrero- cuando dicha agencia rebajó la calificación de ocho comunidades autónomas, reduciendo la de Cataluña al borde del bono basura: de Baa2 a Baa3, y la de Murcia: de Baa1 a Baa28. Esto significaba, al menos para las comunidades de peor nota, que se cerraban sus posibilidades de financiación en el mercado y su única opción era la de acudir al Estado, lo que de hecho equivalía a ser rescatadas por este. Y es lo que ocurrió.

Para hacer frente al problema de financiación de la deuda autonómica, el Estado creó, el 13 de julio de 2012, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la finalidad de prestar apoyo temporal a las comunidades autónomas que tuviesen dificultades de liquidez y que voluntariamente lo solicitasen9. El FLA tiene por objetivo "... atender los vencimientos de la deuda de las Comunidades Autónomas, así como obtener los recursos necesarios para financiar el endeudamiento permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria"10. Para beneficiarse de esta financiación, las comunidades autónomas habrían de cumplir una serie de condiciones, entre ellas las de observar la disciplina presupuestaria.

Por lo que respecta a la segunda de las cuestiones, la solvencia del sistema financiero, está íntimamente relacionada con la quiebra técnica de Bankia (o más precisamente, de su matriz: el Banco Financiero y de Ahorros -BFA-), que obligó a su nacionalización el 9 de mayo de 2012.

La quiebra de BFA-Bankia -entidad presidida por R. Rato-, debido a su opacidad y malas artes en su gestión -entre ellas, la manipulación de sus cuentas y los interminables escándalos que se han ido descubriendo-, no solo daría lugar a la mayor estafa financiera de la historia de España, sino que también acrecentó la duda sobre la solvencia del sistema financiero español en su conjunto. Y es que la mayoría de los nuevos bancos que surgieron de la fusión de las cajas de ahorros habían nacido económicamente quebrados, razón por la cual el gobierno de Rajoy se vio obligado, en unos casos, a intervenirlos (nacionalizándolos) y, en otros, a prestarles ayudas para su recapitalización.

Tras el escándalo BFA-Bankia, el rescate de España por la Unión se consideraba ya como inevitable. Lo único que en esos momentos se debatía era si dicho rescate sería total (afectando al conjunto de la economía, como había sucedido con Grecia, Irlanda y Portugal) o sería solo parcial (para atender las necesidades del sector bancario). El gobierno optó por esta última alternativa, es decir, por un rescate parcial, que los acontecimientos posteriores han demostrado que fue la opción más acertada: un rescate integral no solo hubiera empeorado aún más la credibilidad internacional de España, sino que podría haber supuesto el final del euro.

El 25 de junio de 2012, el gobierno formalizó ante la UE la solicitud oficial de asistencia financiera, hasta un total de 100 mil millones de euros, con el fin de recapitalizar las entidades financieras. El Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU en sus siglas en inglés) fue firmado el 3 de julio de 2012 y le concedía a España la línea de crédito solicitada de 100 mil millones de euros, con un plazo medio de amortización de 12,5 años y a un tipo de interés del 0,5%. El crédito se hacía con cargo al Mecanismo Europeo de Estabilidad -MEDE-, el fondo de rescate permanente que había sido creado poco antes. De dicha póliza de crédito España solo ha hecho uso de 41,3 mil millones.

El MoU imponía las condiciones del rescate y las reformas que España venía obligada a realizar en su sistema financiero. Constaba de un total de 32 medidas que eran de estricta condicionalidad y con fechas concretas de realización. Exigía a España que eliminase de los balances de los bancos que recibieran ayudas, los activos deteriorados (préstamos para promociones inmobiliarias, activos de hipotecas ejecutadas, así como otros activos con signos de grave deterioro) que habrían de ser transferidos "a una entidad de gestión externa", a lo que se ha dado en denominar "Banco malo".

El 11 de julio de 2012, el Presidente Mariano Rajoy compareció ante el Congreso para informar sobre lo acordado por el Consejo Europeo celebrado los días 28 y 29 de junio y, sobre todo, para anunciar los recortes presupuestarios que se llevarían a cabo: 65.000 millones de euros del presupuesto de las administraciones públicas en dos años y medio, y el plan de reformas que pensaba acometer, muchas de cuyas medidas contradecían el programa electoral con el que había concurrido a las elecciones.

En lo relativo al ajuste fiscal, el MoU establecía que: "Conforme a la recomendación revisada del PDE (Procedimiento de Déficit Excesivo), España se ha comprometido a corregir la situación actual de déficit excesivo antes de 2014"11.

El programa de ajuste fiscal se ha realizado en su integridad, en algunos casos, más allá de lo previsto y con consecuencias muy duras para gran parte de la sociedad española. Este es el caso, por ejemplo, de las inversiones públicas que se han reducido en un 60,0% entre 2009 y 2013, pasando de un volumen de 55.142 a 22.074 millones de euros.

Algunas de las reformas estructurales que se contemplaban ya se venían acometiendo desde los meses precedentes y también se había hecho la reforma del mercado laboral12; otras, en cambio, se llevaron a cabo más adelante, como fueron los casos de la unidad de mercado (Fernández, 2010: 71-104)13 o del sector energético14. Otras o bien no se han hecho o han sido muy parciales (tal es el caso de la reforma de las administraciones, en particular de la local).

