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Estudios internacionales (Santiago)

On-line version ISSN 0719-3769

Estud. int. (Santiago, en línea) vol.48 no.184 Santiago Aug. 2016

http://dx.doi.org/10.5354/0719-3769.2016.42567 

ARTICULOS

 

Argentina: La expropiación de Repsol-YPF

 

Argentina: The expropriation of Repsol-YPF

 

Pascale Bonnefoy

Periodista y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Docente del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Chile. E-mail: pbonnefoy@u.uchile.cl.


Resumen

En 2012, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la empresa española Repsol. La medida, según el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país. Meses antes, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, que ahora serían explotados por el Estado. Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el carácter discriminatorio de la medida, obstaculizaron la llegada de capitales frescos. Ante la falta de recursos y tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino revirtió nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes establecidas en laudos anteriores, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos.

Palabras clave: expropiación - Argentina - Repsol - YPF - inversión extranjera - hidrocarburos.


Abstract

In 2012, the government of Argentina expropriated 51% of the shares of the oil company YPF belonging to the spanish corporation Repsol. The measure, according to the government of then President Cristina Fernández, sought to resume State control over the oil and gas company as a way to guarantee the country's energy self-sufficiency. Months earlier, Repsol had discovered enormous reserves of shale gas and oil in Vaca Muerta, which would now be exploited by the State. However, the reaction of the international community and potential new investors in light of the discriminatory nature of the expropriation obstructed the arrival of fresh capital. Given Argentina's own lack of resources and technology to exploit Vaca Muerta, the government reverted new controls on foreign investment, paid compensations due from earlier arbitral judgments, agreed on compensation for Repsol bypassing its own legislation and offered generous concessions to seal a contract with U.S.-based Chevron Corporation to invest in the new fields.

Keywords: expropriation - Argentina - Repsol - YPF - foreign investment - shale oil.


 

En mayo de 2012, el Congreso argentino aprobó la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, la cual permitió expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la transnacional española Repsol. Al fundamentar la medida, el gobierno de la entonces Presidenta Cristina Fernández acusó a Repsol de reducir las inversiones y la producción de YPF para así provocar un alza artificial de precios y aumentar sus utilidades. Este comportamiento de Repsol -aseguró Fernández- habría derivado en un déficit comercial en el sector y hecho peligrar la soberanía energética del país.

Con esta ley, YPF pasaría a ser controlada por el Estado, pero continuaría siendo una sociedad anónima abierta. De inmediato, la petrolera salió en busca de nuevos inversionistas privados para las actividades de exploración y explotación de los recursos, y -en particular- de las enormes reservas de hidrocarburos no convencionales descubiertas por Repsol el año anterior en el yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Sin embargo, las duras represalias internacionales que le acarreó a Argentina lo que fue considerado un despojo ilegítimo de acciones, de carácter discriminatorio, obstaculizaron la llegada de nueva inversión extranjera. La imperiosa necesidad de contar con capitales frescos y la tecnología requeridos para explotar Vaca Muerta, llevó al gobierno argentino a recurrir a un remedio tal vez peor que la enfermedad: más de un año después de la expropiación, el gobierno promulgó un nuevo régimen de inversiones en el sector de los hidrocarburos, dando marcha atrás a nuevos controles a la inversión extranjera y, con ello, posibilitando sellar un contrato con la transnacional estadounidense Chevron, en condiciones extremadamente favorables para esa empresa.

Por ello, en mayo de 2014 la Cámara Federal de Buenos Aires resolvió que la Presidenta Fernández fuera investigada por la firma del Decreto N° 929, que estableció el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, ahora coloquialmente conocida como «Ley Chevron».

La Ley de Soberanía Hidrocar-burífera permitió retomar el control estatal de la petrolera, pero no significó la nacionalización del sector de los hidrocarburos en su conjunto, ni respondió a una estrategia global de redefinir la relación del Estado con inversionistas extranjeros. Más aún, Argentina sigue atada a obligaciones internacionales asumidas en la década del noventa, a través de la firma de decenas de acuerdos bilaterales de inversión y su consentimiento a llevar controversias ante tribunales arbitrales internacionales. Y a pesar de sus críticas públicas, el gobierno de Fernández no dio pasos para sustraerse de esas obligaciones.

La expropiación de Repsol debió regirse dentro de esos parámetros, pero no fue así. La reacción de la comunidad internacional, de Repsol y de los potenciales nuevos inversionistas para Vaca Muerta, ilustraron la poca autonomía que tiene Argentina, al igual que otros países en la región, que han emprendido nacionalizaciones respecto de la inversión extranjera y los límites autoimpuestos en años anteriores, a través de la suscripción de acuerdos de inversión. Más aún, la controversia en torno al acuerdo entre YPF y Chevron puso en duda qué tanta «soberanía energética» podría lograr Argentina.

 

La privatización de YPF

YPF se fundó como empresa estatal en 1922. Se abrió a la inversión privada en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), cuando este ofreció en licitación áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos, para así aumentar las reservas petroleras. Con la llegada del Presidente Carlos Saúl Menem (1989-1995, 1995-1999), se comenzó a desregular y privatizar el sector de los hidrocarburos. Un decreto de 1989 facultó a YPF a convocar a concurso público internacional para seleccionar a las empresas privadas, nacionales o extranjeras, con las que se asociaría en las áreas autorizadas para explotar los yacimientos de hidrocarburos1.

Este decreto cambió la naturaleza de los contratos con los inversionistas, permitiendo la libre disponibilidad de los hidrocarburos extraídos para ser comercializados libremente en el mercado interno y externo. También instruyó a los ministerios de Economía y de Obras y Servicios Públicos a presentar un programa de «progresiva desregulación integral de la industria, basado en el cumplimiento del plan de crecimiento de la producción de hidrocarburos».

Finalmente, en 1992 la Cámara de Diputados de Argentina aprobó, por abrumadora mayoría2, una ley que privatizaba los activos de YPF y convertía a la empresa estatal en una sociedad anónima. Las acciones de YPF S.A. serían distribuidas entre el Estado nacional (51%), las provincias donde se encontraban los yacimientos (39%) y las acciones adquiridas por personal de la empresa (hasta 10%)3. La ley dejó a YPF S.A. «sujeto a privatización», obligando al Estado nacional y a las provincias a vender conjuntamente al menos el 50% de las acciones de la empresa en un plazo máximo de tres años, a partir del traspaso efectivo de las acciones a las provincias4.

Durante 1999, Repsol adquirió la casi totalidad del paquete accionario de YPF5. En la década que siguió, vendió el 25,46% de esas acciones al grupo Petersen, de la familia argentina Eskenazy -a la que le financió casi la mitad de la adquisición a través de un «vendor's loan» (préstamo del vendedor)6-, y un 17,09% a otras empresas, manteniendo el control de la compañía. Ese era el estado de la propiedad de YPF S.A. al momento de la expropiación de los activos de Repsol, en mayo de 2012.

 

Argentina y la inversión extranjera

La Ley de Inversión Extranjera vigente al momento de la expropiación databa de la época del régimen militar (1976-1983). Poco después del golpe militar, en marzo de 1976, la Junta de Gobierno promulgó esta ley para reemplazar a la que estaba en vigencia desde 1973, permitiendo ampliar las áreas abiertas a la inversión extranjera y asegurar un trato nacional a capitales foráneos.

Al igual que en el resto de la región en la década de los ochenta, Argentina inició un proceso de desregulación y liberalización comercial y financiera, proceso que se acentuó durante la presidencia de Menem. En su primer año, el gobierno emitió el Decreto 1212, que estableció como objetivo la desregulación en el sector de los hidrocarburos7. La ley de inversiones promulgada durante la dictadura militar fue modificada en 1993. Entre otras cosas, esta reforma otorgó a los inversionistas extranjeros los mismos derechos y obligaciones que a los inversores nacionales y se les autorizó transferir libremente al exterior sus utilidades, así como a repatriar su inversión8.

Al tiempo que el gobierno de Menem se desprendía de los activos estatales, alegando necesidad de recursos, comenzó a firmar Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), en un esfuerzo por atraer inversión extranjera. Del total de 59 APPRI suscritos por Argentina a partir de 1990, 55 se firmaron durante la década menemista9.

En 1991 Argentina suscribió el Convenio de Washington, otorgando así su consentimiento a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, para resolver disputas en torno a las inversiones en tribunales arbitrales internacionales. El convenio fue ratificado en 1994.

Los APPRI, que por lo general replican el mismo molde, limitan las posibilidades de nacionalización o expropiación y exigen que, en caso de que ocurran, sean siempre acompañadas de una compensación. En el caso del APPRI con España, en vigor desde 1992, se señala que la «nacionalización, expropiación o cualquier otra medida de características o efectos similares» deberá aplicarse «exclusivamente por causas de utilidad pública [...] Y en ningún caso deberá ser discriminatoria. La parte que adoptara alguna de estas medidas pagará al inversor o a su derecho-habiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda convertible»10.

