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Introducción
Actualmente, la deriva ambiental por la aplicación de plaguicidas ha generado diversos efectos adversos en la salud de las personas, contaminación de aguas, aire, suelos, especies animales, vegetales y ecosistemas, producto del escaso control y medidas preventivas respecto de la aspersión de la gran variedad de agrotóxicos que se aplican en la agricultura(1,2).
Investigaciones documentan las consecuencias en la salud de niños, adolescentes y adultos expuestos a plaguicidas, ya sea por la actividad laboral como por vivir o estudiar cerca de predios agrícolas. Se ha reportado que la exposición ocupacional a una serie de insecticidas, herbicidas y fungicidas está asociada principalmente a cáncer de próstata, cáncer al pulmón, melanoma y leucemia(3). Otros estudios, encontraron efectos adversos en los niveles neurocognitivo y motor(4), polineuropatía periférica(5), ansiedad(6), malformaciones(7), disrupción endocrina(8) y del sistema reproductivo(9), daño renal(10) y genotoxicidad(11).
Por otro lado, el cambio climático ha provocado el aumento de temperaturas, insectos más resistentes a condiciones adversas y la presencia de plagas invasoras que antes no existían, lo que produce que muchos agricultores sobreexcedan el uso de plaguicidas, sin recibir la capacitación y control adecuado de su uso(12).
En diversos países se han hallado residuos de plaguicidas en frutas y verduras, dando cuenta de hasta 5 tipos de pesticidas(13). En Argentina, 6 de 10 frutas poseen más de un agroquímico, en Chile más de 2 tipos de pesticidas altamente peligrosos se han encontrado en frutas y, además, diversos fungicidas y preservantes(14).
En Chile se vende, en collares de animales domésticos y en productos que controlan plagas de pulgas y garrapatas(15), plaguicidas que en Europa están prohibidos, restringidos en USA o que la IARC (International Agency for Resarch on Cancer) tiene clasificados en el grupo 2A como probablemente cancerígeno, siendo un ejemplo el diazinón(16). Por lo tanto, toda la población está en cierta medida expuesta y, lamentablemente, las normativas chilenas regulan parcialmente la venta y manipulación de estos plaguicidas; cualquier adulto puede aplicarlos sin capacitación, independiente de su peligrosidad, lo que implica que el riesgo a la salud de las personas sea mayor.
Sin embargo, las poblaciones más vulneradas son las comunidades rurales, quienes aplican al interior de los hogares insecticidas que se utilizan en la agricultura, y viven, estudian y trabajan cerca de predios agrícolas que aplican una diversidad de pesticidas sin las regulaciones correspondientes(17).
El siguiente trabajo tiene como objetivo dilucidar la situación de exposición a plaguicidas en comunidades escolares rurales, y aplicar elementos de la bioética y justicia ambiental para proponer un cambio y acciones que permitan mejorar su calidad de vida y salud.
La relevancia de esta revisión se enmarca en generar un análisis reflexivo de la condición de justicia ambiental que requieren las comunidades rurales expuestas a agrotóxicos, con el fin de orientar las acciones para que se generen los espacios y las normativas que permitan que las comunidades estén protegidas y puedan participar de manera activa en las políticas que se gestionan sobre la contaminación ambiental y el uso de plaguicidas en el territorio rural.
Método
Para realizar esta revisión, se consultó la literatura científica de los últimos 15 años en las bases de datos electrónicas PubMed y SciELO, libros de divulgación científica, normativas y leyes, páginas web de instituciones y artículos vinculados a plaguicidas en escolares y a bioética y justicia ambiental. Se analizaron los contenidos de los documentos y la información se organizó en tres temáticas relevantes: a) exposición a plaguicidas en niños; b) plaguicidas y efectos en la salud de escolares, y c) situación de la exposición a plaguicidas en escolares rurales chilenos. Finalmente, la discusión aborda la evidencia desde una mirada desde la bioética y justicia ambiental.