Mientras se estaba negociado el rescate y el gobierno ya había anunciado el duro programa de reformas a acometer, la prima de riesgo continuaba acelerando su ritmo de crecimiento hasta alcanzar su máximo histórico, el 25 de julio de 2012: 649 puntos. Ante la más que probable intervención integral de España, de la que de nuevo volvió a hablarse y que hubiera acarreado también la de Italia -que se encontraba en una situación similar-, había que actuar con rapidez y contundencia. Y eso es lo que ocurrió al día siguiente (26 de julio), cuando el presidente del BCE, Mario Draghi, pronunció, en el lugar apropiado -la City londinense-, las palabras mágicas que salvarían al euro sin gastar un solo euro: "Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough" ("Bajo nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente")15. El mensaje de que el BCE estaba dispuesto a intervenir en los mercados comprando deuda pública, era toda una novedad que, por añadidura, rozaba los bordes legales que marcan los tratados de la Unión al BCE. Lo que Draghi estaba anunciando, sin decirlo expresamente, es que el BCE intervendría comprando DP de los Estados en el mercado secundario y, como contrapartida, emitiría dinero. En fin, que estaba dispuesto a recurrir a una medida de política monetaria excepcional: la conocida como "Quantitative Easing" (Expansión Cuantitativa de Dinero), a la que se oponía el Bundesbank (el Banco Central alemán) por considerar que el BCE se excedía de sus funciones.

La finalidad de esta acción, que habría de ser temporal y proporcionada, era doble: por una parte, incrementar la inflación en la Eurozona hasta conseguir el objetivo establecido del 2% anual; es decir, cumplir con una de las funciones básicas asignadas al BCE, que es la de mantener la estabilidad de precios y controlar la inflación, en este caso, aumentándola, ya que la tendencia era deflacionista. La segunda finalidad era tratar que el sector financiero destinara sus recursos a dar créditos al sector privado, en lugar de emplearlos en la compra de deuda pública.

Los mercados internacionales se lo creyeron: los especuladores no se enfrentan al BCE. El día en que se anunció que el BCE estaba dispuesto a intervenir, la prima de riesgo española bajó 38 puntos, cerrando en 611 (la italiana, que también había alcanzado su máximo: 544 puntos, cerró en 518). A partir de esa fecha se inició una tendencia bajista en prácticamente la totalidad de las primas de riesgo de los países del Sur de la Eurozona que fueron reduciendo su diferencial con la alemana.

Lo que realmente salvó a España -y a Italia- de un muy más que probable rescate integral que hubiera hecho temblar a la Eurozona, fue mucho más la intervención de Draghi que las medidas que se estaban tomando, las cuales, sin duda, también ayudaron a mejorar la situación. Así, tras dos años de sobresaltos -de mayo de 2010 a julio de 2012- fue un acto de fe -en el BCE- lo que evitó el rescate integral de España, que sin duda hubiera añadido más penalidades a las muchas que estaba padeciendo una parte importante de la sociedad española.

La prima de riesgo se fue corrigiendo paulatinamente a la baja, pero la situación económica continuó su dinámica, empeorando durante todo 2013 y gran parte de 2014, aunque en este último año algunos indicadores económicos comenzaron a cambiar de signo. Esto es una prueba clara de la gran operación especulativa que se había desarrollado contra la deuda soberana española.

El rescate parcial de España duró 18 meses y resultó todo un éxito en la reestructuración del sistema bancario. El 14 de noviembre de 2013, los socios Eurogrupo acordaron que dicho rescate finalizara en enero de 2014. Ello significaba que cesaba la tutela -en adelante se harían meras inspecciones menores- que hasta esa fecha había ejercido la troika (Comisión, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). España sería el primer país, entre los intervenidos de la Eurozona, que ponía fin a la misma habiendo utilizado 41,3 mil millones de euros de los 100 mil concedidos.

 

3. Principales consecuencias derivadas de la crisis

La actual crisis ha originado muchos problemas de todo orden. Los más importantes han sido el incremento del paro, la precarización del empleo y la creciente desigualdad en la distribución de la renta, que pasamos a analizar.

3.1. Paro y precarización del empleo

El modelo productivo español, por su debilidad estructural, siempre ha generado mucho paro y ha necesitado altas tasas de crecimiento para crear empleo. Por ello, en el plano de la política laboral, la inmensa mayoría de las medidas que se han tomado desde los Pactos de la Moncloa en adelante, se han centrado en administrar el paro y en realizar reformas que han ido favoreciendo la precarización del empleo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

En el transcurso de la crisis económica (véase Tabla 2) la población activa en 2013 se había reducido en 66.000 personas respecto de la que había en 2008; la ocupada lo ha hecho en 3.524,2 miles y el paro se ha incrementado en 3.460 miles de personas. El efecto global de la crisis sobre el empleo (suma del decremento en población ocupada y del incremento en la desempleada), ha sido de un total de 6.984,6 miles de personas entre 2008 y 2013. Este ha sido el coste directo de la crisis en términos de empleo.

El paro ha afectado a todos los segmentos de la población activa, aunque no a todos por igual. Como se desprende de la Tabla 3, los más perjudicados han sido los jóvenes: el tramo comprendido entre 16 y 29 años; a este le ha seguido el comprendido entre 50 y 65 años, y el que menos, aunque también considerablemente elevado, ha sido el comprendido entre los 30 y 49 años, cuya tasa de paro ha sido inferior a la media.