 

Ley de Soberanía Hidrocarbürífera

La Ley de Soberanía Hidrocarburífera -aprobada en 2012-, que permitió la expropiación de los activos de Repsol, declaró de «interés público nacional» y como objetivo prioritario de la nación «el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones»11.

Para cumplir esos objetivos, la ley declaró de «utilidad pública y sujeto a expropiación» el 51% del patrimonio de YPF S.A. perteneciente a Repsol. Como Repsol controlaba el 57,4% de YPF, terminó con solo 6,4% de las acciones, lo cual le permitió mantener representación en el directorio de la empresa. Las acciones expropiadas serían distribuidas en un 51% para el Estado nacional y 49% repartidas equitativamente entre las 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI)12. La ley prohibió la transferencia futura de las acciones expropiadas sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional.

La ley estableció que el proceso de expropiación y la determinación de la indemnización se regirían por la Ley de Expropiaciones N° 21.499, vigente desde 1977. El valor de los bienes expropiados sería determinado por lo estipulado en esa ley, quedando la tasación a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que debería establecer un monto de indemnización.

La eventual compensación, según la Ley de Expropiaciones, comprenderá solo «el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación», a pagarse en dinero en efectivo13. De acuerdo a esta ley, de no lograrse avenimiento respecto del monto de indemnización, serían los tribunales nacionales, a través de juicios sumarios, los encargados de determinar la compensación14. La Ley de Expropiaciones precedió todo APPRI firmado por Argentina, así como la ratificación por parte de ese país del Convenio de Washington.

 

Gestión publico-privada de YPF

La expropiación de las acciones de Repsol en YPF S.A. no significó en absoluto un rompimiento con los inversionistas extranjeros. De hecho, la expropiación no afectó las acciones de los demás inversionistas privados en YPF, y la Ley de Soberanía Hidrocarburífera permitió a YPF continuar operando como una sociedad anónima abierta.

«La participación estatal en YPF para lograr su control, actuando en asociación con el capital privado, resulta fundamental para expandir la producción y garantizar el abastecimiento interno [...] La participación mayoritaria del Estado nacional y de las provincias en el directorio de YPF garantizará la instrumentación de un plan de negocios encaminado a alcanzar una expansión progresiva y sus-tentable en la producción petrolera, gasífera y de sus derivados», señala la ley15.

La propia ley estableció que para cumplir con los objetivos de soberanía hidrocarburífera, YPF S.A. buscará «la concertación de asociaciones estratégicas, joint ventures, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos de asociación y colaboración empresaria con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras»16.

El reglamento de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, aprobado en julio de 2012, estableció un Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y derogó varias disposiciones de leyes vigentes, que habían contribuido a la desregulación del sector en la década de los noventa, imponiendo nuevas restricciones a los inversionistas privados. El reglamento abolió disposiciones respecto de la libre disponibilidad de recursos, la libertad de precios y las exenciones de pagos. De partida, se abolió el artículo 1° del Decreto N° 1212/89 de la época menemista, que fijaba como objetivo la desregulación del sector hidrocarburos17.

Se derogaron, además, los artículos del Decreto N° 1589/89 de 1989, que declaraban las exportaciones e importaciones de hidrocarburos y sus derivados exentos de «todo arancel, derecho o retención presentes o futuros» y establecía la libre disponibilidad de divisas para los productores de hidrocarburos18. Asimismo, se abolieron disposiciones del Decreto N° 1055/89 sobre la libre disponibilidad de recursos y divisas19.

 

Fundamentos de la expropiación de Repsol

La justificación para la expropiación de los activos de Repsol se basó en un comportamiento empresarial que el gobierno calificó de «predatorio». Al fundamentar la medida, el gobierno acusó a Repsol de no realizar las inversiones necesarias para asegurar la producción (reducir artificialmente la producción), para así beneficiarse de la consecuente alza de precios del gas y petróleo y obtener ganancias a costa de la pérdida de soberanía energética de Argentina.

El gobierno argentino afirmó que cuando Repsol tomó el control de la empresa en 1999, los niveles de inversión, producción y exploración comenzaron a revertirse progresivamente. La estrategia de la compañía de bajar la producción obligó al país a importar combustibles, a tal punto que en 2011 -y por primera vez en 17 años- llegó a tener un déficit comercial en el sector de los combustibles.

En 1997 -señala el gobierno- YPF era responsable del 42% de la producción de petróleo y del 35% del gas en Argentina, pero para 2011 estos porcentajes habían caído a 34% y 23%, respectivamente. En ese período, la producción de petróleo se redujo a casi la mitad20.

La estrategia de reducir la producción elevando los precios, aumentó la rentabilidad de la compañía; las ventas anuales de Repsol-YPF crecieron cada año, no en volumen sino en valor, acusó el gobierno de Fernández. A partir de 2003 y hasta 2012, el valor de las ventas anuales de Repsol-YPF creció 113%, señaló. Por otra parte, a partir de 2007 la empresa duplicó su nivel de endeudamiento en los cuatro años previos a la expropiación, «como forma de coronar una estrategia de virtual vaciamiento de la empresa»21.

Ante este cuadro, entre marzo y abril de 2012, poco antes de la expropiación, seis gobiernos provinciales22 caducaron sus contratos de concesión de explotación de yacimientos con YPF, en consideración de que no habían cumplido con las inversiones y la producción comprometidas23.

 

Descubrimiento en Vaca Muerta

Repsol tiene otra explicación para la expropiación. El año anterior, la empresa había anunciado el mayor descubrimiento de hidrocarburos no convencionales (shale o esquisto) en su historia en el yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. En un área de 428 kms2, la empresa había encontrado unos 927 millones de barriles equivalentes de hidrocarburos, la mayor parte petróleo, un volumen similar a las reservas probadas de YPF en la época, anunció Repsol en un comunicado. Y aún le faltaba explorar otros 502 kms2 en la zona24. Poco antes de la expropiación, en febrero de 2012, Repsol elevó su estimación de los recursos en Vaca Muerta a 22.807 millones de barriles equivalentes de petróleo25.

«Estos recursos -afirmó Repsol- transformarían el potencial energético de Argentina y del Cono Sur, con una de las acumulaciones de recursos no convencionales más importantes del mundo».

La empresa española atribuye la decisión de expropiar sus acciones al apetito del gobierno argentino por esos recursos, afirmó el presidente de Repsol, Antonio Brufau. «Hasta noviembre de 2011, éramos una de las compañías favoritas de Argentina y de sus autoridades, según lo que decían públicamente. En el último trimestre del año pasado [2011], tras muchos años de esfuerzos, pusimos de manifiesto el gran descubrimiento de crudos y gases no convencionales de Vaca Muerta, que podían representar un nuevo paradigma energético para Argentina. Algo tan positivo ha resultado ser un detonante de la expropiación [...] Aquí está el origen del problema, en mi opinión. No había otros problemas»26.

Después de la expropiación, todos los esfuerzos del gobierno argentino se concentraron en buscar nuevos inversionistas para el yacimiento Vaca Muerta, pero bajo conducción estatal.

 

En defensa de un inversionista privado

Apenas la Presidenta Fernández anunció, en abril de 2012, el envío del proyecto de Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el gobierno español salió en defensa de los intereses de sus inversionistas en el extranjero. A pesar de la existencia de un APPRI entre España y Argentina, que ofrecía mecanismos aceptados por ambas partes para resolver una eventual disputa entre el inversionista privado -en este caso, Repsol- y el país receptor, el gobierno español se involucró a priori, advirtiendo que tomaría «todas las medidas que considere convenientes en defensa de los intereses legítimos de Repsol y de todas las empresas e intereses españoles en el exterior».

Cuando se produjo la expropiación, la reacción internacional fue de una inusitada defensa multilateral de un inversionista privado. Los gobiernos de España, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, advirtieron a Argentina sobre las consecuencias negativas de la expropiación.

El gobierno de Estados Unidos alertó sobre los «efectos negativos en la economía y en el clima de inversión en Argentina», en palabras del vocero del Departamento de Estado, Mark Toner. También el FMI advirtió al gobierno argentino sobre el deterioro en el «clima de inversión» que la expropiación pudiera suscitar, perjudicando la inversión y el crecimiento.

Los europeos, aunque no unánimes, condenaron la decisión argentina y exigieron un pago «justo» por la expropiación. El parlamento europeo llamó a la Unión Europea a suspender parcialmente las preferencias arancelarias que concede a Argentina, describiendo la medida de expropiación como una «decisión unilateral y arbitraria». En octubre de 2013, la Unión Europea decidió imponer aranceles a las importaciones de biodiesel argentino, aludiendo a prácticas de dumping por parte de Argentina. El Reino Unido anunció que apoyaría a España y a la Unión Europea, «para asegurar que las autoridades argentinas mantengan sus compromisos y obligaciones internacionales», según dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico, William Hague. La portavoz de la comisión europea, Pía Ahrenkilde, dijo que la expropiación «puede dañar seriamente el clima de negocios en Argentina y crea inseguridad jurídica no solamente para la empresa española Repsol, sino también para otras compañías de la UE».