Resultados
a) Exposición a plaguicidas en niños
Existen diversos estudios internacionales que demuestran presencia de metabolitos de plaguicidas en niños(17-27). La dieta se identifica como la vía de exposición dominante y, en segundo lugar, la aplicación de plaguicidas dentro del hogar. El mayor riesgo se observa en niños, debido a la mayor inhalación y la tasa de ingestión de vegetales por peso corporal en relación con los adultos(17).
En un estudio realizado con 203 niños(18) de 4 a 6 años en EE.UU., se encontró concentraciones de metabolitos dialquilfosforados (DAPs) en la orina (asociados a pesticidas organofosforados) superiores a lo esperado para su edad. Además, se observó que las concentraciones de metabolitos eran más elevadas en niños que vivían en hogares en que se había aplicado plaguicidas al interior del domicilio con anterioridad a cuatro semanas (p<0.05).
Otra investigación, realizada en menores de 15 años de comunidades agrícolas en México(19), analizó 281 muestras de orina. En el 100% de las muestras se detectaron al menos dos pesticidas de los 17 reportados en el total. La presencia de malatión, metoxurón y glifosato se encontró en más del 70% de los casos.
En un estudio para medir la exposición a plaguicidas OP a través de la dieta(20), se cambió gran parte de la dieta con productos de origen orgánico a escolares durante 5 días consecutivos y se recogió diariamente las muestras de orina durante 15 días. Se determinó que la concentración urinaria promedio de metabolitos para el malatión y clorpirifos descendió hasta niveles no detectados después del consumo de dietas orgánicas.
Por otro lado, en 89 niños de 3 y 7 años en Canadá(21) se constató la presencia de altos niveles de metabolito OP en orina de los niños. Se encontró diferencias significativas respecto del contacto con animales dentro de la casa (p=0.02).
Otro estudio(22) encontró concentraciones de clorpirifos más elevado en el polvo doméstico de casas donde los padres son agricultores. También, se ha reportado(23) que niños entre 2 y 5 años estaban expuestos a nivel alto de azinfos metil en el polvo doméstico. Además, niveles detectables de clorpirifos y azinfos metil en las manos y juguetes de niños cuyos padres son agricultores.
Otro estudio en California(24) reportó riesgo en la inhibición de la acetilcolinesterasa provocada por OP en niños y adultos. Se identificó la dieta como la vía de exposición dominante en la exposición acumulada. La tendencia temporal y la variación espacial se asociaron con la exposición con agua potable contaminada y el aire.
En Costa Rica se midió en 140 niños(25), que vivían cerca de plantaciones de plátanos, bananas y de granjas orgánicas, presencia de metabolitos urinarios de clorpirifos, mancozeb y piretroides (3-PBA). Las concentraciones de clorpirifos fueron más elevadas en los niños que vivían cerca de las plantaciones de plátanos y bananos, y cuyas madres tenían menos nivel educacional. Las concentraciones de mancozeb fueron mayores en niños que vivían en la aldea bananera. Los niños más pequeños y que vivían en la aldea de plátanos presentaban concentraciones mayores de piretroides.
Finalmente, un estudio realizado en el Valle de Salinas, en California(26), que reclutó a 601 mujeres embarazadas a quienes se les recolectaron muestras de orina durante el embarazo para medir metabolitos OP, encontró que, a mayor presencia de metabolitos OP prenatales, se observaban mayores rasgos relacionados con un bajo comportamiento social asociado al autismo.
b) Plaguicidas y efectos en la salud de escolares
Los efectos de la exposición a plaguicidas son similares en niños y adultos; sin embargo, sus consecuencias en el organismo van a estar vinculadas con la edad, características fisiológicas y madurez del organismo, además de las características de componente activo y categoría toxicológica del pesticida, dosis, combinación de la exposición aguda y/o crónica, y variables ambientales(27).