Tabla 3. Porcentaje de población parada en relación a la activa por tramos de edad.

Fuente: elaboración propia con datos de la EPA.

En el caso de los jóvenes, el paro ha sido históricamente bastante más elevado que en los demás tramos, incluso en los años de gran crecimiento. No obstante, la crisis ha acentuado esta brecha. Así, el paro respecto de los activos del segmento comprendido entre 16 a 29 años ha pasado del 13,6%, en el cuarto trimestre de 2007, al 41,6% en 2013. Esta es la razón por la cual muchos de ellos han decido emigrar a los países ricos de la Unión o a otros lugares, lo que supone una considerable descapitalización para la economía española, ya que muchos de ellos son profesionales de elevada capacitación.

El segundo segmento de activos más afectado por la crisis ha sido el comprendido entre los 50 y 64 años, que ha incrementado su tasa de paro del 6,4% en 2007 al 20,9% del de 2013. A pesar de haberse multiplicado por tres, ha sido inferior, en 5,2 puntos, al de la media que se situó, en 2013, en el 25,7%. El problema de estos parados estriba en que, por su avanzada edad y menor asimilación del cambio tecnológico, tienen dificultad para encontrar un nuevo puesto de trabajo, razón por la que suelen ser parados de larga duración.

En el período 2008-2013, la población ocupada se ha reducido en todos los sectores de la actividad económica, aunque no en la misma proporción. En el que más lo ha hecho, por razones obvias, ha sido en el de la construcción, que ha descendido en un 58,8% (de 2.403,4 miles a 991,0 miles).

El descenso de la ocupación incluso ha alcanzado a la Administración Pública, un entorno del mercado de trabajo tradicionalmente seguro y estable: entre julio de 2008 y julio de 2014, ha perdido 186,8 mil puestos de trabajo, distribuidos así (en miles): 43,1 la central, 68,3 la autonómica, 70,9 la local y 4,5 las universidades.

En el sector privado, la pérdida de empleo y el incremento del paro -sobre todo a corto plazo- y su precarización, ha influido sobremanera la reforma laboral que llevó a cabo el PP en febrero de 2012, por Real Decreto-Ley 3/2012, del 10 de febrero. La mencionada reforma, la primera de gran calado que abordó el gobierno de Rajoy tras su toma de posesión el 21 de diciembre de 2011, era reclamada por algunos organismos internacionales, por los empresarios y por la corriente de pensamiento liberal.

Dicha reforma perseguía dos grandes objetivos: en primer lugar, liberalizar el mercado del trabajo, removiendo cualquier obstáculo que se opusiese al mismo y, en segundo lugar, abaratar el coste del despido. Como resultado de la misma, el mercado del trabajo se ha hecho mucho más inestable y precario que en el pasado, incrementándose la contratación temporal -en sus diversas modalidades-, que es la que impera en más del 90% de los nuevos contratos, e igualmente se ha abaratado considerablemente el coste de la mano de obra (tanto en salarios como en indemnizaciones por despido).

La reducción de los salarios se ha producido por vías diversas. Destacan entre ellas la intensificación de las rotaciones: para los mismos puestos de trabajo se ha sustituido mano de obra por otra de menor coste salarial; incremento de los falsos autónomos, los que pasan de trabajadores asalariados a autoempleados para desarrollar el mismo trabajo; los falsos contratos, que en lugar de acogerse al régimen general de cotización a la seguridad social, lo hacen al agrario, modalidad que frecuentemente se da en el medio rural para trabajadores de la construcción y hostelería, entre otros; los contratos en prácticas (para los trabajadores comprendidos entre los 16 y 25 años), cuyas remuneraciones son muy bajas -o incluso nulas, en muchos casos-, que también rotan de manera continua en las empresas una vez que ha transcurrido el periodo legal previsto (un mínimo de un año y máximo de tres).

En lo relativo al despido, si este es injustificado, la indemnización a pagar ha pasado de los anteriores 45 días por año trabajado a 33, y si el despido es procedente, a solo 20 días, siempre que la empresa justifique que obedece a que su facturación ha caído durante tres trimestres consecutivos, aún cuando no haya incurrido en pérdidas16. Pero incluso las empresas pueden despedir sin indemnizar, si la modalidad de contratación es la prevista por el artículo 4 del citado Real Decreto-Ley, denominado "Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores", en el caso que la empresa cuente con menos de 50 trabajadores y el período de prueba no supere el año.

En resumen, la crisis no solo ha generado más paro, sino también una muy considerable pre-carización en el empleo. En un reciente artículo (que toma como promedio el IV trimestre de 2012 y el III de 2013 de la Encuesta de Población Activa -EPA-), se pone de manifiesto que sumando a los parados, los desanimados, los subempleados y los asalariados sin un puesto de trabajo estable, resultaba un total de 11 millones de activos laborales en precario, lo que equivalía nada menos que al 45% de la oferta de trabajo española. Es decir, prácticamente uno de cada dos personas activas en la fecha de referencia, o bien estaba parada o bien tenía un puesto de trabajo muy inestable (Felgueroso, 2014).