Al no afectar a otros inversionistas en YPF, tanto Repsol como el gobierno español calificaron la medida de discriminatoria27. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que la expropiación sentaba un «mal precedente» para otras empresas; que afectaría seriamente la reputación internacional de Argentina, y que no tenía justificación o razón económica alguna28.

La cancillería española fue aún más lejos y emitió un severo juicio político respecto de la decisión soberana de Argentina: «Esta medida es extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino. Esta arbitraria decisión quiebra el clima de confianza necesario para traer los ahorros y las inversiones que Argentina necesita para crecer y salir de la situación en la que se encuentra. Una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir entre los países amigos y aliados», afirmó el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García29.

Advirtiendo que «estos actos no quedarán impunes», el presidente de Repsol, Antonio Brufau, de inmediato anunció que demandaría a Argentina ante el CIADI para reclamar una indemnización de unos US$10,5 mil millones por el valor de las acciones expropiadas y por los daños causados30.

A pesar de que el APPRI entre España y Argentina establecía un período de negociaciones directas y la posibilidad de someter la controversia a un proceso de arbitraje en el CIADI, a lo que ambas partes habían dado su consentimiento, el gobierno español se apresuró en tomar represalias en contra de Argentina: el Consejo de Ministros de España aprobó una orden ministerial para incentivar la producción de biodiesel de las refinerías españolas, para así reducir las importaciones del producto desde Argentina31. La medida fue suspendida seis meses más tarde debido a su alto costo para España32, pero en octubre de 2013, el Ministerio de Industria español excluyó a los productores argentinos de biodiesel de la lista de proveedores autorizados a vender el combustible a España33. Esta última medida se produjo mientras el proceso de arbitraje en el CIADI ya estaba en marcha.

 

Demanda de Repsol

Doce días después de la aprobación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, Repsol presentó ante el CIADI una declaración de controversia con Argentina y se abrió un período de seis meses de negociaciones, como lo estipulaba el APPRI entre España y Argentina. Repsol solicitó iniciar un procedimiento de arbitraje ante el CIADI en diciembre de 2012, cumplido el plazo de seis meses para negociar un acuerdo amistoso34. El tribunal arbitral se constituyó en julio de 201335.

De acuerdo a una minuta de la demanda obtenida por el diario argentino La Nación, Repsol se respaldó en cuatro argumentos36:

• Se trató de una «expropiación discriminatoria», dado que las únicas acciones nacionalizadas fueron las de Repsol.

• La expropiación no tuvo una contraprestación económica. La tasación aún no se había hecho.

• Incumplimiento del APPRI entre España y Argentina.

• No se acredita la existencia de una causa de utilidad pública.

Bajo los parámetros del APPRI, Repsol tendría que probar que la medida de expropiación que afectó a sus activos en YPF fue arbitraria y no se basó en razones de utilidad pública: «Para determinar si realmente la causa de la nacionalización ha sido de utilidad pública, debe atenderse a las características y coyuntura del sector petrolífero en Argentina, así como a las acciones que Repsol estaba acometiendo en el país. La empresa española asegura haber invertido cuantioso capital en actualizar infraestructuras para sacar el máximo rendimiento a los yacimientos. Argentina, por su parte, sostiene que de un tiempo a esta parte, Repsol no estaba invirtiendo todo lo que su situación le permitía [...], obligando esto a que el país tuviera que importar combustible al no ser capaz de autoabastecerse»37.

Al tiempo que se iniciaba el proceso de arbitraje ante el CIADI, las partes seguían negociando con dificultad. A mediados de 2013, mientras los procedimientos en el CIADI giraban en torno a la solicitud de Argentina de descalificar a dos de los árbitros38, Argentina propuso un arreglo a Repsol: una indemnización de US$5 mil millones, cerca de la mitad del monto exigido por la compañía. La oferta involucraba US$1.500 millones y la creación de una sociedad entre YPF, Repsol y Pemex (segundo accionista de Repsol y que reclamaba participación en el negocio de Vaca Muerta) para explotar 6,4% del yacimiento Vaca Muerta, a cambio de que Repsol retirara las demandas en contra de la petrolera argentina. La sociedad habría sido controlada en un 51% por YPF, 47% por Repsol y 2% por Pemex. Los US$1.500 millones otorgados a Repsol tendrían que ser invertidos en la sociedad para financiar los proyectos de explotación, según la propuesta39. El Consejo de Administración de Repsol rechazó la propuesta argentina. Pasarían muchos meses antes de arribar a un acuerdo final.

 

Argentina ante el CIADI

La demanda de Repsol se sumó a unas 50 denuncias presentadas en contra de Argentina ante el CIADI en la última década40. Este alto número de demandas puede explicarse, por un lado, por la suscripción de decenas de acuerdos bilaterales de inversión desde mediados de los noventa, los cuales permitían a los inversionistas acudir al CIADI en caso de controversia. Por otro lado, muchas de las demandas estaban relacionadas con medidas adoptadas por Argentina a partir de la «Ley de Emergencia» de 2002, que modificó el régimen cambiario y declaró la «emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria»41.

A fines de 2001, Argentina dejó de pagar su deuda pública externa y a principios de 2002 devaluó el peso y «pesificó» las tarifas de los servicios públicos privatizados42, modificando los contratos con las empresas privadas que proveían esos servicios. Las empresas que habían invertido en servicios públicos demandaron a Argentina ante el CIADI, al amparo de los APPRI firmados con sus países de origen. En poco tiempo se habían iniciado decenas de casos ante el CIADI43, argumentándose que las medidas de emergencia habían impactado de tal manera sobre los contratos y el sistema de fijación de tarifas, que equivalían a una expropiación indirecta44.

Argentina respondió con una estrategia de defensa legal en múltiples niveles: cuestionó la jurisdicción del CIADI sobre estas disputas y argumentó que los tratados bilaterales no se sobreponían a la Constitución argentina, que requiere que las demandas sean llevadas ante tribunales argentinos; [...] impuso la doctrina de derechos soberanos y la cláusula de emergencia nacional en sus APPRIs para justificar las políticas monetarias; escudriñó el cumplimiento de obligaciones contractuales de cada empresa desde el inicio del contrato y amenazó con terminarlos, y cuestionó la validez y capacidad de hacer cumplir las decisiones del tribunal, incluyendo la revisión amplia por parte de la Corte Suprema Federal de Argentina45.

Al ser demandada ante el CIADI, Argentina alegó «estado de necesidad», afirmando que debido a la crisis financiera, económica y social, no había tenido otra alternativa que adoptar las medidas de emergencia. Este argumento jurídico fue aceptado en solo algunos de los laudos46, como en el caso de LG&E Energy Corp (2006)47.

«Argentina ofrece un alto grado de litigiosidad inversora que ha venido afectando a muchas empresas, entre ellas las españolas, y en el que se inscribe este nuevo y muy grave episodio de la expropiación de YPF. Al menos desde la década de los 90, invertir en Argentina es sencillamente muy arriesgado, a causa de la inseguridad jurídica y la corrupción imperantes en ese país», señala el jurista español Carlos Jiménez Piernas48.

 

¿Respeto a los laudos?

Por dos razones, someter el caso a un tribunal arbitral del CIADI posiblemente no era la mejor alternativa para Repsol. Por un lado, el CIADI generalmente no concede indemnizaciones que se acerquen remotamente a lo solicitado por la empresa por la expropiación de sus activos en Argentina. Los laudos dictados hasta ahora en contra de Argentina en el CIADI involucran reparaciones por debajo de los US$300 millones de dólares49, muy lejos de los US$10,5 mil millones pretendidos por Repsol.

Por otro lado, Argentina ha sido renuente a pagar. El gobierno argentino ha insistido en su tesis de que los laudos sobre compensaciones a inversionistas deben ser ratificados por tribunales locales, en cumplimiento con su Constitución. El ex procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, postulaba que los inversionistas debían llevar sus reclamos primero a los tribunales nacionales de Argentina y solo después recurrir al arbitraje internacional, y que cualquier laudo que afectara al país debía ser revisado por los tribunales locales. Esta postura se convirtió en la posición oficial de Argentina frente a las demandas en su contra en el CIADI, y llegó a conocerse como la «Doctrina Rossati»:

El sistema de arbitraje al estilo CIADI, que se dispara a partir de determinados presupuestos contemplados en los TBIs50, constituye un mecanismo hermético (una vez que se ingresa en él ya no es posible salir) y autorreferencial (se trata de un dispositivo que se interpreta a sí mismo), que inhibe toda pretensión de control «contenidista» -por vía de un tribunal nacional- entre el texto, la interpretación y la aplicación de un tratado y normas de jerarquía superiores vigentes en el país. La imposibilidad de ejercer el control judicial local de inconstitucionalidad no es para la República Argentina una cuestión procesal sino sustancial, en la medida en que traduce una inhibitoria para ponderar la vigencia de los siguientes principios de derecho público a cuya observancia la Constitución nacional condiciona la validez de los tratados internacionales de comercio: la forma representativa, republicana y federal de gobierno, el principio de juridicidad y el de reserva, el principio de igualdad, el carácter no absoluto de los derechos y la pauta de razona-bilidad para su reglamentación y el debido proceso legal51.