Algunas investigaciones evidencian asociación positiva entre la exposición a plaguicidas y la aparición de malformaciones congénitas: defectos en el tubo neural, anomalías musculoesqueléticas, defectos en el aparato urogenital y problemas cardiovasculares en humanos(28).
En México (29) se evaluó la relación entre exposición a plaguicidas y malformaciones en 1.149 recién nacidos de comunidades que cultivan flores, en contraste con 5.069 niños urbanos. Se observó que 20% de los niños nacidos en comunidades que cultivaban flores y expuestas a plaguicidas tenían malformaciones congénitas.
Otros estudios(30,31) midieron los efectos en el desempeño neuroconductual en una cohorte de hijos de madres trabajadoras agrícolas del Valle de Salinas, en California, desde la etapa prenatal. Demostraron que la exposición prenatal a OP está asociada negativamente con el desarrollo cognitivo y neuroconductual de los niños, encontrando efectos a partir de los 12 meses y continuando en la niñez temprana y escolar.
Sin embargo, en el caso de niños expuestos permanentemente a dosis bajas o moderadas también se puede observar consecuencias que se esperan que aparezcan en adultos, como el cáncer. En un estudio de caso y control realizado en Brasil(32), con 252 niños con leucemia y 423 controles, se encontró asociación con el uso de plaguicidas durante el embarazo para la leucemia linfoide aguda (LLA) y para la leucemia mieloide aguda (LMA). La exposición materna a permetrina presentó mayor riesgo de presentar un hijo con leucemia. Al mismo tiempo, la exposición a plaguicidas durante el embarazo mostró un riesgo de hasta 5 veces de presentar un hijo con LLA y de 7 veces de presentar LMA.
Resultados similares se han observado en China(33), donde se desarrolló un estudio con 390 niños con leucemia y 813 controles, encontrando que la incidencia de leucemia y la aplicación al interior del hogar de plaguicidas durante el embarazo fue 1.8 veces mayor y la asociación entre leucemia y exposición a plaguicidas en el jardín durante el embarazo fue de 2.3 veces mayor que los controles.
Situación de la exposición a plaguicidas en escolares rurales chilenos
En los últimos años existe evidencia de que los escolares, principalmente de comunidades rurales, están fuertemente expuestos a una gama de plaguicidas y entre ellos altamente peligrosos(13,17,34-39).
Rojas et al.(34) reportan que un 19,11% de niños nacidos con malformaciones viven cercanos a predios agrícolas. Otro estudio(35), realizado en escuelas municipales de la provincia de Talca, encontró que existe 4.24 veces más probabilidad de encontrar escolares con DI en escuelas cercanas a predios agrícolas. Otra investigación relaciona el consumo de fruta y verduras con residuos de OP y la cercanía de viviendas a predios agrícolas de escolares con presencia de metabolitos OP en la orina(17).
Por otro lado, se encontró en trabajadores de la VIII región que la exposición ocupacional a mezclas de pesticidas provoca daño citogenético(36). En esta misma línea, Contreras-Levicow et al.(37) encontraron que el porcentaje de mujeres con abortos espontáneos en Llay Llay (V Región) y que posee ocupación agrícola es mayor.
Zúñiga et al.(38) hallaron que temporeras agrícolas de la VIII Región poseen mayor daño citogenético, problemas reproductivos, problemas de fertilidad, complicaciones en el embarazo, abortos espontáneos y malformaciones congénitas.
El estudio de Muñoz et al.(39), con 25 escolares rurales, encontró que un 56% presentaba concentraciones por sobre el Límite de Detección (LD) de metabolito de OP dimetilfosfato (DMP). 92% presentaba concentraciones sobre el LD de dimetiltiofosfato (DMTP) y 92% de los escolares presentaba sobre el LD el metabolito dietilfosfato (DEP). Las concentraciones de DMTP se asociaron con menor desempeño cognitivo en la velocidad de procesamiento de la información de los escolares (rs = -.44, p=.014).