A partir de 2014 el paro comenzó a disminuir y también comenzó a recuperarse algo el empleo. En cambio, la precarización permanece y será muy complicado erradicarla.

3.2. Mayor desigualdad en la distribución de la renta

Si bien las diferencias de renta y riqueza ya eran importantes con anterioridad a la crisis, con esta se ha abierto mucho más la brecha que existía entre ricos y pobres. Y lo que es peor, la tendencia que se observa es hacia un mayor crecimiento de la desigualdad. Así lo muestran los diversos informes publicados y todos los indicadores económicos.

Para medir la distribución de la renta existen distintos métodos. En este artículo vamos a tratar tres de ellos: el umbral de riesgo de pobreza, el coeficiente de Gini y la distribución funcional de la renta. La conclusión a la que se llega en todos ellos es la misma: que la crisis ha incidido muy negativamente en la distribución de la renta española.

Comenzando por el umbral de riesgo de pobreza, la principal fuente de información es la Encuesta de Condiciones de Vida que, siguiendo criterios armonizados por Eurostat, viene publicando el INE desde 2004. Dicha encuesta tiene por objeto detectar los nichos de pobreza y de exclusión social. Para ello se utiliza como concepto el de umbral de pobreza que se fija en el 60% de la media de los ingresos netos por unidad de consumo del hogar. Todos los individuos cuyas rentas queden por debajo de dicho umbral, se considera que están en riesgo de pobreza17.

El citado umbral es un indicador de la desigualdad relativa de pobreza (la proporción de personas que sobre el total de población tiene unos ingresos que no rebasan el límite del 60%), no de desigualdad en términos absolutos. De ahí que este indicador no sea constante en el tiempo ni en el espacio. En el primer caso, puede aumentar o disminuir en la medida en que lo hagan los ingresos, y en el segundo, cada país tiene su propio umbral de pobreza en una fecha determinada. De manera que cuando los ingresos generales son bajos, el umbral que resulta será también reducido, y lo contrario sucede en los que sean elevados. Así que, dependiendo en donde se sitúe el citado umbral, un individuo puede estar en riesgo de pobreza en un país y con los mismos ingresos no estarlo en otro.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2008, los ingresos medios netos del conjunto de hogares españoles se situaron en 26.429 euros; en 2013 dicha media fue de 26.154 euros, es decir, en el transcurso de esos cinco años la reducción de los ingresos medios, en términos corrientes, ha sido del 1,04%. No obstante, hay que tener presente que tanto el número de hogares como su tamaño pueden variar -y de hecho así sucede- de un año a otro por diferentes causas como, por ejemplo, el número de divorcios (que incrementa el número de hogares) o, por el contrario, reducirse por efectos de la crisis. Por eso debe analizarse la tasa relativa de pobreza por persona, teniendo en cuenta el número de miembros (unidades de consumo) que componen el hogar, ya que no todos computan por igual18. En el primero de los años citado, 2008, el umbral de pobreza se situó en 7.945,0 euros (hogar unipersonal) y la tasa de pobreza afectó al 19,6% de la población, siendo las personas de 65 y más años, con un 27,6%, el escalón de edad más expuesto a la misma, seguido de los menores de 16 años con un 24,1%. En 2013, el umbral de pobreza se situó en 7.961,3 euros y la tasa de pobreza se extendió al 22,2% de la población, siendo los menores de 16 años, con un 30,1% de riesgo de pobreza, el tramo de edad más afectado, seguido del comprendido entre 16 a 64 años con 23,2%; en cambio, el de 65 y más años, con un 11,4%, fueron los menos expuestos a la pobreza. La crisis pone claramente de manifiesto que al comparar 2013 con 2008, el tramo de los jubilados pasa a ocupar la posición de menor riesgo.

Otro de los indicadores para medir la desigualdad es el Coeficiente de Gini. Dicho coeficiente relaciona renta y población y su resultado oscila entre 0 y 1 (también puede expresarse en porcentaje, denominándose en ese caso Índice de Gini). Si, en términos acumulados, la misma proporción de población obtiene idéntica proporción en renta, la distribución es perfecta y el resultado de la fórmula aplicada será cero; si, por el contrario, una sola persona obtiene toda la renta y el resto nada, la desigualdad es también perfecta y su resultado será 1. La representación gráfica del Coeficiente de Gini viene expresada por la Curva de Lorenz, que en el eje de coordenadas (renta en ordenadas y población en abscisas) mide la superficie que existe entre la curva de Lorenz y la bisectriz que representaría la equidad absoluta.

En el caso de España, el índice de Gini fue del 31,9% en 2008 y del 33,7% en 2013. En consecuencia, la desigualdad en la distribución de la renta, que era ya elevada, se ha acrecentado con la crisis. Dicho índice es mayor que la media de la Eurozona la cual, en los dos años citados, fue del 30,4% y 30,6%, respectivamente. Así, mientras en la Eurozona la tasa de desigualdad se mantiene constante -en términos relativos-, España ha ampliado su margen respecto de la misma hasta convertirse en el segundo país más desigual de la Eurozona tras Letonia.