La Doctrina Rosatti tuvo consecuencias económicas negativas para Argentina. En 2012, Estados Unidos suspendió las preferencias arancelarias otorgadas a Argentina en respuesta por no haber pagado compensaciones en dos casos que afectaban a empresas estadounidenses.

«Esta es la primera vez que un país ha sido suspendido del Sistema Generalizado de Preferencias por no pagar una resolución de arbitraje, lo cual suscita preocupación respecto de la 're-politización' de las disputas sobre inversiones», señaló la UNCTAD en su informe mundial de inversiones 201252.

Estados Unidos bloqueó préstamos a Argentina en el Banco Mundial y otras instituciones financieras, hasta que pagara a los inversionistas de acuerdo a lo establecido en los laudos53. A partir de julio de 2012, Argentina no pudo acceder al programa de financiamiento del Banco Mundial (Country Partnership Strategy - CPS), que sirve como marco para los créditos del banco a ese país, a causa del rechazo de Estados Unidos y otros países debido al no pago de compensaciones y a la expropiación de Repsol YPF, entre otros aspectos54. El último CPS cubrió el período 2010-2012 y consistió en US$3,3 mil millones55.

Recién en 2014 se reanudó el programa con Argentina para el período 2015-2018, luego de que en octubre de 2013 el gobierno argentino anunciara un acuerdo con cinco empresas estadounidenses que demandaron al país ante el CIADI y UNCITRAL por el pago de compensaciones por un total de US$677 millones a cambio del retiro de las demandas. El pago se haría mediante bonos de deuda pública interna, según el gobierno, «en condiciones extremadamente favorables para el país»56. Las cinco empresas de agua y energía57 habían demandado a Argentina cuando fueron cancelados sus contratos después de la devaluación y crisis de 2002.

Más que un cambio doctrinario, la decisión del gobierno argentino de acceder a pagar compensaciones parece deberse a consideraciones pragmáticas. Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), «el principal factor que motoriza este cambio de actitud del gobierno es el exceso de gasto público que ha superado los 4 puntos del PBI. Sin acceso al financiamiento internacional, los desequilibrios se vinieron cubriendo con ahorros previsionales y con la masiva emisión monetaria sin respaldo [...] En este marco, el sometimiento a los fallos del CIADI puede aportar paliativos -ya que los pagos a las empresas se hacen con bonos, mientras que se abre la posibilidad de acceder a préstamos de dinero en efectivo del Banco Mundial-, pero se trata de un alivio transitorio»58.

 

Nueva inversión privada en YPF

Para el gobierno de Argentina, explotar el yacimiento Vaca Muerta era imprescindible para revertir el déficit energético del país. Para ello, tras la expropiación de los activos de Repsol, la nueva dirección de YPF se embarcó en una campaña para atraer nuevos inversionistas para poder cumplir su «Plan de 100 Días», con el que la empresa esperaba aumentar la producción de petróleo y gas en 32%, en un período de cinco años. De acuerdo con este plan, en 2014 la empresa ya estaría en condiciones de sustituir las importaciones de combustible y lograr el autoabastecimiento. YPF proyectó invertir la no despreciable suma de US$37,2 mil millones entre 2013 y 2017 para cumplir con el Plan de 100 Días59.

La meta, dijo la Presidenta Fernández, «es recuperar la soberanía energética» y para ello «nos vamos a asociar con quien debamos asociarnos y en las condiciones más favorables para nuestro país»60.

Sin embargo, la entrada de nuevos capitales a Argentina, en 2013, disminuyó en un 24%, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe61, y Argentina se vio en la necesidad de mejorar la percepción de riesgo del país. Tras la expropiación de Repsol, al gobierno le fue difícil asegurar la participación de inversionistas extranjeros en Vaca Muerta, a pesar de las extraordinarias perspectivas del negocio.

Repsol estaba preocupado de que alguna de las grandes transnacionales petroleras tomara su lugar en la explotación del yacimiento, en la que ya había invertido unos US$300 millones. En consecuencia, la empresa española envió una carta a sus competidores -entre ellos Exxon, Chevron y ConocoPhillips- advirtiéndoles que serían demandados si invertían en YPF. Repsol les informó que adoptaría «acciones y/o procedimientos legales para proteger nuestras inversiones [...] Y para prevenir cualquier interferencia indebida o competencia injusta por parte de terceros que buscan aprovecharse de las actuales circunstancias, adquiriendo directa o indirectamente acciones en YPF en las cuales tenemos interés».

Además, demandaría a quienes «lucren a costa de Repsol» o tomen medidas «que perjudican la capacidad de Repsol de defender y recuperar plenamente sus derechos»62.

Por lo tanto, todo nuevo inversionista se arriesgaba a una demanda de Repsol al tiempo que se exponía a lo que se percibía como un clima de inseguridad jurídica en Argentina, debido a lo que juzgaron como un quebrantamiento de acuerdos de inversión (al expropiar de manera discriminatoria) y el historial de incumplimiento por parte de dicho país de los laudos que le desfavorecen.

«Es claro que el conflicto con Repsol va a incidir en la decisión de algunos inversores», admitió el entonces presidente de YPF, Miguel Galuccio, pocos meses después de la expropiación. «No voy a esconder el hecho de que tras la expropiación hay gente renuente, pero somos lo suficientemente atractivos. Estamos dando señales: hemos honrado las deudas (de YPF), continuamos cotizando en la Bolsa de Nueva York y estamos produciendo e invirtiendo más. Con el tiempo esos temores van a desaparecer [...] No hay una tendencia a la nacionalización».

No obstante esas señales, a YPF le costó concretar algún acuerdo, un escenario que el gobierno argentino seguramente no previó cuando expropió las acciones de Repsol y asumió el control de la petrolera. YPF firmó cartas de intención para la explotación de Vaca Muerta con varias empresas, incluyendo Dow Chemical, el holding argentino Corporación América y Bridas Corp, un joint venture de la familia Bulgheroni (Argentina) y la petrolera china CNOOC63, aunque esta última no firmó la carta de intención de 2012.

A fines de diciembre de 2012, YPF firmó un acuerdo con Bridas para una inversión inicial de US$1.500 millones en la exploración de petróleo no convencional en Vaca Muerta, por un período de dos años. El acuerdo con Bridas consistió en que YPF mantendría el título sobre el área y ambas partes compartirían los costos de exploración, explotación y tecnología (acuerdo tipo farm-in)64. En consecuencia, Repsol demandó a Bridas ante tribunales estadounidenses. El acuerdo con Bridas no prosperó.

 

Contrato con Chevron

La petrolera estadounidense Chevron ignoró las advertencias de Repsol y se aseguró su participación en Vaca Muerta, logrando a cambio condiciones muy favorables en el contrato de explotación con YPF. En septiembre de 2012, YPF y Chevron firmaron un memorándum de entendimiento para iniciar negociaciones sobre la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos en Vaca Muerta.

En consecuencia, Repsol interpuso una demanda en contra de Chevron ante un tribunal mercantil de España, acusando a la empresa de competencia desleal, y otro en tribunales estadounidenses. En ambos solicitó la anulación del acuerdo y compensaciones.

No obstante las demandas de Repsol, las negociaciones entre Chevron e YPF continuaron y en diciembre de 2012 llegaron a un acuerdo para la explotación del yacimiento, con una inversión inicial de US$1,2 mil millones y más de US$17 mil millones proyectados para 2017.

Casi un año después, en noviembre de 2013, Repsol amplió la demanda en contra de Chevron ante el tribunal de Nueva York, pidiendo nuevamente que se anulara su acuerdo con YPF. Según el presidente de YPF, el monto inicial de inversión de Chevron ya se había concretado para mediados de diciembre de 2013.

Según el periódico español El Economista, que aseguró haber visto el texto de ampliación de la demanda, Repsol afirma que el gobierno argentino y Chevron mantuvieron conversaciones sobre la explotación de Vaca Muerta previo a la expropiación. Antes de la expropiación, señala el periódico, «la compañía ya había mantenido negociaciones con YPF en las que se le facilitaron datos confidenciales, al igual que a otras 15 compañías, para buscar aliados en la explotación de este megayacimiento»65.

Chevron se dispuso a asumir una enorme inversión, arriesgándose a una demanda de Repsol y ante un escenario local imprevisible. Sin embargo, primaron las posibilidades del negocio: «Vaca Muerta podría convertirse en un importante contribuidor al crecimiento de la producción de Chevron a largo plazo», afirmó el vicedirector de Chevron Corporation, George Kirkland66.