Por otro lado, existen estudios de monitoreo y control ambiental de los niveles de residuos de plaguicidas en vegetales en Chile(40-42). Revisando los estudios que evaluaron la fruta y verdura que comen los escolares en Chile(13,17), los resultados se encontraban dentro de lo esperado, según las normas técnicas del Servicio Agrícola Ganadero, SAG(40) y el Ministerio de Salud, MINSAL(41). Sin embargo, estas mediciones se realizan principalmente en empresas grandes, que poseen una alta fiscalización. La situación de huertos o predios agrícolas familiares son poco pesquisados. Un estudio reciente de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, ACHIPIA(42), reveló que los compuestos químicos en alimentos más notificados son los plaguicidas, donde la hortaliza lechuga y el organofosforado metamidofos se presenta por sobre el límite permitido, poniendo en riesgo la salud de las personas. Estas irregularidades se observan principalmente en las hortalizas de consumo de la zona norte y centro de Chile. La tabla 1 muestra una síntesis de los plaguicidas prohibidos o restringidos en Europa, permitidos en Chile y los efectos asociados en la salud humana(3, 43).
Entre los años 2010 y 2011 otro estudio, en la provincia de Talca(17), evaluó la exposición a plaguicidas OP y su asociación con factores de riesgos ambientales y sociodemográficos en 190 escolares de 6 a 12 años. La evaluación de la exposición se realizó a través de la medición de metabolitos OP en orina (DAPs) en dos periodos: verano (época de mayor exposición ambiental) y otoño (periodo de menor exposición ambiental). La presencia de metabolitos DAPs en la orina de escolares se asoció principalmente al consumo de frutas con clorpirifos y fosmet (manzanas, tomate y naranjas), vivir cerca de predios agrícolas y la aplicación de plaguicidas OP (principalmente fenitrotion) dentro del hogar.
Un reciente estudio, que evaluó en dos comunidades escolares rurales chilenas de la región del Maule(44), el efecto de una intervención para reducir la exposición a plaguicidas y midió antes y después la presencia de plaguicidas en la orina de niños y la percepción de riesgo de los mismos escolares y sus padres sobre lo plaguicidas, demostró que están expuestos a una gama de diversos tipos de agroquímicos que coincide con los plaguicidas más vendidos en la región. El estudio consideraba una intervención participativa de la comunidad con un grupo de intervención y otro de control, los escolares varones, de menor edad, que vivían y estudiaban a menos de 200 metros de predios agrícolas, presentaban mayor presencia de metabolitos OP en la orina. En esta investigación se encontró, en la mayoría de las orinas de los escolares, el metabolito paranitrofenol, asociado con el paration y metil paration. Ambos plaguicidas están prohibidos en Chile.
Tanto los investigadores como las autoridades chilenas no logran explicar la presencia de este compuesto químico. Se manejan otras hipótesis, el analito paranitrofenol se asocia también con el nitrobenceno, compuesto que no está regulado en Chile, sí está prohibido en Europa y se encuentra principalmente en zonas mineras o en fertilizantes, esto último podría también explicar la presencia del metabolito en la orina; sin embargo, quedan las interrogantes sin resolver, al observar que en Argentina se vive una realidad similar, siendo más explícitos en mencionar que se aplican plaguicidas prohibidos mezclados con otros plaguicidas agrícolas(45).
Además, se encontró asociada la presencia de paratión con clorpirifos; sin embargo, no hay pruebas contundentes de la presencia del paratión en vegetales o en suelos, solo se ha encontrado en la orina de los escolares. Las consecuencias en la salud del paratión o del nitrobenceno son similares, afectan la fertilidad y, en condiciones de exposición crónica prolongada en el tiempo, puede generar cáncer(43).