Un tercer indicador para medir la desigualdad es el de la distribución funcional de la renta, en este caso del PIB. Los tres grandes perceptores de la renta son: los asalariados, a través de sus remuneraciones (salarios brutos); los empresarios, que perciben el excedente bruto de explotación y/o rentas mixtas (retribución conjunta por capital y trabajo, como es el caso de los autónomos), y el sector público, que participa en dicha distribución a través de los impuestos a la producción y a la importación (impuestos indirectos).

La redistribución del PIB para los años que se citan se recoge en la Tabla 4 tanto en términos absolutos como relativos (porcentaje). Como puede apreciarse, a partir de 2008 la parte correspondiente a los salarios no ha cesado de decrecer en términos absolutos -debido principalmente a la disminución de la población ocupada- y también en términos relativos, perdiendo 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2013 respecto de 2008. Por su parte, el excedente de la explotación también desciende en valores absolutos entre 2008 y 2010, pero comienza a recuperarse a partir de 2011 y su participación relativa en el PIB alcanzó el 43,7% en 2013, lo que supuso una ganancia de 2 puntos porcentuales respecto de 2008. Finalmente, la participación del sector público (impuestos indirectos) en el reparto de rentas ha sido más oscilante que en los otros dos componentes, lo que obedece a la importante reducción en la recaudación por IVA, como consecuencia de la caída drástica de la actividad económica que ha provocado la crisis19.

Tabla 4. Distribución funcional de la renta (PIB).

(P) Estimación provisional, (A) Estimación avance.

Fuente: elaboración propia con datos del INE.

3.3. Los costes de la crisis

Para hacer frente a los desajustes que ha provocado la crisis, se han acometido una serie de reformas cuyos costes han recaído principalmente entre los estratos menos favorecidos de la sociedad. Y aunque tales reformas han afectado al conjunto de la economía, no han tenido la misma intensidad en el sector público que en el privado.

3.3.1. Los costes en el sector público

En el caso del sector público, los costes económicos no financieros de la crisis para el período 2009-2013, han ascendido a 29,1 mil millones de euros, lo que supone una disminución del -5,9% del gasto realizado en 2009. La tabla 5 refleja el desglose de dichos costes.

Tabla 5. Los costes públicos de la crisis (2009-2013). En millones de euros y porcentaje

En la parte A de la mencionada tabla se exponen una serie de macromagnitudes de las AA.PP. con la finalidad de observar la evolución que han seguido en el período analizado. Se puede apreciar que para aminorar el déficit del sector público se han incrementado los recursos públicos, aumentando la presión fiscal en un 9,1%; paralelamente, se ha reducido el gasto no financiero en un 5,9% de media, pasando de 493,9 mil millones de euros en 2009 a 464,8 mil millones en 2013, con recortes drásticos, por ejemplo, en inversiones (en un 60%, entre ellas las de investigación) o en remuneración de asalariados, que ha disminuido en un 8%. El incremento de impuestos y el recorte en gasto público ha permitido reducir las necesidades de financiación pública en casi un 40% entre las fechas indicadas, no así el endeudamiento público que no ha cesado de incrementarse: un 74,8% entre 2009 y 2013.

Si atendemos al gasto por funciones de las AA.PP. (parte B de la tabla 5), los recortes se han extendido, con alguna excepción, a todas las grandes partidas. En términos relativos las más afectadas han sido, por este orden: vivienda y servicios comunitarios, 65,7%; ocio, cultura, 32,4%; protección del medio ambiente, 25%, y asuntos económicos, 24,2%. A estas siguen otras dos de importancia capital en la prestación de servicios públicos: educación y sanidad, razón por la cual han tenido una mayor contestación social.

En el caso de la educación, el gasto total de las administraciones públicas ha pasado de 49,7 mil millones de euros en 2009 a 42,4 mil millones en 2013. La disminución ha sido de 7,3 mil millones de euros, equivalentes al 14,7% de 2009; en empleo, la reducción ha sido de 22,3 mil personas (el 4,1% de la plantilla), en este caso, entre 2008 y 2013. En sanidad, donde sí era necesario imponer cierta racionalidad en el gasto, el recorte ha sido 9,9 mil millones de euros (de 72,9 a 63,0 mil millones), o sea, del 13,4%; en empleo la disminución ha sido de 13,9 mil personas (el 5,4% de la plantilla), en este caso también entre 2008 y 2013.

La disminución presupuestaria y de personal en ambos capítulos -educación y sanidad- es obvio que ha ido acompañada de un considerable deterioro en la calidad de su prestación. Así, en educación pública se ha incrementado el número de alumnos por aula, el de horas lectivas por profesor y la tasa de matrícula universitaria; en cambio, ha disminuido el número -y sobre todo la cuantía- de las becas, la cobertura por bajas de personal y también se han suprimido numerosas ayudas escolares (entre otras, al transporte, comedor, etc.). En la sanidad pública, se han endurecido las condiciones para la prescripción de determinados medicamentos, se ha establecido el copago farmacéutico, se han cerrado algunos servicios en determinados hospitales y en todos ellos se ha producido un incremento generalizado de las listas de espera.

Tanto la educación como la sanidad son servicios que prestan, en más del 90%, las comunidades autónomas. Por lo tanto, han sido estas las que han realizado el grueso de los recortes antes citados, que han sido muy importantes en algunas de ellas y señaladamente en Cataluña.