Empujado por su necesidad de encontrar inversionistas con la tecnología y el capital necesarios para explotar el enorme yacimiento, el gobierno argentino intervino a favor de Chevron en un pleito judicial que involucraba a la empresa en Argentina. Chevron había sido demandado por contaminación con desechos tóxicos en Ecuador y como medio para asegurar el pago de indemnizaciones a las comunidades demandantes en ese país, dos tribunales argentinos ordenaron el embargo de los bienes de la subsidiaria de Chevron en Argentina67. En junio de 2013, la Corte Suprema argentina levantó la medida tras la presentación de un informe de la procuradora general de Argentina, quien instó a la Corte Suprema a actuar para evitar «un daño irreparable e irreversible a los intereses nacionales esenciales»68.

El texto completo del acuerdo entre YPF y Chevron se ha mantenido en reserva y no se ha permitido su acceso público. Tampoco se les permitió a los representantes de Repsol en el directorio de YPF tener acceso pleno al contrato, como lo pidieron formalmente. Esta solicitud fue rechazada por el Comité de Auditores de YPF69. Días después, un tribunal comercial argentino también denegó la solicitud70.

No obstante, según un alto ejecutivo de YPF consultado por el diario The New York Times, «el acuerdo protegerá a la empresa estadounidense de pérdidas financieras vinculadas a cambios políticos. Después de que la empresa invierta US$1,2 mil millones, 18 meses más tarde podrá retirarse de las operaciones sin penalidades y continuar recibiendo ganancias netas del 50% de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad».

Estas condiciones en el contrato fueron desmentidas públicamente por YPF71, pero no por Chevron72. Se sospecha que la renuncia del director de YPF, Eduardo Basualdo, en junio de 2013, en medio de las negociaciones con Chevron, se debió a los términos del acuerdo con la empresa estadounidense73.

El gobierno aseguró que el contrato no contenía cláusulas «secretas» perjudiciales para los intereses del país, pero YPF ha objetado reiteradamente distintas solicitudes para acceder al texto en su totalidad. En noviembre de 2015, la Corte Suprema de Argentina ordenó a YPF S.A. a hacer públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscrito con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén, luego que el senador Héctor Rubén Giustiniani acudiera a los tribunales tras la negativa de YPF de proveer la información. Sin embargo, a mayo de 2016, la empresa aún se negaba a hacerlo público.

 

«Ley Chevron»

El contrato con Chevron se firmó en julio de 2013, un día después de la promulgación del nuevo Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, que de alguna manera flexibilizó los nuevos controles a la inversión extranjera. Entre otras cosas, el nuevo régimen de inversiones establece que las empresas inscritas en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y que hubiesen presentado un plan de inversiones no inferior a mil millones de dólares, a ser invertidos en los primeros cinco años, podrán -a partir de ese plazo- comercializar en el exterior el 20% de su producción de hidrocarburos sin pagar impuestos de exportación y tendrán la libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de esas exportaciones. Además, las empresas podrán vender hidrocarburos destinados a la exportación a precios internacionales en el mercado local, si la oferta local resultara insuficiente74.

A raíz de las críticas, el entonces presidente de YPF, Miguel Galuc-cio, salió en defensa de la decisión. «El decreto 929/13 constituyó un punto de partida para atraer las inversiones que nos permiten poner en producción vastos recursos de gas y petróleo de la Argentina, en especial los no convencionales, y dar un horizonte de previsibilidad para las inversiones que, por su naturaleza, son de muy largo plazo», explicó75.

La promulgación del nuevo régimen fue considerado por opositores al gobierno de Fernández como una concesión a la medida de Chevron, por lo que se ha llegado a denominar la «Ley Chevron». El diputado Alejandro Bodart y el abogado ambientalista Enrique Viale pidieron a los tribunales argentinos abrir una investigación a la Presidenta Fernández por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes públicos, asegurando que el derecho a exportación del 20% de la producción sin pago de impuestos y la libre disposición del 100% de las divisas, como establece el Decreto 929/2013, entre otros aspectos, violan la Ley de Hidrocarburos y la Constitución.

La denuncia también es por tentativa de contaminación ambiental, debido al potencial daño ambiental por la técnica de fracking76, que requeriría la explotación de hidrocarburos no convencionales por parte de una transnacional cuyas credenciales ambientales ya han sido cuestionadas77. En mayo de 2014, la Cámara Federal de Buenos Aires dio luz verde a la investigación de la Presidenta Fernández por la firma de este decreto.

 

Acuerdo entre Argentina y Repsol

Mientras YPF y Chevron acercaban posiciones, otra empresa extranjera también buscaba introducirse en el negocio de Vaca Muerta: la petrolera estatal mexicana Pemex, segundo accionista de Repsol (9,4%). Esto puso a México en una incómoda posición. Pemex no podía suscribir contratos con YPF mientras Repsol mantuviera un litigio internacional pendiente con la empresa argentina.

Esta situación llevó a Pemex a cuestionar la gestión de la directiva de Repsol, presionar por un acuerdo con YPF y tomar medidas. Así, en noviembre de 2013, Pemex congeló acuerdos para construir 14 barcos en astilleros de Galicia y amenazó con retirar sus inversiones de Repsol78. El Presidente mexicano, Enrique Peña y Nieto, incluso llegó a solicitar a su par español que propiciara un acuerdo entre Repsol e YPF.

Finalmente, en una reunión promocionada por directivos de Pemex en Buenos Aires, el 25 de noviembre de 2013 el gobierno de Argentina y ejecutivos de Repsol alcanzaron un principio de acuerdo sobre compensaciones por la expropiación. El «Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación» fue aprobado por el Consejo de Administración de Repsol en febrero de 2014 y consistió en una compensación de US$5 mil millones en bonos y garantías para su pago efectivo, que debe completarse en 203379. El acuerdo también establece que la empresa desistirá de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y ambas partes renunciarán a nuevas reclamaciones. Tras ello, las partes pidieron suspender el procedimiento en el CIADI y, en mayo de 2014, fue terminado definitivamente por acuerdo entre las partes.

Según el periódico argentino Perfil, desde que se dio a conocer el preacuerdo con Repsol, al menos diez grandes petroleras internacionales se contactaron con ejecutivos de YPF para retomar conversaciones sobre una posible asociación con la empresa argentina, particularmente respecto del yacimiento Vaca Muerta. Estas, según el periódico, incluyen las estadounidenses ExxonMobil, ConocoPhillips, Anadarko Petroleum y Southwestern Energy, la británica British Petroleum, la italiana ENI, la rusa Gazprom, la china CNOOC y la malaya Petronas80.

A fines de 2013, YPF firmó acuerdos con Dow Chemicals y con el holding argentino Pampa Energía para una inversión total de unos US$ 400 millones en el yacimiento Vaca Muerta81. En febrero de 2014, firmó un principio de acuerdo con la petrolera malaya Petronas.

No obstante, emergieron dudas respecto de la legalidad del acuerdo con Repsol, pues violaría la Ley de Soberanía Hidrocar-burífera, la cual estableció que debía ser el Tribunal de Tasaciones de la Nación el encargado de determinar el monto de indemnización82. A la fecha del acuerdo, el Tribunal aún no lo hacía.

Con una indemnización de US$5 mil millones, Repsol obtiene solo la mitad de lo que había exigido inicialmente como compensación por la expropiación, pero evitó un largo proceso arbitral en el CIADI, que podría terminar con un laudo que le otorgue una cifra de indemnización aún menor, con el riesgo adicional de que Argentina no lo pagara. Por otra parte, con este acuerdo se despejó el camino para que uno de sus principales accionistas, Pemex, pudiera invertir en Vaca Muerta.

«Sellar un acuerdo entre Repsol y el Estado argentino dará la confianza necesaria para alcanzar nuevas alianzas con posibles inversores y así poder impulsar -en toda su dimensión- la explotación de no convencionales», dijo Galuccio83.

En mayo de 2014, Repsol vendió las acciones que mantenía en la petrolera argentina así como los últimos bonos argentinos que recibió como compensación tras el acuerdo, todo por un total de casi US$5 mil millones84. Con ello, Repsol se retiró por completo del negocio con YPF y ambas partes dieron por concluido el pleito en torno a compensaciones por la expropiación.

 

Conclusiones

El caso de Repsol-YPF en Argentina demostró lo costoso que es nacionalizar o expropiar bienes o recursos, transgrediendo obligaciones internacionales derivadas de acuerdos y tratados suscritos en el pasado y que continúan vigentes. El carácter discriminatorio de la expropiación -y el momento en que se hizo, solo meses después del descubrimiento de nuevas reservas en Vaca Muerta- le trajo a Argentina una durísima reacción internacional. La avalancha de críticas y represalias, y la renuencia de otros inversionistas a firmar contratos con YPF -tanto debido a la amenaza de demanda de Repsol, como a la percepción de un clima de inseguridad jurídica- le hizo muy difícil a Argentina atraer nuevos inversionistas para el sector de los hidrocarburos.

Fueron estas dificultades -más la urgente necesidad de contar con el capital y tecnologías para explotar el yacimiento Vaca Muerta- las que obligaron a Argentina a aceptar pagar compensaciones pendientes de casos anteriores ante tribunales arbitrales; llegar a un acuerdo de indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación; promulgar un nuevo régimen de inversiones en hidrocarburos más favorable para los inversionistas extranjeros, y acordar concesiones para una transnacional como Chevron que, tal vez, en otras circunstancias, no habría permitido.