Existen evidencias más que suficientes para levantar el principio precautorio, prohibir el uso de los plaguicidas más peligrosos aún vigentes en Chile ( tabla 1 ), restringir la normativa, en cuanto a la venta y aplicación de plaguicidas, a personas capacitadas en su manipulación, solicitar el aumento de fiscalización en los predios agrícolas, análisis anuales de residuos de plaguicidas en las frutas y verduras de consumo nacional y de los plaguicidas que se aplican en el país, y vigilancia de metabolitos de plaguicidas en la población general, principalmente rural.
En dos estudios, realizados en Argentina, se encontró plaguicidas similares al estudio chileno en frutas que consume la población(14) y en aguas poco profundas de predios agrícolas(45). Esto fue denunciado, a su vez, en un documental realizado durante la misma época sobre la masiva exposición a plaguicidas en diversos pueblos rurales, autodenominándose “pueblos fumigados”(46). La condición de exposición de escuelas rurales, aplicación de plaguicidas peligrosos sobre comunidades rurales, escaso conocimiento sobre aplicación de plaguicidas y poca fiscalización, es similar a la realidad chilena(1,6).
Discusión. Una mirada desde la bioética y la justicia ambiental
El solo hecho de que se presenten algunos indicios de riesgo y daño irreversible en los seres vivos es básico para decidir que se proteja legalmente el bienestar, seguridad y salud de las personas y el medio ambiente. El principio precautorio permite dar respuestas a la incertidumbre de las evidencias que no están totalmente probadas, pero que, sin duda, si se espera una consecuencia, puede ser más grave que haberlo aplicado como un derecho que poseen las sociedades para protegerse del daño que la industria, los desastres naturales o los mismos seres humanos han provocado en la Tierra(1,47).
Un elemento clave para entender esto es considerar las clasificaciones que presenta la IARC(18). La IARC revisa agentes que generan riesgo o químicos contaminantes, principalmente ambientales y ocupacionales, y los efectos en la salud para el desarrollo de cáncer, clasificando según metaanálisis estudios que evalúen riesgo del grupo de peligrosidad.
La IARC(16) clasifica en 5 grupos la evaluación de la evidencia científica y la posible asociación con el cáncer en seres humanos. En el caso de los plaguicidas, algunos ejemplos de clasificación, comparados con otros agentes serían los siguientes ( tabla 2 ).
La evaluación que realiza la IARC, que clasifica a los plaguicidas en posibles cancerígenos, aún es acotada. Existe suficiente evidencia que demuestra que el clorpirifos, azinfos metil y metamidofos son cancerígenos y no han sido evaluados por la IARC(3,43); sin embargo, algunos de los plaguicidas que sí se clasifican como probablemente cancerígenos aún están permitidos en Chile, como el Diazinón, Malation y 2,4-D. Los dos primeros organofosforados y el tercero —un herbicida muy usado en el país— fueron encontrados en la orina de los escolares de la Región del Maule(44). La comunidad europea los tiene restringidos o prohibidos, y existe evidencia de la frecuente presencia de diazinón en la fruta consumida(43).
El informe de ACHIPIA(42) muestra cómo, no solo el diazinón se presenta en la uva de mesa, excediendo los límites permitidos por el MINSAL(41), si no también otros plaguicidas tan complejos para la salud humana, como el metamidofos, uno de los más notificados en el informe y que también excede límites en hortalizas —como las lechugas— que son consumidas por la población.
Considerando todos estos elementos, se observa que el problema de la nocividad alimentaria u ambiental existe en nuestro país asociada al cultivo agrícola, y requiere de una reflexión bioética urgente que evalúe la responsabilidad de los tomadores de decisiones en regular la priorización de la producción a escala masiva; de la exacerbación de lo tecnocientífico(48) en el mundo rural por sobre el cuidado por la naturaleza y enfocada en el mercado exterior por sobre la calidad del consumo interno de los chilenos; y del derecho de recibir productos inocuos y controlar la exposición y aplicación de estos contaminantes en la población, pero que a la vez invite a la comunidad a conocer estas consecuencias y a participar de manera activa en la elaboración de propuestas que permitan mitigar los riesgos ambientales y de exposición a plaguicidas.