3.3.2. Los costes en el sector privado

Si los efectos de la crisis en el sector público han sido duros, los originados en el privado han sido muy superiores. Entre ellos destacan el paro y la precarización del empleo, a los que ya nos hemos referido. Resta por tratar las desigualdades salariales que también se han incrementado con la crisis, contribuyendo a acentuar la desigualdad de renta y riqueza entre las clases sociales. Tales desigualdades se plantean entre los trabajadores por cuenta ajena (es decir, los que están sometidos a convenios colectivos) y, sobre todo, entre estos y la cúpula dirigente de las empresas: la alta dirección de las mismas20. Con la crisis, el número de pobres se ha incrementado y se han hecho mucho más pobres, y también se ha incrementado el número de ricos y, sobre todo, se han hecho mucho más ricos.

Las diferencias salariales entre los trabajadores por cuenta ajena, es decir los sometidos a convenios colectivos, del sector privado se han ampliado considerablemente, como se desprende de la Encuesta Anual de Estructura Salarial que publica el INE. En la tabla 6 figuran los salarios, la estructura salarial y el salario por sexos para los años 2008 y 2012 (último año para el que existe información).

Tabla 6. Salarios y estructura salarial en la crisis económica.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Anual e Estructura Salarial del INE.

En lo que respecta a los diferentes salarios que recoge la parte A de la referida tabla, en apariencia las diferencias no han sido muy importantes entre 2008 y 2012: el SMI ha crecido en un 6,9%; el medio y mediano también han aumentado, aunque en proporciones menores al SMI, y el salario más frecuente ha sido el mismo en 2008 que en 2012: 15.500 euros. En cambio, si analizamos la estructura salarial (parte B), la situación es bien diferente: ha disminuido la proporción de trabajadores que cobraba hasta dos veces el SMI, que se ha reducido en un 9,9% (ha pasado del 34,84% al 33,31%). En los restantes estratos de la escala salarial, las diferencias se han incrementado y han sido mayores a medida que la referida escala va aumentando. El segmento que más ha crecido es el que supera en 7 veces el SMI que lo ha hecho en un 5,6% (pasando de 3,02% a 3,19%). Dos aspectos adicionales deben destacarse: en primer lugar, que en 2012 un 12% del total de los trabajadores por cuenta ajena percibía salarios que no alcanzaban el SMI, mientras que en 2008 dicho porcentaje fue del 8,86%. En consecuencia, la pobreza se ha ensanchado entre los ocupados. En segundo lugar, también han aumentado las diferencias salariales por sexos (parte C): en 2012, las mujeres percibían un salario medio que se situaba en el 76,1% del de los hombres, mientras que dicha media era del 78,1% en 2008.

En resumen, los trabajadores más perjudicados por la crisis, tras los parados, han sido aquellos cuyas retribuciones se situaban en los escalones inferiores de la escala salarial y, por el contrario, los más beneficiados han sido los de los estratos superiores (los que superaban en varias veces el SMI) y que suelen ser los que trabajan en empresas del IBEX y otras multinacionales.

Si las diferencias salariales son ya muy importantes entre los trabajadores del sector privado sometidos a convenios, las que existen entre estos y la alta dirección de las empresas -los que están al margen de convenios- son realmente abismales.

A la élite económica de las empresas (la alta dirección) pertenece un selecto grupo de privilegiados ciudadanos, cuya influencia en la política económica española es determinante. Incluye a los altos directivos y consejeros de la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa (unas 130) y muy particularmente las que forman parte del IBEX. Dicho colectivo, como tal, no se ha visto afectado por la crisis y muchos de sus componentes, que no cesan de recomendar mayor liberalización del mercado laboral, abaratamiento del despido y contención de los salarios, gozan de contratos blindados por millones de euros21. Y también cuentan con instrumentos para eludir o pagar menos impuestos y para la evasión de capitales.

En 2010, las empresas del IBEX contaban con un total de 1.027 altos cargos, de los cuales 513 eran directivos y 514 consejeros. Sus retribuciones medias, sin incluir todos los conceptos, fueron de 754 mil y 500 mil euros, respectivamente, lo que equivalía, en el caso de los primeros, a multiplicar por 85 el SMI de dicho año. En 2013, el número de miembros de los consejos de las sociedades que cotizaban en bolsa fue de 1.409 (en torno a un tercio pertenecía a las empresas del IBEX) y el de la alta dirección de 99722. En lo que respecta a los salarios, tras una breve congelación entre 2011 y 2013, se recuperaron considerablemente en 2014 con un crecimiento del 12% respecto del año anterior, situando el sueldo medio de los altos directivos de las empresas del IBEX en 949.083 euros: más de 105 veces el SMI23.

Si de los salarios medios de la alta dirección se pasa a la que obtuvieron, en 2014, algunos de sus directivos mejor pagados -los presidentes y consejeros delegados-, la comparación con el SMI pierde su sentido por su exagerada desproporción24.

Diferencias salariales tan abultadas como las señaladas están absolutamente injustificadas desde todo punto de vista, ya sea moral, político o social. Una desproporción salarial de este tipo pone en peligro la estabilidad democrática por el agravio comparativo que supone en relación a los que nunca han tenido un empleo, los que habiéndolo tenido lo han perdido y la creciente precarización de los que aún lo mantienen.