Con ello, Argentina levantó las principales barreras que le impedían avanzar en su meta de autosuficiencia energética a través del control estatal de YPF y nuevas inversiones en el sector. Sin embargo, si los términos del acuerdo Chevron son tal como se sospechan, significaría un altísimo costo para Argentina: un costo no solo económico, sino también político, dado que sería contradictorio con los propios principios detrás de la «Ley de Soberanía Hidrocarburífera».

En última instancia, lo que condicionó a Argentina en su intento de retomar el control estatal del sector de los hidrocarburos fue un factor que iba más allá de su voluntad política o los límites impuestos por sus obligaciones internacionales. Fue la falta de recursos y tecnologías propios para invertir en los sectores nacionalizados. A fin de cuentas, lo que esto le significó fue un errático caminar sobre una línea muy fina que intenta equilibrar los intereses del Estado con la necesidad de retener y atraer inversión extranjera para desarrollarlos.

 

Notas

1 Decreto N° 1055/89, 10 de agosto de 1989. Boletín Oficial, 9 de agosto de 1989, Buenos Aires. Disponible en: http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/1055-89.htm. Consultado: 10 de noviembre de 2013.

2 La ley fue aprobada con 119 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. Fuente: La Nación, «Se autorizó por ley la venta de YPF», 25 de septiembre de 1992, Buenos Aires.

3 Artículo 8 de Ley N° 24.145 «Federalización de Hidrocarburos. Transformación Empresaria y Privatización del Capital de YPF Sociedad Anónima. Privatización de Activos y Acciones de YPF S.A.», 24 de septiembre de 1992, Buenos Aires. Disponible en: http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/24145.htm. Consultado: 10 de noviembre de 2013.

4 Ibid., Artículos 9 y 10.

5 Para un relato detallado de la expansión internacional de Repsol y la compra de YPF, ver: María Paula Iza, «El proceso de internacionalización del sector energético español: Análisis de caso Repsol-YPF», en Contribuciones a la Economía, agosto de 2007. Disponible en: http://www.eumed.net/ce/2007b/mpi.htm.

6 Acuerdo Repsol YPF-Grupo Petersen, «Repsol YPF y el Grupo Petersen firman un acuerdo para la venta de hasta el 25% de YPF». Repsol, 21 de diciembre de 2007, Madrid. Disponible en: https://imagenes.repsol.com/es_es/repsoypf_tcm7-437091.pdf. Consultado: 20 de noviembre de 2013.

7 «Fíjase como objetivo la desregulación del sector hidrocarburos, para lo cual se establecen reglas que privilegian los mecanismos de mercado para la fijación de precios, asignación de cantidades, valores de transferencia y/o bonificaciones en las distintas etapas de la actividad». Artículo 1 del Decreto N° 1212/89, 8 de noviembre de 1989, Boletín Oficial, Buenos Aires. Disponible en: http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/1212-89.htm. Consultado: 13 de noviembre de 2013.

8 Artículos 1 y 5 del Decreto N° 1853/93 que modifica la Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382, 2 de septiembre de 1993, Buenos Aires. Disponible en: http://www.mrecic.gov.ar/userfiles/ley-de-inversiones-extranjeras.pdf. Consultado: 10 de noviembre de 2013.

9 Los acuerdos con Tailandia, Rusia, Algeria y la República Dominicana se suscribieron en 2000-2001. Fuente: Organization of American States, Foreign Trade Information System. Disponible en: http://www.sice.oas.org/ctyindex/ARG/ARGBITS_e.asp. Consultado: 10 de noviembre de 2013.

10 Artículo V sobre Nacionalización y Expropiación, «Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y el Reino de España», 3 de octubre de 1991, Buenos Aires. Disponible en: http://www.sice.oas.org/Investment/BITSbyCountry/BITs/ARG_Spain_s.pdf. Consultado: 13 de noviembre de 2013.

11 Ley 26.741, «Ley de Expropiación de las Acciones de YPF. Declaración de Interés Público Nacional el Logro del Autoabastecimiento de Hidrocarburos», 3 de mayo de 2012. Boletín Oficial, 7 de mayo de 2012, Buenos Aires. Disponible en: www.infojus.gov.ar/legislacion/ley-nacional-26741-ley_expropiacion_las_accio-nes.htm?1#II-0001. Consultado: 9 de noviembre de 2013.

12 Las provincias de Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Fuente: www.ofephi.com.ar.

13 Artículo 10 de la Ley Nacional de Expropiaciones N° 21.499, 17 de enero de 1977, Buenos Aires. Disponible en: www.ttn.gov.ar/leyes/ley_nac_exp.htm. Consultado: 9 de noviembre de 2013.

14 Título V de la Ley Nacional de Expropiaciones.

15 Proyecto de Ley de Soberanía Hidrocarburífera, Poder Ejecutivo Nacional, 16 de abril de 2012. Buenos Aires, folio 44.

16 Artículo 17 de la Ley de Expropiación de las Acciones de YPF.

17 Reglamentación de la Ley 26.741. Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina, Decreto N° 1.277/2012, 25 de julio de 2012. Boletín Oficial, 27 de julio de 2012, Buenos Aires. Disponible en: www.infojus.gov.ar/legislacion/decreto-nacional-1277-2012-regla-mentacion_ley_26741_reglamento.htm?2#I0001.

18 Artículos 3 y 5 del Decreto N° 1589/89, 27 de diciembre de 1989, Boletín Oficial, Buenos Aires. Disponible en: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2011/10/decreto-1589-89.pdf. Consultado: 10 de noviembre de 2013.

19 Artículos 5 (d), 13, 14 y 15 del Decreto N° 1055/89, 10 de agosto de 1989, Boletín Oficial, 9 de agosto de 1989, Buenos Aires. Disponible en: http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/1055-89.htm. Consultado: 10 de noviembre de 2013.

20 Proyecto de Ley de Soberanía Hidrocarburífera, folio 20.

21 Proyecto de Ley de Soberanía Hidrocarburífera, folio 30.

22 Chubut, Neuquén, Mendoza, Salta, Río Negro y Santa Cruz.

23 Proyecto de Ley de Soberanía Hidro-carburífera . El Decreto N° 324/12, en que el gobierno provincial de Chubut caducó las concesiones de explotación de yacimientos de YPF S.A., por ejemplo, se basa en el «incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones y trabajo» de la empresa. Ley N° 458, Ratificase el Decreto N° 324/12 del Poder Ejecutivo Provincial de 14 marzo 2012, Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia de Chubut N° 11441, 27 marzo 2012. Disponible en: www.chubut.gov.ar/portal/medios/uploads/boletin/Marzo%2027,%202012.pdf. Consultado: 9 de noviembre de 2013.

24 Repsol S.A., «Repsol YPF realiza el mayor descubrimiento de petróleo de su historia». Comunicado de Prensa, 7 de noviembre de 2011, Madrid. Disponible en: www.repsol.com/es_es/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/07112011-mayor-descubrimiento-argentina.aspx. Consultado: 11 de noviembre de 2013.

25 Repsol S.A., «Repsol YPF eleva su previsión de recursos y reservas del descubrimiento de hidrocarburos en la formación Vaca Muerta a 22.807 millones de barriles equivalentes de petróleo (mbep)». Comunicado de Prensa, 8 de febrero de 2012, Madrid. Disponible en: www.repsol.com/es_es/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/08012012-repsol-eleva-prevision-recursos-vaca-muerta.aspx. Consultado: 18 de noviembre de 2013.

26 Miguel Jiménez, «Espero que podamos llegar a un acuerdo con Argentina sobre YPF», El País, 18 de noviembre de 2012, Madrid. Disponible en: http://economia.elpais.com/economia/2012/11/17/actualidad/1353177617_511659.html. Consultado: 12 de noviembre de 2013.

27 En declaraciones públicas, el gobierno español señaló que la medida argentina "es discriminatoria respecto de otros operadores, porque se anuncia una ley de nacionalización del sector, pero solo se adoptan medidas en relación con una empresa". La Moncloa, "Declaraciones de los ministros de Asuntos Exteriores y de Industria sobre Repsol-YPF", 16 de abril de 2012, Madrid. Disponible en: www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioIndustriaEnergiaTurismo/2012/160412Repsol.htm. Consultado: 16 de abril de 2013.

28 EFE, "Rajoy: la expropiación es un mal precedente para otras empresas", Expansión, 17 de abril de 2012, Madrid. Disponible en: www.expansion.com/2012/04/17/economia/politica/1334681538.html. Consultado: 11 de noviembre de 2013, y Expansión, "Brufau confía en recuperar 8.000 millones por YPF pero las acciones de Repsol se desploman otro 6%", 17 de abril de 2012. Madrid. Disponible en: www.expansion.com/2012/04/16/empresas/energia/1334590764.html. Consultado: 11 de noviembre de 2013.