La bioética, en el contexto medio ambiental(49), tiene un rol fundamental en lo que se refiere a difundir y exigir justicia ambiental para las comunidades y naciones vulneradas en su derecho de vivir libres de contaminantes, y de la basura o gradiente química que deriva de las grandes industrias y que generan gases invernaderos o aspersión de químicos que provocan efectos en la salud y en los alimentos que consumen. En este aspecto, las comunidades se ven injustamente expuestas a estos agrotóxicos que aplican las industrias o son incentivados en su uso sin la debida educación a las mismas comunidades. En ese sentido, la justicia distributiva es clave para entender que no solo se debe exigir que no contaminen los poblados y sus recursos, si no también dar espacios para la participación de dichas comunidades en generar una propuesta, acorde a su cultura y sus realidades, que prevenga la exposición a pesticidas y otros contaminantes. En eso es clave que sean actores presentes en la generación de normativas, políticas y estrategias de intervención, que permitan el cambio y la posibilidad de vivir en un ambiente libre de contaminantes industriales y con derecho a una salud plena y al consumo de productos agrícolas limpios.
En una revisión anterior(1), se habla sobre la situación de uso y control de plaguicidas en Chile. Se cuestiona la situación de leyes, que aún está pendiente en el Congreso, sobre la prohibición de los plaguicidas más peligrosos que aun se aplican en Chile y que están prohibidos en la mayoría de las partes del mundo, y sobre la regulación hacia quienes aplican estos agrotóxicos. El año 2018 se logró dirigir las miradas a la situación de la Región del Maule, sumado a la intoxicación masiva(50) que vivenciaron 25 niños en ese mismo año en una escuela rural de esa misma región (una de las con mayor población rural en el país), que demuestra justamente el riesgo ambiental y la injusticia de tener que estudiar al frente de un predio agrícola que aplica plaguicidas.
Se percibe la ausencia de un espacio de reflexión, conocimiento, responsabilidad y de empoderamiento de las comunidades, del consumidor nacional y de las autoridades, en hacerse cargo de la problemática y no invisibilizarla con la idea de que, si se trata el tema de la contaminación por plaguicidas, se corre el riesgo de perder mercado de productos agrícolas(51), mientras toda la población, incluidos los grandes productores, consumen los alimentos contaminados adquiridos en el mercado nacional.
En este punto es clave revisar la Declaración de Tbilisi(52), que fortalece la presencia de la educación ambiental en los contextos escolares, promoviendo la sensibilización y el cambio de comportamientos y actitudes con un enfoque participativo comunitario acerca de las problemáticas ambientales, aplicando estrategias de diversas disciplinas, como las ciencias sociales, la ecología y las ciencias de la salud y el medioambiente, con el fin de generar conciencia en la comunidad y orientar hacia una sociedad con un pensamiento crítico frente al cuidado de la vida y el medioambiente, y con una visión de desarrollo sustentable(51,52). El cambio y la justicia ambiental depende de ser conscientes de la desigualdad ambiental, de salud y calidad de vida, y, por último, de dar la oportunidad para hacerse cargo del problema y resolverlo desde una acción participativa y comprometida.
Más allá del principio de justicia, la justicia ambiental busca más que velar por la equidad frente a los más vulnerables y que se reciba un tratamiento justo y de calidad similar al de otras comunidades no vulnerables; la justicia ambiental apunta a hacer que las mismas comunidades exijan y gatillen la necesidad de una sociedad más igualitaria, que vele por el derecho a vivir en un medio ambiente limpio(53) y que, al mismo tiempo, respete su realidad cultural y cosmovisión de la vida y la naturaleza, integrándola a los nuevos desafíos que se manifiestan desde las sociedades complejas y la naturaleza.