 

4. Conclusiones

La hipótesis implícita que aquí se mantiene es que, en buena medida, la actual crisis ha sido producto más de errores propios -de las políticas aplicadas por el PSOE y el PP- que de impactos externos. La crisis comenzó a gestarse con la implantación de ciertas medidas erróneas por los gobiernos de González, Aznar y Rodríguez Zapatero, que dieron lugar a un mal empleo de los recursos. Tales políticas condujeron a una economía especulativa que fue facilitada por los bajos tipos de interés de los inicios de siglo, y también a la corrupción política que se fue generalizando y a la que también contribuyó la falta de control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El resultado fue la generación de una burbuja inmobiliaria incontrolada impulsada por los bancos y que, siendo conocida por los gobiernos, no se quiso pinchar.

Una vez destapada la crisis, se generó otra ola especulativa, en este caso contra la deuda pública española, en la que también participó activamente el sector financiero. En el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero y en el primero de Mariano Rajoy, se tomaron las primeras medidas de lucha contra la crisis. En ambos casos fueron impuestas por la Unión Europea -por el Eurogrupo- y ambos gobiernos hicieron recaer el peso del ajuste sobre las clases sociales más débiles.

A pesar de las duras medidas contra la crisis que adoptó el gobierno de Rajoy, la prima de riesgo no mejoró. Aunque indudablemente dichas medidas ayudaron, la descomunal presión que existía sobre la solvencia de la deuda de España (y de otros países de la Eurozona), mejoró gracias a las prodigiosas palabras del presidente Mario Draghi sobre la futura actuación del BCE, comprando deuda soberana. Fue Draghi quien evitó el seguro colapso de España, cortando de raíz el imparable crecimiento de la prima de riesgo.

La crisis se ha debido, sobre todo, al endeudamiento que ha originado la burbuja inmobiliaria y al descontrol de las cajas de ahorros, lo que ha afectado gravemente la solvencia y credibilidad internacional de España. Una de las principales consecuencias de la misma ha sido el reparto de sus costes, que ha repercutido fundamentalmente en las clases sociales más débiles: la crisis la están pagando quienes no la han originado.

 

Notas

1 Los citados cambios se contienen en la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el Real Decreto 1732/1994, del 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

2 El déficit tarifario equivale a la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las compañías eléctricas y lo que estas ingresan a través de las tarifas eléctricas -reguladas por el gobierno- que pagan los consumidores.

3 Desde el ingreso de España en la UE, en 1986, hasta la implantación del euro en 1999, España fue alternando períodos de necesidad con otros de capacidad de financiación, si bien en cantidades relativamente modestas. Hubo capacidad de financiación (ahorro interno excedente) en 1986 y 1987 y también entre 1995 y 1998, y necesidad de financiación (de ahorro del exterior), entre 1994 y 1997.

4 Antes de la entrada de España en la unión económica y monetaria, el diferencial en tipo de interés de la deuda a largo plazo con Alemania, era considerable. Así, por ejemplo, en los inicios de 1995 alcanzaba los 500 puntos básicos, aunque su tendencia era decreciente.

5 La reconversión de las cajas de ahorro en bancos fue regulada por el Real Decreto-Ley 11/2010, del 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.

6 En dicha sesión se aprobó la creación del Mecanismo Europeo de Estabilización, un fondo -provisional- dotado con 500.000 millones de euros, que se sumaba a los dos de muy reciente creación, para hacer frente a previsibles nuevos rescates tras Grecia: los de Irlanda y Portugal.

7 El paquete de recorte presupuestario fue anunciado por el Presidente Rodríguez Zapatero en el Congreso, el miércoles 12 de mayo de 2010. Entre las medidas tomadas, destacaban las siguientes: reducción media del 5% de los salarios de los funcionarios en 2010 -de junio en adelante-, congelación de los mismos en 2011 y reducción de la tasa de reposición al 10% (un nuevo funcionario por cada 10 jubilados); no revalorización de las pensiones en 2011, excepto las mínimas y las no contributivas; eliminación del cheque-bebé (2.500 euros por niño nacido); reducción de 6.045 millones de euros en la inversión estatal en infraestructura, y recorte de 600 millones de euros en la ayuda a la cooperación exterior entre 2010 y 2011.

8 Aparte de Cataluña y Murcia, las otras comunidades afectadas fueron: País Vasco, de Aa3 a A2; Extremadura, Galicia y Madrid, de A1 a A3; Andalucía y Castilla y León, de A2 a A3.

9 El FLA fue creado por Real Decreto-Ley 21/2012, del 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

10 El mencionado Fondo, que se nutre de los Presupuestos Generales del Estado, fue dotado en 2012 con 18.000 millones de euros y con 23.000 en el ejercicio 2013. Los préstamos, por un período de 10 años y con dos de carencia, se harían a un tipo de interés equivalente al coste de la financiación del Tesoro en el mercado secundario más 0,30 puntos.

11 Las medidas de ajuste fiscal afectaban tanto a la vertiente de los ingresos como -principalmente- de los gastos públicos. En ingresos públicos, se pretendía aumentarlos, básicamente incrementando la imposición indirecta, en concreto el IVA, cuyo tipo general pasó del 18% al 21% (y con ampliación de las bases impositivas) y el reducido del 8% al 10%, y también se subió la imposición sobre el tabaco y se eliminó la deducción por vivienda a partir de 2013. No obstante, el grueso de las medidas de ajuste fiscal se centraban en la reducción del gasto público, destacando entre ellas las siguientes:

-Supresión de la paga de Navidad de 2012 a los funcionarios.