29 Ibid.

30 Expansión, "Brufau confía en recuperar 8.000 millones por YPF pero las acciones de Repsol se desploman otro 6%", 17 de abril de 2012. Madrid. Disponible en: www.expansion.com/2012/04/16/empresas/energia/1334590764.html. Consultado: 11 de noviembre de 2013.

31 V. Martínez, "«El gobierno aprueba la orden para reducir la compra de biodiesel a Argentina». El Mundo, 20 de abril de 2012, Madrid. Disponible en: www.elmundo.es/elmundo/2012/04/20/economia/1334933991.html. Consultado: 24 de abril de 2012.

32 Bermejo García, R. y Garciandía Garmendia R., «La Expropiación de YPF (Repsol) a la luz del Derecho Internacional», Revista Electrónica de Estudios Internacionales N° 24, diciembre de 2012, Madrid. p. 30. Disponible en: www.reei.org/index.php/revista/num24/articulos/expropiacion-ypf-repsol-luz-derecho-internacional. Consultado: 15 de abril de 2013.

33 Resolución 11614, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 25 de octubre de 2013. Boletín Oficial del Estado N° 266, Sección III, Páginas 89239 a 89247, 6 de noviembre de 2013, Madrid. Disponible en: www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11614. Consultado: 13 de noviembre de 2013.

34 Repsol, S.A. and Repsol Butano, S.A. v. Argentina Republic, (ICSID Case N° ARB/12/38), 18 de diciembre de 2012, Washington D. C. Disponible en https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet. Consultado: 13 de noviembre de 2013.

35 El tribunal está compuesto por el presidente, Claus von Wobeser (mexicano), Francisco Orrego Vicuña (chileno), designado por Repsol, y Brigitte Stern (francesa), designada por Argentina.

36 Juan Pablo De Santis, «Repsol demandó a Argentina ante el CIADI por la 'expropiación discriminatoria'». La Nación, 3 de diciembre de 2012, Buenos Aires. Disponible en: www.lanacion.com.ar/1532938-repsol-demando-a-la-argentina-ante-el-ciadi-por-la-expropiacion-discriminatoria-de-ypf. Consultado: 13 de noviembre de 2013.

37 Bermejo y Garciandía, p. 20.

38 Orrego y Von Wobeser. El 13 de diciembre de 2013 el Consejo Administrativo del CIADI rechazó la solicitud.

39 EFE, «Repsol rechaza por 'insatisfactoria' la oferta argentina para compensar YPF», ABC, 27 de junio de 2013, Madrid. Disponible en: www.abc.es/economia/20130626/abci-repsol-rechaza-201306262222.html. Consultado: 26 de noviembre de 2013.

40 Aproximadamente la mitad de las demandas fueron retiradas posteriormente, privilegiándose la renegociación de contratos.

41 Ley 25.561, «Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario», Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 6 de enero de 2002, Buenos Aires. Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/71477/norma.htm. Consultado: 14 de noviembre de 2013.

42 La Ley de Convertibilidad de 1991 había introducido un tipo de cambio fijo de un dólar por un peso.

43 Para un resumen de las demandas en contra de Argentina en el CIADI debido a las medidas de emergencia, ver: Jonathan Hamilton, «Latin American Investment Protections: Comparative Perspective on Laws, Treaties and Disputes for Investors, States and Counsel». Koninklijke Brill NV, Leiden, 2012, pp. 20-42.

44 Michael Mortimore, «Arbitraje internacional basado en cláusulas de solución de controversias entre los inversionistas y el Estado en acuerdos internacionales de inversión: desafíos para América Latina y el Caribe». Serie Desarrollo Productivo N° 188. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, noviembre 2009, Santiago, pp. 66-68.

45 Kevin T. Jacobs y Matthew G. Paulson, «The Convergence of Renewed Nationalization, Rising Commodities, and 'Americanization' in International Arbitration and the Need for More Rigorous Legal and Procedural Defenses». Texas International Law Journal, vol. 43:359, 2008, University of Texas School of Law, Austin, p. 382. Traducción propia.

46 Arnoldo Wald, «El Estado de Necesidad en Arbitraje del CIADI», Latin Arbitration Law, 17 de agosto de 2012. Disponible en: www.latinarbitrationlaw.com/el-estado-de-necesidad-en-arbitraje-del-ciadi/. Consultado: 14 de noviembre de 2013.

47 En su laudo, el CIADI resolvió que Argentina «violó los estándares de trato justo y equitativo, trato no menos favorable que el exigido por el Derecho internacional y tomó medidas discriminatorias», pero que en el período entre el 1 de diciembre de 2001 y el 26 de abril de 2003, Argentina había actuado en estado de necesidad, por lo que se exoneró del pago de indemnización a la empresa por concepto de los daños ocurridos en ese período. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, «Decisión sobre responsabilidad», Caso CIADI N° ARB/02/13, octubre 2006, Washington D. C., p. 338. Disponible en: https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC627_Sp&caseId=C208. Consultado: 18 de noviembre de 2013.

48 Carlos Jiménez Piernas, «La expropiación de YPF: análisis desde el Derecho Internacional». Real Instituto Elcano, ARI 31/2012, 24 abril 2012, Madrid, p. 5. Disponible en: www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari31-2012. Consultado: 13 de noviembre de 2013.

49 Ibid., p. 5.

50 Tratados Bilaterales de Inversión.

51 Horacio Rosatti, «Los tratados bilaterales de inversión, el arbitraje internacional obligatorio y el sistema jurídico argentino», presentación para la Reunión sobre Temas Críticos de la Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en los Países de la Región. División de Recursos Naturales e Infraestructura. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 22 de septiembre de 2003, Santiago, p. 12.

52 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), «Informe sobre las inversiones en el mundo 2012: hacia una nueva generación de políticas de inversión». Nueva York y Ginebra, junio 2012, p. 87. Disponible en: www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Overview-es.pdf.

53 Ken Parks, «Argentina Reaches $677M Investment Dispute Settlement - Government», The Wall Street Journal, 18 de octubre de 2013, Nueva York. Disponible en: http://online.wsj.com/article/BT-CO-20131018-705467.html. Consultado: 12 de noviembre de 2013.

54 Florencia Donovan, «El Banco Mundial retrasa el nuevo programa», La Nación, 15 de noviembre de 2013, Buenos Aires. Disponible en: www.lanacion.com.ar/1638404-el-banco-mundial-retrasa-el-nuevo-programa. Consultado: 15 de noviembre de 2013.

55 Banco Mundial, «Estrategia de Alianza con la República Argentina, 2010-2012», Informe 48476, 6 mayo 2009, Washington, D. C. Disponible en http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/05/11210160/argentine-country-partnership-strategy-period-2010-2012-argentina-estrategia-de-alianza-con-la-2010-2012.

56 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, «Se publicó el acuerdo sobre laudos firmes en el CIADI», 18 de octubre de 2013, Buenos Aires. Disponible en: www.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2013/10/18-10-2013.pdf. Consultado: 14 de noviembre de 2013.

57 Azurix, Blue Ridge, Vivendi, National Grid y Continental Casualty Company.

58 Instituto para el Desarrollo Social Argentino, p. 2.

59 YPF S.A., «Galuccio presentó el Plan de 100 días - Estrategia de gestión 2013-2017», Comunicado de Prensa, 30 de agosto de 2012. Disponible en: www.ypf.com/YPFHoy/YPFSalaPrensa/Paginas/Presentaci%C3%B3nPlan-100-d%C3%ADas.aspx. Consultado 19 de noviembre de 2013.

60 Casa Rosada: «'Hay que seguir profundizando el modelo para que nadie nos arrebate lo que nos corresponde a los argentinos', afirmó la Presidenta». Presidencia de la Nación Argentina, 20 de noviembre de 2013, Buenos Aires. Disponible en: www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/26860-hay-que-seguir-profundizando-el-modelo-para-que-nadie-nos-arrebate-lo-que-nos-corresponde-a-los-argentinos-afirmo-la-presidenta. Consultado: 22 de noviembre de 2013.

61 De acuerdo a la CEPAL, la reinversión de utilidades por parte de las filiales extranjeras en el país, como resultado de restricciones en el acceso a divisas, representó un 77% del ingreso total de IED a Argentina en 2013, aunque su valor se redujo un 14% respecto de 2012. CEPAL, «La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2013», mayo 2014, Santiago, p. 38. Disponible en: www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/52979/LaInversionExtranjera2013.pdf. Consultado: 29 de mayo de 2014.

62 Jude Webber y Miles Johnson, «Repsol warns rivals over investing in YPF». Financial Times, 7 de mayo de 2012, Londres. Traducción propia. Disponible en: www.ft.com/intl/cms/s/0/a401e746-9860-11e1-8617-00144feabdc0.html#axzz2l1xufT6p. Consultado: 18 de noviembre de 2013.

63 Pablo González y Camila Russo, «Chevron $1.24 Billion Deal Leads YPF Post-Repsol Shale Hunt». Bloomberg, 17 de julio de 2013, Nueva York. Disponible en: www.bloomberg.com/news/2013-07-16/chevron-signs-1-24-billion-shale-accord-with-argentina-s-ypf.html. Consultado: 19 de noviembre de 2013.