-Reducción en un 10% de las prestaciones a los nuevos parados.

-Reducción de los recursos dedicados a la dependencia, mediante la revisión de su baremo y las prestaciones económicas.

-Recorte en 600 millones de euros en los ministerios.

-Disminución en un del 20% de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

-Amplia reforma en las administraciones públicas: disminución de número de empleados, de los días de libre disposición y de liberados sindicales; reducción del número de concejales en un 30% por tramos de población y rebajas salariales; trasvase de competencias -las denominadas impropias- de pequeños municipios a las diputaciones provinciales; control estricto de las cuentas autonómicas y municipales; reducción -e incluso eliminación- de empresas públicas en el conjunto de las administraciones -y principalmente en el ámbito local-y de las fundaciones; creación de un instrumento que garantizase la liquidez a las comunidades autónomas (Fondo de Liquidez Autonómico). En materia de seguridad social, revisión del Pacto de Toledo para garantizar las sostenibilidad de las pensiones así como el tratamiento de la jubilación anticipada.

Por lo que respecta a las medidas de carácter estructural, cuya finalidad era la de la incrementar la competitividad de la economía española, estas se centraban en una reforma profunda del mercado laboral, del sector financiero, establecimiento de un nuevo marco de estabilidad presupuestaria, reforma del sector energético, garantizar la unidad de mercado de forma efectiva y profundizar en la liberalización del sector servicios, eliminando las barreras subsistentes.

12 Dicha reforma se regula por el Real Decreto-Ley 3/2012, del 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

13 La unidad de mercado fue regulada por la Ley 20/2013, del 9 de diciembre.

14 Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

15 La frase citada fue pronunciada por Mario Drahi en la City londinense en su intervención, el 26 de julio de 2012, en el marco de la "Global Investment Conference". Dicha frase fue precedida de la aseveración que hizo sobre que "el euro es irreversible", añadiendo que, desde el exterior de la euro-área, algunos Estados y líderes políticos subestiman el capital político invertido en el euro.

16 Este supuesto ya fue contemplado por la reforma laboral del gobierno Zapatero contenida en el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio.

17 La Encuesta de Condiciones de Vida también ofrece información sobre otra serie de variables que no se han considerado aquí para no extender más la exposición. Valga señalar que la actividad laboral, la formación, el sexo, la edad, el tipo de hogar y el lugar de residencia, son los factores determinantes para entrar en el umbral de riesgo de pobreza.

18 En los hogares, deben tenerse en cuenta las economías de escala que se producen al incrementarse el número de sus miembros. Los ingresos totales del hogar se calculan utilizando la escala de la OCDE modificada, que concede un peso de 1 al primer adulto, 0,5 a los demás adultos y 0,3 a los menores de 14 años. Así, por ejemplo, en 2008, para un hogar de un adulto el umbral fue de 7.945,0 euros; para un hogar de dos adultos de 11.917,5 euros (ó 5.958,8 euros por persona) y para un hogar de dos adultos y un menor de 14 años, de 14.301,0 euros (ó 4.767,0 euros por persona).

19 Para una explicación más pormenorizada puede verse el trabajo del Consejo Económico y Social (CES): "Distribución de la renta en España: desigualdad, cambios estructurales y ciclos". Informe 03/2013.

20 El ámbito poblacional de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE se circunscribe a los trabajadores por cuenta ajena. Quedan excluidos de la misma los presidentes, miembros de consejos de administración y, en general, todo personal cuya remuneración no sea principalmente en forma de salario sino por otros conceptos.

21 La retribución de un alto cargo ejecutivo incluye una serie de conceptos entre los que están: la remuneración fija, la variable (generalmente vinculada a la consecución de objetivos de negocio), dietas (por asistencia a reuniones del consejo y a sus comisiones delegadas), atenciones estatutarias, opciones sobre acciones (incentivos a veces ligados a la fidelización) y otros conceptos (planes de pensiones, pagos en especie, etc.). Aparte de las citadas, hay que mencionar otros dos aspectos: la existencia de contratos blindados (indemnizaciones por cese) de los que se beneficiaban, en 2010, 251 altos cargos de las empresas del IBEX y que un consejero puede serlo, simultáneamente, de varias empresas.

22 El promedio de capital social controlado por el consejo de administración del total de las empresas cotizadas se situaba en el 25,8%.

23 Los datos proceden del Informe de Gobierno Corporativo de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La información que proporciona la CNMV, es muy parca y está muy poco desagregada.

24 Pablo Isla, presidente de Inditex, ganó 9,55 millones de euros; José Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola, percibió 9,12 millones; Ana Botín, presidenta del Banco Santander, tuvo una remuneración de 8,86 millones; Javier Marín, Consejero Delegado del Grupo Santander, 8,4 millones; César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica 7,75 millones; Ángel Cano, consejero delegado del BBVA, 6,51 millones, etc. La información procede de David Fernández, "La brecha salarial se profundiza". El País, 3 de mayo de 2015.

 

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Recibido el 2 de diciembre de 2015; Aceptado el 2 de marzo de 2016.

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