64 Ámbito: «YPF anunció un acuerdo con Bridas por US$ 1.500M», 28 de diciembre de 2012, Buenos Aires. Disponible en: www.ambito.com/noticia.asp?id=669319. Consultado: 26 de noviembre de 2013.

65 Rubén Esteller y José Luis de Haro, «Repsol recrudece su pelea con YPF en EE.UU.: lleva a juicio el acuerdo de Chevron», El Economista, 11 de noviembre de 2013, Madrid. Disponible en: www.eleconomista.es/energia/noticias/5300222/11/13/Repsol-recrudece-su-pelea-con-YPF-en-EEUU-lleva-a-juicio-el-acuerdo-de-Chevron.html. Consultado: 18 de noviembre de 2013.

66 Chevron Corporation, «Chevron, YPF Continue Development of Vaca Muerta Shale in Argentina», 10 de abril de 2014, San Ramon. Disponible en: www.chevron.com/chevron/pressreleases/article/04102014_chevronypfcontinuedevelopmentofvacamuertashaleinargentina.news. Consultado: 2 de junio de 2014.

67 Chevron había sido demandada en 1993 por comunidades indígenas de la amazonía ecuatoriana, por los daños causados por la contaminación con desechos tóxicos de un área de la selva amazónica entre 1972-1992 por parte de la empresa Texaco, comprada por Chevron en 2001. A comienzos de noviembre de 2013, la Corte Suprema de Ecuador ratificó la resolución de un juez que ordenaba a Chevron a pagar una indemnización a las comunidades. Como Chevron no tenía bienes en Ecuador, los demandantes intentaron asegurar la indemnización por medio de los bienes que las subsidiarias de Chevron tenían en Canadá, Brasil y Argentina.

68 Simón Romero y Clifford Krauss, «An Odd Alliance in Patagonia». The New York Times, 21 de octubre de 2013, Nueva York. Disponible en: www.nytimes.com/2013/10/22/business/energy-environment/argentinas-oil-ambitions-create-unlikely-alliance-with-chevron.html?ref=americas. Consultado: 18 de noviembre de 2013.

69 AméricaEconomía, «YPF resolvió que Repsol no tendrá acceso a documentación sobre acuerdo con Chevron», 8 de noviembre de 2013, Santiago. Disponible en: www.americaeconomia.com/node/104613. Consultado: 18 de noviembre de 2013.

70 A raíz del intento de acceder al contrato de YPF con Chevron, en octubre de 2013 YPF presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) en contra de los dos directores de Repsol en la petrolera argentina, Luis García del Río y Carlos María Tombeur, por presunto conflicto de interés y su «posible actitud obstaculizadora» de las actividades de la empresa. La CNV abrió un sumario en contra de los dos ejecutivos al mes siguiente. Después de la expropiación, señala la resolución de la CNV, que cita la denuncia de YPF, Repsol «ha iniciado una batería de acciones comerciales y judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos y España, con el objeto de obstaculizar la actividad de YPF. De este modo, Repsol pretende presionar al Estado nacional a los fines de obtener una mejor posición de negociación por la indemnización de sus activos sujetos a expropiación [...] La estrategia litigiosa de Repsol sumó acciones concretas dirigidas a obstaculizar la explotación no convencional de hidrocarburos por parte de YPF y, en particular, impedir la asociación con ese propósito entre empresas del Grupo YPF y empresas del grupo Chevron» (Fuente: Resolución N° 17229, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Comisión Nacional de Valores, 21 de noviembre de 2013, Buenos Aires, pp. 2-3. Disponible en: www.cnv.gob.ar/ResDisciplinarias/Reslniciales/Resolucion17229.pdf. Consultado: 22 de noviembre de 2013). De ser encontrados responsables de conflicto de interés y obstaculización de las actividades de YPF, los dos representantes de Repsol podrían quedar inhabilitados para continuar en el directorio de YPF.

71 La Nación, «Polémica entre YPF y el New York Times por el contrato firmado con Chevron», 24 de octubre de 2013, Buenos Aires. Disponible en: www.lanacion.com.ar/1632044-polemica-entre-ypf-y-el-new-york-ti-mes-por-el-contrato-firmado-con-chevron. Consultado: 18 de noviembre de 2013.

72 Consultado al respecto, uno de los autores del artículo del NYT, Clifford Krauss, dijo que a pesar del desmentido, YPF nunca solicitó al diario una rectificación y Chevron jamás negó la versión.

73 La Política Online, «Basualdo renunció a YPF en rechazo al acuerdo con Chevron», 6 de junio de 2013, Buenos Aires. Disponible en: www.lapoliticaonline.com/noticias/val/91375/basualdo-renuncio-a-ypf-en-rechazo-al-acuerdo-con-chevron.html. Consultado: 18 de noviembre de 2013.

74 Artículo 6 del Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, Decreto N°929/2013, 11 de julio de 2013. Boletín Oficial, 15 de julio de 2013, Buenos Aires. Disponible en: www.infojus.gov.ar/legislacion/decreto-nacional-929-2013-creacion_regimen_promocion_inversion.htm;jsessionid=l4q7x3i7kjih1r0sypuj1w04t?0. Consultado: 10 de noviembre de 2013.

75 La Nación, «Miguel Galuccio: el acuerdo con Chevron lo firmó YPF y no la Presidenta», 14 de mayo de 2014, Buenos Aires. Disponible en: www.lanacion.com.ar/1690613-miguel-galuccio-el-acuerdo-con-chevron-lo-firmo-ypf-y-no-la-presidenta-de-la-nacion. Consultado: 4 de junio de 2014.

76 Técnica de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos del subsuelo, que ha sido criticada por su impacto ambiental.

77 Clarín, «La Justicia investigará a Cristina por el acuerdo entre YPF y Chevron», 14 de mayo de 2014, Buenos Aires. Disponible en: www.clarin.com/politica/Justicia-investigara-Cristina-YPF-Chevron_0_1138086193.html. Consultado: 3 de junio de 2014.

78 Martín Rodríguez Yebra, «México presiona a España para que propicie un acuerdo Repsol-YPF», La Nación, 16 de noviembre de 2013, Buenos Aires. Disponible en: www.lanacion.com.ar/1638679-mexico-presiona-a-espana-para-que-propicie-un-acuerdo-repsol-ypf. Consultado: 19 de noviembre de 2013.

79 El proyecto de «Ratificación del Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación Celebrado entre la República Argentina y Repsol S.A., Repsol Capital S.L. y Repsol Butano S.A. el 27 de febrero de 2014». Está disponible en la página web del senado argentino: www.senado.gov.ar/web/proyectos/verExpe.php?origen=PE&nro_comision=&tipo=PL&numexp=247/13&tConsulta=3.

80 Nicolás Gandini, «Diez petroleras se acercan a Vaca Muerta tras el pacto con Repsol». Perfil, 1 de diciembre de 2013, Buenos Aires. Disponible en: www.perfil.com/economia/Diez-petroleras-se-acercan-a-Vaca-Muerta-tras-el-pacto-con-Repsol-20131201-0029.html. Consultado: 1 de diciembre de 2013.

81 Energy Press, «YPF y Dow Chemical cerraron acuerdo para avanzar en la explotación de gas en El Orejano», 26 de noviembre de 2013, Neuquén. Disponible en: www.energypress.com.ar/index.php?r=noticias/verArticulo&q=73312. Consultado: 26 de noviembre de 2013.

82 R. Esteller y L. López, «Un fiscal argentino investiga el pacto de Argentina con Repsol». El Economista, 6 de diciembre de 2013, Madrid. Disponible en: www.eleconomista.es/empresas-eAm-argentina/noticias/5374176/12/13/Un-fiscal-argentino-investiga-el-pacto-de-Argentina-con-Repsol.html. Consultado: 6 de diciembre de 2013.

83 Reuters España, «YPF dice que el acuerdo con Repsol traerá las inversiones en Argentina». Reuters, 28 de noviembre de 2013, Madrid. Disponible en: http://es.reuters.com/article/top-News/idESMAE9AR00C20131128. Consultado: 28 de noviembre de 2013. Miguel Galuccio, quien asumió la presidencia de YPF en mayo de 2012, luego de la expropiación renunció a su cargo en abril de 2016. El gobierno autorizó una compensación de casi 5 millones de dólares. La asamblea de accionistas de la empresa designó en su reemplazo al expresidente de la empresa Telefónica, Miguel Ángel Gutiérrez.

84 Miguel Jiménez, «Repsol se desvincula por completo de Argentina con su salida de YPF». El País, 23 de mayo de 2014, Madrid. Disponible en http://economia.elpais.com/economia/2014/05/23/actualidad/1400839173_922748.html. Consultado 2 junio 2014.

 

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Recibido el 16 de junio de 2014. Actualización recibida el 24 de mayo de 2016. Aceptado el 31 de mayo de 2016.

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